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  • Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    Diputados: el oficialismo negocia cambios para avanzar este miércoles con Inocencia Fiscal II y la modificación del BCRA

    El oficialismo en la Cámara de Diputados negocia modificaciones para poder dictaminar este miércoles dos proyectos económicos clave para el Gobierno: el de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

    Las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, encabezadas por los diputados libertarios Alberto Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, se reunirán a las 11 para retomar el debate sobre los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. Expondrán primero Matías Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); José Ignacio Simonella, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE); y el técnico Oscar Fernández, también de la FACPCE.
    Luego, el oficialismo buscará firmar dictamen, aunque antes confirmará si acepta una modificación clave solicitada por varios aliados: excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de adherir al régimen. En el proyecto original no se contemplaba esta exclusión, y la cuestión tomó relevancia tras el escándalo provocado por el exjefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes se inscribieron en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la ley en junio de 2026, antes de presentar su declaración jurada, lo que suscitó mayores sospechas.
    La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había adelantado el lunes que se exceptuaría a los funcionarios públicos. “No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí podrán hacer un blanqueo quienes durante años ahorraron en dólares en Argentina como forma de resguardo de valor”, declaró durante un desayuno con empresarios organizado por la Fundación Mediterránea.
    En el oficialismo aseguraron que se están retocando las redacciones. Además, los aliados pidieron que se contemplen a los buenos contribuyentes y a las PyMEs.
    El Régimen de Inocencia Fiscal se aprobó hace siete meses, pero el oficialismo propone cambios. Entre ellos, se eliminarían los límites de $1.000 millones en ingresos anuales y $10.000 millones en patrimonio para poder acceder al régimen simplificado de Ganancias. Así, podrían ingresar todos, incluidos los funcionarios, aunque los “grandes contribuyentes” tendrán menos beneficios. También se redefine el concepto de “discrepancia significativa”.
    Por otro lado, a las 15, el plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto se reunirá para escuchar a los expositores y dictaminar el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Están convocados los economistas activos en redes Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y el licenciado en empresas Claudio Zuchovicki. Desde la oposición ya expresan preocupación por el perfil de los invitados y sospechan que la intención es generar controversias. Tras las exposiciones, el oficialismo buscará también firmar dictamen.
    La discusión del texto comenzó la semana pasada con la presentación de Santiago Bausili, titular del BCRA. El proyecto plantea varios cambios fundamentales. En primer lugar, devuelve al Central su único objetivo de preservar el valor de la moneda, eliminando los puntos que señalaban “promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, incorporados en la reforma de 2012.
    Además, se prohíbe al Banco Central financiar directa o indirectamente al Tesoro y se modifica la forma de remoción del presidente del organismo: establece que la destitución deberá ser aprobada con dos tercios de los votos en ambas cámaras.
    Este último punto es uno de los que genera mayor debate. Algunos legisladores exigen que se establezca la misma mayoría para la designación y la remoción del presidente, o que se fije un plazo para votar los pliegos de candidatos al directorio, ya que actualmente son designados “en comisión” y permanecen en sus cargos durante años sin pasar por votación.

  • La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

    La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

    La Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento del crimen del Alberto Nisman

    La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado en la causa que investiga la muerte del ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015.

    Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron la decisión del juez Julián Ercolini, basada en la acusación formulada por el fiscal Eduardo Taiano. En el fallo, Irurzun señaló que Fein, quien estuvo a cargo del caso entre 2015 y 2016, “comprometió la reconstrucción jurisdiccional del suceso”.
    El magistrado destacó que las numerosas falencias detectadas —como la gran cantidad de personas que ingresaron al departamento, incluso cuando el cuerpo aún permanecía en el lugar, y antes del arribo de las autoridades competentes—, sumadas a la informalidad en el levantamiento de rastros en los distintos ambientes de la vivienda, constituyen indicios que avalan el reproche penal.
    Irurzun añadió que, por ejemplo, mientras la madre de Nisman manipulaba sin resguardo objetos del interior de la caja de seguridad, la médica forense inspeccionaba los cajones del baño con los mismos guantes usados para manipular el cuerpo del ex fiscal, lo que evidencia una falta de protocolo y resguardo de la evidencia.
    Por su parte, Farah remarcó que Fein permitió la presencia simultánea en la escena del hecho de testigos, expertos y observadores, lo que generó una situación descontrolada. Mientras se secuestraba documentación en el living con testigos presentes y personal técnico utilizando mesas para apoyar distintos elementos, en el baño se encontraban el cuerpo de Nisman junto a miembros de la unidad forense, fotógrafos, camarógrafos y personas que observaban sin autorización.
    Además, en el dormitorio, paso obligado hacia la escena principal, transitaron numerosas personas, incluso se utilizó la cama, que ya no conservaba su apariencia original, para apoyar objetos y contar dinero. La cama también sirvió como asiento para familiares de Nisman y para un perito que manipuló un arma sobre la mesa de luz. Todo esto tuvo lugar incluso antes de que comenzara la revisión de los cajones, iniciada a las 7:45 horas del 19 de enero, situación similar a la ocurrida con el tacho de basura.
    Farah también cuestionó la afirmación de Fein, realizada pocos minutos después del inicio de las tareas, sobre la lesión en la cabeza de Nisman indicando que “se pegó con la mano derecha”, lo que evidenció una anticipada elección arbitraria de la hipótesis de suicidio, descartando cualquier otra posibilidad y condicionando el tratamiento de la escena a esa versión.
    Las irregularidades atribuidas a Fein incluyen: limitar la investigación a la escena interior del departamento; demorarse casi una hora y media en arribar al lugar; no adoptar medidas para controlar la situación desordenada ni dejar constancia de ello; permitir el ingreso a la escena de personas sin la vestimenta adecuada para trabajos forenses; manipular o permitir la manipulación y alteración de elementos probatorios sin autorización ni resguardo; y no recoger ni advertir la existencia de pruebas esenciales para la investigación.
    Según el juez, estas deficiencias provocaron un grave perjuicio en el curso del proceso investigativo, ocasionando pérdida o alteración de evidencias y dificultando la recolección de elementos probatorios fundamentales en una posible escena de crimen.
    Esta causa se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, que solicitó investigar a distintos funcionarios del gobierno nacional por presuntas acciones que habrían facilitado el homicidio de Nisman y promovido la impunidad de sus responsables directos.
    En el marco de la investigación, se ordenaron ampliaciones de declaraciones testimoniales y se analizaron los cruces de llamadas telefónicas relacionadas con diversas autoridades y funcionarios, entre ellos César Santos del Corazón de Jesús Milani, ex jefe del Ejército Argentino; Aníbal Domingo Fernández, ex jefe de Gabinete; Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad; Sergio Berni, ex secretario de Seguridad; Ramón Argentino Di Santo, ex jefe de la Policía Federal; y otros funcionarios vinculados a la seguridad y custodia.
    En mayo pasado, el juez Ercolini había procesado a Fein por la contaminación constatada en el departamento donde fue hallado sin vida Nisman, imputándole el delito de encubrimiento agravado. Tras ser indagada, se consideró penalmente responsable de no preservar adecuadamente la escena del crimen.
    Finalmente, la justicia federal determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de su departamento en Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.

  • Proyecto de ordenanza: Exención de tributos municipales y medidas de alivio fiscal en beneficio de los trabajadores de “Granja Tres Arroyos S.A.I.C.”

    Proyecto de ordenanza: Exención de tributos municipales y medidas de alivio fiscal en beneficio de los trabajadores de “Granja Tres Arroyos S.A.I.C.”

    Proyecto de ordenanza: Exención de tributos municipales y medidas de alivio fiscal en beneficio de los trabajadores de “Granja Tres Arroyos S.A.I.C.”

     

    Luego de su paso por las comisiones y del debate legislativo, el Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó la ordenanza de alivio fiscal para casi mil trabajadores de Granja Tres Arroyos tras haberse presentado el anterior 04 de junio por los bloques “La Libertad Avanza” y “La Libertad Avanza Entre Ríos”.
    Puntos claves de la ordenanza:

    Se declara en emergencia fiscal municipal a los trabajadores que prestaban servicios en la planta «La China», Molino «Piensos» y Molino «Súper»
    Exención total de tasas municipales: Se exime del pago del 100% de la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.) y de la Tasa por Obras Sanitarias Municipales (O.S.M.). Este beneficio rige de manera exclusiva para el inmueble destinado a la vivienda única y permanente del trabajador y su grupo familiar.
    Alcance y duración del beneficio: Abarca a los trabajadores que prestaban servicios en la planta «La China», Molino «Piensos» y Molino «Súper». Tendrá vigencia mientras se mantenga el cese de actividades, por un plazo máximo inicial de un (1) año, con posibilidad de prórroga.

     

    Proyecto de comunicación: Los bloques “La Libertad Avanza” y “La Libertad Avanza Entre Ríos” instaron a la secretaría de Obras Públicas a cargo de Rubén Delzart a que intervenga urgentemente en las obras de zanjeo situadas en el barrio La Rural y evalué la construcción de cordones-cuneta al ser la única solución definitiva para el manejo de las corrientes de agua.

    Tras las lluvias registradas a principios de junio, los vecinos del barrio La Rural comprobaron que las recientes obras de zanjeo a cielo abierto, lejos de solucionar el problema, lo agravaron. Las acequias no resolvieron la acumulación de agua y los montículos de tierra dejados por las máquinas niveladoras a los costados de la calzada generaron un lodazal que, en muchos casos, bloqueó el ingreso de los vecinos a su propio domicilio. Además, las zanjas carecen de vallado, cobertura e iluminación adecuada, siendo peligrosas para automóviles, peatones y niños del barrio. Por otro lado, los bordes del terreno comenzaron a ceder por la falta de compactación,
     
    poniendo en riesgo de rotura los caños de acceso a las viviendas. Los vecinos solicitan información oficial sobre los plazos y el plan a seguir, teniendo en cuenta que las máquinas se retiraron del lugar hace semanas.
     

    Proyecto de comunicación: Los bloques “La Libertad Avanza” y “La Libertad Avanza Entre Ríos” instaron a la Coordinación General de Servicios Públicos a cargo de Jorge Urquiza a hacer efectiva la limpieza urgente de los depósitos de desechos y escombros ubicados en la intersección de calles San Martín y Dr. Tófalo. Esto a raíz de la potencial proliferación de roedores e insectos, lo cual representa un claro riesgo sanitario y podría contaminar los depósitos de agua de Obras Sanitarias Municipales (OSM) que se encuentran en las inmediaciones. Además, la situación afecta la convivencia urbana y perjudica a los ciudadanos que deben circular diariamente por esa intersección.

     

    Proyecto de comunicación: Los bloques “La Libertad Avanza” y “La Libertad Avanza Entre Ríos”, ante el estado de abandono y el riesgo que representa transitar por diversas arterias de la ciudad, exigen al área correspondiente la intervención inmediata en la intersección de las calles Alberdi y Dodero, la cual representa un riesgo para la integridad mecánica de los vehículos y la seguridad de los conductores. La señalización del reductor de velocidad sobre calle Alberdi se encuentra completamente tapada por el follaje y sin pintura sobre la calzada, y existen baches de gran profundidad sobre calle Dodero, justo después de la cuneta.

    Por eso se solicitó despejar el follaje que tapa los carteles, señalizar correctamente el reductor de velocidad y tapar los baches profundos de la intersección. Por otro lado. Se sugiere la elaboración de un inventario completo de los daños en las calles de la ciudad, estableciendo una jerarquía de prioridades para su reparación que represente un plan de mantenimiento para evitar que la negligencia siga generando accidentes y demandas judiciales costosas que terminan pagando todos los vecinos.
     

  • Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    La defensa de Martín Insaurralde recusó al fiscal Sergio Mola, utilizando argumentos semejantes a los que el juez Luis Armella empleó para rechazar el pedido de detención del exintendente de Lomas de Zamora y de su exesposa, Jesica Cirio.

    Con esa resolución, Armella parecía dejar abierta la posibilidad para que la defensa solicitara el apartamiento del fiscal, quien lleva casi tres años impulsando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Mola fue uno de los fiscales que obtuvo la condena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
    El expediente estuvo inicialmente a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— y actualmente tramita ante Armella, juez federal de Quilmes, quien ejerce la subrogancia del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, jurisdicción donde se encuentra radicada la causa.
    Al rechazar el pedido de detención, formulado tras la aparición de sospechas sobre la destrucción del vestidor donde se habría grabado un video en el que Cirio muestra fajos de dólares, Armella cuestionó duramente la actuación del fiscal. Lo acusó de filtrar información a la prensa, de sobreactuar en su rol procesal e impulsar medidas debido a una supuesta «orfandad probatoria» en la causa. Esta última afirmación resulta especialmente llamativa, pues adelantaría una opinión sobre un aspecto de fondo aún bajo investigación.
    En un escrito presentado ante la justicia, los abogados del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, retomaron algunos de esos argumentos para solicitar el apartamiento de Mola. La decisión final estará en manos de Armella, aunque se espera que la querella de Poder Ciudadano, representada por Pablo Brady, defienda al fiscal.
    Por otro lado, Armella aclaró que aguardará el resultado del peritaje contable definitivo, previsto para el 17 de julio, antes de tomar decisiones de fondo.
    No obstante, el juez optó por un camino más extenso y no por el inmediato. En principio, podría haber citado a indagatoria a Cirio para preguntarle, entre otros temas, si fue ella quien grabó el video con los dólares y, a partir de esa declaración, resolver su situación procesal. En cambio, señaló que esperará el informe pericial contable final, que incluirá las conclusiones de la perito de la Corte Suprema y de los peritos de las partes. Cabe destacar que este tipo de peritajes suele generar nuevas observaciones, impugnaciones y debates técnicos, lo que prolonga considerablemente los plazos del expediente.
    Además, Armella tiene conocimiento de que el secretario letrado Juan Tomás Rodríguez Ponte ya superó la audiencia pública en el Senado para ser designado juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte fue secretario del juez Ariel Lijo y luego desempeñó un papel destacado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), donde colaboró técnicamente en más de cinco mil causas, entre ellas investigaciones de corrupción de alto impacto como Vialidad y Cuadernos.
    En este contexto, todo indica que Armella podría especular con los tiempos procesales hasta el inicio de la feria judicial, prevista para el 20 de julio y con una duración de dos semanas. De esa manera, el expediente podría quedar bajo la órbita de Rodríguez Ponte una vez que asuma como titular del juzgado.
    En paralelo, se registran medidas probatorias que difícilmente admiten demoras si se quiere preservar su efectividad. Ayer, Clarín y TN revelaron la existencia de una oficina reservada que Insaurralde utilizaría en la calle Libertad, frente al Palacio de Justicia, para recibir a abogados y dirigentes políticos. Ese mismo día, el fiscal Mola solicitó el allanamiento del lugar, pero al cierre de esta nota, Armella aún no había resuelto si ordenaba la medida. Según fuentes judiciales, la demora podría darle tiempo a Insaurralde para «limpiar» el espacio.
    La actuación de Armella en esta causa también parece respaldar una información difundida esta semana por el sitio digital Boga.ar. Según ese medio, durante un acto de jura de jueces de tribunales orales en los tribunales de Retiro, el magistrado manifestó que “acá hay mucho garca” y que “jamás le armaría una causa a un colega”. Entre los presentes que escucharon esas expresiones se encontraban Alejo Ramos Padilla y Héctor Heim, señalados por el portal como operadores en causas contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.

  • Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal: tres provincias a la cabeza y una tendencia general a la baja

    Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal: tres provincias a la cabeza y una tendencia general a la baja

    Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal: tres provincias a la cabeza y una tendencia general a la baja

    Buenos Aires, junio de 2026. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) actualizó su monitoreo sobre el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal en las provincias. El relevamiento, correspondiente al cierre del ejercicio 2025 y con fecha de corte al 31 de marzo de 2026, evaluó a 22 jurisdicciones adheridas al régimen federal. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe repiten el puntaje perfecto de 100.

     
    El índice general de cumplimiento cayó a 70,9 puntos. Son 3,4 puntos menos que en septiembre pasado y 6,8 menos que en marzo de 2025. La tendencia es clara: el promedio viene bajando.
     
    En el podio de los que mejor cumplen, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe repiten el puntaje perfecto de 100. Son las únicas que presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos. Detrás de ellas, en el grupo de cumplimiento alto (entre 80 y 90 puntos), se ubicaron CABA, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Todas publicaron la información en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes.
     
    Si se mira la evolución respecto del informe anterior, el panorama es mixto. De las 22 provincias, 7 mejoraron, 8 se mantuvieron y 7 empeoraron. Tucumán fue la gran revelación con un salto de 55 puntos, seguida por Santa Cruz (+45) y Neuquén (+25). Buenos Aires sumó 15, mientras que Santiago del Estero y Chubut apenas avanzaron 5 puntos cada una. En el otro extremo, Tierra del Fuego se desplomó 60 puntos, Jujuy y Río Negro cayeron 55, San Juan 35, Mendoza 25, Salta 20 y Formosa 10.
     
    La comparación interanual es aún más elocuente: el promedio cayó casi 7 puntos y solo dos provincias mejoraron sus números. Santiago del Estero fue la gran excepción con un incremento de 70 puntos, seguida por Santa Cruz con 65. En cambio, Tierra del Fuego perdió 70 puntos, Río Negro 45, y Jujuy y San Juan 45 cada una. Quedaron fuera del análisis La Pampa y San Luis, que no están adheridas.
     
    El informe muestra un deterioro extendido en la publicación de la información fiscal provincial, aunque con notables excepciones. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe sostienen su excelencia, mientras que Tucumán, Santa Cruz y Santiago del Estero dan muestras de que es posible mejorar. La ASAP, que realiza este seguimiento semestral, volverá a medir en septiembre para ver si la tendencia se revierte o se profundiza.

  • Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

    Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

    Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

    El fiscal general de la Cámara Federal de Comodoro Py, José Agüero Iturbe, dictaminó que, por el momento, deben mantenerse separadas dos causas que investigan maniobras ilegales vinculadas al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández.

    Se trata de un conflicto de competencia entre los jueces federales Ariel Lijo y María Servini. Ambos tienen a su cargo expedientes relacionados con irregularidades en la compra de dólar oficial a través de bancos y casas de cambio, para luego venderlo en el mercado ilegal con diferencias que llegaban hasta un 200%.
    Aunque las investigaciones comparten algunos imputados —como los financistas Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles—, el juez Lijo solicitó a Servini la transferencia de su causa alegando que la suya estaba más avanzada. Este pedido fue rechazado y ahora la Cámara Federal debe resolver el conflicto.
    Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el fiscal general consideró que no existen por ahora elementos suficientes para acumular ambas investigaciones bajo un mismo juez, ya que en ambos expedientes se están realizando medidas de prueba que deben completarse. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro, con las causas más avanzadas, se reabra la discusión. La decisión final quedará en manos de la Cámara.
    La investigación de Lijo está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, delegado en esta causa. En este expediente están imputados los tres financistas mencionados, junto a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El fiscal determinó la existencia de un acuerdo ilegal entre las financieras de Piccirillo, Hauque y Migueles y funcionarios del BCRA para permitirles operar.
    Además, a partir del análisis del celular de Migueles, la fiscalía estableció que en 2023 actuó, junto con otras personas, como intermediario en el pago de sobornos que oscilaban entre el 10% y el 15% para que funcionarios públicos aprobaran el sistema SIRA de importaciones durante la gestión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. La justicia identificó a estos intermediarios y continúa investigando qué funcionarios recibían los sobornos.
    Por otro lado, existe un tercer expediente a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga desde diciembre de 2021 un caso relacionado con maniobras ilegales con el dólar, a partir de una denuncia presentada por el BCRA contra la agencia de cambios Marvic SA.
    Estas causas despiertan gran sensibilidad en el ámbito político, debido a las posibles consecuencias que podrían derivar de sus avances. Algunos señalan que, en caso de que Lijo acumule la investigación de Servini, podría pasar a estar a cargo de ambos procesos. Esto modificaría el rol del fiscal Picardi, quien actualmente conduce la causa de Lijo y tendría que solicitar cada medida para que el juez la apruebe.
    Cabe destacar que Francisco Hauque, en conflicto con su ex socio Piccirillo, acusó públicamente al expresidente Alberto Fernández y al ex titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, de estar implicados en irregularidades y negociados vinculados al dólar.

  • El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el expediente completo de la sucesión del padre de Manuel Adorni, mientras se investiga a su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. En este contexto, se comenzó a analizar si existe concordancia entre los valores declarados por el Jefe de Gabinete respecto a la herencia y la documentación oficial.

    Tras la presentación de la declaración jurada rectificada y la correspondiente al período fiscal 2025, que registra un patrimonio de 944 millones de pesos, la justicia federal centra su atención en el análisis de la herencia recibida por Manuel Adorni, que en su última declaración patrimonial consignó un monto de 73 millones de pesos.
    Un dato que ha llamado la atención es la variación en la declaración de la herencia: en la declaración del patrimonio 2024, Manuel Adorni consignó un valor de 10.211.200 pesos en el rubro herencia, al que un año después sumó poco más de 62 millones de pesos.
    El equipo fiscal que investiga al funcionario libertario por presunto enriquecimiento ilícito comenzó a revisar el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del Jefe de Gabinete, fallecido en 2002. Para avanzar en el análisis de las cifras declaradas en las últimas declaraciones rectificadas, Pollicita solicitó las principales medidas adoptadas y “toda referencia no reservada vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo y sucesión de Jorge Adorni”, dado que su par Guillermo Marijuan también tiene bajo la lupa el caso.
    Las dudas respecto a la herencia declarada surgen del expediente sucesorio, que indica que Jorge Adorni falleció con una deuda de 23 mil dólares y un departamento hipotecado en La Plata. Se busca determinar cuándo se levantó la hipoteca y cómo fue declarado el valor del inmueble.
    Además, Manuel Adorni declaró que encontró en la vivienda paterna 200 mil dólares, monto que posteriormente volcó a inversiones en bitcoins, las cuales, con el tiempo, le permitieron declarar una tenencia de 513 mil dólares.
    El fiscal Pollicita analiza atentamente el expediente que posee su par de Comodoro Py, Guillermo Marijuan, quien investiga los bienes de Francisco Adorni. Uno de los interrogantes es si ambos hermanos declararon cifras coincidentes tras haber recibido la misma herencia. “¿Acaso el hermano del Jefe de Gabinete también encontró 200 mil dólares?”, planteó de manera retórica una fuente judicial.
    En una entrevista con LN+, Manuel Adorni comentó: “Mi primer dinero, por así decirlo, lo hice cuando fallece mi papá en 2002, que el dinero que me encontré, el que nos encontramos con mi hermano en el departamento (de La Plata)”. Estos dichos buscan ser corroborados por Pollicita, considerando que el padre dejó un inmueble hipotecado y una deuda en dólares.
    Parte de la documentación indica que el 1° de noviembre de 1996, Jorge Adorni obtuvo un préstamo de 22.500 dólares de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Según las acreedoras, sólo abonó las primeras nueve cuotas de intereses, quedando impagas las cuotas 10 y 11, así como la totalidad del capital.
    En 2002, las prestamistas iniciaron una demanda judicial reclamando el pago de la deuda y la ejecución de la garantía hipotecaria. Ese mismo año, Jorge Adorni falleció y la Justicia civil reconoció la existencia de la deuda, disponiendo el embargo del departamento. Sin embargo, el último impulso procesal registrado por las acreedoras o sus representantes data del 22 de agosto de 2006, tras lo cual cesaron las reclamaciones.
    Al justificar su patrimonio de 944 millones de pesos, Manuel Adorni declaró en el período fiscal anterior la tenencia de 513 mil dólares producto de la venta de activos, una inversión iniciada con los 200 mil dólares encontrados en la casa paterna. Esta cifra fue disminuyendo, y al finalizar el período fiscal 2024, declaró un saldo de 388.961,52 dólares, cifra que se redujo a 209.961 dólares en la última declaración jurada correspondiente al 31 de diciembre de 2025.
    La fiscalía se interroga sobre el destino de esos dólares y la documentación que respalde su aplicación, considerando que el origen de esos fondos en moneda extranjera está vinculado a la herencia paterna, cuyo análisis acaba de iniciarse.

  • El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este miércoles una serie de nuevas medidas para determinar si la versión de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins, como principal explicación del incremento patrimonial declarado, se corresponde con los registros financieros oficiales. En ese marco, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la elaboración de un informe histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.

    Una de las principales dudas surgidas a partir de la declaración jurada del período fiscal 2025, y la documentación adjunta, es si la tenencia de bitcoins constituye una coartada para justificar un patrimonio declarado de 944 millones de pesos.
    En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía concentró las nuevas medidas en la investigación de los criptoactivos. Inicialmente, Adorni había declarado para el período fiscal 2024 un patrimonio, en el país y en el exterior, equivalente a unos 24.000 dólares según el tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, presentó posteriormente una rectificación formal ante el fisco en la que admitió poseer 513.000 dólares.
    Para justificar el origen de esa suma, Adorni explicó que 300.000 dólares correspondían a ganancias netas obtenidas por inversiones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, respaldadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado. Estas supuestas operaciones, realizadas hace varios años, habrían tenido lugar en plataformas y billeteras virtuales que en ese momento no reportaban información ni eran supervisadas conforme a las normativas fiscales vigentes en Argentina.
    Por este motivo, Pollicita solicitó a la CNV que, en un plazo de 72 horas, informe sobre:– El listado detallado, año por año, de personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y servicios de compraventa de activos virtuales que hayan operado en el país o dirigido sus servicios al mercado argentino desde 2012 hasta la actualidad. Este listado debe incluir la razón social, denominación comercial, estado actual de cada entidad y la fuente de información utilizada (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, entre otros).– El marco normativo vigente y los antecedentes regulatorios aplicables al sector en ese período.– Si existió un registro formal de prestadores durante todo el período o si la información histórica debe reconstruirse a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.
    El objetivo, según fuentes judiciales citadas por Clarín, es contar con el contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados.
    En las declaraciones juradas de Adorni, hay dos cifras que fueron eliminadas pese a haber sido declaradas: en 2023, su patrimonio era de 61.018.251 pesos y en 2024, de 107.894.811 pesos. Ninguno de estos montos figura actualmente en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción.
    Tras la rectificación, la base declarada al inicio del período fiscal más reciente es de 622.646.892 pesos aproximadamente, y el patrimonio final declarado para el período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 asciende a 944.575.052 pesos.
    Según Adorni, esta cifra se explica principalmente por las inversiones en bitcoins realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre 2014 y 2018, antes de ocupar cargos públicos. Sin embargo, la justicia tiene tres interrogantes puntuales al respecto.
    Primero, el origen de los 200.000 dólares que habría invertido en criptomonedas no está claro ni documentado. Hasta el momento, no se registra ningún movimiento o evidencia que justifique la obtención de esas divisas. Una fuente judicial señaló a Clarín que no basta con declarar la cifra en la declaración jurada, sino que debe sustentarse su origen lícito.
    En segundo lugar, la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la “venta de activos” —es decir, la venta de bitcoins— carece de documentación que acredite que Adorni fue el titular real de esas criptomonedas. Hasta ahora no existen respaldos que lo comprueben, añadieron fuentes cercanas al caso.
    Este aspecto podría aclararse si en la declaración reservada aporta la información complementaria requerida, ya que hasta el momento no hay documentación que respalde la titularidad ni detalles precisos sobre los bitcoins involucrados.
    Por último, la tercera duda se relaciona con la cantidad exacta de bitcoins y cómo se traduce ese monto en dólares. De acuerdo con cálculos realizados en Comodoro Py, la cantidad de criptomonedas declaradas equivaldría a un valor muy superior a 513.000 dólares, alcanzando cifras en millones de dólares, lo que genera discrepancias significativas con lo declarado, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.

  • Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

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    El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según consta en los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    La petición fue presentada en las últimas horas; Angeletti lo hizo ayer y Adorni esta mañana, justo cuando estaba previsto que el funcionario del gobierno de Milei enviara su esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Con este trámite, Adorni busca esclarecer las dudas surgidas sobre el aumento de su patrimonio durante el último año, periodo en el que compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, propiedades que están bajo la lupa de la Justicia.
    Según la información disponible en el sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad nueva para declarar y pagar impuestos, dirigida a personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desde el organismo explican: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclaran que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
    La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en el Congreso Nacional en diciembre pasado y el oficialismo planteó la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a este régimen, tal como ocurrió este miércoles con Adorni.
    Respecto a si esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por el rápido crecimiento de su patrimonio en los tribunales federales, fuentes judiciales señalaron que el fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación delegada por el juez Ariel Lijo, deberá primero verificar la información declarada por Adorni en ARCA. Posteriormente, analizará la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal para determinar si se cumplen las condiciones objetivas que la norma establece para excluir la investigación penal.
    Durante el debate parlamentario de la ley en diciembre, el diputado opositor y especialista en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó que la norma “no es un blanqueo” y, por lo tanto, no implica beneficios penales para los contribuyentes.

  • Dólares del colchón: las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

    Dólares del colchón: las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

    Dólares del colchón: las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

    El Gobierno busca flexibilizar el régimen para que los argentinos retiren los dólares “del colchón” y los incorporen al sistema financiero. Ese es el objetivo principal de los cambios incluidos en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa aún debe ser enviada al Congreso.

    Las modificaciones más importantes están orientadas a ampliar la cantidad de adherentes al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y recogen algunas recomendaciones que un grupo de contadores entregó hace más de una semana al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de ARCA, Andrés Vásquez. Algunos de estos cambios ya habían sido anticipados por Clarín.
    “Si bien los cambios en general son positivos porque otorgan mayor seguridad jurídica y fijan un plazo límite para la formalización de los dólares no declarados, no nos parece prudente que cualquier diferencia —por mínima que sea— en retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta haga decaer los beneficios”, explicó Alberto Mastandrea, socio de Impuestos de BDO.
    El experto agregó: “Ahí está la letra chica del régimen: la ausencia de un umbral mínimo para esos conceptos convierte un simple error de imputación en una causa para perder el beneficio, equiparándolo a una maniobra deliberada y transformando esa previsión en una verdadera trampa para los contribuyentes”.
    A continuación, las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal:
    1) Eliminación de topesEl régimen se amplía prácticamente a todos los contribuyentes. Desaparecen los límites de ingresos y patrimonio que funcionaban como topes. Ya no importa el tamaño del contribuyente, sino su residencia fiscal. El único que mantiene restricciones es el “gran contribuyente nacional”, que podrá declarar y pagar por esta modalidad, pero sin acceder a los beneficios de fondo.
    2) Plazo con límitesSe establece una ventana hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. La norma fija una fecha límite para declarar dinero no declarado sin costo por el pasado y sin que esa declaración se considere prueba en contra. “Aunque no lo dice explícitamente, funciona como una regularización con plazo”, señaló Mastandrea.
    3) Bienes PersonalesLos fondos se “nacen” el día en que se utilizan. Para el cálculo del impuesto, el dinero se considera incorporado al patrimonio en el momento de la operación, lo que evita la aplicación retroactiva del impuesto sobre Bienes Personales y la confesión de un patrimonio oculto. El plazo comienza a correr desde el día del depósito.
    4) BancarizaciónLa obligatoriedad de canalizar las operaciones por medios autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores pasa a tener rango de ley. Basta con que el dinero toque el sistema financiero formal en el origen o en el destino. Esta obligación ya existía por decreto; ahora se eleva a nivel legal.
    5) Depositar deja de volverse en contraSe eliminan dos presunciones de la Ley de Procedimiento Fiscal: la de incremento patrimonial no justificado y la de depósitos bancarios que superan lo declarado. Esta última solía penalizar a quienes ingresaban dinero al sistema financiero; con el cambio, declarar fondos deja de ser autoincriminatorio.
    6) La carga de la prueba pasa al fiscoARCA solo podrá basarse en la información declarada, en sus sistemas o en datos de terceros para efectuar observaciones. Cualquier otro tipo de consideración no tendrá valor probatorio. La determinación no podrá sustentarse en presunciones, sino únicamente en datos concretos.
    7) Menor exigencia ante una “discrepancia significativa”La diferencia que habilita a la Administración para revisar ya no se calcula sobre el saldo final —que inflaba cualquier ajuste—, sino sobre el impuesto total. Además, se incorpora un piso mínimo por debajo del cual la discrepancia no produce efecto. Este criterio también mejora el cálculo de la prescripción.
    8) La letra chicaUn error mínimo puede hacer perder todo el beneficio. El régimen establece que también se perderá el beneficio por computar incorrectamente retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta, sin que exista un piso o porcentaje mínimo: basta un peso mal imputado. Así, se equipara un simple error al fraude deliberado.
    9) Si el fisco pierde, devuelve con interesesSi una determinación es anulada por decisión firme a favor del contribuyente, se restablece la presunción de exactitud y ARCA debe reintegrar lo pagado en un plazo de 45 días hábiles. El punto débil es que la tasa aplicada será la de repetición, que es la más baja del sistema.
    10) Perdón de multasEsta medida beneficia a quienes regularizaron antes de ingresar al régimen, a cambio de no presentar reclamos posteriores. Quienes pagaron el tributo e intereses por ajustes previos antes de adherir quedan eximidos de multas por omisión o defraudación, pero deben renunciar a reclamar lo pagado. Conviene para quienes enfrentaban ajustes indiscutibles, pero no para aquellos que contaban con defensas sólidas de fondo.