Harían un planteo judicial: Temen por la seguridad de Urribarri en la UP9
El clima en la cárcel de Gualeguaychú cambió desde la llegada del exgobernador Sergio Urribarri, cuya seguridad personal está en riesgo. Hay un estado de tensión que se hace palpable cada vez que el exmandatario sale de su celda y recibe exigencias y amenazas por parte de la población penal. El personal penitenciario debe contener esas situaciones y se generan permanentes disputas. En el pabellón en el que fue alojado convive con criminales peligrosos condenados por delitos graves, como Oscar Siboldi, responsable del triple crimen de Bajada Grande. La situación será expuesta en una audiencia la semana que viene y plantea un dilema al sistema penitenciario entrerriano: qué hacer con Urribarri. “No sabemos qué puede pasar si se cruza con otros internos”, admitió el director del penal.
Urribarri llegó el viernes 11 de septiembre a la Granja Penal El Potrero y fue alojado en un pabellón para mayores de 60 años. Las autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos ofrecieron ese lugar como el más adecuado para un interno de su perfil, dentro de las posibilidades limitadas que ofrece un sistema carcelario que acarrea falencias históricas. Pensaron en su seguridad, pero también en preservar el orden de un ámbito siempre complejo, donde ningún gobierno quiere sumar problemas. Sin embargo, con el correr de las jornadas comenzaron a producirse situaciones que encendieron algunas alarmas.
El sector donde está alojado Urribarri fue pensado como un pabellón para 14 presos que actualmente alberga a 20. Las habitaciones, diseñadas para una persona, ahora son compartidas por dos. Allí el régimen es algo más flexible que en otras unidades penales. Las celdas no se cierran con llave ni siquiera durante la noche y el pabellón permanece abierto durante el día. Hay poca presencia penitenciaria y los internos circulan libremente por el pasillo, el patio, la cocina y el baño.
Esta apertura, que puede parecer una ventaja, en el caso de una persona como Urribarri, con un nivel excepcional de exposición pública, se convierte en un factor de vulnerabilidad. Más aún por quiénes están del otro lado de la puerta.
Un pabellón de criminales violentos
En la celda lindera a la del exgobernador, duerme Oscar Siboldi, conocido criminal de Paraná vinculado al tráfico de drogas condenado a 21 años de prisión por el triple crimen ocurrido en Bajada Grande en 2019, cuando ejecutó a tiros a tres jóvenes.
Unas puertas más allá, está Manuel Miranda, un cazador furtivo con amplia destreza en el uso de cuchillos, que fue noticia en Colón por asesinar a sangre fría de 25 puñaladas a un hombre que era pareja de su exmujer.
También está Edgardo Vallaro, un hombre de Gualeguay que purga una condena de 10 años y medio por facilitación de la prostitución de menores y estando preso sumó otra pena por lesiones graves tras atacar a tres agentes penitenciarios. En requisas recientes, según fuentes de la granja penal, se le encontraron elementos punzo cortantes.
En otra de las celdas está Julián Retamal, un criminal de Paraná reincidente que acumula varias condenas por robo calificado por el uso de armas. Y también se aloja allí José Ahumada, condenado por violencia en los años ’90 que ahora cumple una pena por amenazas calificadas y tiene una tercera causa en trámite por lesiones agravadas contra su pareja.
En el pabellón en el que está Urribarri conviven, además, un grupo de agresores sexuales, varios de los cuales presentan cuadros psiquiátricos severos.
Carlos Cleen, oriundo de San Salvador, está condenado a ocho años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de edad agravado por ser la niña miembro de su familia.
Jorge Fochesato, de Chajarí, purga una pena de siete años por abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña también de su entorno familiar.
Horacio Poggio cumple una condena de 14 años por corrupción de menores agravada en perjuicio de tres niñas menores de 13 años.
Roberto Acosta está condenado por abuso sexual contra un menor y Ernesto Ibarrola cumple una pena por abuso sexual con acceso carnal agravado.
También están allí Damián Díaz, condenado a seis años y medio por abuso sexual; Agustín Ledesma, condenado a 13 años por abuso sexual contra su hija y su nieta; Federico Baridón, que cumple 15 años por abuso sexual agravado; y Darío Palacios, condenado a 14 años por abuso sexual agravado en perjuicio de su hija discapacitada.
En el mismo sector está Ángel Constantino, exintendente de Gilbert, condenado a 14 años de prisión por abusos sexuales cometidos contra tres mujeres.
El interno que cumple la condena más extensa es Armando Morinigo, un pastor evangélico de Chajarí condenado a más de 20 años por abusos sexuales con acceso carnal agravados y reiterados contra integrantes de su congregación.
Fuentes del Servicio Penitenciario admiten las complejidades que presentan los habitantes del pabellón. En reserva, hablan de informes técnicos que muestran que varios requieren atención psiquiátrica y medicación que se niegan a recibir, que hay casos de consumos problemáticos, distintos grados de deterioro cognitivo, comportamientos violentos y conductas inestables y potencialmente peligrosas. Algunos hombres de experiencia admiten que la situación “da para que pase cualquier cosa”.
En concreto, los únicos habitantes del pabellón que no están condenados por hechos violentos son el abogado de Concordia, Pedro De la Madrid, que cumple pena por estafa, el exministro Pedro Báez, el exfuncionario Juan Pablo Aguilera y Urribarri, presos por delitos de corrupción.
Fuentes del entorno del exmandatario aseguran que la familia se pregunta justamente eso: por qué Urribarri -que cumple una pena a 8 años de prisión por peculado y fraude-, debe convivir con asesinos y violadores, con el riesgo que eso implica.
Exigencias y amenazas
Dentro del pabellón, según fuentes de la Granja Penal, Urribarri debió enfrentar situaciones tensas. Preguntas sobre su patrimonio, pedidos de dinero y de distintos elementos e incluso le revolvieron las pertenencias en las pocas ocasiones en que dejó su celda para recibir la visita de familiares.
Pero el problema más visible aparece cuando el exgobernador sale al patio de su sector. Su sola presencia, de día o de noche, automáticamente genera una marcada hostilidad en el clima del penal que se manifiesta con amenazas y exigencias de todo tipo que llegan desde todos los lugares del predio, que alberga a más de 600 presos.
La mayoría de las expresiones, según relatan testigos, hacen referencia a la condena por corrupción y a la capacidad económica de Urribarri, con pedidos de dinero, de que lleve comida y elementos y otras exigencias e incluso amenazas. En esas condiciones, el exmandatario se ve obligado a no salir al patio para no generar conflictos y opta por ponerse a resguardo permaneciendo todo el día dentro de su celda.
¿Qué pasaría si los presos que gritan sortean controles y logran llegar a Urribarri? La pregunta seguramente ronda los pensamientos del propio exgobernador, de sus familiares y especialmente de las autoridades responsables de su integridad. La Granja Penal El Potrero no es una cárcel de máxima seguridad y al menos en dos oportunidades se registraron fugas de internos. Uno de los casos se dio un viernes a la noche en 2020, aprovechando que los fines de semana hay menos personal, cuando un preso rompió una puerta, trepó el cerco perimetral y ganó la calle. Tres años antes, un domingo, también se escapó un interno.
En el contexto actual resulta impensado que Urribarri pueda acceder en algún momento a las actividades tan promocionadas que permite el entorno rural de la institución. La cárcel tiene talleres de huerta, avicultura y cuenta con una sala de faena ovina y caprina. También hay una cancha de fútbol.
Pero el mismo director del penal cuando fue consultado al respecto hizo una advertencia. “Estamos hablando de un caso especial, de una persona que es un exgobernador y que se cruce con otro tipo de internos puede considerarse un riesgo. Y nosotros tenemos que salvaguardar su integridad física y la de todos los internos”, contestó el director de la Unidad Penal Nº 9, Lucas Dufour, a Canal 9 Litoral.
Las presiones del sistema
Para el jueves 24 está prevista una audiencia que se denomina “de conocimiento”, en la que la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, que controla el cumplimiento de la condena de Urribarri, le preguntará al exmandatario cómo transcurren sus primeros días en la unidad penal.
Según informaron los abogados defensores del exmandatario, Miguel Cullen y Leopoldo Cappa, será la oportunidad para detallar los hechos y solicitar que se analice la situación. Los letrados hicieron hincapié en que Urribarri valora y destaca el profesionalismo y respeto demostrado por el personal y autoridades penitenciarias y que no pretende ningún privilegio, pero sí que se garantice su seguridad y su derecho a cumplir con su pena sin agravantes.
También se adjuntará un informe emitido por el psiquiatra Julio Curotto, que atiende a Urribarri desde el año pasado y con quien ha tenido entrevistas virtuales y presenciales en estos primeros días en prisión. Y los abogados expondrán argumentos para reclamar por lo que consideran un agravamiento de la pena, ante el aislamiento por el que debe optar Urribarri obligado por el clima hostil en la población penal.
Hasta el momento, el exmandatario fue visitado en dos oportunidades. Sus familiares fueron requisados, los alimentos que le llevaron fueron examinados, las latas abiertas y pasado el contenido a un taper. “Ellos no se quejan para nada. Lo entienden perfectamente y no pretenden otro trato. Pero les preocupa la situación de riesgo y esperamos que así lo entiendan las autoridades”, explicó Cullen ante la consulta de este medio.
Gestionar los riesgos
Las investigaciones sobre el funcionamiento de los sistemas penitenciarios y la experiencia en general muestran que la presencia de presos de alto perfil y con alta capacidad económica generan dentro de un penal todo tipo de situaciones.
Puede haber extorsiones que involucren a familiares, exigencias de dinero a cambio de protección, conflictos entre internos, alteración del orden y la convivencia e incluso intentos de utilización de un interno como elemento de protesta, porque si ocurre algo en el penal en el que está alojado un preso de alto perfil la visibilidad mediática será inmediata. Otro factor que debe contemplarse es la posibilidad de que intereses externos intenten utilizar a otros presos para amedrentar o agredir al preso de alto perfil, incluso mediante incentivos económicos.
En cualquier caso, Urribarri no puede dejar de ser quién es. Y será el propio sistema el que deberá gestionar los riesgos derivados de la presencia de un interno que se diferencia por completo de los más de 3.000 que se reparten entre las cárceles de la provincia para asegurar que no se convierta en un objetivo.
El cómputo de la pena del exgobernador indica que la condena que cumple en Gualeguaychú terminará recién en julio de 2034. Además, es hay que tener en cuenta que el exgobernador afronta otros problemas judiciales. Está en trámite una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en la que los fiscales piden una pena de 5 años y 6 meses de cárcel y en la denominada “causa coimas”, que es el tercer legajo en el que está imputado el exgobernador, el pedido de pena es de otros 10 años. En cualquier caso, el problema de qué hacer con Urribarri recién empieza para el sistema penitenciario entrerriano. Fuente ANALISIS
