El gobierno argentino, el peor enemigo de la Libertad de Expresión en el país – El Miércoles Digital
Es quien debería garantizar la Libertad de Expresión en Argentina. Y, con ello, la plena vigencia del Estado de Derecho y la democracia. Pero el gobierno de Javier Milei hace todo lo contrario. Se convirtió en el principal agresor de la prensa y, con eso, en el principal enemigo de la Libertad de Expresión en la nación. Con insultos, agravios y acusaciones de todo tipo, hostiga a los periodistas y a los medios de comunicación de manera brutal y amenazante, provocando un daño al sistema democrática como nunca se ha visto desde el retorno de la democracia.
En realidad, desde 1983 a esta parte el peor ataque a la Libertad de Expresión en la Argentina ocurrió el 25 de enero de 1997 con el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas por orden del empresario Alfredo Yabrán muy vinculado al gobierno de entonces, el de Carlos Menem, quien transitaba su segunda presidencia. Y si bien durante los dos gobiernos menemistas se había generado un sinnúmero de agravios y ataques como respuesta a las denuncias que el periodismo hacía contra la dirigencia, lo que generó un caldo de cultivo que luego derivó en el asesinato de Cabezas -de nuevo, el peor crimen contra la Libertad de Expresión desde el retorno democrático- no se había llegado a un nivel de violencia verbal, descalificaciones y agresiones oficiales como las que hoy se viven de parte de la administración Milei y, en particular, del propio presidente.
Lo que preocupa especialmente teniendo en cuenta el antecedente de lo ocurrido con Cabezas y que ya ha habido varios episodios de violencia institucional que pusieron en peligro la vida de periodistas, el más grave el del fotógrafo Pablo Grillo, quien quedó al borde de la muerte por la represión policial en medio de una marcha que él cubría.
Dos informes independientes, el realizado por el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) -el trabajo más exhaustivo, profesional y riguroso en la materia que se viene realizando desde hace años- y el difundido por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) muestran el claro deterioro en el ejercicio de este derecho central para la democracia en el país y cómo el principal agresor es el propio Estado, a través de sus representantes y, en particular, de la autoridad máxima del país, el presidente Javier Milei.
El récord de ataques a la prensa durante 2025 registrado por FOPEA en su Informe Anual de Monitoreo recién presentado muestra que hubo 278 casos de agresiones contra periodistas (el número más alto desde que se creo ese observatorio en 2008) y la mayoría de ellas partieron del político. El trabajo de registro e investigación titulado “El periodismo en riesgo de silencio”, que se realizó en base a los relevamientos de los monitores de todo el país, dio cuenta de que «el aumento en relación al 2024 fue del 55% (179 casos). Al igual que en la oportunidad anterior, el presidente Javier Milei volvió a quedar primero como autor de 119 del total de los hechos».
«El peso de la violencia de origen estatal o paraestatal, incluyendo acciones de funcionarios, fuerzas de seguridad y actores vinculados al Gobierno en el ecosistema digital» es impactantemente superior al resto de los actores. FOPEA destaca que «el crecimiento de la violencia en entornos digitales y su impacto amplificador. De hecho, desde el inicio de esta gestión nacional, se produjeron 137,6% más de episodios». Todo eso en un clima de «deterioro para el ejercicio del periodismo y su impacto en la calidad democrática».
El presidente de FOPEA, Fernando Stanich, subrayó el valor simbólico y fáctico que significó en el cierre de la Sala de Prensa de la Casa Rosada, un hecho sin precedentes en la historia argentina que ni siquiera había ocurrido durante los oscuros años de la dictadura militar que asesinó e hizo desaparecer a un centenar de periodistas. Stanich sostuvo que el Gobierno conculca el derecho de la ciudadanía a informarse y viola principios establecidos en la Constitución. Y agregó: “La presencia del periodismo es insustituible. Hay una trampa en la que pretenden hacernos caer, de instalar el ‘algo habrán hecho’. Si eventualmente hay una presunta mala praxis periodística, podría investigarse. De ninguna manera corresponde una sanción colectiva. El único que tiene la responsabilidad y las herramientas para garantizar la Libertad de Expresión y que la ciudadanía se informe es el Gobierno. Lo que están consiguiendo es un bloqueo físico y un apagón informativo en la Rosada. Es importante que se tome dimensión, no es un privilegio ni un capricho estar en ese edificio, sino que hace a poder brindar información completa”, advirtió.
Sobre este escenario, Claudio Jacquelin, vicepresidente de FOPEA, manifestó la preocupación e interés de organismos internacionales y embajadas por la situación en el país. “Hicimos una tarea intensa. Presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza una visita al país. En noviembre participamos de una audiencia especial en donde se expusieron los casos”.
Por su parte, Alicia Miller, coordinadora de la Comisión de Libertad de Expresión y editora del libro 2025, explicó que los datos revelan un incremento preocupante de los ataques. En el reporte -que es una muestra bien federal de lo que ocurre- se reveló que la Ciudad de Buenos Aires -asiento del gobierno de Javier Milei- lleva la delantera con 186 situaciones , seguida por la provincia de Buenos Aires, con 23. Por detrás. se ubicaron Tucumán (8), Córdoba (7), San Luis (6) y San Juan (6).
FOPEA detalló que «la gran mayoría de las agresiones -139 del total- fueron discursos estigmatizantes. En esta categoría interna se incluye declaraciones agraviantes o intimidantes desde los medios afines, las redes sociales, la vía pública, o cualquier otro medio de comunicación. Además, hubo 58 ataques a la integridad de los periodistas, 9 de los cuales fueron agresiones físicas». También quedaron registradas amenazas, agresiones por inseguridad en lugares públicos, persecuciones, espionajes y agresión sexual.
A eso hay que agregar lo que se relaciona con los tribunales. Según Alicia Miller: “Durante el 2025 hubo 20 demandas contra periodistas. Una cifra muy superior a lo que se recuerde desde el regreso de la democracia. También se produjeron 9 amenazas de demandas”, expresó Miller, que también es monitora. La reconocida periodista rionegrina detalló que además hubo «28 restricciones de acceso a la información, 10 casos de censura, 4 ataques contra bienes del medio o del periodista y cuatro abusos del poder estatal, como detenciones indebidas o abusos de las fuerzas de seguridad».
“Curiosamente registramos sólo 2 casos de abuso o presiones a través de la publicidad oficial. Esto claramente habla de que ese tipo de abusos, que presumimos mucho más frecuente de lo que indican nuestras cifras, es precisamente el que menos se denuncia. Sucede a puertas cerradas, en un despacho, o por teléfono. Y queda ahí, en reserva, en la mayoría de las ocasiones. Algo similar tememos que sucede en cuanto a la censura interna en los medios: registramos sólo 2 casos en todo el año”, precisó Miller.
De lo que no cabe ninguna duda es que el hecho más grave del período fue el ataque contra la vida del fotoreportero Pablo Grillo, mediante el disparo de una granada de gas lacrimógeno que le dejó secuelas. Grillo fue gravemente herido en la cabeza por ese proyectil disparado por la Gendarmería Nacional el 12 de marzo de 2025 durante una protesta frente al Congreso, en Buenos Aires, que él estaba cubriendo. Tras un año de internación, está transitando su rehabilitación, mientras avanza el proceso contra al cabo de la Gendarmería, Héctor Jesús Guerrero, señalado como el que disparó la granada en línea directa a la víctima, incluso ignorando protocolos que prohíben disparar directo al cuerpo. La máxima responsable de ese operativo era la entonces ministra de Seguridad -hoy senadora- Patricia Bullrich quien desde un principio intentó minimizar los gravísimos hechos y hasta «acusar» a Grillo de ser un militante, algo falso que tampoco justificaría el violento y desmedido accionar de las fuerzas de seguridad por ella conducidas. Bullrich ya había quedado envuelta en una serie de denuncias por una descomunal represión que dejó decenas de periodistas heridos en 2017, cuando ella ocupaba el mismo Ministerio durante la presidencia de Mauricio Macri.
El libro de FOPEA incluye el anexo “El insulto como estrategia”, una investigación liderada por Sandra Crucianelli en la que se analizaron 113.000 mensajes en la red social X del presidente. Se trata del quinto producto visual del programa Data Journalism Visualizations Bootcamp. Y detalla precisamente que desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 15 de septiembre de 2025 -es decir, 1 año, 9 meses y 5 días-, el presidente Javier Milei emitió 113.649 posteos (3.412 propios y 110.237 reposteos) en la red social X (exTwitter), de los cuales 16.806 contenían insultos hacia distintos blancos. El 15,2% de los tuits presentan ofensas de diferente tipo durante la primera mitad del mandato presidencial. Sobre la muestra de 16.806, esta producción de Data Journalism Visualization Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) identificó 271 insultos promovidos por el propio Milei.
EL INFORME DE REPORTEROS SIN FRONTERAS
No sólo FOPEA alertó sobre el deterioro de la Libertad de Expresión en la Argentina. La organización internacional Reportero Sin Fronteras también lo hizo. De hecho, en el reporte anual de RSF, Argentina retrocedió 11 lugares en el ranking de Libertad de Prensa mundial, sólo en el último año. Y está 69 escalones más abajo que en 2022. Hoy se sitúa en el puesto 98 en el reporte planetario.
La actual caída se debe al «auge de la hostilidad institucional hacia la prensa y los actos de violencia contra los periodistas que cubren las manifestaciones», señala el informe. Y agrega: “Los fervientes defensores de Donald Trump en América Latina, Javier Milei y Nayib Bukele, reproducen el manual del inquilino de la Casa Blanca contra los medios de comunicación y, como era de esperar, siguen la misma línea en el ranking. La Argentina (98; -11) y El Salvador (143; -8) registran un retroceso significativo, debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, lo que confirma el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa”.
Todo esto ocurre en un contexto en el que, según RSF, la Libertad de Prensa en el Mundo cayó a su nivel más bajo de los últimos 25 años y donde varios países de América Latina se ven “sumidos en una espiral de violencia y represión”, mientras que Estados Unidos bajó 7 puestos. Los motivos se deben a “arsenales legislativos cada vez más restrictivos, que se escudan casi siempre en las políticas de seguridad nacional”, los cuales “erosionan desde 2001 el derecho a la información, incluso en las democracias”. En ese sentido, más de la mitad (52,2%) de los países del mundo se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”, mientras que en la primera edición del ranking, de 2002, estos representaban una ínfima minoría (13,7%). El reporte menciona los ataques a la prensa por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “una práctica sistemática”. Y citan el ejemplo de la detención y posterior expulsión del periodista salvadoreño Mario Guevara, que informaba sobre los arrestos de migrantes.
En ese contexto la Argentina de Javier Milei ve un deterioro de la Libertad de Expresión y de Prensa como no se había visto en años. Poniendo en riesgo uno de los pilares del Estado de Derecho. Y convirtiénsode en su peor enemigo. Y, por ende, haciendo peligrar, ni más ni menos, que a la propia democracia.
