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  • Marín, CEO de YPF, tras el congelamiento de las naftas: «Vamos a mantener los precios cuando baje el valor del barril»

    Marín, CEO de YPF, tras el congelamiento de las naftas: «Vamos a mantener los precios cuando baje el valor del barril»

    El CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el reciente congelamiento del valor de las naftas por hasta 45 días liderado por la petrolera estatal fue una medida «para la gente», y dijo que van a mantener los precios de los combustibles cuando bajen los precios del barril de petróleo.»La semana pasada tomamos una decisión que después fue acompañada por el resto de la industria; no hay ningún tipo de regulación. La demanda paso de ineslática a elástica porque estaban cayendo muy fuerte los consumos e YPF no podía exportar porque tenía grado de combustibles con mucho azufre; entonces era peor el remedio que la enfermedad y aplicando reglas de mercado», dijo Marín.Y precisó: «Hicimos un hedge (un seguro) para la gente que luego lo vamos a cobrar cuando los precios bajen, y esto es posible con libre mercado, no hay otra forma de desarrollarlo».De esa manera, los precios de las naftas se van a mantener en el nivel actual, aún cuando el barril de petróleo retroceda, según explicó el presidente de la petrolera estatal este lunes durante una conferencia sobre el futuro económico de la Argentina, organizada por el think tank The Atlantic Council en el Palacio Libertad.YPF y las petroleras privadas iniciaron desde el 1 de abril un congelamiento de la nafta y el gasoil por hasta 45 días, como parte de un acuerdo privado entre las empresas productoras de petróleo y las refinadoras, sin intervención del Gobierno.Según la decisión oficial, si el mercado internacional retrocede antes de ese lapso, los precios de las naftas no volverán a su valor previo. «Baja el barril, mantenemos los precios», afirmó Marín, ante la consulta de Clarín.La nafta en los surtidores subió más de un 20% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente a fines de febrero y empujó la inflación de marzo, sumando presión a la meta del gobierno de retomar la desaceleración, proceso que se interrumpió en junio. El índice de precios no baja desde hace nueve meses. Las consultoras privadas proyectan que marzo terminará con un avance de entre 2,8% y 3,2%

  • Durante 45 días YPF congelará los precios de los combustibles – El Miércoles Digital

    Durante 45 días YPF congelará los precios de los combustibles – El Miércoles Digital

    Durante 45 días YPF congelará los precios de los combustibles – El Miércoles Digital

    El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la principal petrolera del país establecerá un «buffer» por 45 días para mantener estable el precio de los combustibles por ese período, para evitar que caiga la demanda.
    Cabe destacar que no es una decisión tomada por el gobierno de Javier Milei, sino que la medida parte desde el propio directorio de YPF y que las demás empresas del sector podrían llegar a acompañar.
    «Para YPF las ganancias van a ser exactamente igual. Esto no es un control de precios», explicó Marín en declaraciones al canal de noticias LN+.
    El empresario indicó que «lo altísimamente probable» es que caiga el precio del petróleo que subió debido a la guerra en Irán.
    Marín sostuvo que «ahora la empresa va ayudar a los consumidores, pero luego de que paso el plazo la empresa le pide a los consumidores que la ayude».
    Por otro lado, indicó que «lo lógico» es que el precio de estabilización del petróleo quede más alto despues de la guerra en medio oriente.
    El comunicado de la empresa
    «Desde YPF hemos decidido realizar un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días, comenzando a partir del día de hoy. Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor», indicó la empresa en un comunicado.
    La nota señala que «durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio».
    «Desde el comienzo de esta guerra en medio oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía», dice el texto
    El comunicado agrega que «mediante este acuerdo buscamos renovar el compromiso honesto y moral con nuestros consumidores cuidando la demanda en un contexto de incertidumbre global.
    «Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes», señaló la empresa.

     
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  • YPF: bien por el fallo, pero el juicio no salió de un repollo

    YPF: bien por el fallo, pero el juicio no salió de un repollo

    YPF: bien por el fallo, pero el juicio no salió de un repollo

    El fallo favorable al país en el caso YPF tuvo la insólita característica de generarles un beneficio tanto al Gobierno como a la oposición. Unos porque movían del primer plano la charla sobre Adorni y otros porque se sacaban una lápida de encima para la campaña 2027. Ambos festejaron y ambos se adjudicaron virtudes por la noticia. Por supuesto, ambos aprovecharon para insultarse mutuamente.Sin embargo, lo que debería recordarse siempre, tras el respiro que les dio a las arcas criollas el dictamen de la Corte de Apelaciones de Nueva York, es cómo fue que se llegó a este punto: el riesgo de pagar 16.000 millones de dólares no salió de un repollo, sino de una política concreta que podría enseñarse en las escuelas como modelo de una estafa a máxima escala.Para que no se repita, claro.Fue en 2008 cuando Néstor Kirchner, expresidente y cónyuge de la entonces presidenta Cristina Fernández, impulsó la “argentinización” de la petrolera, que había sido adquirida por Repsol cuando Carlos Menem la privatizó (con el apoyo de Kirchner, hay que recordar).Eligió para ello a la familia Eskenazi, los mismos que habían obtenido la privatización del Banco de Santa Cruz cuando Kirchner gobernaba esa provincia.Pero lo realmente creativo del caso es que los Eskenazi compraron el 25% de la compañía sin poner un peso: pagarían con las ganancias de la propia YPF y con un crédito garantizado con acciones de la misma empresa. Fueron 2.000 millones de dólares. A cambio, Repsol iba a poder girar plata a España, a su casa matriz.Un negocio extraordinario. Para ellos. Porque al poco tiempo, sin inversión, con una empresa vaciada, la producción bajó y comenzó la importación masiva de gas y petróleo. Que trastornó definitivamente las cuentas públicas: sólo durante el segundo mandato de Cristina el déficit comercial energético sumó 23.180 millones de dólares.Una montaña de plata que llevó a Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina, a expropiar la empresa en 2012.En realidad, expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Pagó 6.000 millones de dólares por ello tras haber declarado que no pondría un peso. Y dejó abierta la puerta a la ahora rechazada demanda que inició el fondo buitre Burford, que le compró ese “derecho” a los Eskenazi (igualmente, estos, campeones en maniobras, hubieran cobrado un porcentaje de los 16.000 millones).Pese a tan contundente historia, Cristina no pudo evitar el autoelogio desde su prisión domiciliaria y tuiteó: “Queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país”. Sin ironía, escribió: “Hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”.Tampoco Kicillof permaneció en silencio: “La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, posteó.Ni la expresidenta ni el gobernador bonaerense recordaron la previa.Existe una añosa causa penal sobre el caso, iniciada por Elisa Carrió. Está en el juzgado de Ariel Lijo, que aún no se ha pronunciado sobre el tema.

  • YPF: la historia nos dio la razón

    YPF: la historia nos dio la razón

    YPF: la historia nos dio la razón

    Por Cristina Cremer de Busti (ex diputada nacional)- Hay decisiones que se toman en soledad, aunque se voten en público. En abril de 2012, cuando el Congreso de la Nación debatió la recuperación del control estatal de YPF, yo era una de esas diputadas que debía elegir entre la comodidad del gesto opositor —dado que teníamos serias diferencias con el kirchnerismo— y la convicción sobre lo que era correcto para el país. Elegí lo segundo.

    El interbloque Frente Peronista que integraba contaba con 23 diputados. De todos ellos, sólo cuatro votamos a favor de la estatización: Alfredo Atanasof, Ramona Pucheta, Alberto Roberti —secretario general de los petroleros— y yo.
    No fueron momentos sencillos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una parte del peronismo entrerriano teníamos diferencias que no eran menores. Votar a favor de aquella ley no era un acto de disciplina kirchnerista. Era, sencillamente, una posición nacional. YPF era y es un activo estratégico irrenunciable, y entregársela indefinidamente a una empresa extranjera que la vaciaba de inversiones era una forma de hipotecar el futuro energético argentino. Lo dije entonces y lo sostengo ahora, cuando han pasado catorce años de aquella votación.
     
    Y los hechos lo confirman: tener la principal petrolera en manos del Estado no es una cuestión ideológica sino estratégica. Es lo que hoy hace posible el superávit energético que la Argentina está alcanzando, con exportaciones que generan divisas genuinas y alivian una restricción externa que durante décadas fue un lastre estructural para la economía nacional. Sin YPF en manos argentinas, ese horizonte sería impensable.
     
    También quiero destacar algo de lo que me siento especialmente orgullosa: de los nueve diputados nacionales que representábamos a Entre Ríos en aquella sesión, ocho votamos a favor. Sólo hubo una abstención.
     
    Durante años, quienes apoyamos esa decisión soberana debimos soportar un relato que la presentaba como un manotazo populista, una expropiación «mal hecha», un capricho que tarde o temprano nos iba a costar caro. Los fondos buitre construyeron una arquitectura judicial en Nueva York destinada a confirmar esa narrativa y, de paso, a llevarse más de dieciséis mil millones de dólares del patrimonio de los argentinos. Durante más de una década, esa espada estuvo suspendida sobre la Argentina.
     
    El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la sacó de escena. Por dos votos contra uno, los jueces Chin y Robinson revocaron la condena que había dictado la jueza Preska y concluyeron que los reclamos de los fondos demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino. La expropiación, determinaron, fue un acto de derecho público soberano, regido por la legislación nacional y avalado por el Congreso. Lo que hicimos en 2012 estaba dentro de la ley. Lo que hicimos fue correcto.
     
    Noto, con cierta perplejidad, que hoy varios se disputan la paternidad del triunfo. El presidente Milei salió en cadena nacional a celebrar lo que él mismo —y su coalición, y sus aliados ideológicos, como la entonces diputada Patricia Bullrich— cuestionaron durante años. El mismo espacio político que calificó la estatización como un «impuesto Kicillof», que la presentó como un símbolo del desquicio intervencionista, hoy la defiende ante los tribunales extranjeros y la celebra como un logro propio. No hay que escandalizarse: la política tiene esa capacidad de apropiar victorias ajenas. Pero los registros están, y la historia tiene memoria.
     
    Pero lo que importa subrayar, más allá del ruido circunstancial, es el fondo del asunto. La Argentina actuó conforme a derecho. El Congreso votó una ley. Los gobiernos que siguieron —de distintos signos— sostuvieron la misma posición jurídica ante los tribunales norteamericanos. Y esa continuidad institucional fue, precisamente, la que permitió este resultado. Cuando un país defiende sus decisiones soberanas con argumentos sólidos, más allá de la politiquería de cotillón, con abogados capaces y con coherencia en el tiempo, los resultados llegan. Aunque tarden.
     
    Desde Entre Ríos, desde el federalismo que siempre defendió el espacio político en el que milito, quiero decirlo sin eufemismos: aquellos que en 2012 votamos a favor de recuperar YPF no nos equivocamos. Lo hicimos pensando en el interés nacional, en la soberanía energética, en el derecho de la Argentina a decidir sobre sus propios recursos. Eso no tiene bandera partidaria. Tiene, simplemente, el nombre de una convicción.

  • Juicio por YPF: la Argentina es el segundo país con más demandas en el tribunal del CIADI y perdió el 85% de los casos

    Juicio por YPF: la Argentina es el segundo país con más demandas en el tribunal del CIADI y perdió el 85% de los casos

    Juicio por YPF: la Argentina es el segundo país con más demandas en el tribunal del CIADI y perdió el 85% de los casos

    El camino legal para buscar que Argentina pague por la expropiación de YPF en 2012 se le hizo más estrecho al fondo Burford tras el fallo de la Corte de Apelaciones, el viernes pasado. Una alternativa que blandieron es acudir al tribunal del CIADI, un organismo de arbitraje que la Argentina conoce bien, aunque no por las mejores razones: perdió la amplia mayoría de los casos que afrontó.El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un tribunal internacional que depende, en lo administrativo, del Banco Mundial que a su vez es una institución hermana del Fondo Monetario Internacional.Es distinto a un tribunal mundial tradicional como la Corte Internacional de Justicia de la ONU; o la Corte Penal Internacional de La Haya. Es, más bien, un mecanismo de arbitraje entre Estados y empresas cuando existen casos de ruptura de contratos. Está pensado como un marco institucional de acuerdo entre partes.Después de 20 años, en 2025 Argentina dejó de estar en el primer lugar del ránking mundial de los países con más demandas en contra, al perder el lugar con Venezuela.De acuerdo a información del CIADI procesada por el think tank internacional Transnational Institute, en el 86% de los casos en los que estuvo involucrado el Estado argentino, la resolución fue favorable hacia la empresa demandante.Los reclamos ante ese tribunal suelen dispararse por acusaciones de ruptura de contratos, algo que para las inversiones internacionales está garantizado por los TBI (tratado bilateral de inversión). Argentina es el país de la región con más tratados de este tipo, con 48 vigentes, la mayoría firmados durante la década menemista. El 92% de las demandas contra la Argentina provinieron de empresas de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Un tercio (22) de todas las demandas contra Argentina viene de inversores estadounidenses, y le siguen España (10), Francia (8) e Italia (6).De los 65 casos que afrontó el país -entre los ya cerrados y los pendientes-, 19 están relacionados a contratos de suministro de energía; 11 a inversiones financieras y otros 10 a agua corriente. Le siguen, más atrás, otros sectores como construcción y minería.El pico de demandas tuvo lugar en 2003, después del fin de la convertibilidad. El cambio de régimen monetario y cambiario que incluyó una devaluación, pesificación y congelamiento de servicios públicos disparó los litigios en el tribunal. Fueron 20 reclamos iniciados solamente ese año. Entre 2002 y 2007 fueron 47 casos abiertos. De los 65 casos iniciados contra la Argentina desde fines de los 90′ recopilados por Transnational Institute, el 51% se definió con un laudo a favor de las empresas, el 35% terminó por un acuerdo entre las partes y solo el 12% finalizó con una sentencia favorable al Estado argentino. Un 2% restante no tuvo resolución hacia ningún lado. «Teniendo en cuenta que un acuerdo entre partes generalmente beneficia de alguna forma al inversor, sea por desembolso de dinero o por la concesión de lo reclamado, puede ser entendido como decisión favorable para el inversor», analizó ese think tank con sede en Países Bajos. De esa forma, el 86% de los casos fueron desfavorables para el Estado argentino.En términos monetarios, todas las demandas iniciadas reclamaron a la Argentina pagar unos US$ 36.800 millones, pero los que tuvieron finalización y laudo implicaron US$ 10.046 millones, hasta noviembre del año pasado. De acuerdo a datos del CIADI, quedan pendientes de resolución siete casos. El último fue abierto en febrero pasado por parte de la empresa italiana Webuild (ex Salini Impregilo).En rigor, esta compañía ya había tenido un laudo favorable en abril de 2025 por un reclamo ante incumplimiento de un contrato de construcción de rutas en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Pero hace un mes decidió recurrir nuevamente al tribunal. Desde la Procuración del Tesoro no hicieron comentarios ante una consulta de Clarín sobre ese nuevo caso. Los otros casos a resolver son IJM Corporation Berhad (una compañía malaya, por reclamo de congelamiento tarifario en la concesión de autopistas); Abertis (también por autopistas); la norteamericana BA Desarrollos; NN Group (por la nacionalización del sistema previsional) y AES Corporation (por la pesificación de contratos de la represa Alicurá). Entre estos casos suman US$ 1.170 millones.El CIADI no tiene jueces propios, aunque sí un elenco estable de «árbitros» que suelen ser convocados en cada caso, o bien por los demandantes o bien por los Gobiernos nacionales para defenderse. Los tribunales están integrados por un presidente y un representante por lado. Una de las «estrellas» mundiales del arbitraje por diferendos entre inversores y estados es argentino. Se llama Horacio Grigera Naón y participó en 30 casos. La gran mayoría (28), convocado por las empresas demandantes. Solo es superado por la francesa Brigitte Stern, con 31, aunque al contrario, tiene un perfil de defensora de la posición de los estados demandados.

  • Post fallo de YPF vuelven a rebotar las acciones, pero el riesgo país supera los 620 puntos

    Post fallo de YPF vuelven a rebotar las acciones, pero el riesgo país supera los 620 puntos

    Post fallo de YPF vuelven a rebotar las acciones, pero el riesgo país supera los 620 puntos

    El fallo de YPF vuelve a apuntalar a las empresas argentinas que cotizan en el exterior, aunque el riesgo país sube otra vez en el medio de una tensión global que no cede, a cuatro semanas del inicio de la guerra en Irán. En el arranque de la semana, los ADRs que operan en Wall Street saltan más de 5%, con el banco Supervielle a la cabeza.Después de que el viernes la acción de YPF saltara un 7% tras la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revirtió la sentencia contra la Argentina de la jueza Loretta Preska, por lo que el país ya no tendrá que pagar US$18.000 milloness, la petrolera comienza la anteúltima rueda de marzo con una suba de 4,3%. Este mes acumula ganancias de 33% impulsadas por el salto del precio del petróleo, en el orden del 60%.Con este panorama internacional, el índice Merval también opera en verde y sube 2,7% medido en dólares. «Wall Street amaga con iniciar la semana corta con un mejor tono, aunque aún en medio de los vaivenes que imponen las declaraciones – y señales – sobre el conflicto en Medio Oriente, con un petróleo que no afloja y sigue cómodo rozando los US$ 110 con presiones inflacionarias», comentó el economista Gustavo Ber.»Los activos domésticos intentan recuperar terreno, de la mano también de la positiva expectativa que despierta una política monetaria más laxa -que podría ayudar a la actividad y al consumo- y el fallo a favor en el caso de YPF», apuntó. Los bonos en dólares también muestran leves mejoras, de hasta 0,4%, pero el riesgo país se mantiene en los 622 puntos.Sobre el tipo de cambio, el dólar vuelve a subir un escalón y llega a los $1.415 en los bancos. La divisa había tocado un piso de $1.390 la semana pasada, pero retomó una senda alcista luego que se conociera la decisión del BCRA de flexibilizar encajes desde abril. «El frente cambiario mantiene su solidez pese al shock externo, lo que probablemente se extienda ya que se avecina un período estacional favorable para que la acumulación de reservas. A partir de abril, cabe esperar que la liquidación del agro acelere significativamente, lo que permitirá compras del BCRA de mayor cuantía», afirmaron en PPI. El Central aceleró las compras este mes: lleva juntados más de US$1.700 millones que contrastan con los saldos de US$1.540 millones y US$1.555 millones, que había comprado en enero y febrero respectivamente.