En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Concepción del Uruguay, la fiscal federal Josefina Minatta solicitó 20 años de prisión e inhabilitación absoluta para los ex gendarmes Roberto Caserotto y Néstor Gómez del Junco.
Durante un alegato que se extendió por más de dos horas, la representante del Ministerio Público reconstruyó distintos hechos ocurridos entre 1977 y 1978 y contextualizó la persecución sufrida por integrantes del Partido Comunista en la ciudad y en distintos puntos del país.
Según se informó, Minatta sostuvo que durante la dictadura “los integrantes del Partido Comunista local fueron brutalmente perseguidos, cesanteados, encarcelados y severamente torturados”, recordando entre las víctimas a Chilo y Neco Zaragoza, Miguel Ángel Rousseaux, Manuel Liberoff y Elvio Ángel Bel.
La fiscal también describió el funcionamiento del esquema represivo desplegado por fuerzas de seguridad y señaló que las pruebas reunidas combinan testimonios de sobrevivientes y documentación oficial que acreditaría la intervención de Gendarmería en detenciones ilegales y hechos de tortura.
Entre las pruebas mencionadas figuran registros de la Unidad Penal N°4 y órdenes militares de liberación que confirmarían fechas, procedimientos y la subordinación de los detenidos al mando del Área 224 durante la dictadura.
Pedido de señalización de sitios de memoria
En el marco del juicio, también se solicitó que, una vez firme la sentencia, se notifique a organismos vinculados a Derechos Humanos para avanzar con la señalización de distintos espacios de memoria en la ciudad.
Entre los lugares mencionados aparecen el Escuadrón 6 de Gendarmería, la Unidad Penal N°4, una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad y el balneario Banco Pelay.
Desde el área municipal de Derechos Humanos señalaron además que actualmente es el Municipio quien garantiza el acompañamiento a víctimas y testigos ante el retiro de profesionales dependientes de Nación y Provincia.
Críticas al gobierno provincial y nacional
El comunicado difundido desde el Municipio también incluyó cuestionamientos hacia la actual política de Derechos Humanos a nivel provincial y nacional.
En ese sentido, se sostuvo que existe un “vaciamiento” de áreas vinculadas a Memoria, Verdad y Justicia y se cuestionó el rol de la actual conducción del Registro Único de la Verdad (RUV), que participó del juicio como “amicus curiae”.
Asimismo, se mencionaron críticas formuladas por el ex director del organismo y ex abogado querellante Marcelo Boeykens, quien cuestionó el enfoque adoptado por la actual gestión del RUV durante el proceso judicial.
El texto difundido concluye señalando que la falta de condena política a determinados hechos vinculados al terrorismo de Estado “confirma que el vaciamiento no es solo presupuestario, sino también ideológico”.
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