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  • Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

    Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

    Antisemitismo, violencia y corrupción: se empieza a definir el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño

    El segundo semestre del año será crucial para el Poder Judicial, ya que se definirá el futuro de tres jueces federales acusados de mal desempeño en sus funciones, quienes podrían ser destituidos de sus cargos, y uno de ellos incluso podría quedar detenido. Estos procesos se activarán a partir de la próxima semana, con la finalización de la feria judicial.

    Los magistrados imputados son el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López; el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava; y el juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Cada uno enfrenta denuncias distintas: la publicación de mensajes antisemitas, agresión al personal de su tribunal y solicitud de coimas para dictar un fallo, respectivamente.
    Actualmente, los tres casos están en etapa de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que por primera vez en su historia afronta tres procesos simultáneos luego de que el Consejo de la Magistratura los investigara y suspendiera en sus cargos.
    Aunque los procesos están en etapas diferentes, todos deberán resolverse antes de fin de año, respetando los plazos legales para la tramitación ante el jurado. Se trata de un proceso de carácter político, en el cual el tribunal evalúa exclusivamente si los jueces incurrieron en mal desempeño de sus funciones. El Jurado puede dictar dos tipos de resoluciones: destituir a los magistrados o rechazar la acusación. En caso de destitución, el juez pierde automáticamente su cargo y la jubilación correspondiente; si se rechaza la acusación, se levanta la suspensión y el juez retomará sus funciones.
    Para destituir a un juez se requieren cinco votos de los siete integrantes del Jurado. Si no se obtiene esa mayoría o si se exceden los 180 días hábiles para concluir el proceso desde la recepción del caso, la acusación cae. Actualmente, el tribunal está compuesto por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria); y las senadoras María Florencia López (Unión por la Patria) y María Montes de Oca (La Libertad Avanza).
    Estos procesos son seguidos con especial atención en la justicia, ya que es la primera vez desde la creación del Consejo y del Jurado a comienzos de los 2000 que tres magistrados son sometidos simultáneamente a juicio político. Además, estos casos presentan distintas tipologías: discriminación, maltrato laboral —una problemática denunciada en aumento en el Poder Judicial— y corrupción.
    Los dos últimos jueces destituidos fueron sancionados por casos de corrupción: el magistrado federal de Mendoza, Walter Bento, por enriquecimiento ilícito; y Martín Poderti, también de Mar del Plata, por el presunto robo de 144 monedas de oro. Posteriormente, Bento fue condenado penalmente a 18 años de prisión y permanece detenido.
    En cuanto a los juicios en curso, el primero comenzó a principios de mes contra Alfredo López, quien es juzgado por publicar mensajes antisemitas y discriminatorios en su cuenta de la red social X. Entre sus mensajes se leen expresiones como: “Sí, raza de víboras, por el pueblo judío”, “son cínicos”, “estado ficticio” y “al que persiguen es a mí, pero yo soy argentino y ustedes extranjeros”. Hace dos semanas, los fiscales del jury, el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, solicitaron su destitución por mal desempeño. La audiencia estuvo marcada por un escándalo cuando seguidores de López en la sala comenzaron a gritar contra los fiscales, lo que derivó en la expulsión de esas personas. López presentó su renuncia para evitar el juicio, pero el gobierno de Javier Milei no la aceptó. Solo resta el veredicto, que el tribunal debe emitir antes del 25 de agosto. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que se espera que la semana que viene se anuncie la fecha.
    En simultáneo, el segundo juicio comenzará el lunes 10 de agosto a las 9 horas contra Pablo Díaz Lacava. El juez está acusado de amenazar y hostigar a empleados y secretarios de su tribunal, quienes presentaron la denuncia y debieron tomar licencia médica. Uno de los hechos más graves imputados es que Díaz Lacava arrojó una piedra desde la calle que ingresó por una ventana a uno de los despachos. El jurado ya citó a testigos de la defensa y de la acusación, y se espera que el proceso dure una semana, según informaron fuentes judiciales. Por estos mismos hechos, Díaz Lacava enfrenta un juicio oral en una causa penal. Actualmente está suspendido en el cargo, y antes de la suspensión el juez tenía prohibido ingresar a su tribunal para evitar contacto con los empleados denunciantes.
    El tercer caso corresponde a Gastón Salmain, quien fue suspendido en junio tras ser denunciado por solicitar un soborno para dictar un fallo a favor de una empresa, ordenando al Banco Central de la República Argentina la venta de 10 millones de dólares a precio oficial durante el cepo cambiario. El juez exigió el pago del 10% de la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Según declaró un arrepentido en la causa penal, Salmain esperaba recibir entre 180 mil y 200 mil dólares producto de esa diferencia. Sin embargo, la devaluación del peso redujo la brecha y la empresa solo logró una diferencia de 19 mil dólares al comprar los dólares oficiales con el fallo. Salmain está procesado y tiene prisión preventiva, aunque no ha sido detenido debido a sus

  • El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

    El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

    El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

    Desde este lunes, el emblemático juez federal de Comodoro Py, Martín Irurzun, dejó oficialmente de integrar la nómina del Poder Judicial, según informó la Casa Rosada. El sábado pasado, Irurzun cumplió 75 años, edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial, salvo en el caso de que el Senado de la Nación apruebe una prórroga de cinco años, trámite que debe ser avalado previamente por el Presidente. En esta oportunidad, el Gobierno no concedió esa extensión.

    En este contexto, el Ministerio de Justicia envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, solicitando que se avance en el concurso público destinado a cubrir la vacante en la Cámara Federal de Apelaciones. “Habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente”, indicó en el documento Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial, organismo dependiente del Ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques.
    Pese a que Irurzun consiguió un fallo favorable en el fuero Contencioso Administrativo para que su recurso fuera analizado por la Corte Suprema, el máximo tribunal rechazó la habilitación de la feria judicial, argumentando que la petición no justificaba suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional. Así, el tiempo judicial se agotó y el Poder Ejecutivo considera a Irurzun como un exjuez.
    Este trámite contrasta con el caso de Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, quien sí recibió el visto bueno presidencial para continuar su labor en la Cámara Federal de Casación Penal hasta los 80 años. “Es potestad plena del Jefe de Estado conceder o no una prórroga”, señalaron fuentes oficiales consultadas por Clarín, al explicar las diferencias en ambos casos.
    Fuentes de la Casa Rosada expresaron que “se busca un cambio en esa Cámara estratégica”, en referencia a la Cámara Federal de Apelaciones, que revisa las decisiones de los jueces de instrucción en causas que incluyen procesamientos, prisiones preventivas y medidas cautelares como embargos o inhibiciones de bienes.
    Además, el presidente envió recientemente al Senado dos pliegos para cubrir puestos en esa Cámara: Pablo Bertuzzi, quien ya se desempeña de forma provisional, y el actual magistrado del fuero Penal Económico, Pablo Yadarola. A diferencia de los primeros años de gestión, el Gobierno presta especial atención a las vacantes en tribunales de Retiro, donde se investigan casos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
    En suma, la vacante que dejó Irurzun tras más de dos décadas en el cargo ya fue comunicada oficialmente al Consejo de la Magistratura. Según la nota remitida por el Ministerio de Justicia, “atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia”.
    Desde fuentes judiciales consultadas por Clarín confirmaron que la solicitud ya fue remitida a la Comisión de Selección, encargada de organizar y conducir los concursos públicos para cubrir vacantes en tribunales nacionales y federales. De este modo, se dio inicio formal al proceso para cubrir este puesto clave en Comodoro Py.

  • Fin de la feria: la agenda judicial de la corrupción en Entre Ríos entra en su semestre decisivo – El Miércoles Digital

    Fin de la feria: la agenda judicial de la corrupción en Entre Ríos entra en su semestre decisivo – El Miércoles Digital

    Fin de la feria: la agenda judicial de la corrupción en Entre Ríos entra en su semestre decisivo – El Miércoles Digital

    Este lunes 20 de julio se reanuda la actividad ordinaria en los tribunales entrerrianos y, con ella, un calendario cargado como pocas veces: votos pendientes en la Corte Suprema de Justicia que pueden devolver a la cárcel al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera; una causa por coimas elevada a juicio que espera fecha de debate; un expediente por enriquecimiento ilícito paralizado por una apelación que debe resolver Casación; y el primer juicio oral del semestre con fecha confirmada, la causa ATER, que comienza el 3 de agosto. Y a ello se puede sumar la reactivación de la causa Securitas, donde aparecen involucrados los hermanos Tórtul y varios exfuncionarios de ENERSA de la administración del exgobernador Gustavo Bordet.
    La feria de invierno, que se extendió del 6 al 17 de julio, funcionó como un paréntesis en un año que ya venía marcado por resoluciones de peso. Lo que viene ahora es la etapa en la que buena parte de los expedientes de corrupción más importantes de la historia institucional de la provincia deberán encontrar, finalmente, su desenlace. Y el orden de los factores no es casual: casi todos los caminos conducen, de una u otra forma, a Sergio Daniel Urribarri, el hombre que concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos de la política entrerriana.
    El primer frente, y el de mayor voltaje, se dirime a 470 kilómetros de Paraná, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene a resolución el recurso de queja vinculado a las condenas del denominado Megajuicio, el proceso que en abril de 2022 terminó con Urribarri sentenciado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por reunir dineros públicos al servicio de su campaña presidencial. En esa misma sentencia -dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno-, fueron condenados a seis años y seis meses de cárcel el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez y el cuñado del exgobernador y exfuncionario del Senado provincial, Juan Pablo Aguilera.
    La Cámara de Casación Penal ratificó las condenas en 2023 y, en abril de 2024, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja de las defensas, con lo cual las sentencias quedaron firmes en territorio entrerriano. Pero seis meses después, en octubre de 2024, el propio STJ tomó una decisión tan polémica como determinante: con los votos de Gisela Schumacher -que modificó su posición inicial- y Germán Carlomagno, y la disidencia de Miguel Ángel Giorgio, concedió los recursos extraordinarios federales y habilitó a los condenados a llegar a la Corte Suprema. El argumento fue una supuesta incongruencia entre los vocales que habían confirmado la sentencia. La resolución tuvo, además, una particularidad difícil de explicar: se le concedió la vía recursiva a Báez pese a que su defensa, por un error en la firma del escrito, ni siquiera la había solicitado.
    Aquella decisión permitió que las condenas no quedaran firmes y que los sentenciados recuperaran la libertad. Urribarri y Aguilera habían pasado 50 días con prisión preventiva hasta que el STJ ordenó soltarlos en enero de 2025, mientras que Báez transita el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en su casa quinta de calle Jozami de la capital entrerriana. Desde octubre de 2025, el recurso de queja comenzó a moverse en la Corte Suprema. Todo indica que ya votaron los tres ministros, pero aún no se informó al respecto y permanece en un sector burocrático del alto cuerpo. Al parecer, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz habrían votado en la misma sintonía y de esa manera confirmarían los fallos de los jueces entrerrianos. Si efectivamente el máximo tribunal del país rechaza la queja y convalida lo resuelto en primera instancia, en Casación y en el STJ, los tres condenados deben volver a la cárcel de Paraná. Urribarri pasaría a la historia no solamente como el primer gobernador entrerriano reelecto en forma consecutiva, sino como el primero en cumplir una condena de prisión por corrupción con sentencia firme en las cuatro instancias.
    El segundo frente también tiene al exgobernador como protagonista y es, de todos los expedientes elevados a juicio sin fecha de debate, el más maduro: la causa Coimas. La investigación, que se generó tras una denuncia de ANÁLISIS en 2017, sostiene que Urribarri, primero como ministro de Gobierno y luego como titular del Poder Ejecutivo, se interesó en favorecer sistemáticamente a la firma Relevamientos Catastrales S.A. (RELCAT), presidida por el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, su socio y amigo, en la contratación de desarrollo e implementación de software para la administración pública provincial. El Ministerio Público Fiscal pidió para el exgobernador una condena de diez años de prisión.
    Tras un proceso de remisión que se oralizó en múltiples audiencias entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara envió el legajo a juicio oral. En el banquillo se sentarán, junto a Urribarri y Cardona Herreros, el exdirector de Informática Carlos Marcelo Haidar. Los demás exfuncionarios de la gestión urribarrista alcanzados por la investigación eligieron otro camino: el del juicio abreviado, que implica reconocer el delito cometido a cambio de penas menores. Por esa vía pasaron el exsecretario de Presupuesto y Finanzas Luis Alfonso Erbes, el exsecretario de Hacienda José Humberto Flores y Guillermo Smaldone -condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional y una multa-, además del exdirector General de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ángel Ulrich, quien suscribió en febrero de este año el acuerdo en el que admitió su responsabilidad en el favorecimiento sistemático de RELCAT. Esos reconocimientos de culpabilidad no son un dato menor: llegan al debate oral como piezas que ya describen, de puño y letra de sus protagonistas, el funcionamiento del esquema de coimas.
    El último eslabón procesal se cerró el 8 de mayo de 2026, cuando la Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría -con los votos de Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina, y la disidencia de Daniel Omar Carubia- los recursos de queja de las defensas de Urribarri, Cardona Herreros y Haidar, y dejó expedito el camino hacia el debate oral, sin nuevas revisiones extraordinarias sobre nulidades, exclusiones probatorias y pedidos de sobreseimiento. Con las vías recursivas a nivel provincial agotadas, la fijación de fecha por parte de la Oficina de Gestión de Audiencias es una de las decisiones que la reanudación de la actividad judicial puede destrabar en las próximas semanas. Será el dato a seguir con atención.
    El tercer frente es la causa por enriquecimiento ilícito, la más antigua de las que pesan sobre el exmandatario: nació de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después de la publicación de la revista ANÁLISIS dos semanas antes. Según la pericia contable del Ministerio Público Fiscal, entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015 Urribarri incrementó su patrimonio en 1.546.772 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros, un crecimiento que no pudo justificar. En la maniobra habría participado, otra vez, Cardona Herreros, señalado como presunto testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron cinco años y seis meses de prisión para el exgobernador y cinco años de cumplimiento efectivo para el empresario.
    Las audiencias de remisión a juicio se desarrollaron entre marzo y abril de este año ante el juez de Garantías Mariano Budasoff, quien quedó a cargo del expediente luego de que prosperara la recusación contra Julián Vergara, decisión que a su vez fue apelada por la Fiscalía por entender afectada la garantía del juez natural. A fines de marzo, Budasoff rechazó los pedidos de sobreseimiento por prescripción, afectación del plazo razonable y ne bis in idem que plantearon las defensas. Pero concedió, con efecto suspensivo, la apelación contra el rechazo de las exclusiones probatorias: en discusión están dos informes del Gabinete de Informática Forense y los elementos secuestrados en el allanamiento de un inmueble del country San Jorge Village, en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Ese efecto suspensivo implicó la paralización de las audiencias de remisión hasta que el planteo sea resuelto en la instancia revisora. Es el otro despacho que el fin de la feria puede poner en movimiento: mientras no haya resolución, la tercera causa contra Urribarri sigue congelada.
     

     
    Báez, un enriquecimiento con elevación a juicio pendiente
    El exministro que aguarda, junto a Urribarri y Aguilera, la definición de la Corte Suprema por el Megajuicio tiene además un frente judicial propio que puede deparar novedades en el corto plazo: la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se le sigue desde octubre de 2016, abierta como desprendimiento de las investigaciones que desembocaron en aquella condena. El informe contable elaborado en el marco de la pesquisa concluyó que Pedro Ángel Báez incrementó su patrimonio de manera injustificada en 4.179.885 pesos históricos, equivalentes a 632.053 dólares. En el expediente figuran, entre otros bienes, la casa quinta de la zona de Toma Vieja -la misma en la que hoy cumple la prisión domiciliaria-, una casona de calle Cervantes, un yate modelo Mamba 25 bautizado Petit Pois, amarrado en el Club Náutico y valuado en unos 50 mil dólares, y la firma Innova Turismo, de la que su entonces esposa era socia. La Fiscalía sostiene, además, que existen elementos para considerar probable que el empresario Germán Buffa haya actuado como testaferro del exfuncionario.
    En abril de 2025, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano requirieron ante la jueza de Garantías Elisa Zilli la elevación a juicio del expediente, con un pedido de pena de cinco años de prisión efectiva para Báez y de tres años y medio para su exesposa, Sofía Riquelme, a quien atribuyen el delito en carácter de partícipe primaria. La defensa contraatacó con un planteo de sobreseimiento por violación del plazo razonable, con el argumento de que la investigación se inició en 2016 y recién en noviembre de 2023 el exministro fue intimado formalmente por enriquecimiento. La resolución sobre esa remisión es, precisamente, una de las definiciones que la reanudación de la actividad judicial puede destrabar: si el expediente supera la etapa intermedia, Báez quedará en condiciones de afrontar su segundo juicio oral, esta vez por el patrimonio que la Fiscalía considera inexplicable.
    Mientras tanto, el 3 de agosto de 2026 comienza el juicio oral de la causa ATER, según dispuso la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial. El expediente se originó en las denuncias presentadas en 2014 por Marcelo Casaretto, quien fue director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos entre 2011 y 2015, y fue elevado a juicio en 2021. La Fiscalía de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhirió al pedido de elevación del Ministerio Público Fiscal. Casaretto fue citado a comparecer como denunciante, un rol que en el sistema procesal entrerriano lo ubica como testigo clave, mientras la acusación queda en manos de la Fiscalía. Será, así, el primer debate oral de una causa de corrupción administrativa del semestre.
    Detrás de estos cuatro frentes se despliega el resto del rosario de expedientes que aguardan definición. El caso más prolongado es el del exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende: se cumplen 14 años desde que ANÁLISIS publicó, en marzo de 2012, la denuncia periodística que dio origen a la causa. Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la Justicia. En el acuerdo de agosto de 2021 llegó a reconocer un enriquecimiento ilícito superior a 1.069.841 dólares, además de delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y amenazas. Pese a todo, enfrenta recién ahora la perspectiva concreta de un juicio oral, todavía sin fecha, mientras se mantiene como uno de los dirigentes gremiales de mejor diálogo con el gobierno de Rogelio Frigerio. En la misma lista de causas elevadas y sin fecha de debate se inscriben los expedientes por delitos de corrupción que involucran al actual intendente de Santa Elena y aliado político del gobernador, Domingo Daniel Rossi.
     

     
    Securitas, el frente federal que puede reactivarse
    A los expedientes provinciales se suma un frente federal que puede volver a moverse en cualquier momento y que apunta de lleno al corazón del gobierno de Gustavo Bordet: la causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con el impulso del fiscal Fernando Domínguez. La investigación nació de una auditoría interna de la filial argentina de la multinacional sueca de seguridad, que en 2019 detectó pagos de coimas a funcionarios públicos desde al menos 2013 para garantizar contratos con organismos estatales de todo el país. En la autodenuncia posterior, la propia empresa admitió haber pagado sobornos a representantes de AySA, el Renaper, el Senasa, la Anmac y ENERSA, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana que se convirtió en el epicentro del capítulo provincial del expediente.
    En mayo de 2024, Arroyo Salgado procesó a los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo Tórtul y a los gerentes de ENERSA Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis, y un año después la Cámara de Casación ratificó su competencia sobre el tramo entrerriano. El corazón probatorio de la causa es un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp extraídas de los teléfonos de los hermanos Tórtul, que abarca desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024 y menciona al exgobernador Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el propio exmandatario, como así también al exvicegobernador Adán Bahl, actual senador nacional del PJ entrerriano. Son varios los exfuncionarios y actuales funcionarios que aparecen mencionados en esos chats (incluso el actual gobernador, en los meses previos a su asunción al cargo), pero la jueza solo le apuntó al exsecretario general de la Gobernación y exsenador nacional del PJ, Edgardo Kuaider, pese a que en los chats solo se nombra a un tal “Quaider”, que sería otra persona oriunda de Concordia.
    La causa, además, mostró movimiento hasta las puertas de la feria: a comienzos de julio, a pedido del fiscal Domínguez, ENERSA remitió al juzgado de San Isidro listas de nombres, poderes y su investigación interna. De esa documentación surge un dato demoledor: solo entre 2022 y 2024, la distribuidora pagó a la empresa de los Tórtul más de 1.300 millones de pesos por encima de lo que correspondía por el servicio de seguridad, con sobreprecios y sobrepagos de casi el 900 por ciento. ENERSA otorgó también un poder especial al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, para promover acciones legales contra Securitas en procura de una reparación patrimonial por los daños sufridos, aunque hasta el momento no se informó oficialmente ningún avance en ese sentido. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos mantiene abierta una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, todavía sin imputación formal. Cada nuevo despacho de Arroyo Salgado tiene, por eso, potencial para sacudir el tablero político provincial: es el único expediente en el que las esquirlas alcanzan, simultáneamente, a un exgobernador, a un senador nacional en ejercicio y a un exsenador detenido en el extranjero.
     

     
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  • Piden la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio a una red de corrupción de menores

    Piden la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio a una red de corrupción de menores

    Piden la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio a una red de corrupción de menores

    Marcelo Corazza (54) quedó cerca de ser declarado inocente luego de que el fiscal general Juan García Elorrio solicitara su absolución en el juicio que se le sigue, junto a otros cuatro hombres, por su presunta participación en una red de corrupción de menores.

    Además del ex productor de Telefé y primer ganador del reality Gran Hermano Argentina en 2001, son juzgados Francisco Angelotti Notarbartolo (49), Fernando Charpenet (56), Raúl Mermet (48) y Leandro Aguiar (28). Todos están imputados por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
    El fiscal argumentó que varios delitos imputados a Corazza ya prescribieron por el paso del tiempo y subrayó que en relación con los hechos más recientes vinculados a la asociación ilícita no existen pruebas suficientes para incriminarlo. Pese a este planteo, pidió que se establezca una reparación económica solidaria a favor de las víctimas, que deberán abonar los acusados.
    Respecto a los demás imputados, García Elorrio solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, condenas de 22 años de prisión para Angelotti Notarbartolo, considerado líder de la organización; 11 años para Aguiar; y 10 años para Charpenet y Mermet, en calidad de partícipes necesarios de los delitos de trata y abuso sexual.
    Los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que representan a tres víctimas, mantienen la misma acusación para los cinco imputados.
    El tribunal aún no informó la fecha en la que se dará a conocer el veredicto.
    ### El caso
    La causa se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación reveló episodios de abuso sexual, promesas de viajes a Disney y regalos de zapatillas a cambio de sometimientos, así como la circulación de material de abuso sexual infantil (MASI), violaciones filmadas y transferencias de dinero para exigir más material a víctimas que en ese momento tenían entre 11 y 16 años.
    Según la investigación, los acusados conformaban una organización criminal liderada por Angelotti Notarbartolo, dedicada a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para sometimientos y explotación sexual a cambio de pagos económicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, desde al menos 1999 hasta marzo de 2023, fecha en que fueron detenidos.
    Los primeros en involucrarse fueron Angelotti Notarbartolo, Mermet, Corazza y otros hombres que no pudieron ser individualizados en esta etapa procesal. En 2018, Charpenet y Aguiar se incorporaron a la red y, junto con Mermet y Corazza, solicitaban encuentros con las víctimas para abusarlas y explotarlas sexualmente.
    La acusación sostiene que Angelotti Notarbartolo manipulaba a los menores y coordinaba su entrega para los abusos, siempre a cambio de una retribución económica.
    En particular, se le atribuye a Corazza un hecho ocurrido en 2001, poco después de salir de la casa de Gran Hermano. Según la denuncia, Angelotti Notarbartolo convenció a una víctima menor de edad para que aceptara conocer a alguien. En la Plaza Miserere, Corazza supuestamente apareció en un vehículo, convenció al menor para subir y allí se habría cometido un abuso sexual junto con exhibiciones obscenas. La víctima tenía entre 11 y 13 años, según consta en el expediente.

  • Frente a Milei, el arzobispo porteño pidió terminar con las «cuevas de la corrupción» y citó a Messi para pedir la unión de los argentinos

    Frente a Milei, el arzobispo porteño pidió terminar con las «cuevas de la corrupción» y citó a Messi para pedir la unión de los argentinos

    Frente a Milei, el arzobispo porteño pidió terminar con las «cuevas de la corrupción» y citó a Messi para pedir la unión de los argentinos

    En la tradicional homilía por el Día de la Independencia, realizada en la Catedral Metropolitana y frente al presidente Javier Milei, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó este jueves a poner fin a las “cuevas de la corrupción” y citó a Lionel Messi para pedir la unión de los argentinos.

    “A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos. No por razones geográficas, sino porque no nos conducen a un buen destino o nos encierran en laberintos sin salida: el camino de la intolerancia, los enfrentamientos constantes, la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, advirtió García Cuerva.
    En ese sentido, el arzobispo fue aún más enfático: “Son caminos en los que algunos se aprovechan para dividirnos o enfrentarnos, robándonos la esperanza de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos escandalosamente más ricos”.
    García Cuerva, quien al igual que en el 25 de mayo aclaró que su mensaje pretendía ser “un aporte” y criticó a quienes toman “palabras aisladas para alimentar la fragmentación”, insistió en su reclamo contra la corrupción.
    “Esto no es cuestión de pertenecer a tal o cual período político o gobierno de turno, sino de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre”, afirmó.
    Milei escuchó la homilía con atención y sin manifestar gestos. El presidente llegó a la Catedral Metropolitana caminando desde la Casa Rosada, acompañado por su hermana Karina. También lo acompañaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el asesor Santiago Caputo.
    Asimismo, estuvieron presentes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el ministro de Salud, Mario Lugones.
    El arzobispo también criticó la política al sostener que “el pueblo está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que tienen los dirigentes”.
    “Pidamos a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y de la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, enfatizó.
    García Cuerva advirtió, citando la parábola del buen samaritano, que “lo que se gasta de más no siempre es sinónimo de derroche o despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”.
    “Hay ejemplos actuales, como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden y, a primera vista, puede parecer desproporcionado, pero al conocer bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión que profesionales y asistentes comprometidos hacen para acompañar y estimular a cada uno de los beneficiarios, no solo por caridad sino también por justicia”, señaló, en una clara alusión a los recortes en discapacidad aplicados por el Gobierno.
    Finalmente, apelando al espíritu mundialista, García Cuerva citó a Lionel Messi para reclamar la unidad de los argentinos. “Sigamos con la camiseta puesta y, con pasión, hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes sociales”, dijo antes de leer el texto del capitán y emblema del seleccionado nacional.
    “Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos proponemos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén”, concluyó.
    El mensaje de Messi que leyó textualmente García Cuerva fue publicado por el ídolo argentino en Instagram el 18 de diciembre de 2022, horas después de la conquista del Mundial de Qatar.

  • Otro mensaje fuerte de la Iglesia en el que sumó la corrupción y reivindicó la justicia social denostada por Javier Milei

    Otro mensaje fuerte de la Iglesia en el que sumó la corrupción y reivindicó la justicia social denostada por Javier Milei

    Otro mensaje fuerte de la Iglesia en el que sumó la corrupción y reivindicó la justicia social denostada por Javier Milei

    El mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante el Tedeum del 9 de Julio sorprendió por su firmeza política, rompiendo con la tradicional moderación de la Iglesia católica en actos oficiales. A diferencia de la homilía previa del 25 de Mayo, en la que había pedido dejar de exacerbar la polarización y advirtió sobre un “desmembramiento social”, García Cuerva fue más allá y se convirtió en la primera alta autoridad eclesiástica en años en abordar el tema de la corrupción ante un presidente de la Nación. Además, reivindicó el concepto de justicia social, cuestionado públicamente por Javier Milei.

    Aunque sus palabras se dirigieron a “todos los actores de la sociedad argentina”, resulta difícil separar su referencia a la corrupción —de la que afirmó que implica “ser y parecer”— del reciente caso vinculado con el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien contó con el respaldo del presidente durante más de cien días. Asimismo, el arzobispo aludió a “algunos que aprovechan para dividirnos (…) escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente más ricos”, una crítica que sin mencionarla explícitamente remite a las gestiones kirchneristas y a la expresidenta actualmente detenida.
    El arzobispo abordó la corrupción como un problema que trasciende los colores políticos, sosteniendo que “no es cuestión de ser de tal o cual partido o gobierno de turno; es cuestión de ser o no honesto y transparente”. Esta postura cobra relevancia, ya que aunque otros obispos han mencionado la corrupción en años recientes, la Conferencia Episcopal había evitado hacer declaraciones explícitas al respecto. En cambio, el papa Francisco ha denunciado reiteradamente este flagelo, incluso relatando anónimamente casos de sobornos en el ámbito público.
    García Cuerva también destacó la importancia de la justicia social, fundamento de la Doctrina Social de la Iglesia, y contradijo de manera implícita la postura de Milei, quien calificó ese principio como “un robo que le quita a los ricos para dar a los pobres”. Citó la encíclica Magnifica Humanitas de León XIII, donde se afirma que “la justicia social se reconoce por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás”. Enfatizó además que “las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable”.
    No dejó de poner el foco en la situación de los jubilados, desocupados y personas con discapacidad, advirtiendo que “todos sabemos, con sinceridad, que esta realidad no es nueva y duele hace muchos años”. Hizo especial énfasis en la problemática de la discapacidad, un área que el gobierno habría demorado o recortado en sus fondos, señalando que aunque “tiene muchos trabajadores en proporción a las personas que atiende y, a priori, se puede pensar que es un despropósito, luego conociendo bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión” destinada a la atención de los beneficiarios “por caridad, pero también por justicia”.
    El arzobispo reiteró su preocupación por la creciente intolerancia y las divisiones políticas, criticando a quienes optan por “el camino de la intolerancia, los enfrentamientos constantes, la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles y el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio”. En este sentido, pareció aludir a ciertos tuiteros libertarios que, en los días previos al partido contra Egipto, difundieron mensajes racistas e islamófobos, así como a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, tras el encuentro entre Francia y Paraguay.
    En un contexto de fuertes tensiones entre el presidente y la vicepresidenta, así como enfrentamientos internos en la principal fuerza opositora entre figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof, García Cuerva llamó a la dirigencia política a superar las diferencias y buscar soluciones para el país. “En este 9 de Julio, día de nuestra independencia, pidamos también a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y de la mezquindad política de querer quedarnos con los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, expresó.
    Finalmente, apeló a la habilidad de escucha como virtud esencial para la construcción de consensos, recordando que “escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura, del que sabe ampliar sus límites estrechos, del que se abre a la realidad para dejar interpelar sus propios esquemas mentales”. Exhortó a los argentinos a realizar “un gran examen de conciencia colectivo”, sin mirar “al costado, buscando responsables eternos”.
    En medio del fervor por el Mundial, el arzobispo citó a Lionel Messi para destacar la importancia del trabajo en equipo: “Valoramos que el trabajo sea en equipo, sigamos con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales”. Reconoció también a quienes cotidianamente “se ponen la patria al hombro”. Como es habitual, el presidente no respondió con críticas a los conceptos de García Cuerva, confirmando que la Iglesia católica –y las religiones en general– no son hasta ahora objeto de sus habituales filípicas.

  • Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Toviggino ahora le pidió a la Justicia que borren de X a uno de los denunciantes de la corrupción en AFA que destapó la lujosa mansión de Pilar

    Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, investigado por la Justicia en varias causas por presuntas irregularidades en el manejo del dinero del fútbol argentino, solicitó judicialmente que se elimine de la red social X la cuenta de uno de sus denunciantes, el legislador porteño Facundo Del Gaiso, para impedir que lo mencione nuevamente en esa plataforma.

    A través de un escrito presentado por su abogado defensor, Gregorio Dalbón, Toviggino requirió “la suspensión y/o desactivación de la cuenta identificada como @FacundoDelGaiso en la plataforma X (https://x.com/FacundoDelGaiso)”. En otras palabras, pidió que desconecten al legislador de la red social, antes conocida como Twitter, donde Del Gaiso expone minuto a minuto sus hallazgos sobre manejos irregulares en la conducción del fútbol argentino.
    Dalbón también solicitó la prórroga de la medida cautelar dictada por el Juzgado Criminal y Correccional N°13 el 9 de abril pasado, que impone por tres meses una fuerte restricción de contacto de Del Gaiso con Toviggino. El fallo, firmado por el juez Diego Slupski, prohibió al legislador comunicarse con el tesorero de AFA “por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro formato que permita la interacción directa o indirecta”. Asimismo, incluye la prohibición de contacto digital o tecnológico, incluso la captación y reproducción de imágenes del domicilio, vehículos, actividades o vida cotidiana de cualquier miembro de la familia de Toviggino.
    La sentencia también impuso una prohibición de acercamiento al domicilio familiar de la mano derecha de Tapia, ubicado en Pilar, a pocos kilómetros de la lujosa mansión en Villa Rosa que es el epicentro de la primera denuncia presentada por Del Gaiso, Elisa Carrió y Matías Yofe, dirigentes de la Coalición Cívica, instrumento que puso bajo la lupa judicial a la AFA.
    La restricción incluye también los lugares de trabajo de Toviggino, lo que impide que el legislador se acerque a menos de 500 metros de las oficinas de la entidad.
    El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando Del Gaiso, Carrió y Yofe denunciaron ante la Justicia que Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, un monotributista y una jubilada, figuran como propietarios de una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, que cuenta con helipuerto, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, un garaje con autos de colección e instalaciones deportivas múltiples.
    En la denuncia, plantearon dudas sobre el verdadero rol de Pantano y su madre, solicitando que se investigue si actúan como presuntos testaferros de las autoridades de la AFA. Como parte de las pruebas, aportaron un mensaje en X de Carlos Tévez que señalaba a Pablo Toviggino y vinculaba al dirigente con la mansión: “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, Toviggino. Además de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria Ali Baba”, escribió el ícono xeneize el 5 de marzo de 2024.
    La Justicia vinculó estos hechos y comprobó que Tévez adquirió el terreno en julio de 2017 sin construir nada; en 2023 le vendió el predio a la empresa Malte, con nexos societarios y directivos relacionados con el emporio de Toviggino; y que Malte luego vendió la propiedad a Real Central SRL, firma de Pantano y su madre, el 30 de mayo de 2024.
    El avance de la investigación y la aparición de nuevas pruebas llevaron a Del Gaiso y Yofe a ampliar su denuncia, incorporando a Toviggino. A partir de ello, el tesorero, a través de Dalbón, apuntó contra los dirigentes de la Coalición Cívica y varios periodistas, y solicitó medidas cautelares para que no se lo mencione más.
    En abril, logró una cautelar que estableció un “bozal legal” para silenciar a Del Gaiso, medida que fue cuestionada por vulnerar la libertad de expresión al configurar una censura previa. El juez argumentó que “la prohibición de contacto digital o tecnológico no puede interpretarse de manera extensiva como una censura previa ni como una limitación autónoma a la libertad de expresión, pues su alcance se encuentra estrictamente circunscripto a evitar interacciones -directas o indirectas- respecto de las personas protegidas por la medida”.
    Paralelamente, junto con Tapia, consiguieron una medida cautelar otorgada en mayo por el juez Walter Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, que impuso prohibición de contacto a Del Gaiso, Yofe y media docena de periodistas, todos denunciados por supuesta extorsión agravada.
    En medio del Mundial 2026, días antes del partido en que Argentina remontó y derrotó 3-2 a Egipto, Dalbón reforzó el pedido de prórroga de la primera cautelar y, además, solicitó judicialmente que se elimine la cuenta de Del Gaiso en X, para impedir que siga hablando de Toviggino en esa red social.
    Este reclamo

  • Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    No se trata de Libra, Andis ni Adorni. El caso judicial que más avances presenta respecto al poder libertario en investigaciones vinculadas a imputados es el de OSPRERA, la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina, creada para atender a los afiliados del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La Justicia investiga la intervención de esta entidad, decretada durante la gestión presidencial de Javier Milei.

    La hipótesis es que, bajo esa administración temporal, se cometieron varios delitos de corrupción. Fondos multimillonarios fueron desviados desde la obra social para beneficiar a una empresa sospechada de ser una cáscara vacía. El principal accionista de dicha empresa es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
    Aguirre deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 13 de agosto a las 12 del mediodía en los tribunales. Según la Justicia, los interventores de OSPRERA desviaron al menos 260 millones de pesos a cuentas de la firma HTech Innovation, perteneciente a Aguirre, en coordinación con Eduardo «Lule» Menem, primo de Martín Menem y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dirección de Karina Milei.
    El juez Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Aguirre. El fiscal a cargo de la investigación es Guillermo Marijuán, quien en abril pasado solicitó la indagatoria junto a otros involucrados. Marijuán señaló que «Lule» Menem tuvo un rol crucial en la designación de los interventores que firmaron y renovaron el contrato mediante el cual HTech Innovation facturó más de 260 millones de pesos a OSPRERA. La empresa fue inscripta en abril de 2024 y emitió su primera factura en noviembre del mismo año.
    La primera interventora que autorizó dicha contratación fue Virginia Montero, quien asumió en agosto de 2024 y renunció el 28 de noviembre. Su reemplazo, Marcelo Petroni, renovó el contrato con HTech Innovation. Esta firma facturó exclusivamente a OSPRERA, acumulando un total de 262 millones de pesos.
    Aguirre es socio de Martín Menem desde el 1 de agosto de 2018 en TR Nutrition SRL, dedicada a la fabricación y comercialización de complementos nutricionales. Aunque esta empresa tuvo un crecimiento exitoso pero no fuera de lo común, la llegada de los Menem al poder habría facilitado el notable y cuestionado éxito de Aguirre con HTech Innovation, cuyo otro socio es Stefano Zanetti.
    El viernes pasado, el juez Casanello dispuso la declaración indagatoria del socio de Martín Menem, los interventores de OSPRERA y otros imputados, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Además, ordenó un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los acusados.
    En el fallo, Casanello señaló que «el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros». Desde abril, el juzgado llevó a cabo medidas propias para consolidar los argumentos presentados por el fiscal, corroborando la gravedad de la documentación probatoria. La convocatoria a indagatoria refleja la seriedad de la investigación.
    Marijuán demostró que los dos interventores de OSPRERA mantuvieron comunicaciones y encuentros en sus despachos con Eduardo «Lule» Menem y también con Martín Menem. En un mensaje de WhatsApp fechado el 18 de diciembre de 2024, el exinterventor Petroni escribió: «Hola, Edu. Me tengo que reunir con Martín y Lule a las 9:30». Otro chat del 9 de enero de 2025 menciona una reunión en Casa Rosada con Martín Menem. Petroni estaba agendado en el teléfono del presidente de la Cámara de Diputados con nombre y apellido.
    Asimismo, Petroni le envió mensajes a Aguirre el 20 de enero de 2025 pidiéndole avisar a «Lule» y destacando que «eso lo tienen que saber Martín y Lule». Aguirre mantenía además un vínculo fluido con Martín Menem, su socio en TR Nutrition.
    El primo de Martín Menem, «Lule», recibió en su despacho tanto a Aguirre como a los exinterventores de la obra social que le generaron millonarias ganancias al socio de su primo. Incluso, Aguirre se reunió en Casa Rosada con «Lule» y la exinterventora Virginia Montero el 5 de julio de 2024, antes de que HTech Innovation fuera contratada por OSPRERA. Para la Justicia, esta coincidencia no fue casual.
    En el dictamen, Marijuán describe a HTech Innovation como «esta sociedad» vinculada con Martín Menem. Casanello avaló esta visión y ordenó las indagatorias. Ningún otro expediente por corrupción ha avanzado tanto hasta formalizar la indagatoria de un hombre que, aunque no ocupa un cargo público, integra el poder libertario a través de sus vínculos financieros y personales, como Sergio Aguirre.
    El fiscal subrayó que el nexo común entre los interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni y el beneficiario del contrato millonario es «Lule» Menem, quien reunió a todas las partes en su despacho en la Casa de Gobierno. Sin embargo, por ahora ninguno de los Menem está imputado en esta causa. Los

  • Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    El comportamiento financiero de las empresas acusadas de pagar sobornos durante la administración kirchnerista, con el fin de asegurarse contratos, concesiones, obras y subsidios, es una de las principales líneas de investigación de la fiscalía en el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Este jueves, los últimos exfuncionarios de ARCA aportaron información sobre retiros millonarios en efectivo y en dólares, movimientos “llamativos” y el uso de una planilla central para cruzar datos, elaborada por el financista Ernesto Clarens, que detallaba firmas, fechas y montos comprometidos. Los testimonios remarcaron nuevamente movimientos de fondos sin justificación y la utilización de facturas apócrifas.

    La fiscal Fabiana León busca reconstruir el circuito de fondos ilegales mediante el cual las empresas involucradas habrían realizado pagos de coimas a exintegrantes del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015, supuestamente por orden de Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos.
    El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó la declaración de dos testigos que integraron la AFIP durante la instrucción del caso Cuadernos, en 2018 y 2019. En ese período, se solicitó al organismo la fiscalización de un grupo de empresas y el análisis de posibles “movimientos financieros espurios”.
    Según el dictamen acusador de la UIF, 17 empresas señaladas por pagar sobornos fueron adjudicatarias de 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista, por un monto total de 37.171.270.998,64 pesos.
    Un papel central en la maniobra correspondió al financista Ernesto Clarens, quien recibía directamente los pagos provenientes de firmas del sector de la construcción vial. Él fue el único encargado de cambiar divisas y realizar las gestiones necesarias para trasladar posteriormente los fondos a los destinatarios finales. La planilla confeccionada y entregada por Clarens a la justicia, una vez convertido en imputado colaborador, resultó fundamental para el trabajo de la ex AFIP.
    Horacio Castagnola, entonces director de la DGI, declaró ante el Tribunal que recibían oficios judiciales de diversa índole y recordó un grupo de empresas sobre las cuales se realizaron pedidos de información. Al ser consultado por algunas de las compañías observadas, mencionó a “Isolux-Corsán, por la presencia de Carlos Lascurain, persona conocida, y a IECSA, cuyo dueño, Angelo Calcaterra, era primo hermano del presidente Mauricio Macri”.
    Isolux, empresa de origen español, fue adjudicataria de la construcción de la Usina de Río Turbio, obra que nunca se finalizó. En la audiencia anterior, un exfuncionario de ARCA había señalado la utilización de facturas apócrifas por parte de esta compañía, aspecto que Castagnola confirmó en su testimonio.
    El oficio firmado por el juez Claudio Bonadio en 2018 solicitaba la determinación de posibles “financiamientos espurios” e incluía un listado de empresas investigadas como parte del circuito de sobornos. En este sentido, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, preguntó a Castagnola si era habitual recibir requerimientos para determinar dicho concepto. El testigo respondió que, aunque no con esa denominación, en muchos casos se investigaba la existencia de facturas apócrifas o salidas de dinero no justificadas, lo que implicaba un costo falso adicional y retiros de fondos cuya trazabilidad se perdía, es decir, pagos realizados sin prestación del servicio correspondiente.
    Al ser consultado sobre la confirmación de esos financiamientos apócrifos, Castagnola indicó que se empleaba la calificación de facturas falsas o apócrifas y recordó la existencia de movimientos de dinero no documentados. Explicó que una línea de trabajo fundamental era verificar si los servicios consignados en las facturas efectivamente se habían prestado y mencionó la existencia, en la AFIP, de una base de datos de empresas calificadas como apócrifas.
    Respecto a una salida de fondos de una empresa con destino final en Andorra, el testigo mencionó el caso de la UTE Odebrecht-Ghella, adjudicataria de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, denunciado por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales. En esa unión de empresas participaba IECSA. Castagnola recordó que el dinero primero pasó por un banco local y luego fue transferido a la banca de Andorra por un monto de 4,2 millones de dólares. Destacó que esta causa tuvo relevancia debido a la vinculación informal con el presidente Macri, ya que al aparecer el nombre de Calcaterra se cuestionaba a la figura presidencial.
    El contador indicó que en ese caso se cuestionaban varias facturas por servicios no prestados y que esa misma sociedad ficticia había sido utilizada por Odebrecht en otros países para generar retiros espurios de dinero sin contraprestación. Asimismo, mencionó que existía un patrón que agrupaba a varias de las empresas investigadas, el cual denominó como “casos notables de salidas de dinero” sin la justificación correspondiente.
    Diana Guterman, segunda testigo del día, confirmó que el juzgado federal de Bonadio solicitó información sobre determinadas empresas: “Se circularizaba a las entidades bancarias que habían operado con ciertas compañías, buscando todos los movimientos realizados”. Explicó que se les enviaba al juzgado un listado de operaciones

  • Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue citado a indagatoria en la causa por presuntos sobornos relacionados con la contratación directa de una empresa de logística. En sus propiedades se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria a Leal y a otras diez personas por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, entre otros. Las audiencias comenzarán a fines de este mes.
    Además, Leal fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el secuestro de drogas en su departamento de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El procesamiento incluye prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido, y el juez decidió trasladar la causa a los tribunales de Comodoro Py.
    Por otro lado, un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determinó que el equipo de espionaje encontrado en poder de Leal no fue utilizado para espiar. Según fuentes judiciales, «en su interior no hay nada relevante para ninguna causa y se concluyó que no se usó para realizar espionaje».
    Las citaciones a indagatoria, solicitadas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, buscan además establecer el origen del dinero hallado y la trazabilidad del patrimonio de Leal. El juez levantó el secreto fiscal y bancario, ordenó a la Oficina Anticorrupción remitir las declaraciones juradas, y pidió informes al Banco Central de la República Argentina, medidas que también alcanzan a los demás imputados.
    Asimismo, a todos los citados se les prohibió salir del país y se dispuso el embargo e inhibición de bienes, incluyendo las dos propiedades allanadas a Leal.
    A fines de mayo, la justicia realizó allanamientos en busca de pruebas por la presunta corrupción en ARSAT. En las viviendas se incautaron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas extranjeras; una valija con 19 elementos para espionaje; y drogas: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.
    Por la tenencia de drogas, Leal quedó detenido. En su indagatoria sostuvo que el consumo era personal y un informe médico confirmó su uso. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad incautada indicaba fines de comercialización y dictó su procesamiento, trasladando el expediente a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
    Facundo Leal, fundador de la empresa estatal de telecomunicaciones, asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Renunció tras un conflicto con «La Cámpora» y fue designado nuevamente titular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia continuó en el cargo y en 2025 asumió al frente del ORSNA, organismo que dejó en febrero de este año para regresar a ARSAT como empleado de planta permanente.
    La causa que motivó la citación a indagatoria investiga una presunta corrupción vinculada al pago de sobornos por parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios para obtener un contrato de alojamiento de material para el proyecto «Shelter-2» de ARSAT.
    La investigación se inició en 2024 tras un robo. Personal de ARSAT detectó que 17 contenedores del depósito habían sido violentados y se sustrajeron cables de fibra óptica. Las pesquisas judiciales revelaron una trama de corrupción.
    La empresa ALS, contratada desde 2014, no cumplía con las condiciones de seguridad, ya que el predio carecía de cámaras. Además, accedió al contrato mediante una simulación de competencia: una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, con aprobación del director de ARSAT únicamente, en la que solo participaron tres empresas vinculadas a través de sus directivos.
    En el marco de la causa, se secuestraron los celulares de Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT, y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT, quienes también fueron citados a indagatoria junto a directivos de ALS. En sus dispositivos se hallaron conversaciones que, según la justicia, aportan evidencias sobre la maniobra.
    Nueva investigación
    Paralelamente, Leal fue imputado esta semana en otra causa por posible corrupción durante su paso por el ORSNA.
    El fiscal federal Ramiro González lo imputó, junto a otros funcionarios, por presuntos hechos de corrupción. La diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de Libertad Avanza, denunció que en el ORSNA habría un entramado que exigía un 10% de coimas para acceder a negocios.
    Según la denuncia, este esquema habría involucrado a las empresas viales “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y «Centro Construcciones» mediante una serie de designaciones con las que Leal mantendría control sobre el organismo.
    Cuando Leal dejó la titularidad del ORSNA, fue reemplazado por la vicepresidenta Noelia Ruiz. A su vez, en la vicepresidencia quedó Lucila Pagano y Facundo Gaitán fue designado como “controller” con funciones de supervisión sobre las gerencias.
    Todos ellos fueron imputados por el fiscal González, quien solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi iniciar la investigación penal y disponer las primeras