La Legislatura de Entre Ríos presentó un proyecto de resolución que acompaña la preocupación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios por un anuncio del Gobierno nacional de modificar el régimen del corretaje.
El texto advierte que cualquier cambio podría afectar competencias constitucionales provinciales sobre matriculación, control ético y disciplinario y la protección de consumidores, remarcando que la matrícula es una garantía de idoneidad y capacitación.