YPF: la historia nos dio la razón
Por Cristina Cremer de Busti (ex diputada nacional)- Hay decisiones que se toman en soledad, aunque se voten en público. En abril de 2012, cuando el Congreso de la Nación debatió la recuperación del control estatal de YPF, yo era una de esas diputadas que debía elegir entre la comodidad del gesto opositor —dado que teníamos serias diferencias con el kirchnerismo— y la convicción sobre lo que era correcto para el país. Elegí lo segundo.
El interbloque Frente Peronista que integraba contaba con 23 diputados. De todos ellos, sólo cuatro votamos a favor de la estatización: Alfredo Atanasof, Ramona Pucheta, Alberto Roberti —secretario general de los petroleros— y yo.
No fueron momentos sencillos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una parte del peronismo entrerriano teníamos diferencias que no eran menores. Votar a favor de aquella ley no era un acto de disciplina kirchnerista. Era, sencillamente, una posición nacional. YPF era y es un activo estratégico irrenunciable, y entregársela indefinidamente a una empresa extranjera que la vaciaba de inversiones era una forma de hipotecar el futuro energético argentino. Lo dije entonces y lo sostengo ahora, cuando han pasado catorce años de aquella votación.
Y los hechos lo confirman: tener la principal petrolera en manos del Estado no es una cuestión ideológica sino estratégica. Es lo que hoy hace posible el superávit energético que la Argentina está alcanzando, con exportaciones que generan divisas genuinas y alivian una restricción externa que durante décadas fue un lastre estructural para la economía nacional. Sin YPF en manos argentinas, ese horizonte sería impensable.
También quiero destacar algo de lo que me siento especialmente orgullosa: de los nueve diputados nacionales que representábamos a Entre Ríos en aquella sesión, ocho votamos a favor. Sólo hubo una abstención.
Durante años, quienes apoyamos esa decisión soberana debimos soportar un relato que la presentaba como un manotazo populista, una expropiación «mal hecha», un capricho que tarde o temprano nos iba a costar caro. Los fondos buitre construyeron una arquitectura judicial en Nueva York destinada a confirmar esa narrativa y, de paso, a llevarse más de dieciséis mil millones de dólares del patrimonio de los argentinos. Durante más de una década, esa espada estuvo suspendida sobre la Argentina.
El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la sacó de escena. Por dos votos contra uno, los jueces Chin y Robinson revocaron la condena que había dictado la jueza Preska y concluyeron que los reclamos de los fondos demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino. La expropiación, determinaron, fue un acto de derecho público soberano, regido por la legislación nacional y avalado por el Congreso. Lo que hicimos en 2012 estaba dentro de la ley. Lo que hicimos fue correcto.
Noto, con cierta perplejidad, que hoy varios se disputan la paternidad del triunfo. El presidente Milei salió en cadena nacional a celebrar lo que él mismo —y su coalición, y sus aliados ideológicos, como la entonces diputada Patricia Bullrich— cuestionaron durante años. El mismo espacio político que calificó la estatización como un «impuesto Kicillof», que la presentó como un símbolo del desquicio intervencionista, hoy la defiende ante los tribunales extranjeros y la celebra como un logro propio. No hay que escandalizarse: la política tiene esa capacidad de apropiar victorias ajenas. Pero los registros están, y la historia tiene memoria.
Pero lo que importa subrayar, más allá del ruido circunstancial, es el fondo del asunto. La Argentina actuó conforme a derecho. El Congreso votó una ley. Los gobiernos que siguieron —de distintos signos— sostuvieron la misma posición jurídica ante los tribunales norteamericanos. Y esa continuidad institucional fue, precisamente, la que permitió este resultado. Cuando un país defiende sus decisiones soberanas con argumentos sólidos, más allá de la politiquería de cotillón, con abogados capaces y con coherencia en el tiempo, los resultados llegan. Aunque tarden.
Desde Entre Ríos, desde el federalismo que siempre defendió el espacio político en el que milito, quiero decirlo sin eufemismos: aquellos que en 2012 votamos a favor de recuperar YPF no nos equivocamos. Lo hicimos pensando en el interés nacional, en la soberanía energética, en el derecho de la Argentina a decidir sobre sus propios recursos. Eso no tiene bandera partidaria. Tiene, simplemente, el nombre de una convicción.
