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Etiqueta: Corrupción

  • Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    Apuntan a un socio de Menem en el escándalo de corrupción en la obra social de un sindicato

    No se trata de Libra, Andis ni Adorni. El caso judicial que más avances presenta respecto al poder libertario en investigaciones vinculadas a imputados es el de OSPRERA, la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina, creada para atender a los afiliados del sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La Justicia investiga la intervención de esta entidad, decretada durante la gestión presidencial de Javier Milei.

    La hipótesis es que, bajo esa administración temporal, se cometieron varios delitos de corrupción. Fondos multimillonarios fueron desviados desde la obra social para beneficiar a una empresa sospechada de ser una cáscara vacía. El principal accionista de dicha empresa es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
    Aguirre deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 13 de agosto a las 12 del mediodía en los tribunales. Según la Justicia, los interventores de OSPRERA desviaron al menos 260 millones de pesos a cuentas de la firma HTech Innovation, perteneciente a Aguirre, en coordinación con Eduardo «Lule» Menem, primo de Martín Menem y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dirección de Karina Milei.
    El juez Sebastián Casanello ordenó la indagatoria de Aguirre. El fiscal a cargo de la investigación es Guillermo Marijuán, quien en abril pasado solicitó la indagatoria junto a otros involucrados. Marijuán señaló que «Lule» Menem tuvo un rol crucial en la designación de los interventores que firmaron y renovaron el contrato mediante el cual HTech Innovation facturó más de 260 millones de pesos a OSPRERA. La empresa fue inscripta en abril de 2024 y emitió su primera factura en noviembre del mismo año.
    La primera interventora que autorizó dicha contratación fue Virginia Montero, quien asumió en agosto de 2024 y renunció el 28 de noviembre. Su reemplazo, Marcelo Petroni, renovó el contrato con HTech Innovation. Esta firma facturó exclusivamente a OSPRERA, acumulando un total de 262 millones de pesos.
    Aguirre es socio de Martín Menem desde el 1 de agosto de 2018 en TR Nutrition SRL, dedicada a la fabricación y comercialización de complementos nutricionales. Aunque esta empresa tuvo un crecimiento exitoso pero no fuera de lo común, la llegada de los Menem al poder habría facilitado el notable y cuestionado éxito de Aguirre con HTech Innovation, cuyo otro socio es Stefano Zanetti.
    El viernes pasado, el juez Casanello dispuso la declaración indagatoria del socio de Martín Menem, los interventores de OSPRERA y otros imputados, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Además, ordenó un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los acusados.
    En el fallo, Casanello señaló que «el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros». Desde abril, el juzgado llevó a cabo medidas propias para consolidar los argumentos presentados por el fiscal, corroborando la gravedad de la documentación probatoria. La convocatoria a indagatoria refleja la seriedad de la investigación.
    Marijuán demostró que los dos interventores de OSPRERA mantuvieron comunicaciones y encuentros en sus despachos con Eduardo «Lule» Menem y también con Martín Menem. En un mensaje de WhatsApp fechado el 18 de diciembre de 2024, el exinterventor Petroni escribió: «Hola, Edu. Me tengo que reunir con Martín y Lule a las 9:30». Otro chat del 9 de enero de 2025 menciona una reunión en Casa Rosada con Martín Menem. Petroni estaba agendado en el teléfono del presidente de la Cámara de Diputados con nombre y apellido.
    Asimismo, Petroni le envió mensajes a Aguirre el 20 de enero de 2025 pidiéndole avisar a «Lule» y destacando que «eso lo tienen que saber Martín y Lule». Aguirre mantenía además un vínculo fluido con Martín Menem, su socio en TR Nutrition.
    El primo de Martín Menem, «Lule», recibió en su despacho tanto a Aguirre como a los exinterventores de la obra social que le generaron millonarias ganancias al socio de su primo. Incluso, Aguirre se reunió en Casa Rosada con «Lule» y la exinterventora Virginia Montero el 5 de julio de 2024, antes de que HTech Innovation fuera contratada por OSPRERA. Para la Justicia, esta coincidencia no fue casual.
    En el dictamen, Marijuán describe a HTech Innovation como «esta sociedad» vinculada con Martín Menem. Casanello avaló esta visión y ordenó las indagatorias. Ningún otro expediente por corrupción ha avanzado tanto hasta formalizar la indagatoria de un hombre que, aunque no ocupa un cargo público, integra el poder libertario a través de sus vínculos financieros y personales, como Sergio Aguirre.
    El fiscal subrayó que el nexo común entre los interventores Virginia Montero y Marcelo Petroni y el beneficiario del contrato millonario es «Lule» Menem, quien reunió a todas las partes en su despacho en la Casa de Gobierno. Sin embargo, por ahora ninguno de los Menem está imputado en esta causa. Los

  • Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    Cuadernos: más testigos dieron detalles de la contabilidad de la corrupción

    El comportamiento financiero de las empresas acusadas de pagar sobornos durante la administración kirchnerista, con el fin de asegurarse contratos, concesiones, obras y subsidios, es una de las principales líneas de investigación de la fiscalía en el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Este jueves, los últimos exfuncionarios de ARCA aportaron información sobre retiros millonarios en efectivo y en dólares, movimientos “llamativos” y el uso de una planilla central para cruzar datos, elaborada por el financista Ernesto Clarens, que detallaba firmas, fechas y montos comprometidos. Los testimonios remarcaron nuevamente movimientos de fondos sin justificación y la utilización de facturas apócrifas.

    La fiscal Fabiana León busca reconstruir el circuito de fondos ilegales mediante el cual las empresas involucradas habrían realizado pagos de coimas a exintegrantes del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015, supuestamente por orden de Cristina Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos.
    El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó la declaración de dos testigos que integraron la AFIP durante la instrucción del caso Cuadernos, en 2018 y 2019. En ese período, se solicitó al organismo la fiscalización de un grupo de empresas y el análisis de posibles “movimientos financieros espurios”.
    Según el dictamen acusador de la UIF, 17 empresas señaladas por pagar sobornos fueron adjudicatarias de 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista, por un monto total de 37.171.270.998,64 pesos.
    Un papel central en la maniobra correspondió al financista Ernesto Clarens, quien recibía directamente los pagos provenientes de firmas del sector de la construcción vial. Él fue el único encargado de cambiar divisas y realizar las gestiones necesarias para trasladar posteriormente los fondos a los destinatarios finales. La planilla confeccionada y entregada por Clarens a la justicia, una vez convertido en imputado colaborador, resultó fundamental para el trabajo de la ex AFIP.
    Horacio Castagnola, entonces director de la DGI, declaró ante el Tribunal que recibían oficios judiciales de diversa índole y recordó un grupo de empresas sobre las cuales se realizaron pedidos de información. Al ser consultado por algunas de las compañías observadas, mencionó a “Isolux-Corsán, por la presencia de Carlos Lascurain, persona conocida, y a IECSA, cuyo dueño, Angelo Calcaterra, era primo hermano del presidente Mauricio Macri”.
    Isolux, empresa de origen español, fue adjudicataria de la construcción de la Usina de Río Turbio, obra que nunca se finalizó. En la audiencia anterior, un exfuncionario de ARCA había señalado la utilización de facturas apócrifas por parte de esta compañía, aspecto que Castagnola confirmó en su testimonio.
    El oficio firmado por el juez Claudio Bonadio en 2018 solicitaba la determinación de posibles “financiamientos espurios” e incluía un listado de empresas investigadas como parte del circuito de sobornos. En este sentido, el abogado Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, preguntó a Castagnola si era habitual recibir requerimientos para determinar dicho concepto. El testigo respondió que, aunque no con esa denominación, en muchos casos se investigaba la existencia de facturas apócrifas o salidas de dinero no justificadas, lo que implicaba un costo falso adicional y retiros de fondos cuya trazabilidad se perdía, es decir, pagos realizados sin prestación del servicio correspondiente.
    Al ser consultado sobre la confirmación de esos financiamientos apócrifos, Castagnola indicó que se empleaba la calificación de facturas falsas o apócrifas y recordó la existencia de movimientos de dinero no documentados. Explicó que una línea de trabajo fundamental era verificar si los servicios consignados en las facturas efectivamente se habían prestado y mencionó la existencia, en la AFIP, de una base de datos de empresas calificadas como apócrifas.
    Respecto a una salida de fondos de una empresa con destino final en Andorra, el testigo mencionó el caso de la UTE Odebrecht-Ghella, adjudicataria de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, denunciado por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales. En esa unión de empresas participaba IECSA. Castagnola recordó que el dinero primero pasó por un banco local y luego fue transferido a la banca de Andorra por un monto de 4,2 millones de dólares. Destacó que esta causa tuvo relevancia debido a la vinculación informal con el presidente Macri, ya que al aparecer el nombre de Calcaterra se cuestionaba a la figura presidencial.
    El contador indicó que en ese caso se cuestionaban varias facturas por servicios no prestados y que esa misma sociedad ficticia había sido utilizada por Odebrecht en otros países para generar retiros espurios de dinero sin contraprestación. Asimismo, mencionó que existía un patrón que agrupaba a varias de las empresas investigadas, el cual denominó como “casos notables de salidas de dinero” sin la justificación correspondiente.
    Diana Guterman, segunda testigo del día, confirmó que el juzgado federal de Bonadio solicitó información sobre determinadas empresas: “Se circularizaba a las entidades bancarias que habían operado con ciertas compañías, buscando todos los movimientos realizados”. Explicó que se les enviaba al juzgado un listado de operaciones

  • Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Citaron a indagatoria al ex titular de ARSAT por corrupción y lo procesaron por la droga que encontraron en su casa

    Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, fue citado a indagatoria en la causa por presuntos sobornos relacionados con la contratación directa de una empresa de logística. En sus propiedades se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, citó a indagatoria a Leal y a otras diez personas por los delitos de negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, entre otros. Las audiencias comenzarán a fines de este mes.
    Además, Leal fue procesado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras el secuestro de drogas en su departamento de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El procesamiento incluye prisión preventiva, por lo que permanecerá detenido, y el juez decidió trasladar la causa a los tribunales de Comodoro Py.
    Por otro lado, un peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determinó que el equipo de espionaje encontrado en poder de Leal no fue utilizado para espiar. Según fuentes judiciales, «en su interior no hay nada relevante para ninguna causa y se concluyó que no se usó para realizar espionaje».
    Las citaciones a indagatoria, solicitadas por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, buscan además establecer el origen del dinero hallado y la trazabilidad del patrimonio de Leal. El juez levantó el secreto fiscal y bancario, ordenó a la Oficina Anticorrupción remitir las declaraciones juradas, y pidió informes al Banco Central de la República Argentina, medidas que también alcanzan a los demás imputados.
    Asimismo, a todos los citados se les prohibió salir del país y se dispuso el embargo e inhibición de bienes, incluyendo las dos propiedades allanadas a Leal.
    A fines de mayo, la justicia realizó allanamientos en busca de pruebas por la presunta corrupción en ARSAT. En las viviendas se incautaron 2,4 millones de dólares en efectivo y monedas extranjeras; una valija con 19 elementos para espionaje; y drogas: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.
    Por la tenencia de drogas, Leal quedó detenido. En su indagatoria sostuvo que el consumo era personal y un informe médico confirmó su uso. Sin embargo, el juez consideró que la cantidad incautada indicaba fines de comercialización y dictó su procesamiento, trasladando el expediente a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
    Facundo Leal, fundador de la empresa estatal de telecomunicaciones, asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Renunció tras un conflicto con «La Cámpora» y fue designado nuevamente titular de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia continuó en el cargo y en 2025 asumió al frente del ORSNA, organismo que dejó en febrero de este año para regresar a ARSAT como empleado de planta permanente.
    La causa que motivó la citación a indagatoria investiga una presunta corrupción vinculada al pago de sobornos por parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios para obtener un contrato de alojamiento de material para el proyecto «Shelter-2» de ARSAT.
    La investigación se inició en 2024 tras un robo. Personal de ARSAT detectó que 17 contenedores del depósito habían sido violentados y se sustrajeron cables de fibra óptica. Las pesquisas judiciales revelaron una trama de corrupción.
    La empresa ALS, contratada desde 2014, no cumplía con las condiciones de seguridad, ya que el predio carecía de cámaras. Además, accedió al contrato mediante una simulación de competencia: una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, con aprobación del director de ARSAT únicamente, en la que solo participaron tres empresas vinculadas a través de sus directivos.
    En el marco de la causa, se secuestraron los celulares de Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT, y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT, quienes también fueron citados a indagatoria junto a directivos de ALS. En sus dispositivos se hallaron conversaciones que, según la justicia, aportan evidencias sobre la maniobra.
    Nueva investigación
    Paralelamente, Leal fue imputado esta semana en otra causa por posible corrupción durante su paso por el ORSNA.
    El fiscal federal Ramiro González lo imputó, junto a otros funcionarios, por presuntos hechos de corrupción. La diputada nacional Marcela Pagano, ex aliada de Libertad Avanza, denunció que en el ORSNA habría un entramado que exigía un 10% de coimas para acceder a negocios.
    Según la denuncia, este esquema habría involucrado a las empresas viales “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y «Centro Construcciones» mediante una serie de designaciones con las que Leal mantendría control sobre el organismo.
    Cuando Leal dejó la titularidad del ORSNA, fue reemplazado por la vicepresidenta Noelia Ruiz. A su vez, en la vicepresidencia quedó Lucila Pagano y Facundo Gaitán fue designado como “controller” con funciones de supervisión sobre las gerencias.
    Todos ellos fueron imputados por el fiscal González, quien solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi iniciar la investigación penal y disponer las primeras

  • Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

    Personal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) realizó el 4 de enero de 2024 una inspección de rutina en un depósito alquilado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y detectó que habían sido violentados 17 contenedores que contenían cables de fibra óptica destinados al «Proyecto Shelter-2 de ARSAT». El robo representó una pérdida aproximada de 150 mil dólares.

    La naturaleza del robo generó sospechas, ya que un especialista de la empresa explicó que para sustraer ese tipo de material se requiere una logística específica, con escaleras y herramientas especializadas. Además, el predio carecía de cámaras de seguridad, lo que dificultó la investigación inicial.
    Sin embargo, la justicia federal de San Isidro profundizó la pesquisa y descubrió una compleja red de corrupción vinculada a una empresa que no cumplía con las condiciones necesarias para almacenar los equipos, pero que obtuvo el contrato a través de un esquema de pago de sobornos. La investigación llevó a la implicación del entonces presidente de ARSAT, Facundo Leal, quien fue allanado y en cuyo poder se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas y un equipo de espionaje. Actualmente, Leal se encuentra detenido.
    Tras el robo, el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, inició una investigación a la empresa propietaria del depósito, ubicado en la calle ex Combatiente Sánchez al 1900: Argentina Logistic Services (ALS).
    La adjudicación del contrato a ALS fue mediante una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, aprobada por el director de ARSAT. Solo se realizó una compulsa de precios en la que participaron tres empresas, todas vinculadas entre sí a través de sus directivos, configurando una simulación.
    Además, ALS carecía de los requisitos de seguridad indispensables, ya que el predio contaba únicamente con un vigilador y un cerco perimetral, sin presencia de cámaras de vigilancia.
    La justicia identificó como actor clave en esta maniobra a Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT y actualmente al frente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Javier Milei. Boschin autorizó las contrataciones sucesivas con ALS, cuyo primer contrato, firmado en noviembre de 2021, fue por 624 mil dólares y se extendió hasta alcanzar un total de 1.930.861,30 dólares más 40.300.000 pesos.
    Los primeros allanamientos, solicitados por el fiscal Domínguez y ordenados por el juez federal Lino Mirabelli, incluyeron el secuestro de teléfonos de Boschin y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT.
    El análisis de los mensajes obtenidos en estos dispositivos reveló pruebas de que ALS pagó sobornos para asegurarse el contrato, salpicando a Leal como parte de la maniobra.
    El fiscal Domínguez solicitó la indagatoria de una decena de imputados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, por delitos como negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, y se ordenaron nuevos allanamientos en dos domicilios de Leal, en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.
    Durante los procedimientos realizados la semana pasada, en las propiedades del ex presidente de ARSAT se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo, junto con pesos argentinos y monedas extranjeras. También se hallaron drogas —128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo—, así como una valija con equipo de espionaje que será peritado junto con cuatro teléfonos celulares del ex funcionario.
    Leal quedó detenido por la tenencia de drogas, aunque en su indagatoria afirmó que era para consumo personal. No solicitó su excarcelación y permanece alojado en una dependencia de la Policía Federal.
    Facundo Leal, uno de los fundadores de ARSAT y dirigente del peronismo de Mendoza, ingresó a la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tras una disputa interna con La Cámpora, dejó la compañía y regresó durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue designado titular de ARSAT. Continuó en el cargo con la llegada de Javier Milei.
    Además de su rol en ARSAT, en 2023 Leal fue nombrado presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que desempeñó hasta su renuncia en febrero pasado, para luego reincorporarse a ARSAT como empleado de planta permanente.

  • Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Corrupción judicial en Rosario: un contador reveló datos patrimoniales de un ex juez acusado de vínculos con los narcos

    Gabriel Mizzau, contador del exjuez Marcelo Bailaque y del líder narco Esteban Alvarado, se convirtió en las últimas horas en un nuevo arrepentido en la causa que investiga la corrupción judicial en Rosario. Según fuentes judiciales, Mizzau aportó a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque vinculados al narcotráfico, actividad que el juez debía investigar. Además, reconoció haber lavado dinero para las empresas controladas por Alvarado. El acuerdo de colaboración se conoció horas antes de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura defina si envía a juicio político al juez Gastón Salmain, otro magistrado de Rosario procesado por corrupción.

    La figura de Mizzau es central en la causa. La suerte de Bailaque comenzó a sellarse a mediados de 2024, cuando se reveló que el hijo del contador Alvarado trabajaba en el juzgado bajo sus órdenes, mientras el magistrado debía investigar al capo narco, jefe de una de las estructuras delictivas más importantes del país. Fiscales federales denunciaron a Bailaque en 2019 por obstruir la investigación contra Alvarado. Más adelante se descubrió que Mizzau no solo era contador del narco, sino también del propio juez.
    Según lo trascendido, ante la inminencia del juicio oral, Mizzau reconoció ante un equipo de fiscales que, entre 2014 y 2018, prestó asesoramiento contable a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, pertenecientes a Alvarado, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, admitió haber manipulado estados financieros para impedir ser detectado. También aportó “información de carácter patrimonial vinculada” a Bailaque, considerada clave en la investigación. Según el acuerdo de colaboración, el Ministerio Público recomendaría para Mizzau una pena de tres años de prisión condicional.
    Bailaque está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”. Se encuentra a un paso del juicio oral, donde los fiscales ya solicitaron una pena de diez años de prisión.
    El exjuez renunció el año pasado para evitar un juicio político; su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, y desde entonces permanece detenido en prisión preventiva. Para ese momento, el equipo fiscal de Rosario, junto con PROCUNAR y PROCELAC, avanzaba en la investigación, que se complicó aún más tras el arrepentimiento de Carlos Vaudagna, exjefe de AFIP Rosario. Vaudagna confesó cómo se orquestó en el juzgado de Bailaque la confección de una causa para extorsionar a financistas, en una maniobra donde intervinieron el operador judicial Santiago Busaniche y el empresario Fernando Whpei, todos procesados.
    Por otro lado, Fernando Whpei también solicitó ser imputado-colaborador y reveló cómo gestionó, a través de Busaniche, que el juez Salmain le concediera una medida cautelar para su empresa, que le permitió acceder a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, a cambio de una coima de 200 mil dólares para el juez. En esa causa, Salmain está procesado y con prisión preventiva confirmada, aunque la detención no se concretó debido a sus fueros como magistrado.
    Mañana a las 10:30, la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá para decidir si vota el dictamen que recomienda enviar a juicio político a Salmain, tras haber escuchado sus explicaciones la semana pasada. El juez no solo está acusado por esta causa judicial, sino también por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación: omitió declarar que en 2002 fue separado del Poder Judicial por haber ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la seguridad social. Ante los consejeros, Salmain manifestó que ese hecho “es parte del pasado” y que la omisión se debió a que no le preguntaron al respecto.
    La Comisión de Acusación está presidida por el consejero Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.

  • Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Corrupción en la AFA: descubren más propiedades de empresas vinculadas a Pablo Toviggino e imputan a un ex gerente de Boca

    Los peritajes contables y de tasación ordenados por el juez de Zárate, Adrián González Charvay, revelaron hallazgos clave en la causa principal por corrupción en la AFA, entre ellos tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires y la casa que Carlos Tevez le vendió a Claudio “Chiqui” Tapia en el barrio Sofitel. A estos se suman la mansión de Pilar, dos viviendas en el barrio privado Ayres Plaza y una colección de 51 vehículos de alta gama y autos de colección.

    Mientras la Cámara en lo Penal Económico define qué juez quedará a cargo de la causa relacionada con la mansión valuada en 17 millones de dólares, atribuida al tesorero de la AFA, fuentes judiciales informaron a Clarín que González Charvay ya dispone de informes financieros detallados sobre Tapia, Pablo Toviggino y las empresas satélite vinculadas al tesorero. Por primera vez, un juez incorporó a Lucas Juan Labbad, ex gerente general de Boca Juniors, a la investigación.
    La tasación solicitada a peritos de la Corte abarca una valuación a precio de mercado de todos los bienes inhibidos, incluida la mansión de Pilar y los objetos hallados en su interior —como esculturas y pinturas— correspondientes al período 2019-2026.
    El magistrado también requirió a los peritos contadores de la Corte una experticia especializada que, a partir de la documentación reunida, detalle las personas físicas y jurídicas que participaron en cada operación.
    La hipótesis judicial sostiene que las empresas relacionadas con Toviggino no habrían generado recursos lícitos suficientes para justificar el patrimonio acumulado, y que los fondos habrían sido desviados de la AFA, según las fuentes consultadas.
    El juez busca recopilar pruebas del delito precedente al lavado de dinero, específicamente una presunta administración infiel de la AFA, para avanzar posteriormente en la investigación sobre el supuesto blanqueo de esos fondos.
    Los inmuebles incluidos en los peritajes son:
    – Dos casas en el barrio privado Ayres Plaza, adquiridas por Real Central SRL el 5 de septiembre de 2024 a la empresa Wicca SAS. Según la causa, el presunto testaferro Luciano Pantano utilizaba una tarjeta de la AFA para cubrir gastos.
    – El terreno donde se construyó la mansión de Pilar, adquirido por Central Park Drinks SRL —hoy Real Central SRL— a Malter SRL el 30 de mayo de 2024.
    – Otro terreno en Pilar comprado por Real Central el 4 de agosto de 2025 a Transur SA.
    – La parcela 3 de Estación Río Luján, en Campana —barrio cerrado Diciembre SA—, adquirida por Claudio Fabián Tapia a Carlos Alberto Tevez el 11 de febrero de 2019.
    – La parcela 74 de Estación Río Luján, en Campana, adquirida por Tapia el 20 de agosto de 2020.
    – Tres departamentos en el edificio ubicado en Pampa al 1900, esquina Tres de Febrero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adquiridos por Real Central SRL el 28 de agosto de 2024.
    Además, el juez solicitó a todos los escribanos intervinientes copias de las escrituras y los consultó sobre la realización de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
    Respecto a la conocida tarjeta American Express emitida a nombre de Pantano, la Justicia ya posee los registros completos de sus gastos, considerados fundamentales para determinar la presunta administración infiel. Esa tarjeta habría financiado expensas de las casas en Ayres Plaza, seguros de vehículos y otros gastos personales no vinculados a la AFA.
    Pantano figura como titular de la mansión de Pilar, aunque para los investigadores es un allegado de Toviggino sin capacidad económica para afrontar tal inversión. Su madre, Ana Conte —otra socia de Real Central—, es una jubilada y ex empleada doméstica, en condiciones económicas similares, según fuentes judiciales.
    La tarjeta American Express constituye una de las primeras evidencias del presunto fraude contra la entidad madre del fútbol argentino. A ella se suman facturas apócrifas emitidas por la AFA por servicios supuestamente inexistentes, una maniobra denunciada por ARCA.
    El fiscal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, solicitó además la incorporación de informes de la PROCELAC y requirió a las municipalidades de Pilar y Campana el historial de pagos de tasas de esos inmuebles.
    La investigación también busca establecer si hubo robo o extravío de balances y documentación respaldatoria de ingresos y egresos de la AFA, tras un allanamiento en la sede histórica de Viamonte 1366, con el objetivo de reunir más pruebas sobre la presunta administración infiel.
    Con demoras, González Charvay espera los peritajes solicitados a expertos de la Corte para decidir si cita a indagatoria a Luciano Pantano, Toviggino y Tapia, aunque ya habría detectado inconsistencias significativas. Los retrasos se deben a que el juez amplió su pedido original incluyendo más inmuebles y bienes, según fuentes judiciales.
    Esta estrategia permitió que los imputados llegaran hasta el inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio en Estados Unidos, sin recibir citaciones a indagatoria, en contraste con la postura del juez Marcelo Aguinsky, que avanzaba con un ritmo más acelerado y analizando las pruebas individualmente.
    La causa, que pasó al juzgado de Zárate-Campana el 20 de enero pasado, permanece allí a la espera

  • Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

    Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

    Corrupción en la Casa Militar: “Si jugás con los amigos, te van a llegar los caramelos”

    Al igual que una caja negra que revela con detalle las causas de un accidente aéreo tiempo después de ocurrido, una serie de conversaciones telefónicas expone una compleja red de complicidades en las oficinas encargadas de gestionar los aviones oficiales. En estos diálogos emerge una lista de nombres y cargos, que va desde funcionarios nacionales hasta empresarios del sector, quienes más que competir por contratos parecen coordinar sus movimientos al margen de los organismos de control. Lo que queda en evidencia es un engranaje en el que la corrupción no es una falla del sistema, sino su principal motor.

    Clarín accedió a detalles y documentos sobre el cuestionado proceso de compra de un avión Embraer ERJ-140LR, por el cual la Fuerza Aérea pagó el año pasado 4 millones de dólares, cuando uno similar costaba 2,3 millones, y que ya estaba pintado por el proveedor elegido antes de finalizar la adjudicación. Ese caso es sólo uno entre decenas de contrataciones sospechosas.
    Los audios obtenidos por este diario fueron la primera pista para reconstruir los negocios con la flota aérea presidencial y también con otros organismos. Cerca de 30 gigabytes de información recopilada durante casi tres años, entre audios, documentos, fotografías y videos, revelan cómo un empresario con acceso a un grupo de compañías y con la colaboración de funcionarios nacionales manipulaba licitaciones para repartirse sobreprecios.
    En cuestión de minutos, el lobbista aeronáutico y empleado formal del Ministerio de Justicia, Claudio Rubén Cavina, deja entrever a su interlocutor, un funcionario vinculado a la aeronáutica presidencial, que hay un esquema funcionando. Como dijo Cristina Kirchner a José López sobre los negociados heredados de su esposo: “él podía ser parte del problema o de la solución”.
    En las conversaciones, cuyos fragmentos más elocuentes se presentan hoy, Cavina intenta incorporar a su interlocutor al «sistema» de corrupción en la compra de aeronaves, mantenimiento y repuestos del Estado Nacional, cuyo entramado está distribuido en oficinas públicas estratégicas. Con los cambios de gobierno y funcionarios, la organización presuntamente delictiva debía reclutar nuevamente a sus colaboradores para asegurar la aprobación de contratos, desde las especificaciones técnicas y dictámenes jurídicos hasta la autorización de pagos.
    “Hace un tiempito me llamaron de la Casa Militar para ver si podía dar una mano con algunos temas”, dice Cavina. “Lo que hace falta es armar un equipo de trabajo. Yo te ofrezco el know how. Me gustaría, si puedo ayudar, que todo fluya”.
    “Entonces, el general Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, me planteó que ‘no sabía cómo hablar contigo’. Yo sólo quiero que todo salga bien, que no haya problemas, que trabajemos con gente que responda”, agrega. Cavina insiste en que el interés de Ibáñez es el mismo que el de su interlocutor: formar un equipo eficiente.
    En ese monólogo, Cavina menciona a proveedores conocidos y confiables, como Fabián Oyarbide, dueño de la empresa Redimec SA, y Masuma, encabezada por los hermanos Torres, además de Pacific Ocean, que califica como gente seria.
    También critica al empresario Jaime Mejía, presidente de Aras Aero, por haber violado una advertencia para hablar sólo de temas técnicos, señalando: “recontra abrió la boca”.
    Minutos después, advierte sobre conductas que pueden poner en riesgo la imagen del grupo: “Un proveedor me dijo: ‘cuídense de este varón, que anda diciendo que paga al subsecretario’. Eso no puede pasar. Hay que cuidar la imagen”. Una muestra de que el grupo protege a sus miembros.
    A partir de ahí desfila una serie de nombres de funcionarios y exfuncionarios relacionados con la gestión de aeronaves y empresarios que abastecen al Estado y a la organización parasitaria. Entre ellos, “Florencia” Gastaldi (exdirectora general de Logística), Leonardo Barone (exdirector general de Logística), Martín Rodrigo (exdirector de Medios Aéreos), Julián Massolo (exsubsecretario de Planificación General), y Marcelo Bagniole, un empresario de larga data que negocia sobreprecios y conecta a proveedores con funcionarios.
    Cavina identifica a Bagniole como “quien vendió al Estado el Tango-01, el avión presidencial durante las presidencias de Carlos Menem”, clave en el esquema fraudulento.
    El foco se concentra en Marcelo Oscar Bagniole, quien mantiene contactos con el brigadier general Xavier Julián Isaac, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor Conjunto, y posee vínculos con varias empresas. Bagniole se reunió con Fabio Adrián Lamas, exdirector de Mantenimiento, y Gustavo Gastón Rodero, exdirector de Planificación y Mantenimiento de la Dirección General de Logística, es decir, con piezas fundamentales del sistema de negocios ilegales.
    Se mencionan además a Fabián Ricardo Barbieri, exdirector de la Dirección de Logística, a Jorge Jesús Antelo, brigadier y exsecretario de Estrategia de la Jefatura de Gabinete durante la presidencia de Javier Milei, y a otros funcionarios que facilitaban el control y la distribución de los beneficios.
    Cavina señala la importancia de colocar a un oficial de la Fuerza Aérea para poner “en orden a todos”, cuestionando que la jefatura de la Agrupación Aérea esté en manos de alguien sin la experiencia adecuada, en referencia a Florencia Gastaldi.
    El 25 de mayo de 2023, Barone y Juan Pablo Pinto realizaron un vuelo a baja altura con el recién llegado ARG

  • Gira por África: el papa pide «un examen de conciencia» a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

    Gira por África: el papa pide «un examen de conciencia» a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

    Gira por África: el papa pide «un examen de conciencia» a las autoridades de Camerún para combatir la corrupción

    Tras llegar esta tarde a Yuanda, capital de Camerún, segunda etapa de su gira por Africa, el Papa pidió “un examen de conciencia”, “transparencia en la gestión de los recursos” y “romper con la corrupción” a los altos miembros del gobierno, al pronunciar un discurso ante el presidente Paul Biya, de 93 años de edad y desde hace 43 años presidente del país.El Papa habló en el palacio presidencial y no en el aeropuerto. Recordó la guerra civil que estalló en 2017 entre el Ejército y los insurgentes independentistas anglófonos, que se consideran marginados del gobierno del país por el poder central francófono.La ocasión le permitió lanzar un nuevo llamamiento par que se detengan todas las guerras, “con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados”.El Papa Prevost dijo que muchas ONG acusan de la represión y violaciones de los derechos humanos. Recalcó que “la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto del Estado de derecho son esenciales para “restablecer la confianza”.Camerún es rico en recursos naturales como petróleo, gas y minerales, pero el 26,7% de la población vive en la pobreza, según el Banco Mundial, debido principalmente a la corrupción y el autoritarismo del gobierno.El papa León XIV saluda a sus seguidores al salir tras su visita al orfanato Ngul Zamba (Poder de Dios) en Yaundé, Camerún. Foto Reuters“Es hora de atreverse a hacer un examen de conciencia y de un valiente salto cualitativo”. “Las instituciones justas y creíbles se convierten en pilares de estabilidad y la autoridad pública está llamada a ser un puente, nunca un factor de división, incluso donde parece reinar la inseguridad”, destacó el pontífice estadounidense y peruano.Añadió que aunque la seguridad es una prioridad “debe ejercitarse siempre respetando los derechos humanos, uniendo el rigor y la magnimidad, con especial atención a los más vulnerables”.Camerún tiene un alto índice de corrupción, que lo sitúa en el puesto 142 de los 180 que integran la tabla elaborada por Transparencia Internacional. León XIV recordó que el Estado debe estar “al servicio del pueblo y especialmente de los más pobres” y que es necesaria “una conducta integral en la vida”.El Papa defendió la labor de las asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), muchas de las cuales son bloqueadas por el gobierno del presidente Biya.“Las asociaciones, organizaciones de mueres y de jóvenes, los sindicatos, las ONG humanitarias, líderes tradicionales, todos desempeñan un papel insustituible en la construcción de la paz social”, indicó el pontífice.“Son ellos los primeros en intervenir cuando surgen tensiones, son ellos quienes acompañan a los desplazados, apoyan a las víctimas, abren espacios de diálogo y fomentan la mediación local”, recordó. el Papa a las autoridades presentes en reunidas en un pequeño salón del palacio presidencial.León XIV también agradeció el papel de las mujeres, “que lamentablemente son las primeras víctimas de los prejuicios y de la violencia y aún así continúan siendo incansables artífices de paz”.El Papa invitó a las autoridades del país a darles a las mujeres más peso en los procesos de toma de cesiones, “pues su compromiso con la educación y la reconstrucción del tejido social es inigualable: constituye un freno a la corrupción y los abusos de poder”.En Camerún la mitad de la población es cristiana y un 28% son católicos. El Papa definió las tradiciones religiosas africanas pues “cuando no son distorsionadas por el veneno de los fundamentalismos inspiran profecías de paz, justicia, perdón y solidaridad”.El Papa viajará mañana a a Bamenda, capital de las milicias anglófonas que luchan en una guerra civil entre separatistas y el Ejército camerunés.León XIV encabezará una reunión por la paz. Los separatistas proclamaron ayer tres días de tregua para “hacer más seguro el viaje del Papa.La guerra civil no da señales de solución, aunque ha disminuido en los últimos años. Las tratativas con mediadores internacionales se han estancado y ambas partes se acusan mutuamente de actuar de mala fe.La guerra civil tiene sus raíces en la historia colonial de Camerún, cuando el país quedó dividida entre Francia y Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Las regiones anglófonas se unieron mas tarde al Camerón francés y recibieron en 1961 el respaldo de las Naciones Unida, pero los separatistas sostienen que han sido marginados por la política y económicamente.Con gran expectativa se espera lo que mañana dirá el Papa en Bamenda. Las bendiciones que dará serán contra la violencia y el sufrimiento y representan una esperanza para reactivar el diálogo.El viernes 17 el pontífice visitará Duala, considerada la capital comercial del país, con su muy rico puerto. León oficiará misa en el Japoma Stadium en el que se espera una gran multitud y por la tarde se encontrará con el mundo universitario en la Universidad Católica de Africa Central.El Papa se despedirá de Camerún el sábado 18, con una misa en el aeropuerto de Yaunde y dos horas después llegará a Angola, la tercera etapa de su viaje apostólico. La cuarta será Guinea Ecuatorial y regresará a Roma el jueves 23.

  • Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

    Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

    Economía débil y alta corrupción, el lastre que llevó a la derrota de Víktor Orbán en Hungría

    ¿Cómo sacarse de encima a Víktor Orbán? Ésa era la pregunta que gravitaba en la elección de este domingo, tanto dentro como fuera de Hungría. Pueden apilarse muchas explicaciones para explicar el sentido del voto. Pero al menos una idea asoma con nitidez: los húngaros advirtieron que la corrupción gubernamental y una economía débil están relacionados. Y que esa combinación, a la larga, siempre redunda en una corrosión de las libertades.Desde su llegada al gobierno en 2010, Orbán inventó una fórmula para amarrarse al poder: fuertes cuotas nacionalistas para ganar la elección; cascoteo a los rivales usando las estructuras del Estado; desmantelamiento de instituciones independientes y acoso a la prensa. Eso es lo que ha convertido al húngaro en el paterfamilia global de la ultraderecha.La traza de esa estrategia contó con la inestimable ayuda del partido oficialista Fidesz, cuyo control del Parlamento permitió alterar el sistema electoral en su favor, colocar a hombres dóciles al frente de agencias y empresas estatales, asegurar el clientelismo y garantizar grandes negocios para los amigos. Pero luego de cuatro mandatos dictando las normas, Orbán no ha podido ahora convencer a los húngaros de que estarán mejor con él al comando. Su estrategia de presentar a Hungría como acosada por enemigos (la burocracia europea, las élites internacionales, los migrantes, los woke, Ucrania, los liberales y un largo etcétera) comenzó a cansar.Mucho ha tenido que ver con ese hartazgo, según estudios de opinión a lo largo de la agitada campaña electoral, el fuerte grado de vulnerabilidad con el que Orbán ha dejado al país tras 16 años de mandato. Cuadran los números en esto, de modo categórico. El crecimiento se estancó y Hungría tiene indicadores que la ubican detrás de países cercanos como Eslovaquia, República Checa y Polonia, de acuerdo con datos de la UE y del Banco Mundial.Por ejemplo, la economía apenas creció 0,4% en 2025, una cifra magra contra el 3,6% de Polonia y el 2,6% de la República Checa. Hungría es el país que más depende del gas ruso, por lo que fue uno de los más expuestos a la crisis de 2022 cuando Moscú invadió Ucrania. Budapest tuvo entonces la mayor inflación del bloque europeo. Los alimentos subieron 40% y la inflación fue del 22%. El efecto fue la caída de los ingresos reales, el desplome del consumo y la desaceleración económica más aguda de la era Orbán. Para atenuarla, el Banco Central dispuso una tasa de interés del 6,25%, cuatro puntos más que la del Banco Central Europeo, lo que frenó inversiones y sofocó a las empresas. En Hungría no circula el euro, sino el florín.Los húngaros sintieron el efecto del declive también en el aparato sanitario: según el Banco Mundial, el país invierte el 6,3% del PBI en salud, contra 8.06% de Polonia, 8,5% de República Checa y 7,4% de Eslovaquia.De manera que, mirando la pujanza de países vecinos y comparándola con sus penurias, muchos húngaros parecen haber reparado con su voto en el dictamen de Transparencia Internacional que ubica a Hungría como la nación más corrupta del bloque europeo. De acuerdo con el Corruption Research Centre de Budapest, en 2025 el 75% de los contratos gubernamentales fue a compañías asociadas a los amigos de Orbán, casi el doble que en 2022. Istvan Tiborcz, yerno del premier, y Lorinc Meszaros, un amigo de la infancia y el hombre más rico de Hungría, están entre los beneficiarios.Todo este cuadro repercute además en la vital relación de Budapest con los cuantiosos fondos comunitarios que reparte la muy criticada Bruselas. Como sus auditores desconfían de que en Hungría se respete la ley y la independencia de las agencias de control, desde 2022 la UE congeló casi US$ 20.000 millones que debía enviar como ayuda post Covid. Para un Estado como Hungría, no es una bicoca: representa el 11% de su PBI.Durante años, los conservadores europeos, con Angela Merkel a la cabeza, salvaron varias veces el cuello de Orbán. Requerían sus votos en el Parlamento Europeo frente al bloque de izquierda. Ya no lo necesitan. El alemán Manfred Weber, su presidente, fue descriptivo hace unos días: “Estamos hartos de Orban”, dijo. Según el voto de este domingo, los electores húngaros estuvieron muy de acuerdo.

  • España: comienza el juicio por corrupción al ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez

    España: comienza el juicio por corrupción al ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez

    Un año y medio después de que un juez de la Audiencia Nacional le apuntara a un ex ministro de Pedro Sánchez por haber cometido posibles delitos de corrupción mientras estaba al frente del Ministerio de Transportes, comienza el juicio en el que tendrán que declarar varios miembros del actual gobierno de España.A partir de este martes, José Luis Abalos, el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE -el partido que lidera el presidente Sánchez-, será juzgado por la Sala en lo penal del Tribunal Supremo ya que conservaba inmunidad parlamentaria por ser diputado, aunque dejó su banca en enero de este año.Está acusado de haber cobrado comisiones ilegales en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia de covid.Abalos habría recibido coimas, junto a su ex chofer y ex asesor, Koldo García, para priorizar la compra de barbijos que les ofrecía Víctor de Aldama, quien representaba a la empresa que habría pagado las comisiones indebidas.El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García (der.) en el banquillo. Foto: EFEEl juicio que comienza este martes pretende esclarecer las responsabilidades de los tres en el rosario de delitos que se les adjudican: organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.El ex ministro Abalos, por el puesto que ocupaba, podría ser el más severamente castigado. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel. La acusación popular solicita que le den 30.Abalos duerme en un calabozo desde noviembre del año pasado, cuando se ordenó su prisión preventiva y sin fianza.“Aprovechando el cargo”Para el juez Ismael Moreno, que investiga el vínculo entre Abalos, Koldo y De Aldama, “los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Abalos en el gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”.La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no dio con el “botín millonario” con el que se especuló se habrían enriquecido los acusados pero sí halló indicios de favores y resarcimientos que habrían gozado el ex ministro y su ex chofer.Abalos, quien llegó a ser la mano derecha de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista Obrero Español, habría tenido a su disposición un alquiler con opción a compra, por un valor muy inferior al real, de un departamento en el Paseo de la Castellana.Entre las cuestiones a dilucidar figura, además, el alquiler de un departamento frente a Plaza de España de Madrid en el que vivía la pareja del ex ministro, Jessica Rodríguez, quien también había sido contratada en dos empresas públicas a las que no asistía a cumplir su horario de trabajo.Diputado hasta eneroAbalos dejó de ser ministro del gabinete de Pedro Sánchez en 2021, cuando el presidente lo relevó sin mayores explicaciones. Pero regresó al Congreso con una banca, cuando Sánchez lo incluyó en las listas de diputados de las elecciones anticipadas que convocó en 2023.En febrero de 2024, en pleno escándalo, el PSOE lo obligó a renunciar y lo expulsó del grupo parlamentario socialista. Pero Abalos no dejó su acta de diputado hasta enero de este año.Testigos del gobiernoEl juicio prevé veintitrés días de sesiones durante las que se les tomará declaración a más de 70 testigos. Entre ellos, al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, y a la presidenta del Parlamento, Francina Armengol.Este no será, sin embargo, el único proceso judicial que agite el tablero político por poner en la mira a miembros de los gobiernos recientes de España.El «caso Kitchen»Este lunes comenzó el juicio del llamado “caso Kitchen”, así bautizado por aludir a la “cocina” de un supuesto operativo policial ilegal que se habría montado, durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, para encubrir pruebas de la financiación ilegal del partido.El foco estaba puesto en Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, quien había sido descubierto con una cuenta en Suiza en la que atesoraba 22 millones de euros. Bárcenas, desde prisión, amenazó con develar pruebas que comprometerían a todo el PP.Habría sido en ese momento cuando el Ministerio del Interior puso en marcha una operación de espionaje, con fondos del Estado, para destruir documentos que podrían involucrar al gobierno de Rajoy: su nombre no debía aparecer en ningún lado.El juicio durará unos tres meses. Entre los diez acusados figuran el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su segundo, Francisco Martínez. El ex presidente Rajoy y su vice, Soraya Sáenz de Santamaría, serán llamados a declarar.