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  • Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

    Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

    Rulo con el dólar y SIRA: el fiscal general planteó que las causas deben seguir separadas

    El fiscal general de la Cámara Federal de Comodoro Py, José Agüero Iturbe, dictaminó que, por el momento, deben mantenerse separadas dos causas que investigan maniobras ilegales vinculadas al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández.

    Se trata de un conflicto de competencia entre los jueces federales Ariel Lijo y María Servini. Ambos tienen a su cargo expedientes relacionados con irregularidades en la compra de dólar oficial a través de bancos y casas de cambio, para luego venderlo en el mercado ilegal con diferencias que llegaban hasta un 200%.
    Aunque las investigaciones comparten algunos imputados —como los financistas Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles—, el juez Lijo solicitó a Servini la transferencia de su causa alegando que la suya estaba más avanzada. Este pedido fue rechazado y ahora la Cámara Federal debe resolver el conflicto.
    Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, el fiscal general consideró que no existen por ahora elementos suficientes para acumular ambas investigaciones bajo un mismo juez, ya que en ambos expedientes se están realizando medidas de prueba que deben completarse. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro, con las causas más avanzadas, se reabra la discusión. La decisión final quedará en manos de la Cámara.
    La investigación de Lijo está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, delegado en esta causa. En este expediente están imputados los tres financistas mencionados, junto a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El fiscal determinó la existencia de un acuerdo ilegal entre las financieras de Piccirillo, Hauque y Migueles y funcionarios del BCRA para permitirles operar.
    Además, a partir del análisis del celular de Migueles, la fiscalía estableció que en 2023 actuó, junto con otras personas, como intermediario en el pago de sobornos que oscilaban entre el 10% y el 15% para que funcionarios públicos aprobaran el sistema SIRA de importaciones durante la gestión del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. La justicia identificó a estos intermediarios y continúa investigando qué funcionarios recibían los sobornos.
    Por otro lado, existe un tercer expediente a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga desde diciembre de 2021 un caso relacionado con maniobras ilegales con el dólar, a partir de una denuncia presentada por el BCRA contra la agencia de cambios Marvic SA.
    Estas causas despiertan gran sensibilidad en el ámbito político, debido a las posibles consecuencias que podrían derivar de sus avances. Algunos señalan que, en caso de que Lijo acumule la investigación de Servini, podría pasar a estar a cargo de ambos procesos. Esto modificaría el rol del fiscal Picardi, quien actualmente conduce la causa de Lijo y tendría que solicitar cada medida para que el juez la apruebe.
    Cabe destacar que Francisco Hauque, en conflicto con su ex socio Piccirillo, acusó públicamente al expresidente Alberto Fernández y al ex titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, de estar implicados en irregularidades y negociados vinculados al dólar.

  • El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal Pollicita recibió el expediente de la herencia recibida por Manuel Adorni y pone la lupa en su veracidad

    El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió el expediente completo de la sucesión del padre de Manuel Adorni, mientras se investiga a su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. En este contexto, se comenzó a analizar si existe concordancia entre los valores declarados por el Jefe de Gabinete respecto a la herencia y la documentación oficial.

    Tras la presentación de la declaración jurada rectificada y la correspondiente al período fiscal 2025, que registra un patrimonio de 944 millones de pesos, la justicia federal centra su atención en el análisis de la herencia recibida por Manuel Adorni, que en su última declaración patrimonial consignó un monto de 73 millones de pesos.
    Un dato que ha llamado la atención es la variación en la declaración de la herencia: en la declaración del patrimonio 2024, Manuel Adorni consignó un valor de 10.211.200 pesos en el rubro herencia, al que un año después sumó poco más de 62 millones de pesos.
    El equipo fiscal que investiga al funcionario libertario por presunto enriquecimiento ilícito comenzó a revisar el expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del Jefe de Gabinete, fallecido en 2002. Para avanzar en el análisis de las cifras declaradas en las últimas declaraciones rectificadas, Pollicita solicitó las principales medidas adoptadas y “toda referencia no reservada vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo y sucesión de Jorge Adorni”, dado que su par Guillermo Marijuan también tiene bajo la lupa el caso.
    Las dudas respecto a la herencia declarada surgen del expediente sucesorio, que indica que Jorge Adorni falleció con una deuda de 23 mil dólares y un departamento hipotecado en La Plata. Se busca determinar cuándo se levantó la hipoteca y cómo fue declarado el valor del inmueble.
    Además, Manuel Adorni declaró que encontró en la vivienda paterna 200 mil dólares, monto que posteriormente volcó a inversiones en bitcoins, las cuales, con el tiempo, le permitieron declarar una tenencia de 513 mil dólares.
    El fiscal Pollicita analiza atentamente el expediente que posee su par de Comodoro Py, Guillermo Marijuan, quien investiga los bienes de Francisco Adorni. Uno de los interrogantes es si ambos hermanos declararon cifras coincidentes tras haber recibido la misma herencia. “¿Acaso el hermano del Jefe de Gabinete también encontró 200 mil dólares?”, planteó de manera retórica una fuente judicial.
    En una entrevista con LN+, Manuel Adorni comentó: “Mi primer dinero, por así decirlo, lo hice cuando fallece mi papá en 2002, que el dinero que me encontré, el que nos encontramos con mi hermano en el departamento (de La Plata)”. Estos dichos buscan ser corroborados por Pollicita, considerando que el padre dejó un inmueble hipotecado y una deuda en dólares.
    Parte de la documentación indica que el 1° de noviembre de 1996, Jorge Adorni obtuvo un préstamo de 22.500 dólares de Liliana Nora Brittannico y Esther Vecchiola de Brittannico. Según las acreedoras, sólo abonó las primeras nueve cuotas de intereses, quedando impagas las cuotas 10 y 11, así como la totalidad del capital.
    En 2002, las prestamistas iniciaron una demanda judicial reclamando el pago de la deuda y la ejecución de la garantía hipotecaria. Ese mismo año, Jorge Adorni falleció y la Justicia civil reconoció la existencia de la deuda, disponiendo el embargo del departamento. Sin embargo, el último impulso procesal registrado por las acreedoras o sus representantes data del 22 de agosto de 2006, tras lo cual cesaron las reclamaciones.
    Al justificar su patrimonio de 944 millones de pesos, Manuel Adorni declaró en el período fiscal anterior la tenencia de 513 mil dólares producto de la venta de activos, una inversión iniciada con los 200 mil dólares encontrados en la casa paterna. Esta cifra fue disminuyendo, y al finalizar el período fiscal 2024, declaró un saldo de 388.961,52 dólares, cifra que se redujo a 209.961 dólares en la última declaración jurada correspondiente al 31 de diciembre de 2025.
    La fiscalía se interroga sobre el destino de esos dólares y la documentación que respalde su aplicación, considerando que el origen de esos fondos en moneda extranjera está vinculado a la herencia paterna, cuyo análisis acaba de iniciarse.

  • El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este miércoles una serie de nuevas medidas para determinar si la versión de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins, como principal explicación del incremento patrimonial declarado, se corresponde con los registros financieros oficiales. En ese marco, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la elaboración de un informe histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.

    Una de las principales dudas surgidas a partir de la declaración jurada del período fiscal 2025, y la documentación adjunta, es si la tenencia de bitcoins constituye una coartada para justificar un patrimonio declarado de 944 millones de pesos.
    En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía concentró las nuevas medidas en la investigación de los criptoactivos. Inicialmente, Adorni había declarado para el período fiscal 2024 un patrimonio, en el país y en el exterior, equivalente a unos 24.000 dólares según el tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, presentó posteriormente una rectificación formal ante el fisco en la que admitió poseer 513.000 dólares.
    Para justificar el origen de esa suma, Adorni explicó que 300.000 dólares correspondían a ganancias netas obtenidas por inversiones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, respaldadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado. Estas supuestas operaciones, realizadas hace varios años, habrían tenido lugar en plataformas y billeteras virtuales que en ese momento no reportaban información ni eran supervisadas conforme a las normativas fiscales vigentes en Argentina.
    Por este motivo, Pollicita solicitó a la CNV que, en un plazo de 72 horas, informe sobre:– El listado detallado, año por año, de personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y servicios de compraventa de activos virtuales que hayan operado en el país o dirigido sus servicios al mercado argentino desde 2012 hasta la actualidad. Este listado debe incluir la razón social, denominación comercial, estado actual de cada entidad y la fuente de información utilizada (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, entre otros).– El marco normativo vigente y los antecedentes regulatorios aplicables al sector en ese período.– Si existió un registro formal de prestadores durante todo el período o si la información histórica debe reconstruirse a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.
    El objetivo, según fuentes judiciales citadas por Clarín, es contar con el contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados.
    En las declaraciones juradas de Adorni, hay dos cifras que fueron eliminadas pese a haber sido declaradas: en 2023, su patrimonio era de 61.018.251 pesos y en 2024, de 107.894.811 pesos. Ninguno de estos montos figura actualmente en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción.
    Tras la rectificación, la base declarada al inicio del período fiscal más reciente es de 622.646.892 pesos aproximadamente, y el patrimonio final declarado para el período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 asciende a 944.575.052 pesos.
    Según Adorni, esta cifra se explica principalmente por las inversiones en bitcoins realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre 2014 y 2018, antes de ocupar cargos públicos. Sin embargo, la justicia tiene tres interrogantes puntuales al respecto.
    Primero, el origen de los 200.000 dólares que habría invertido en criptomonedas no está claro ni documentado. Hasta el momento, no se registra ningún movimiento o evidencia que justifique la obtención de esas divisas. Una fuente judicial señaló a Clarín que no basta con declarar la cifra en la declaración jurada, sino que debe sustentarse su origen lícito.
    En segundo lugar, la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la “venta de activos” —es decir, la venta de bitcoins— carece de documentación que acredite que Adorni fue el titular real de esas criptomonedas. Hasta ahora no existen respaldos que lo comprueben, añadieron fuentes cercanas al caso.
    Este aspecto podría aclararse si en la declaración reservada aporta la información complementaria requerida, ya que hasta el momento no hay documentación que respalde la titularidad ni detalles precisos sobre los bitcoins involucrados.
    Por último, la tercera duda se relaciona con la cantidad exacta de bitcoins y cómo se traduce ese monto en dólares. De acuerdo con cálculos realizados en Comodoro Py, la cantidad de criptomonedas declaradas equivaldría a un valor muy superior a 513.000 dólares, alcanzando cifras en millones de dólares, lo que genera discrepancias significativas con lo declarado, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.

  • Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

    Antes de presentar su declaración jurada, Manuel Adorni y su esposa pidieron adherir al régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia fiscal

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    El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, solicitaron adherirse al régimen simplificado de ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, según consta en los registros públicos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

    La petición fue presentada en las últimas horas; Angeletti lo hizo ayer y Adorni esta mañana, justo cuando estaba previsto que el funcionario del gobierno de Milei enviara su esperada declaración jurada patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Con este trámite, Adorni busca esclarecer las dudas surgidas sobre el aumento de su patrimonio durante el último año, periodo en el que compró y refaccionó una casa en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito, propiedades que están bajo la lupa de la Justicia.
    Según la información disponible en el sitio de ARCA, el Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad nueva para declarar y pagar impuestos, dirigida a personas que cumplen con sus obligaciones fiscales. Desde el organismo explican: “La idea central es simple: menos trámites y reglas claras para saber exactamente a qué atenerse”. Además, aclaran que “no es un blanqueo ni una amnistía. Es un cambio de paradigma: se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
    La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada en el Congreso Nacional en diciembre pasado y el oficialismo planteó la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a este régimen, tal como ocurrió este miércoles con Adorni.
    Respecto a si esta presentación modifica la situación judicial de Adorni, quien está siendo investigado por el rápido crecimiento de su patrimonio en los tribunales federales, fuentes judiciales señalaron que el fiscal Gerardo Pollicita, encargado de la investigación delegada por el juez Ariel Lijo, deberá primero verificar la información declarada por Adorni en ARCA. Posteriormente, analizará la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal para determinar si se cumplen las condiciones objetivas que la norma establece para excluir la investigación penal.
    Durante el debate parlamentario de la ley en diciembre, el diputado opositor y especialista en temas tributarios, Guillermo Michel, afirmó que la norma “no es un blanqueo” y, por lo tanto, no implica beneficios penales para los contribuyentes.

  • Dólares del colchón: las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

    Dólares del colchón: las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

    Dólares del colchón: las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

    El Gobierno busca flexibilizar el régimen para que los argentinos retiren los dólares “del colchón” y los incorporen al sistema financiero. Ese es el objetivo principal de los cambios incluidos en el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa aún debe ser enviada al Congreso.

    Las modificaciones más importantes están orientadas a ampliar la cantidad de adherentes al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias y recogen algunas recomendaciones que un grupo de contadores entregó hace más de una semana al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de ARCA, Andrés Vásquez. Algunos de estos cambios ya habían sido anticipados por Clarín.
    “Si bien los cambios en general son positivos porque otorgan mayor seguridad jurídica y fijan un plazo límite para la formalización de los dólares no declarados, no nos parece prudente que cualquier diferencia —por mínima que sea— en retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta haga decaer los beneficios”, explicó Alberto Mastandrea, socio de Impuestos de BDO.
    El experto agregó: “Ahí está la letra chica del régimen: la ausencia de un umbral mínimo para esos conceptos convierte un simple error de imputación en una causa para perder el beneficio, equiparándolo a una maniobra deliberada y transformando esa previsión en una verdadera trampa para los contribuyentes”.
    A continuación, las 10 claves del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal:
    1) Eliminación de topesEl régimen se amplía prácticamente a todos los contribuyentes. Desaparecen los límites de ingresos y patrimonio que funcionaban como topes. Ya no importa el tamaño del contribuyente, sino su residencia fiscal. El único que mantiene restricciones es el “gran contribuyente nacional”, que podrá declarar y pagar por esta modalidad, pero sin acceder a los beneficios de fondo.
    2) Plazo con límitesSe establece una ventana hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. La norma fija una fecha límite para declarar dinero no declarado sin costo por el pasado y sin que esa declaración se considere prueba en contra. “Aunque no lo dice explícitamente, funciona como una regularización con plazo”, señaló Mastandrea.
    3) Bienes PersonalesLos fondos se “nacen” el día en que se utilizan. Para el cálculo del impuesto, el dinero se considera incorporado al patrimonio en el momento de la operación, lo que evita la aplicación retroactiva del impuesto sobre Bienes Personales y la confesión de un patrimonio oculto. El plazo comienza a correr desde el día del depósito.
    4) BancarizaciónLa obligatoriedad de canalizar las operaciones por medios autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores pasa a tener rango de ley. Basta con que el dinero toque el sistema financiero formal en el origen o en el destino. Esta obligación ya existía por decreto; ahora se eleva a nivel legal.
    5) Depositar deja de volverse en contraSe eliminan dos presunciones de la Ley de Procedimiento Fiscal: la de incremento patrimonial no justificado y la de depósitos bancarios que superan lo declarado. Esta última solía penalizar a quienes ingresaban dinero al sistema financiero; con el cambio, declarar fondos deja de ser autoincriminatorio.
    6) La carga de la prueba pasa al fiscoARCA solo podrá basarse en la información declarada, en sus sistemas o en datos de terceros para efectuar observaciones. Cualquier otro tipo de consideración no tendrá valor probatorio. La determinación no podrá sustentarse en presunciones, sino únicamente en datos concretos.
    7) Menor exigencia ante una “discrepancia significativa”La diferencia que habilita a la Administración para revisar ya no se calcula sobre el saldo final —que inflaba cualquier ajuste—, sino sobre el impuesto total. Además, se incorpora un piso mínimo por debajo del cual la discrepancia no produce efecto. Este criterio también mejora el cálculo de la prescripción.
    8) La letra chicaUn error mínimo puede hacer perder todo el beneficio. El régimen establece que también se perderá el beneficio por computar incorrectamente retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta, sin que exista un piso o porcentaje mínimo: basta un peso mal imputado. Así, se equipara un simple error al fraude deliberado.
    9) Si el fisco pierde, devuelve con interesesSi una determinación es anulada por decisión firme a favor del contribuyente, se restablece la presunción de exactitud y ARCA debe reintegrar lo pagado en un plazo de 45 días hábiles. El punto débil es que la tasa aplicada será la de repetición, que es la más baja del sistema.
    10) Perdón de multasEsta medida beneficia a quienes regularizaron antes de ingresar al régimen, a cambio de no presentar reclamos posteriores. Quienes pagaron el tributo e intereses por ajustes previos antes de adherir quedan eximidos de multas por omisión o defraudación, pero deben renunciar a reclamar lo pagado. Conviene para quienes enfrentaban ajustes indiscutibles, pero no para aquellos que contaban con defensas sólidas de fondo.

  • ARCA canceló la habilitación del depósito fiscal de Terminal Puerto Concepción del Uruguay – El Miércoles Digital

    ARCA canceló la habilitación del depósito fiscal de Terminal Puerto Concepción del Uruguay – El Miércoles Digital

    ARCA canceló la habilitación del depósito fiscal de Terminal Puerto Concepción del Uruguay – El Miércoles Digital

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió cancelar la habilitación del depósito fiscal general que operaba la firma Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA en Concepción del Uruguay, en el marco del proceso de quiebra que atraviesa la compañía.
    La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 14/2026, publicada este 21 de mayo en el Boletín Oficial de la Nación, y alcanza al predio ubicado en Avenida Paysandú 200 de La Histórica, bajo la órbita de la División Aduana Concepción del Uruguay.
    Según detalla la normativa, la empresa había sido habilitada originalmente como depósito fiscal mediante una actuación iniciada en 2011. Sin embargo, mientras avanzaba el trámite de adecuación a las nuevas exigencias establecidas por la Resolución General AFIP 4352/2018, la firma entró en estado de quiebra, dando origen al expediente judicial “Terminal Puerto Concepción del Uruguay SA s/ Quiebra”.
    En ese contexto, el pasado 24 de abril, el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Concursos, Quiebras y Procesos de Ejecución dispuso la entrega del predio al presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay y ordenó el cese de la custodia sobre los inmuebles afectados al depósito fiscal.
    La Aduana informó además que el depósito se encontraba “a plan barrido”, es decir, sin mercadería almacenada ni operaciones pendientes. También se verificó que la empresa no mantenía deudas aduaneras líquidas y exigibles vinculadas a su rol como permisionaria del espacio.
    A partir de esos antecedentes, y con dictámenes favorables de las áreas técnicas y jurídicas de ARCA, el organismo resolvió dejar sin efecto la habilitación del depósito fiscal, en línea con lo previsto por la normativa vigente para este tipo de instalaciones aduaneras.
    La cancelación implica que el predio dejará de operar oficialmente como depósito fiscal habilitado, una figura clave dentro de la logística del comercio exterior, ya que permite almacenar mercaderías bajo control aduanero antes de su nacionalización, exportación o tránsito. La medida también refleja el impacto que las dificultades financieras y judiciales pueden tener sobre la infraestructura vinculada al sistema portuario y aduanero regional.
    El caso adquiere relevancia para la actividad logística y exportadora de Entre Ríos, dado que el Puerto de Concepción del Uruguay forma parte de la red operativa de la Hidrovía y tiene participación en movimientos de cargas agrícolas e industriales del litoral argentino.
     

     
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  • Frigerio expuso su pacto fiscal para eliminar retenciones y otros impuestos al agro – El Miércoles Digital

    Frigerio expuso su pacto fiscal para eliminar retenciones y otros impuestos al agro – El Miércoles Digital

    Frigerio expuso su pacto fiscal para eliminar retenciones y otros impuestos al agro – El Miércoles Digital

    En el marco de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro) 2026 -organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)-, el gobernador Rogelio Frigerio reclamó de manera urgente un cambio en la matriz impositiva nacional para liberar el potencial del sector agropecuario y consideró que el Estado debe dejar de ser un obstáculo, para convertirse en un facilitador de la inversión privada.
    La jornada se realizó en la sede de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario provincial participó del panel “Acción de las provincias en una Argentina distinta: El rol de los gobiernos provinciales en el nuevo escenario productivo”, junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Río Negro, Alberto Weretilneck. El encuentro fue encabezado por el presidente de CRA, Carlos Castagnani; y el vicepresidente primero, el entrerriano José Colombatto; entre otras autoridades de la entidad, consignó el portal oficial de la Provincia.
    “No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones”, dijo Frigerio ante los referentes institucionales, empresariales y económicos que participaron de la jornada, al tiempo que advirtió que, a pesar de que el campo está logrando una cosecha récord, la rentabilidad sigue siendo escasa, una situación que calificó como responsabilidad del Estado.
    “Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad”, sentenció y subrayó que, mientras el productor hace todo bien “de la tranquera hacia adentro”, el sector público debe colaborar para que ese esfuerzo sea recompensado.
     

    “No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones”, enfatizó el gobernador Frigerio.
    Un nuevo acuerdo fiscal federal
    En ese marco, el gobernador entrerriano propuso al gobierno nacional y a sus pares un acuerdo fiscal federal para proyectar una política tributaria con “sentido común” a largo plazo. Según manifestó, es imperativo eliminar de forma coordinada entre Nación, provincias y municipios, aquellos impuestos que no existen en otros países y que frenan el crecimiento, destacó el portal oficial de la Provincia.
    En su planteo, estableció una escala de prioridades clara: A nivel nacional, reiteró la necesidad en primer lugar de eliminar las “malditas retenciones”, además del impuesto al cheque, para favorecer el financiamiento y el capital de trabajo. A nivel provincial, propuso la baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos; y a nivel municipal, instó a revisar las tasas que funcionan como “impuestos disfrazados”.
    El modelo de gestión de Entre Ríos
    Luego, Frigerio destacó las acciones implementadas en la provincia para fomentar la competitividad, entre ellas los incentivos a la inversión: “Entre Ríos cuenta con un régimen propio donde las nuevas inversiones no pagan ningún impuesto provincial por 15 años (extensible a 20), lo que ya atrajo a más de 150 empresas y compromisos por más de 300.000 millones de pesos”, dijo.
    En materia de infraestructura y logística, resaltó que en la próxima licitación Entre Ríos va a formar parte por primera vez de la Hidrovía, así como la reactivación en marcha de los puertos de Concepción del Uruguay, La Paz, Diamante e Ibicuy para reducir costos logísticos, publicó el portal oficial de la Provincia.
    También bregó por la apertura de mercados, y mencionó como un hito la reciente exportación de miel entrerriana a Alemania bajo el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la primera en el país desde su firma.
    Finalmente, Frigerio reafirmó que el sector agropecuario es la “locomotora de la recuperación” de la economía argentina y que el camino para salir adelante es trabajar de manera coordinada para terminar con una matriz impositiva que ha sido un impedimento para crecer durante décadas.

     
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