Columna de Opinión:Por el Concejal Ing. Alejandro Dus
La Cosa Nostra- En la tradición de las organizaciones que se rigen por códigos propios y no por la ley de los Estados, existe una premisa básica: el territorio se marca con acciones, no con palabras. Lo que estamos presenciando en Concepción del Uruguay con la intervención arbitraria de nuestros Monumentos Históricos Nacionales no es gestión pública; es, lisa y llanamente, un manejo que recuerda a los métodos de la «Cosa Nostra», donde el «Don» local decide sobre lo que no le pertenece, ignorando cualquier jerarquía o norma establecida.
En un atropello sin precedentes, se realizaron obras en la Casa de Urquiza sin siquiera contar con un convenio vigente con el Correo Argentino, actual administrador y responsable legal del edificio; todo esto en el apuro electoralista de inaugurar un «museo itinerante» que sin guías ni baños habilitados, tras el show de las fotos, hoy permanece cerrado al público. En la misma línea de impunidad, se están ejecutando refacciones en el Museo Delio Panizza ignorando la normativa federal, al no haber solicitado ni obtenido el permiso vinculante de la Secretaría de Cultura de la Nación, específicamente del área de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Lo hizo sin pedir permiso, sin presentar planes técnicos y, lo más alarmante, ignorando por completo la autoridad de la Secretaría de Cultura de la Nación.
La intervención en museos históricos exige expertos especializados (restauradores, arquitectos patrimoniales, conservadores) para garantizar la preservación de la estructura y el valor cultural. No se puede contratar personal sin capacitación, ya que el patrimonio debe ser protegido, investigado y restaurado bajo estrictas normas técnicas y legales.
El patrimonio no es un botín
Para el liberalismo, el respeto a la propiedad y a la jurisdicción es sagrado. Que un Intendente decida «meter mano» en monumentos que son Patrimonio Histórico Nacional es un atropello a la propiedad de todos los argentinos. No se trata de si las obras son necesarias —que probablemente lo sean tras años de abandono estatal—, se trata de que nadie está por encima de la ley.
Actuar por las vías de hecho, saltándose los protocolos de preservación histórica nacionales, es una señal de caudillismo rancio. Es el mensaje de quien se siente dueño de la ciudad y cree que las fronteras municipales lo eximen de rendir cuentas ante la Nación. En el mundo de la mafia, se pide perdón, no permiso. En una República, el procedimiento es el límite al poder.
¿Gestión o marcación de territorio?
¿Por qué ahora? ¿Por qué la urgencia de intervenir edificios nacionales sin el aval técnico de los expertos en conservación de la Secretaría de Cultura?
La respuesta parece estar en la necesidad de «marcar el territorio» frente a un Gobierno Nacional que promueve la austeridad y la transparencia. Al intervenir estos espacios sin autorización, el municipio no solo arriesga el valor arquitectónico y arqueológico de joyas como la Casa de Urquiza, sino que genera un conflicto institucional innecesario para alimentar un relato de «autonomía» que, en realidad, encubre autoritarismo.
El Museo Delio Panizza, testigo mudo de nuestra historia, no puede ser tratado como una unidad básica o un centro comunitario que se pinta de apuro antes de una elección. Exige respeto técnico y legal.
La «Omertá» de los funcionarios
Lo más preocupante es el silencio cómplice de quienes deberían velar por el patrimonio. El manejo de estos museos bajo una lógica de «clan» —donde las decisiones se toman entre cuatro paredes y se ejecutan sin transparencia— nos aleja de la ciudad moderna y abierta que los liberales proponemos.
Si el Intendente quiere mejorar los museos, debe hacerlo por la vía legal: gestionando los permisos, articulando con Nación y permitiendo que la sociedad civil controle cada peso que se gasta. Hacerlo «a lo guapo» solo demuestra que se confunde la administración pública con un feudo personal.
Conclusión
Concepción del Uruguay no es una familia donde rigen los códigos del silencio y la arbitrariedad. Es una ciudad integrada a una Nación con leyes que deben cumplirse. Intervenir la Casa de Urquiza o el Delio Panizza sin permiso nacional es un acto de soberbia que puede costar caro, no solo en términos legales, sino en el daño irreversible a nuestra historia.
Desde mi banca en el Concejo Deliberante, no vamos a permitir que la lógica de «La Cosa Nostra» se instale en nuestras instituciones. El patrimonio es de la gente, no del jerarca de turno. Permiso y ley, o nada.
