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  • Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue citado a indagatoria en la causa por presuntos sobornos relacionados con la contratación directa de una empresa de logística. En sus propiedades se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria a Leal y a otras diez personas por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, entre otros. Las audiencias comenzarán a fines de este mes.
    Además, Leal fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el secuestro de drogas en su departamento de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El procesamiento incluye prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido, y el juez decidió trasladar la causa a los tribunales de Comodoro Py.
    Por otro lado, un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determinó que el equipo de espionaje encontrado en poder de Leal no fue utilizado para espiar. Según fuentes judiciales, «en su interior no hay nada relevante para ninguna causa y se concluyó que no se usó para realizar espionaje».
    Las citaciones a indagatoria, solicitadas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, buscan además establecer el origen del dinero hallado y la trazabilidad del patrimonio de Leal. El juez levantó el secreto fiscal y bancario, ordenó a la Oficina Anticorrupción remitir las declaraciones juradas, y pidió informes al Banco Central de la República Argentina, medidas que también alcanzan a los demás imputados.
    Asimismo, a todos los citados se les prohibió salir del país y se dispuso el embargo e inhibición de bienes, incluyendo las dos propiedades allanadas a Leal.
    A fines de mayo, la justicia realizó allanamientos en busca de pruebas por la presunta corrupción en ARSAT. En las viviendas se incautaron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas extranjeras; una valija con 19 elementos para espionaje; y drogas: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.
    Por la tenencia de drogas, Leal quedó detenido. En su indagatoria sostuvo que el consumo era personal y un informe médico confirmó su uso. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad incautada indicaba fines de comercialización y dictó su procesamiento, trasladando el expediente a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
    Facundo Leal, fundador de la empresa estatal de telecomunicaciones, asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Renunció tras un conflicto con «La Cámpora» y fue designado nuevamente titular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia continuó en el cargo y en 2025 asumió al frente del ORSNA, organismo que dejó en febrero de este año para regresar a ARSAT como empleado de planta permanente.
    La causa que motivó la citación a indagatoria investiga una presunta corrupción vinculada al pago de sobornos por parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios para obtener un contrato de alojamiento de material para el proyecto «Shelter-2» de ARSAT.
    La investigación se inició en 2024 tras un robo. Personal de ARSAT detectó que 17 contenedores del depósito habían sido violentados y se sustrajeron cables de fibra óptica. Las pesquisas judiciales revelaron una trama de corrupción.
    La empresa ALS, contratada desde 2014, no cumplía con las condiciones de seguridad, ya que el predio carecía de cámaras. Además, accedió al contrato mediante una simulación de competencia: una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, con aprobación del director de ARSAT únicamente, en la que solo participaron tres empresas vinculadas a través de sus directivos.
    En el marco de la causa, se secuestraron los celulares de Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT, y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT, quienes también fueron citados a indagatoria junto a directivos de ALS. En sus dispositivos se hallaron conversaciones que, según la justicia, aportan evidencias sobre la maniobra.
    Nueva investigación
    Paralelamente, Leal fue imputado esta semana en otra causa por posible corrupción durante su paso por el ORSNA.
    El fiscal federal Ramiro González lo imputó, junto a otros funcionarios, por presuntos hechos de corrupción. La diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de Libertad Avanza, denunció que en el ORSNA habría un entramado que exigía un 10% de coimas para acceder a negocios.
    Según la denuncia, este esquema habría involucrado a las empresas viales “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y «Centro Construcciones» mediante una serie de designaciones con las que Leal mantendría control sobre el organismo.
    Cuando Leal dejó la titularidad del ORSNA, fue reemplazado por la vicepresidenta Noelia Ruiz. A su vez, en la vicepresidencia quedó Lucila Pagano y Facundo Gaitán fue designado como “controller” con funciones de supervisión sobre las gerencias.
    Todos ellos fueron imputados por el fiscal González, quien solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi iniciar la investigación penal y disponer las primeras

  • Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Personal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) realizó el 4 de enero de 2024 una inspección de rutina en un depósito alquilado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y detectó que habían sido violentados 17 contenedores que contenían cables de fibra óptica destinados al «Proyecto Shelter-2 de ARSAT». El robo representó una pérdida aproximada de 150 mil dólares.

    La naturaleza del robo generó sospechas, ya que un especialista de la empresa explicó que para sustraer ese tipo de material se requiere una logística específica, con escaleras y herramientas especializadas. Además, el predio carecía de cámaras de seguridad, lo que dificultó la investigación inicial.
    Sin embargo, la justicia federal de San Isidro profundizó la pesquisa y descubrió una compleja red de corrupción vinculada a una empresa que no cumplía con las condiciones necesarias para almacenar los equipos, pero que obtuvo el contrato a través de un esquema de pago de sobornos. La investigación llevó a la implicación del entonces presidente de ARSAT, Facundo Leal, quien fue allanado y en cuyo poder se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas y un equipo de espionaje. Actualmente, Leal se encuentra detenido.
    Tras el robo, el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, inició una investigación a la empresa propietaria del depósito, ubicado en la calle ex Combatiente Sánchez al 1900: Argentina Logistic Services (ALS).
    La adjudicación del contrato a ALS fue mediante una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, aprobada por el director de ARSAT. Solo se realizó una compulsa de precios en la que participaron tres empresas, todas vinculadas entre sí a través de sus directivos, configurando una simulación.
    Además, ALS carecía de los requisitos de seguridad indispensables, ya que el predio contaba únicamente con un vigilador y un cerco perimetral, sin presencia de cámaras de vigilancia.
    La justicia identificó como actor clave en esta maniobra a Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT y actualmente al frente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Javier Milei. Boschin autorizó las contrataciones sucesivas con ALS, cuyo primer contrato, firmado en noviembre de 2021, fue por 624 mil dólares y se extendió hasta alcanzar un total de 1.930.861,30 dólares más 40.300.000 pesos.
    Los primeros allanamientos, solicitados por el fiscal Domínguez y ordenados por el juez federal Lino Mirabelli, incluyeron el secuestro de teléfonos de Boschin y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT.
    El análisis de los mensajes obtenidos en estos dispositivos reveló pruebas de que ALS pagó sobornos para asegurarse el contrato, salpicando a Leal como parte de la maniobra.
    El fiscal Domínguez solicitó la indagatoria de una decena de imputados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, por delitos como negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, y se ordenaron nuevos allanamientos en dos domicilios de Leal, en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.
    Durante los procedimientos realizados la semana pasada, en las propiedades del ex presidente de ARSAT se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo, junto con pesos argentinos y monedas extranjeras. También se hallaron drogas —128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo—, así como una valija con equipo de espionaje que será peritado junto con cuatro teléfonos celulares del ex funcionario.
    Leal quedó detenido por la tenencia de drogas, aunque en su indagatoria afirmó que era para consumo personal. No solicitó su excarcelación y permanece alojado en una dependencia de la Policía Federal.
    Facundo Leal, uno de los fundadores de ARSAT y dirigente del peronismo de Mendoza, ingresó a la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tras una disputa interna con La Cámpora, dejó la compañía y regresó durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue designado titular de ARSAT. Continuó en el cargo con la llegada de Javier Milei.
    Además de su rol en ARSAT, en 2023 Leal fue nombrado presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que desempeñó hasta su renuncia en febrero pasado, para luego reincorporarse a ARSAT como empleado de planta permanente.

  • Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del líder narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según fuentes judiciales, Mizzau aportó a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico, actividad que el juez debía investigar. Además, reconoció haber lavado dinero para las empresas controladas por Alvarado. El acuerdo de colaboración se conoció horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si envía a juicio político al juez Gastón Salmain, otro magistrado de Rosario procesado por corrupción.

    La figura de Mizzau es central en la causa. La suerte de Bailaque comenzó a sellarse a mediados de 2024, cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, mientras el magistrado debía investigar al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales denunciaron a Bailaque en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Más adelante se descubrió que Mizzau no solo era contador del narco, sino también del propio juez.
    Según lo trascendido, ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales que, entre 2014 y 2018, prestó asesoramiento contable a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, pertenecientes a Alvarado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, admitió haber manipulado estados financieros para impedir ser detectado. También aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave en la investigación. Según el acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
    Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Se encuentra a un paso del juicio oral, donde los fiscales ya solicitaron una pena de diez años de prisión.
    El exjuez renunció el año pasado para evitar un juicio político; su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, y desde entonces permanece detenido en prisión preventiva. Para ese momento, el equipo fiscal de Rosario, junto con PROCUNAR y PROCELAC, avanzaba en la investigación, que se complicó aún más tras el arrepentimiento de Carlos Vaudagna, exjefe de AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se orquestó en el juzgado de Bailaque la confección de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra donde intervinieron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos procesados.
    Por otro lado, Fernando Whpei también solicitó ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó, a través de Busaniche, que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa, que le permitió acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, a cambio de una coima de 200 mil dólares para el juez. En esa causa, Salmain está procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la detención no se concretó debido a sus fueros como magistrado.
    Mañana a las 10:30, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si vota el dictamen que recomienda enviar a juicio político a Salmain, tras haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. El juez no solo está acusado por esta causa judicial, sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que en 2002 fue separado del Poder Judicial por haber ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros, Salmain manifestó que ese hecho “es parte del pasado” y que la omisión se debió a que no le preguntaron al respecto.
    La Comisión de Acusación está presidida por el consejero Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

  • Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Los peritajes contables y de tasación ordenados por el juez de Zárate, Adrián González Charvay, revelaron hallazgos clave en la causa principal por corrupción en la AFA, entre ellos tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y la casa que Carlos Tevez le vendió a Claudio “Chiqui” Tapia en el barrio Sofitel. A estos se suman la mansión de Pilar, dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza y una colección de 51 vehículos de alta gama y autos de colección.

    Mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué juez quedará a cargo de la causa relacionada con la mansión valuada en 17 millones de dólares, atribuida al tesorero de la AFA, fuentes judiciales informaron a Clarín que González Charvay ya dispone de informes financieros detallados sobre Tapia, Pablo Toviggino y las empresas satélite vinculadas al tesorero. Por primera vez, un juez incorporó a Lucas Juan Labbad, ex gerente general de Boca Juniors, a la investigación.
    La tasación solicitada a peritos de la Corte abarca una valuación a precio de mercado de todos los bienes inhibidos, incluida la mansión de Pilar y los objetos hallados en su interior —como esculturas y pinturas— correspondientes al período 2019-2026.
    El magistrado también requirió a los peritos contadores de la Corte una experticia especializada que, a partir de la documentación reunida, detalle las personas físicas y jurídicas que participaron en cada operación.
    La hipótesis judicial sostiene que las empresas relacionadas con Toviggino no habrían generado recursos lícitos suficientes para justificar el patrimonio acumulado, y que los fondos habrían sido desviados de la AFA, según las fuentes consultadas.
    El juez busca recopilar pruebas del delito precedente al lavado de dinero, específicamente una presunta administración infiel de la AFA, para avanzar posteriormente en la investigación sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.
    Los inmuebles incluidos en los peritajes son:
    – Dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, adquiridas por Real Central SRL el 5 de septiembre de 2024 a la empresa Wicca SAS. Según la causa, el presunto testaferro Luciano Pantano utilizaba una tarjeta de la AFA para cubrir gastos.
    – El terreno donde se construyó la mansión de Pilar, adquirido por Central Park Drinks SRL —hoy Real Central SRL— a Malter SRL el 30 de mayo de 2024.
    – Otro terreno en Pilar comprado por Real Central el 4 de agosto de 2025 a Transur SA.
    – La parcela 3 de Estación Río Luján, en Campana —barrio cerrado Diciembre SA—, adquirida por Claudio Fabián Tapia a Carlos Alberto Tevez el 11 de febrero de 2019.
    – La parcela 74 de Estación Río Luján, en Campana, adquirida por Tapia el 20 de agosto de 2020.
    – Tres departamentos en el edificio ubicado en Pampa al 1900, esquina Tres de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiridos por Real Central SRL el 28 de agosto de 2024.
    Además, el juez solicitó a todos los escribanos intervinientes copias de las escrituras y los consultó sobre la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
    Respecto a la conocida tarjeta American Express emitida a nombre de Pantano, la Justicia ya posee los registros completos de sus gastos, considerados fundamentales para determinar la presunta administración infiel. Esa tarjeta habría financiado expensas de las casas en Ayres Plaza, seguros de vehículos y otros gastos personales no vinculados a la AFA.
    Pantano figura como titular de la mansión de Pilar, aunque para los investigadores es un allegado de Toviggino sin capacidad económica para afrontar tal inversión. Su madre, Ana Conte —otra socia de Real Central—, es una jubilada y ex empleada doméstica, en condiciones económicas similares, según fuentes judiciales.
    La tarjeta American Express constituye una de las primeras evidencias del presunto fraude contra la entidad madre del fútbol argentino. A ella se suman facturas apócrifas emitidas por la AFA por servicios supuestamente inexistentes, una maniobra denunciada por ARCA.
    El fiscal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, solicitó además la incorporación de informes de la PROCELAC y requirió a las municipalidades de Pilar y Campana el historial de pagos de tasas de esos inmuebles.
    La investigación también busca establecer si hubo robo o extravío de balances y documentación respaldatoria de ingresos y egresos de la AFA, tras un allanamiento en la sede histórica de Viamonte 1366, con el objetivo de reunir más pruebas sobre la presunta administración infiel.
    Con demoras, González Charvay espera los peritajes solicitados a expertos de la Corte para decidir si cita a indagatoria a Luciano Pantano, Toviggino y Tapia, aunque ya habría detectado inconsistencias significativas. Los retrasos se deben a que el juez amplió su pedido original incluyendo más inmuebles y bienes, según fuentes judiciales.
    Esta estrategia permitió que los imputados llegaran hasta el inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio en Estados Unidos, sin recibir citaciones a indagatoria, en contraste con la postura del juez Marcelo Aguinsky, que avanzaba con un ritmo más acelerado y analizando las pruebas individualmente.
    La causa, que pasó al juzgado de Zárate-Campana el 20 de enero pasado, permanece allí a la espera

  • Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

    Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

    Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

    Al igual que una caja negra que revela con detalle las causas de un accidente aéreo tiempo después de ocurrido, una serie de conversaciones telefónicas expone una compleja red de complicidades en las oficinas encargadas de gestionar los aviones oficiales. En estos diálogos emerge una lista de nombres y cargos, que va desde funcionarios nacionales hasta empresarios del sector, quienes más que competir por contratos parecen coordinar sus movimientos al margen de los organismos de control. Lo que queda en evidencia es un engranaje en el que la corrupción no es una falla del sistema, sino su principal motor.

    Clarín accedió a detalles y documentos sobre el cuestionado proceso de compra de un avión Embraer ERJ-140LR, por el cual la Fuerza Aérea pagó el año pasado 4 millones de dólares, cuando uno similar costaba 2,3 millones, y que ya estaba pintado por el proveedor elegido antes de finalizar la adjudicación. Ese caso es sólo uno entre decenas de contrataciones sospechosas.
    Los audios obtenidos por este diario fueron la primera pista para reconstruir los negocios con la flota aérea presidencial y también con otros organismos. Cerca de 30 gigabytes de información recopilada durante casi tres años, entre audios, documentos, fotografías y videos, revelan cómo un empresario con acceso a un grupo de compañías y con la colaboración de funcionarios nacionales manipulaba licitaciones para repartirse sobreprecios.
    En cuestión de minutos, el lobbista aeronáutico y empleado formal del Ministerio de Justicia, Claudio Rubén Cavina, deja entrever a su interlocutor, un funcionario vinculado a la aeronáutica presidencial, que hay un esquema funcionando. Como dijo Cristina Kirchner a José López sobre los negociados heredados de su esposo: “él podía ser parte del problema o de la solución”.
    En las conversaciones, cuyos fragmentos más elocuentes se presentan hoy, Cavina intenta incorporar a su interlocutor al «sistema» de corrupción en la compra de aeronaves, mantenimiento y repuestos del Estado Nacional, cuyo entramado está distribuido en oficinas públicas estratégicas. Con los cambios de gobierno y funcionarios, la organización presuntamente delictiva debía reclutar nuevamente a sus colaboradores para asegurar la aprobación de contratos, desde las especificaciones técnicas y dictámenes jurídicos hasta la autorización de pagos.
    “Hace un tiempito me llamaron de la Casa Militar para ver si podía dar una mano con algunos temas”, dice Cavina. “Lo que hace falta es armar un equipo de trabajo. Yo te ofrezco el know how. Me gustaría, si puedo ayudar, que todo fluya”.
    “Entonces, el general Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, me planteó que ‘no sabía cómo hablar contigo’. Yo sólo quiero que todo salga bien, que no haya problemas, que trabajemos con gente que responda”, agrega. Cavina insiste en que el interés de Ibáñez es el mismo que el de su interlocutor: formar un equipo eficiente.
    En ese monólogo, Cavina menciona a proveedores conocidos y confiables, como Fabián Oyarbide, dueño de la empresa Redimec SA, y Masuma, encabezada por los hermanos Torres, además de Pacific Ocean, que califica como gente seria.
    También critica al empresario Jaime Mejía, presidente de Aras Aero, por haber violado una advertencia para hablar sólo de temas técnicos, señalando: “recontra abrió la boca”.
    Minutos después, advierte sobre conductas que pueden poner en riesgo la imagen del grupo: “Un proveedor me dijo: ‘cuídense de este varón, que anda diciendo que paga al subsecretario’. Eso no puede pasar. Hay que cuidar la imagen”. Una muestra de que el grupo protege a sus miembros.
    A partir de ahí desfila una serie de nombres de funcionarios y exfuncionarios relacionados con la gestión de aeronaves y empresarios que abastecen al Estado y a la organización parasitaria. Entre ellos, “Florencia” Gastaldi (exdirectora general de Logística), Leonardo Barone (exdirector general de Logística), Martín Rodrigo (exdirector de Medios Aéreos), Julián Massolo (exsubsecretario de Planificación General), y Marcelo Bagniole, un empresario de larga data que negocia sobreprecios y conecta a proveedores con funcionarios.
    Cavina identifica a Bagniole como “quien vendió al Estado el Tango-01, el avión presidencial durante las presidencias de Carlos Menem”, clave en el esquema fraudulento.
    El foco se concentra en Marcelo Oscar Bagniole, quien mantiene contactos con el brigadier general Xavier Julián Isaac, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto, y posee vínculos con varias empresas. Bagniole se reunió con Fabio Adrián Lamas, exdirector de Mantenimiento, y Gustavo Gastón Rodero, exdirector de Planificación y Mantenimiento de la Dirección General de Logística, es decir, con piezas fundamentales del sistema de negocios ilegales.
    Se mencionan además a Fabián Ricardo Barbieri, exdirector de la Dirección de Logística, a Jorge Jesús Antelo, brigadier y exsecretario de Estrategia de la Jefatura de Gabinete durante la presidencia de Javier Milei, y a otros funcionarios que facilitaban el control y la distribución de los beneficios.
    Cavina señala la importancia de colocar a un oficial de la Fuerza Aérea para poner “en orden a todos”, cuestionando que la jefatura de la Agrupación Aérea esté en manos de alguien sin la experiencia adecuada, en referencia a Florencia Gastaldi.
    El 25 de mayo de 2023, Barone y Juan Pablo Pinto realizaron un vuelo a baja altura con el recién llegado ARG

  • Gira por África: el papa pide «un examen de conciencia» a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

    Gira por África: el papa pide «un examen de conciencia» a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

    Gira por África: el papa pide «un examen de conciencia» a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

    Tras llegar esta tarde a Yuanda, capital de Camerún, segunda etapa de su gira por Africa, el Papa pidió “un examen de conciencia”, “transparencia en la gestión de los recursos” y “romper con la corrupción” a los altos miembros del gobierno, al pronunciar un discurso ante el presidente Paul Biya, de 93 años de edad y desde hace 43 años presidente del país.El Papa habló en el palacio presidencial y no en el aeropuerto. Recordó la guerra civil que estalló en 2017 entre el Ejército y los insurgentes independentistas anglófonos, que se consideran marginados del gobierno del país por el poder central francófono.La ocasión le permitió lanzar un nuevo llamamiento par que se detengan todas las guerras, “con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados”.El Papa Prevost dijo que muchas ONG acusan de la represión y violaciones de los derechos humanos. Recalcó que “la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto del Estado de derecho son esenciales para “restablecer la confianza”.Camerún es rico en recursos naturales como petróleo, gas y minerales, pero el 26,7% de la población vive en la pobreza, según el Banco Mundial, debido principalmente a la corrupción y el autoritarismo del gobierno.El papa León XIV saluda a sus seguidores al salir tras su visita al orfanato Ngul Zamba (Poder de Dios) en Yaundé, Camerún. Foto Reuters“Es hora de atreverse a hacer un examen de conciencia y de un valiente salto cualitativo”. “Las instituciones justas y creíbles se convierten en pilares de estabilidad y la autoridad pública está llamada a ser un puente, nunca un factor de división, incluso donde parece reinar la inseguridad”, destacó el pontífice estadounidense y peruano.Añadió que aunque la seguridad es una prioridad “debe ejercitarse siempre respetando los derechos humanos, uniendo el rigor y la magnimidad, con especial atención a los más vulnerables”.Camerún tiene un alto índice de corrupción, que lo sitúa en el puesto 142 de los 180 que integran la tabla elaborada por Transparencia Internacional. León XIV recordó que el Estado debe estar “al servicio del pueblo y especialmente de los más pobres” y que es necesaria “una conducta integral en la vida”.El Papa defendió la labor de las asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), muchas de las cuales son bloqueadas por el gobierno del presidente Biya.“Las asociaciones, organizaciones de mueres y de jóvenes, los sindicatos, las ONG humanitarias, líderes tradicionales, todos desempeñan un papel insustituible en la construcción de la paz social”, indicó el pontífice.“Son ellos los primeros en intervenir cuando surgen tensiones, son ellos quienes acompañan a los desplazados, apoyan a las víctimas, abren espacios de diálogo y fomentan la mediación local”, recordó. el Papa a las autoridades presentes en reunidas en un pequeño salón del palacio presidencial.León XIV también agradeció el papel de las mujeres, “que lamentablemente son las primeras víctimas de los prejuicios y de la violencia y aún así continúan siendo incansables artífices de paz”.El Papa invitó a las autoridades del país a darles a las mujeres más peso en los procesos de toma de cesiones, “pues su compromiso con la educación y la reconstrucción del tejido social es inigualable: constituye un freno a la corrupción y los abusos de poder”.En Camerún la mitad de la población es cristiana y un 28% son católicos. El Papa definió las tradiciones religiosas africanas pues “cuando no son distorsionadas por el veneno de los fundamentalismos inspiran profecías de paz, justicia, perdón y solidaridad”.El Papa viajará mañana a a Bamenda, capital de las milicias anglófonas que luchan en una guerra civil entre separatistas y el Ejército camerunés.León XIV encabezará una reunión por la paz. Los separatistas proclamaron ayer tres días de tregua para “hacer más seguro el viaje del Papa.La guerra civil no da señales de solución, aunque ha disminuido en los últimos años. Las tratativas con mediadores internacionales se han estancado y ambas partes se acusan mutuamente de actuar de mala fe.La guerra civil tiene sus raíces en la historia colonial de Camerún, cuando el país quedó dividida entre Francia y Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Las regiones anglófonas se unieron mas tarde al Camerón francés y recibieron en 1961 el respaldo de las Naciones Unida, pero los separatistas sostienen que han sido marginados por la política y económicamente.Con gran expectativa se espera lo que mañana dirá el Papa en Bamenda. Las bendiciones que dará serán contra la violencia y el sufrimiento y representan una esperanza para reactivar el diálogo.El viernes 17 el pontífice visitará Duala, considerada la capital comercial del país, con su muy rico puerto. León oficiará misa en el Japoma Stadium en el que se espera una gran multitud y por la tarde se encontrará con el mundo universitario en la Universidad Católica de Africa Central.El Papa se despedirá de Camerún el sábado 18, con una misa en el aeropuerto de Yaunde y dos horas después llegará a Angola, la tercera etapa de su viaje apostólico. La cuarta será Guinea Ecuatorial y regresará a Roma el jueves 23.

  • Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

    Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

    Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

    ¿Cómo sacarse de encima a Víktor Orbán? Ésa era la pregunta que gravitaba en la elección de este domingo, tanto dentro como fuera de Hungría. Pueden apilarse muchas explicaciones para explicar el sentido del voto. Pero al menos una idea asoma con nitidez: los húngaros advirtieron que la corrupción gubernamental y una economía débil están relacionados. Y que esa combinación, a la larga, siempre redunda en una corrosión de las libertades.Desde su llegada al gobierno en 2010, Orbán inventó una fórmula para amarrarse al poder: fuertes cuotas nacionalistas para ganar la elección; cascoteo a los rivales usando las estructuras del Estado; desmantelamiento de instituciones independientes y acoso a la prensa. Eso es lo que ha convertido al húngaro en el paterfamilia global de la ultraderecha.La traza de esa estrategia contó con la inestimable ayuda del partido oficialista Fidesz, cuyo control del Parlamento permitió alterar el sistema electoral en su favor, colocar a hombres dóciles al frente de agencias y empresas estatales, asegurar el clientelismo y garantizar grandes negocios para los amigos. Pero luego de cuatro mandatos dictando las normas, Orbán no ha podido ahora convencer a los húngaros de que estarán mejor con él al comando. Su estrategia de presentar a Hungría como acosada por enemigos (la burocracia europea, las élites internacionales, los migrantes, los woke, Ucrania, los liberales y un largo etcétera) comenzó a cansar.Mucho ha tenido que ver con ese hartazgo, según estudios de opinión a lo largo de la agitada campaña electoral, el fuerte grado de vulnerabilidad con el que Orbán ha dejado al país tras 16 años de mandato. Cuadran los números en esto, de modo categórico. El crecimiento se estancó y Hungría tiene indicadores que la ubican detrás de países cercanos como Eslovaquia, República Checa y Polonia, de acuerdo con datos de la UE y del Banco Mundial.Por ejemplo, la economía apenas creció 0,4% en 2025, una cifra magra contra el 3,6% de Polonia y el 2,6% de la República Checa. Hungría es el país que más depende del gas ruso, por lo que fue uno de los más expuestos a la crisis de 2022 cuando Moscú invadió Ucrania. Budapest tuvo entonces la mayor inflación del bloque europeo. Los alimentos subieron 40% y la inflación fue del 22%. El efecto fue la caída de los ingresos reales, el desplome del consumo y la desaceleración económica más aguda de la era Orbán. Para atenuarla, el Banco Central dispuso una tasa de interés del 6,25%, cuatro puntos más que la del Banco Central Europeo, lo que frenó inversiones y sofocó a las empresas. En Hungría no circula el euro, sino el florín.Los húngaros sintieron el efecto del declive también en el aparato sanitario: según el Banco Mundial, el país invierte el 6,3% del PBI en salud, contra 8.06% de Polonia, 8,5% de República Checa y 7,4% de Eslovaquia.De manera que, mirando la pujanza de países vecinos y comparándola con sus penurias, muchos húngaros parecen haber reparado con su voto en el dictamen de Transparencia Internacional que ubica a Hungría como la nación más corrupta del bloque europeo. De acuerdo con el Corruption Research Centre de Budapest, en 2025 el 75% de los contratos gubernamentales fue a compañías asociadas a los amigos de Orbán, casi el doble que en 2022. Istvan Tiborcz, yerno del premier, y Lorinc Meszaros, un amigo de la infancia y el hombre más rico de Hungría, están entre los beneficiarios.Todo este cuadro repercute además en la vital relación de Budapest con los cuantiosos fondos comunitarios que reparte la muy criticada Bruselas. Como sus auditores desconfían de que en Hungría se respete la ley y la independencia de las agencias de control, desde 2022 la UE congeló casi US$ 20.000 millones que debía enviar como ayuda post Covid. Para un Estado como Hungría, no es una bicoca: representa el 11% de su PBI.Durante años, los conservadores europeos, con Angela Merkel a la cabeza, salvaron varias veces el cuello de Orbán. Requerían sus votos en el Parlamento Europeo frente al bloque de izquierda. Ya no lo necesitan. El alemán Manfred Weber, su presidente, fue descriptivo hace unos días: “Estamos hartos de Orban”, dijo. Según el voto de este domingo, los electores húngaros estuvieron muy de acuerdo.

  • España: comienza el juicio por corrupción al ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez

    España: comienza el juicio por corrupción al ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez

    Un año y medio después de que un juez de la Audiencia Nacional le apuntara a un ex ministro de Pedro Sánchez por haber cometido posibles delitos de corrupción mientras estaba al frente del Ministerio de Transportes, comienza el juicio en el que tendrán que declarar varios miembros del actual gobierno de España.A partir de este martes, José Luis Abalos, el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE -el partido que lidera el presidente Sánchez-, será juzgado por la Sala en lo penal del Tribunal Supremo ya que conservaba inmunidad parlamentaria por ser diputado, aunque dejó su banca en enero de este año.Está acusado de haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia de covid.Abalos habría recibido coimas, junto a su ex chofer y ex asesor, Koldo García, para priorizar la compra de barbijos que les ofrecía Víctor de Aldama, quien representaba a la empresa que habría pagado las comisiones indebidas.El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (der.) en el banquillo. Foto: EFEEl juicio que comienza este martes pretende esclarecer las responsabilidades de los tres en el rosario de delitos que se les adjudican: organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.El ex ministro Abalos, por el puesto que ocupaba, podría ser el más severamente castigado. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel. La acusación popular solicita que le den 30.Abalos duerme en un calabozo desde noviembre del año pasado, cuando se ordenó su prisión preventiva y sin fianza.“Aprovechando el cargo”Para el juez Ismael Moreno, que investiga el vínculo entre Abalos, Koldo y De Aldama, “los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Abalos en el gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”.La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no dio con el “botín millonario” con el que se especuló se habrían enriquecido los acusados pero sí halló indicios de favores y resarcimientos que habrían gozado el ex ministro y su ex chofer.Abalos, quien llegó a ser la mano derecha de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista Obrero Español, habría tenido a su disposición un alquiler con opción a compra, por un valor muy inferior al real, de un departamento en el Paseo de la Castellana.Entre las cuestiones a dilucidar figura, además, el alquiler de un departamento frente a Plaza de España de Madrid en el que vivía la pareja del ex ministro, Jessica Rodríguez, quien también había sido contratada en dos empresas públicas a las que no asistía a cumplir su horario de trabajo.Diputado hasta eneroAbalos dejó de ser ministro del gabinete de Pedro Sánchez en 2021, cuando el presidente lo relevó sin mayores explicaciones. Pero regresó al Congreso con una banca, cuando Sánchez lo incluyó en las listas de diputados de las elecciones anticipadas que convocó en 2023.En febrero de 2024, en pleno escándalo, el PSOE lo obligó a renunciar y lo expulsó del grupo parlamentario socialista. Pero Abalos no dejó su acta de diputado hasta enero de este año.Testigos del gobiernoEl juicio prevé veintitrés días de sesiones durante las que se les tomará declaración a más de 70 testigos. Entre ellos, al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, y a la presidenta del Parlamento, Francina Armengol.Este no será, sin embargo, el único proceso judicial que agite el tablero político por poner en la mira a miembros de los gobiernos recientes de España.El «caso Kitchen»Este lunes comenzó el juicio del llamado “caso Kitchen”, así bautizado por aludir a la “cocina” de un supuesto operativo policial ilegal que se habría montado, durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, para encubrir pruebas de la financiación ilegal del partido.El foco estaba puesto en Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, quien había sido descubierto con una cuenta en Suiza en la que atesoraba 22 millones de euros. Bárcenas, desde prisión, amenazó con develar pruebas que comprometerían a todo el PP.Habría sido en ese momento cuando el Ministerio del Interior puso en marcha una operación de espionaje, con fondos del Estado, para destruir documentos que podrían involucrar al gobierno de Rajoy: su nombre no debía aparecer en ningún lado.El juicio durará unos tres meses. Entre los diez acusados figuran el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su segundo, Francisco Martínez. El ex presidente Rajoy y su vice, Soraya Sáenz de Santamaría, serán llamados a declarar.

  • Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el «Chiqui» Tapia

    Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el «Chiqui» Tapia

    Corrupción en la AFA: la empresa de Javier Faroni es la dueña del avión de lujo que usó el «Chiqui» Tapia

    Hasta ahora, continuaba el misterio acerca de quién es el dueño del Gulfstream G400, modelo GLF4, matrícula T7-SUE, MSN (número de serie, por sus siglas en inglés): 1522, de 2003, registrado en San Marino, que usó casi exclusivamente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia y, también, Pablo Ariel Toviggino, mano derecha y tesorero de la organización.El avión fue inscripto en 2023 en uno de los cinco países sin aeropuerto y, más importante aún, sin registros públicos. A esto hay que sumarle que solicitaron el bloqueo del seguimiento en las aplicaciones de rastreo como, por ejemplo, FlightRadar24 y AirNav Radar. Lo llamativo es que se tomaron el trabajo de contactar a más de siete empresas que brindan el servicio. La aeronave era casi indetectable.De acuerdo con la investigación de Clarín, que fue publicada a mediados de diciembre, entre agosto de 2023 y febrero de 2025, el avión registrado en San Marino voló a requerimiento del presidente de la AFA.Pero hasta el secreto más alto termina por tocar tierra. La aeronave Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, modelo 2003, que estuvo registrada anteriormente en Estados Unidos como N251DV, N522GA, N854SD, N232ZK y N973LL fue comprada por TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni y su esposa, Erica Gabriela Gillette, por USD 6 millones, en agosto de 2023, y registrada en San Marino, con la matrícula T7-SUE.A través de fuentes aeronáuticas y documentales, Clarín reconstruyó cómo Faroni y su esposa, Gillette, compraron el avión de lujo, lo registraron en San Marino y pusieron a una empresa de Paraguay como operador de la aeronave.Cómo TourProdEnter LLC adquirió el aviónEn el mundo de la aeronáutica privada, especialmente en Estados Unidos y Europa, una llamada cuenta escrow es prácticamente obligatoria. Adquirir un avión, nuevo o usado, no es como comprar un automóvil; los montos ascienden a varios millones de dólares, la regulación es internacional y hay muchas potenciales “trampas” legales que sortear. En otras palabras, el agente escrow actúa como el corazón de la operación.El comprador, TourProdEnter LLC, presentó una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés), que es la oferta formal. En esta se detalló el precio propuesto, el monto del depósito en garantía y las condiciones principales de la venta. Como ambas partes estuvieron de acuerdo, se firmó un contrato en el que, entre otras cuestiones, se estableció un periodo de exclusividad para avanzar con la operación.TourProdEnter LLC y el vendedor eligieron a Insured Aircraft Title Service (IATS), una de las firmas más antiguas y grandes del mundo, que se dedica específicamente a la gestión de títulos de propiedad y servicios escrow para la industria de la aviación. La compañía fue fundada en 1963 y tiene su sede en la ciudad de Oklahoma -cerca del registro de aeronaves de la Federal Aviation Administration (FAA)-, capital del estado homónimo.Insured Aircraft Title Service (IATS) es una empresa líder a nivel mundial en servicios de titularidad de aeronaves y depósitos en garantía, con más de 60 años de experiencia. No se dedican a otra cosa.Desde hace 63 años, IATS se especializa en brindar seguridad jurídica y financiera a la industria de la aviación. Su objeto principal es actuar como un tercero neutral y profesional para facilitar la compra, venta y financiación de aeronaves en todo el mundo. Gracias a su trayectoria y ubicación estratégica la empresa garantiza que la transferencia de títulos y el registro de documentos se realicen de manera ágil y de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales.Sus servicios abarcan la gestión integral de cuentas de escrow (depósito en garantía) para el resguardo de fondos y documentos, la realización de búsquedas de títulos para asegurar que las aeronaves estén libres de gravámenes, y la presentación oficial de documentos ante autoridades como la FAA u otros organismos registrales internacionales.Todos los servicios que brinda Insured Aircraft Title Service (IATS) giran en torno a la compra y venta de aeronaves.A continuación, IATS abrió una cuenta de “depósito en garantía (escrow)”. Faroni y Gillette, dueños de la empresa compradora, tuvieron que realizar un depósito que, usualmente oscila entre el 5% y el 10% del valor total de la operación, que quedó bajo custodia de IATS, hasta el cierre de la transacción. Esta se realizó el 24 de febrero de 2023, cuando TourProdEnter LLC realizó la primera transferencia, por medio millón de dólares.Luego, IATS llevó a cabo una investigación exhaustiva en los registros de la FAA y en el registro internacional (si aplica), para verificar que el avión no tuviera embargos, deudas pendientes o problemas legales que impidiesen la transferencia.Después, la aeronave fue trasladada a un centro de mantenimiento independiente, para una revisión técnica detallada, denomina Inspección de Pre-compra (PPI, por sus siglas en inglés). En esta se evaluó el estado del fuselaje, motores, aviónica y se revisaron meticulosamente los libros de registro (logbooks, en inglés), para confirmar que se cumplió con todas las directivas de aeronavegabilidad. Si se hubieran descubierto fallas mecánicas no declaradas, Faroni y Gillette pudieron renegociar o retirarse con su dinero intacto; pero eso no sucedió.Tras la inspección, y en caso de haber encontrado discrepancias, las partes negociaron quién se hacía cargo. Una vez resuelto, se firmó la Aceptación Técnica y Contrato de Compraventa (Aircraft Purchase Agreement, en inglés), que es el contrato definitivo, que obligó legalmente al comprador y vendedor a completar la venta.Para proceder al cierre y registro del avión, TourProdEnter LLC tuvo que depositar el saldo restante en la cuenta escrow, creada por IATS y en donde la sociedad de Faroni y Gillette enviaron el medio millón de dólares, el 24 de febrero de 2023.El remanente se canceló en siete transferencias: 4 y 5 de abril de 2023 enviaron US$ 1.000.000 y US$ 500.000, respectivamente. El 8 de junio, depositaron otro millón de dólares. En julio, más precisamente el 21, 26 y 31, transfirieron US$ 1.000.000 en cada ocasión. El último giro se produjo el 7 de agosto de 2023, por US$ 6.000. En total US$ 6.006.000.Algunas de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, por la compra de la aeronave.La prueba quedó registrada en cinco de los ocho comprobantes de las transferencias bancarias que TourProdEnter LLC efectuó, desde su cuenta en el Synovus Bank, a IATS.En el documento, en el campo denominado OBI se completó: “GULFTREAM G40 N973LL” y “G400N973LL”. El OBI significa Información del Emisor al Beneficiario (Originator-to-Beneficiary Information, en inglés). Este espacio de texto es utilizado en transferencias electrónicas (Wires, en inglés) y permite al emisor incluir un mensaje o referencia para que el receptor sepa exactamente por qué recibe ese dinero.Comprobante de una de las transferencias de TourProdEnter LLC a IATS, donde se adjunto la referencia del avión.El documento es parte de los registros confidenciales que fueron obtenidos de cinco bancos a los que la Justicia de Estados Unidos les impuso un “discovery”, es decir, la entrega obligatoria de información que de otro modo se mantendría reservada y secreta por pedido del empresario Guillermo Tofoni.Por su parte, el vendedor le envió los documentos de la aeronave a IATS, quien se aseguró que los fondos solo se liberen cuando el título de propiedad se haya transferido legalmente y sin gravámenes.Una vez confirmada la recepción de los fondos y documentos, IATS procedió a enviar electrónicamente el formulario de factura de venta (bill of sale, en inglés) y, si hubiera correspondido, la solicitud de registro a la FAA. Sin embargo, se dio de baja la matrícula N973LL de los registros de la FAA, porque fue inscripta en San Marino, donde obtuvo la matrícula T7-SUE. En el mismo instante que fue suscrita, IATS le transfirió los fondos al vendedor.El T7-SUE a punto de despegar del Aeropuerto de Saint-Etienne Loire, Francia, el 15 de julio de 2024.Los registros públicos de la FAA muestran que, en 2023, la aeronave matriculada N973LL era un Gulfstream G400, modelo GLF4, modelo 2003 y MSN 1522. Mismo número de serie que el T7-SUE registrado posteriormente en San Marino. En otras palabras, el mismo avión.Registro del archivo de la FAA del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, de 2003, cuando estuvo matriculado como N973LL.En la operación, IATS funcionó como una “notaría y gestoría especializada”, un tercero neutral -algo así como una combinación de bróker y gestor-, que también actuó como un mecanismo de seguridad financiera, ya que custodió los fondos de la transacción, hasta que se cumplieron todas las condiciones acordadas entre TourProdEnter LLC y el vendedor.Generalmente, el costo del agente de escrow, en este caso IATS, se divide en partes iguales entre el comprador y el vendedor; ya que ambos se benefician de la seguridad que brinda.De acuerdo con varias fuentes aeronáuticas nacionales e internacionales, “para un Gulfstream G400, modelo GLF4, de 2003, hay que presupuestar entre US$ 80 y 150 mil en gastos profesionales. Esto incluye bróker, escrow, trámites legales e inspección”, explicó una de las fuentes consultadas. “Los costos son variables, porque depende del monto de la operación, o sea, de la aeronave, la empresa que haga de intermediaria, entre otros factores. Pero, en general, rondan esos valores”, especificó un especialista, quien trabaja en el mercado de aeronaves en Estados Unidos.Un poco más de dos semanas después, más precisamente el 23 de agosto de 2023, se registró a la compañía Paraguay Logistic Services SA como el operador del Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, modelo 2003, pero ahora con matrícula T7-SUE.El operador, los costos y los vuelos del T7-SUEComo reveló Clarín en enero, en varios registros consultados, el T7-SUE figuraba administrado por la empresa Paraguay Logistic Services SA, con oficinas en Asunción, Paraguay y, de acuerdo con su sitio web, con una filial en Argentina.Leopoldo Pablo Perrier Musis es el presidente de Paraguay Logistic Services SA, empresa que operaba el avión matriculado en San Marino y que se trasladó a requerimiento de Tapia y en el que también viajó Toviggino.Leopoldo Pablo Perrier Musis, presidente de Paraguay Logistic Services SA, la empresa que operó el T7-SUE, desde su compra, hasta julio de 2025.Ahora se entienden mejor las transferencias de TourProdEnter LLC a las sociedades vinculadas a Perrier Musis (Paraguay Logistic Services SA, PLS Logistic LLC, Lusain LLC y Sport Business Invest LLC) que, entre todas, recibieron un total de US$ 12.015.506, en 36 transferencias, algunas de ellas el mismo día, entre el 26 de septiembre de 2023 y el 28 de noviembre de 2025, un poco más de dos años.Documento público del estado de Florida, Estados Unidos, donde se registró a Perrier Musis como Manager de PLS Logistic LLC.No obstante, resultó muy llamativo que Paraguay Logistic Services SA, una compañía que declara ser “especializada en la exportación de aceites y otros productos agroindustriales derivados de fuentes vegetales y animales», realizara tres transferencias a TourProdEnter LLC: el 18 de abril de 2023, por US$ 2.835.000 y el 10 y 19 de mayo de 2023, por US$ 1.350.000; un total de US$ 5.535.000.Paraguay Logistic Services SA, la exportadora de aceites, que operó el T7-SUE.A esto hay que sumarle que TourProdEnter LLC efectuó dos giros a Gulfstream Aerospace Corp, el 9 y 10 de noviembre de 2023, ambos por US$ 195.893 (un total de US$ 391.786). De acuerdo con un especialista del sector de vuelos ejecutivos, ese monto correspondería al mantenimiento anual completo o repuestos del avión. “Casi seguro que son repuestos. Lo llamativo es que lo desglosaron en dos facturas, que se abonaron con un día de diferencia”, puntualizó otra fuente consultada.Y TourProdEnter LLC realizó varios pagos a empresas vinculadas a la operatoria aérea, como por ejemplo: Jet Support Services (US$ 944.615), Banyan Air Services (US$ 778.618) y Pratt & Wittney (US$ 463.727); entre otros. Varios de estos pudieron ser para el Gulfstream G400, modelo GLF4, MSN 1522, matrícula T7-SUE.Faroni y Gillette no solo compraron el avión, sino que realizaron envíos al operador y, también, a varias empresas vinculadas al presidente de esa compañía que, muy posiblemente, se utilizaron para costear parte de los mantenimientos, costos y vuelos de la aeronave en los que, en la gran mayoría de las oportunidades estuvo Tapia a bordo. Sin embargo, no fue el único.Con respecto a los vuelos, por ejemplo, un poco menos de un mes después de que TourProdEnter LLC adquirió la aeronave, el 20 de septiembre de 2023, Tapia viajó en el T7-SUE a Sevilla, España, donde recibió una distinción por el compromiso de la AFA con la lucha de la equidad de género y el desarrollo del fútbol femenino en Argentina, en el marco de la séptima edición de la World Football Summit Europe (WFS Europe).Además, el T7-SUE realizó varios vuelos a España, desde Argentina a Madrid, Ibiza y Málaga (aeropuerto de destino para quienes van a Marbella), por mencionar dos ejemplos. Recordemos que TourProdEnter LLC pagó US$ 76.000 para rentar una villa en Ibiza, donde también desembolsó US$ 60.000 para el alquiler de un yate.El T7-SUE en Barajas, Madrid, el 12 de septiembre de 2024.Otro ejemplo. El 28 de noviembre de 2025, TourProdEnter LLC le realizó dos transferencias a PLS Logistic LLC, sociedad vinculada a Perrier Musis. En una de ellas, por US$ 275.000, se dejó consignada la referencia: “Vuelo 10 de febrero EE.UU.”.Por otra parte, Toviggino lo utilizó en 9 oportunidades, según reveló Clarín a mediados de enero. La primera vez fue el 13 de septiembre de 2023, cuando salió del país con destino a Cabo Verde. Ese año también visitó Uruguay en la aeronave. En 2024, el tesorero de la AFA dispuso del T7-SUE para viajar a Antigua y Barbuda, Holanda y México.En junio de 2025, trasladaron la aeronave al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, Estados Unidos. Permaneció inactivo entre el 29 de junio y el 12 de agosto, cuando partió con destino al Aeropuerto Internacional de San Fernando y, luego, para Aruba, la pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela. Dos días después, continuó hasta el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, seguido de un tramo hasta el Aeropuerto Regional de Grand Junction, en el condado de Mesa, en Colorado, Estados Unidos.En julio de 2025, el T7-SUE, fue rematriculado en el país como LV-SYG y, desde entonces, es operado por “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA”, más conocida como “Flyzar”; la empresa de Gustavo Fernando Carmona. La misma compañía que administra el helicóptero Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY, que realizó, por lo menos, unos 60 viajes a la mansión de Villa Rosa, Pilar, entre mayo y noviembre de 2025.El avión de lujo T7-SUE fue adquirido con el dinero de la AFA, a través de TourProdEnter LLC, el agente de cobro, y puesto a disposición, casi exclusiva, del “Chiqui” Tapia y también utilizado por su mano derecha, Toviggino. Otra muestra más del uso de recursos de la organización, para sostener un esquema de lujo privado que, cada día que pasa, tiene menos lugares donde esconderse.

  • Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes

    Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes

    Al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, comenzaron a transitar una instancia para que se cierre la causa en la que fueron procesados por retención indebida de impuestos y aportes. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante abrió una instancia para que hagan una reparación integral del daño.El planteo fue hecho por la defensa de Toviggino en el escrito que presentó cuando fue indagado. Sostuvo que la ley prevé una reparación y que se puede aplicar en este caso. Cuando el juez Amarante procesó a los dirigentes dispuso en esa resolución comenzar a tratar el planteo.Así, los dirigentes de la AFA buscarán el sobreseimiento de la causa. En el trámite opinarán todos los involucrados. Además de Tovigginio -quien hizo el planteo-, también Tapia, los otros tres dirigentes procesados -Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo-, el fiscal Claudio Navas Rial y ARCA, que es querellante en la causa.Mientras eso se discute, los procesamientos y los embargos siguen vigentes. Lo mismo la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino.La defensa de Toviggino, a cargo de Marcelo Rocchetti, planteó, entre otros argumentos, que la causa se debe cerrar por la aplicación del artículo 59 del Código Penal que establece que un expediente se cierra cuando se dan siete supuestos. Uno de ellos, el sexto, es «por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes».Ese artículo se le aplicó al ex presidente de la Nación Alberto Fernández y a su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, por el caso de la fiesta de Olivos. Hicieron una reparación de tres millones de pesos para el instituto Malbrán y se les cerró la causa.La defensa del tesorero de la AFA plantea que el daño ya está reparado porque la entidad pagó la deuda de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes antes que ARCA presente la denuncia penal. Y abonó con intereses. «Reparación integral que está siendo plenamente satisfecha mediante el sucesivo pago total de las obligaciones adeudadas», planteó.El pedido tendrá una discusión. Es que el régimen penal tributario no prevé la reparación para el delito de aprobación de tributos, que es por el que fueron procesados los dirigentes de la AFA. Sobre eso la defensa sostiene que la nueva ley de inocencia fiscal busca no perseguir las deudas hasta determinados montos.El juez Amarante procesó a los dirigentes de la AFA por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo a pesar que contaba en sus cuentas bancarias con los fondos para hacerlo.»Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento», sostuvo el magistrado.Las indagatorias de los acusados se cumplieron hace tres semanas pero en tribunales todavía resuena lo que una fuente llamó «la pelea por la foto». Fue la intención de algunos de los imputados de no ser fotografiados en tribunales. Todo comenzó con un pedido de Toviggino para que su indagatoria sea por videoconferencia. Planteó que no quería de manera presencial para “evitar una innecesaria exposición” y tener «tranquilidad» para declarar por la presencia de los medios. El pedido fue rechazado y el juez Amarante dispuso un operativo de seguridad especial para las indagatorias para garantizar esa tranquilidad.Las indagatorias comenzaron el 6 de marzo con Lorenzo que llegó y se fue por la entrada principal del edificio de la avenida de los Inmigrantes. El 9 de marzo hizo lo mismo Blanco. Pero todo cambió ese mismo día con Malaspina. El presidente de Argentinos Juniors llegó en auto por el estacionamiento de atrás del edificio, lugar solo reservado para el personal judicial.Cuando desde tribunales consultar por esa situación el personal policial contestó: «Desde la seguridad de la AFA nos dijeron que tenían miedo que vengan hinchas y preferimos que ingrese por allí». No había hinchas ese día, ni los hubo después.La presencia de seguridad de la AFA se repitió en las indagatorias de Tapia y Toviggino. Cuando se presentó el tesorero se dio una situación especial. El abogado Gregorio Dalbón, vocero judicial de la AFA, llegó en auto al estacionamiento del edificio. Allí se lo vio charlando con el personal del lugar.Toviggino llegó por la puerta de enfrente. Pero en la indagatoria pidió salir por atrás para evitar problemas como los empujones que hubo a su ingreso. El juez Amarante lo rechazó y Toviggino se fue como llegó y en una camioneta sin patente.Las indagatorias las cerró Tapia que no hizo ningún planteo. Solo dijo que a su ingreso se generó un tumulto y que había una mujer embarazada. Pero no pidió salir por otra puerta. La pelea por la foto tuvo ganadores y perdedores.