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  • FBI y Google frenan estafa masiva que robó datos bancarios

    FBI y Google frenan estafa masiva que robó datos bancarios

    FBI y Google frenan estafa masiva que robó datos bancarios

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    El FBI y Google colaboraron para desmantelar una masiva campaña de phishing que utilizaba inteligencia artificial y millones de sitios web fraudulentos para robar contraseñas y datos de tarjetas de crédito. Según informó Bleeping Computer, el grupo detrás de esta operación criminal operaba desde China y afectó a miles de usuarios en todo el mundo.

    El grupo de ciberdelincuentes, conocido como Outsider Enterprise, ofrecía un servicio de phishing como producto (PhaaS, por sus siglas en inglés), un modelo de negocio presente en la dark web que provee kits de ataque listos para usar. Esto permitía a quienes contrataban el servicio lanzar ataques sin necesidad de contar con conocimientos técnicos.
    Los kits de phishing estaban diseñados para suplantar la identidad de empresas reconocidas, entre ellas las operadoras de telefonía Verizon, AT&T y T-Mobile. Desde 2023, Outsider Enterprise operó a gran escala con alrededor de 9.000 sitios web falsos y más de un millón de URLs fraudulentas. El FBI informó que estas campañas derivaron en el robo de más de 3.8 millones de registros de tarjetas bancarias, generando pérdidas estimadas en 1.900 millones de dólares.
    La desarticulación de esta red fue parte de la Operación Riptide, un programa del FBI destinado a combatir múltiples amenazas contra la seguridad digital. En el marco de esta intervención, se incautaron servidores y cuentas utilizadas para testear los servicios fraudulentos.
    Google, que presentó una demanda civil contra el grupo de origen chino, indicó que estas operaciones afectaron a miles de usuarios a nivel global. La compañía detalló que Outsider Enterprise coordinaba sus acciones a través de Telegram y distribuía kits de phishing que facilitaban el envío de mensajes de texto falsos, simulando ser comunicaciones oficiales de Google y otras marcas de confianza.

  • 203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción
    Una multitud de estudiantes, trabajadores, docentes, nodocentes y gente de a pie participó de la 4° Marcha Federal Universitaria que se realizó en Concepción del Uruguay y en todo el país, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue sancionada por el Congreso hace siete meses, pero que el Ejecutivo se resiste a aplicar.0Encabezados por el gran cartel de la Mesa Universitaria local, las consignas de UNER, UADER y UTN se entremezclaban en la columna de marchantes, apenas inferior a aquella primera e histórica marcha. Además, contó con el apoyo de diferentes gremios y agrupaciones de izquierda, la CGT, AGMER, ATE y CTA, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la aplicación del presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Se reivindicó la educación pública, gratuita y federal, a la que la dura política implementada desde el gobierno nacional expulsa cualquier esperanza, destrozando sueños y futuros de cientos de gurises a lo largo de todo el país.De acuerdo con medios capitalinos más cercanos al poder, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que “el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto”. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que, en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes, fue considerada “una bicoca”.Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6 %: en ese período la inflación fue del 293 %, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160 %.De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6 %, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12 % en tres cuotas, con la última recién en septiembre.
    CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

    Concepción del Uruguay, martes 12 de mayo de 2026
    El 21 de agosto de 2025 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, coronando en el terreno legislativo un largo y sostenido proceso de diálogo y búsqueda de consensos para lograr una norma que contribuya a mitigar el dramático escenario que atraviesan actualmente las universidades nacionales. Aquella conquista, claro está, no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de las comunidades universitarias que, junto a la sociedad argentina, salieron masivamente a las calles en todo el país durante las históricas marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
    Tal y como había ocurrido con el primer proyecto, el Poder Ejecutivo volvió a vetar la ley de manera infame y esgrimiendo una vez más argumentos falaces, los cuales no hacían más que dejar en evidencia el desprecio manifiesto del gobierno por la educación pública. Sin embargo, gracias a la imponente muestra de apoyo expresada en la tercera marcha federal del 17 de septiembre de 2025, en esta oportunidad logramos que las y los legisladores de ambas cámaras insistan con la ley, alcanzando la mayoría especial necesaria para rechazar el veto presidencial. Fue entonces que el gobierno redobló su apuesta y suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, por decreto y en forma unilateral, burlándose nuevamente de las instituciones republicanas.
    Al día de hoy, y con una medida cautelar que ordenaba la inmediata ejecución de los artículos más importantes de la ley, aquellos relacionados con los salarios y las becas, el gobierno de Javier Milei lleva exactamente 203 días incumpliendo una ley de la nación, violentando el estado de derecho y negando la voluntad popular. Incluso ayer mismo, mientras preparábamos esta movilización, nos enteramos de que el Poder Ejecutivo volvió a aplicar un recorte presupuestario sobre la educación y el sistema universitario.
    Desde que asumió la presidencia, no ha dejado de profundizar su feroz plan de ajuste, vaciamiento y ataque sistemático contra la educación pública, la ciencia, la tecnología y el conjunto de las instituciones estatales abocadas a garantizar derechos para las grandes mayorías. Hoy volvemos a señalar que el conflicto se agrava más y más con cada día que transcurre sin que se cumpla la ley. La situación presupuestaria de las universidades públicas es dramática y la realidad material de sus trabajadores se ha tornado desesperante. Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una reducción cercana al 45% y los gastos de funcionamiento cayeron más de un 57%, mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes y no docentes acumula una pérdida real en torno al 43%, llevando los salarios universitarios a uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
    Debemos decirlo sin eufemismos ni rodeos: hoy la enorme mayoría de quienes sostenemos diariamente las universidades públicas, y tenemos además la responsabilidad de formar a cientos de miles de profesionales para el país, debemos subsistir con salarios por debajo de la línea pobreza, cuando no directamente de indigencia. Esta realidad no sólo menoscaba nuestras condiciones materiales de existencia: también expulsa a miles de docentes e investigadores de las universidades, multiplica la sobrecarga y el pluriempleo, afecta nuestra salud mental y contribuye a deteriorar aún más el derecho social a la educación.
    Asistimos también al desmantelamiento de políticas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia estudiantil. Mientras se recortaron cientos de miles de becas, el monto permanece congelado desde hace más de un año en cifras absolutamente insuficientes frente al creciente costo de vida. En un contexto social cada vez más desigual, miles de jóvenes ven amenazada la posibilidad concreta de continuar estudiando, problema que se ve agravado por los recortes en el transporte público y su impacto sobre el boleto estudiantil, imprescindible para que los sectores más vulnerables puedan trasladarse diariamente a las instituciones educativas.
    Pero hoy estamos defendiendo mucho más que salarios, becas y partidas presupuestarias. Nuestra pelea también es por el presente y futuro de un sistema universitario que es emblema de la Argentina en todo el mundo, que conjuga la excelencia académica con la inclusión social y que a lo largo de nuestra historia se ha consolidado como una poderosa herramienta de movilidad social ascendente, la cual permite a los hijos e hijas de la clase trabajadora formarse y obtener un título sin importar su origen. Por eso, esta pelea excede largamente a la comunidad universitaria, porque la crisis del sistema educativo repercute sobre toda la sociedad, afecta la producción, debilita la soberanía nacional y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y cultural de nuestra patria.
    Todo esto ocurre mientras el gobierno pretende instalar discursos de odio, desprestigio y persecución contra las universidades. Mienten cuando intentan acusar a nuestras instituciones de adoctrinamiento y cuando hablan de privilegios, buscando de este modo enfrentar a la sociedad con instituciones que son verdaderos espacios democráticos y plurales en los que conviven a diario diversas ideas y concepciones. La universidad pública enseña, investiga y genera lazos de cooperación con la comunidad; desarrolla vacunas y satélites, analiza y protege el vasto ambiente natural; estudia y comprende las relaciones sociales y culturales de la población; aporta a la economía y al desarrollo productivo; forma a trabajadoras y trabajadores calificados que educan a nuestros gurises en las escuelas y nos brindan atención en los hospitales; construyen puentes, puertos y viviendas; democratizan a diario la información y el conocimiento.
    Desde Concepción del Uruguay, ciudad universitaria y polo educativo de referencia para toda la región, denunciamos también la absoluta complicidad del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio, cuyas políticas de ajuste y empobrecimiento hacia la clase trabajadora se expresan cada vez con más crudeza sobre la educación pública. Hoy la universidad provincial y sus trabajadores viven en un estado de precariedad edilicia, presupuestaria y salarial verdaderamente agobiante, albergando a miles de estudiantes que llevan años exigiendo edificios propios para cursar sus carreras, así como docentes y no docentes que deben ejercer su tarea bajo condiciones inadmisibles de precariedad laboral e incertidumbre económica. Todo ello es responsabilidad de un gobierno provincial enfermo, aliado incondicional del gobierno nacional en su plan de destrucción del Estado que es patrimonio de todos y todas.
    Nuestra ciudad sabe muy bien lo que representa la educación pública. Lo sabe porque sus aulas recibieron históricamente a generaciones de jóvenes de toda la región, porque gran parte de su identidad cultural, social y económica está profundamente ligada a la presencia de las universidades y de las instituciones educativas. Y lo sabe también porque cada familia trabajadora entiende que sin educación pública el futuro se vuelve un privilegio reservado para unos pocos. ¡Por eso hoy también están presentes numerosas familias, vecinas y vecinos que vinieron hasta acá para defender sus derechos!
    Marchamos junto a otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de ajuste, hambre, entrega y exclusión. Marchamos junto a las y los jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, junto a las personas con discapacidad cuyos derechos son vulnerados, junto a quienes sostienen y defienden el sistema de salud, la ciencia nacional, los medios públicos, la cultura, el trabajo y la producción argentina. Marchamos junto a las y los trabajadores despedidos del Estado nacional, el CONICET, el INTI, el INTA, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional y de tantos organismos estratégicos para nuestro país. Lo hacemos también junto a docentes de todos los niveles educativos, porque desde el primer momento esta lucha ha sido por la educación en su más amplia extensión, desde el jardín hasta la universidad. Y marchamos junto a pequeños productores, cooperativistas, monotributistas, trabajadores informales y pequeños comerciantes que padecen las consecuencias devastadoras de un modelo económico que destruye empleo, producción y soberanía. Del mismo modo, volvemos a denunciar las consecuencias de una reforma laboral que profundiza la precariedad y facilita los despidos, acumulando cientos de miles de trabajadores del sector privado que han perdido su empleo, trabajadores cuyos hijos e hijas también forman parte de la apuesta por la educación y la universidad pública.
    Porque la lucha es una sola y la unidad es nuestra mejor defensa para resistir el embate de aquellos que nos quieren humillados, silenciados y subordinados a los intereses del gran capital explotador y extranjerizante.
    Defender la universidad pública es defender también un proyecto de país con justicia social, igualdad, libertad y democracia; es decirle no a la resignación, al individualismo y a la crueldad como política de Estado.
    Por todo esto, hoy volvemos a alzar nuestras voces en un grito unificado, con convicción y con esperanza:

    Por el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
    Por salarios que permitan a las y los trabajadores docentes y no docentes universitarios salir de la pobreza.
    Por un presupuesto acorde sostener las funciones de docencia, investigación y extensión.
    Por la urgente actualización y ampliación de las becas estudiantiles y el acceso pleno al boleto estudiantil.
    Por la promoción de la ciencia, la tecnología y la soberanía nacional.
    Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles, desde el jardín hasta la universidad.
    Por el respeto a las instituciones democráticas y al mandato popular.
    Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la exclusión y los discursos de odio.
    Por una universidad pública, gratuita, científica, democrática, inclusiva, feminista, crítica y popular, siempre al servicio del pueblo argentino.

    Porque los destinos de la universidad pública están estrechamente ligados con los intereses de nuestro pueblo, hoy el pueblo vuelve a salir a la calle para defenderla y gritar fuerte:
    ¡UNIVERSIDAD PÚBLICA, SIEMPRE!
    MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

    Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDU
    Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMER
    Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNER
    Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTN
    Asociación de Trabajadores del Estado | ATE
    Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | FAGDUT
    Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | CEFHAyCS
    Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | SIDUT

    Fotos y video gentileza UTN

  • «La mecha está encendida»: Masiva movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

    «La mecha está encendida»: Masiva movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

    «La mecha está encendida»: Masiva movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

    «La mecha está encendida»: Masiva movilización en defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

    Bajo una lluvia de cánticos y banderas, la Intersindical copó la Plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno y APFDigital estuvo ahí. Los gremios denunciaron un intento de «armonización» con el sistema nacional y advirtieron que no aceptarán recortes al 82% móvil. «A los legisladores los iremos a buscar», sentenciaron desde el escenario.
    Este jueves cerca de las 11 comenzaron a llegar las columnas de las entidades que forman parte de la Intersindical en Defensa de la Caja de Jubilaciones, también acompañaron otros sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales. Estuvieron presentes dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) – Regional Paraná y de la Central de Trabajadores y de la Argentina (CTA) Autónoma y la de los Trabajadores.
    El ritmo de «Bella Ciao» no hablaba esta vez de la resistencia italiana, sino de la entrerriana. «Acá está el pueblo organizado para luchar, para decirle a este gobierno que no nos va a pisotear», tronaba en el centro de la Plaza Mansilla mientras las columnas terminaban de confluir.
    La postal fue de una unidad histórica: guardapolvos blancos de docentes que «desempolvaron» sus prendas de lucha, pecheras estatales y jubilados que volvieron a la calle para defender la Ley 8732.
    La movilización fue un mensaje directo al despacho de Rogelio Frigerio: “La Caja no se vende”, rezaban las pancartas, mientras un dirigente alentaba con ironía: «Que se escuche hasta Recoleta».
    La movilización también tuvo su reflejo en el ingenio popular reflejada en los carteles y los cánticos de protesta. La multitud entonó estrofas como “aunque digan que no, les llenamos la plaza a este porteño ajustador” y consignas en defensa de los derechos básicos: “No es con ajuste ni represión, es con trabajo, con salud y educación”.
    Como detalle, el tradicional reclamo docente a “Che Frigerio” sumó nuevas letras que reflejan la urgencia del sector: “Si nos tocás la caja que quilombo se va a armar”, rezaba una de las estrofas, mientras otra remataba con un contundente “no llegamos a fin de mes”.
    Reforma previsional: La Intersindical realizará una movilización provincial en rechazo al proyecto
    La mística del guardapolvo y el «ajuste porteño»
    El acto comenzó tras la entonación del Himno Nacional. El primero en tomar la palabra fue el Secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, quien recordó que la lucha actual es también un homenaje a la historia. «Acá están las cocineras de escuela que nos esperaban con el mate cocido caliente. Me conmovió una maestra de Islas del Ibicuy que fue ayunante en los 90 y hoy volvió a ponerse el guardapolvo para decir que la Caja no se toca», relató.
    Antivero subió el tono al denunciar «prácticas nazis» por parte del Ejecutivo, acusando la instalación de mentiras en la opinión pública y señalando la existencia de una «Gestapo» en el Consejo General de Educación por el inicio de sumarios a directivos que adhirieron a medidas de fuerza.
     
    El «experimento» de los sueldos en negro
    Desde lo técnico el titular de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, apuntó contra el discurso oficial sobre el déficit previsional. «El primer paso para normalizar la Caja es que el Gobierno Provincial y los municipios dejen de pagar sueldos en negro. No pagan aportes y después dicen que hay déficit», denunció.
    Mientras Segura hablaba, un grupo de presentes lo interrumpieron, corearon “Allende si se vende” y varios insultaron al Secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
    Una vez que retomó la palabra, Segura alertó sobre el corazón de la reforma: «El gobernador dice que defiende el 82%, pero quieren calcularlo sobre el promedio de los 30 años de actividad. Al dividir por 360 meses, incluyendo los años de categorías bajas sin antigüedad, la jubilación real caerá al 60%. Quieren eliminar la movilidad y el enganche con el activo».
    Advertencia a los legisladores
    El cierre del acto estuvo a cargo del Secretario General de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, quien inició su discurso con una fuerte interpelación a la gestión provincial: «Se creían que nos íbamos a quedar quietos, que nos iban a llevar puestos. Aquí les demostramos que la unidad es lo que va a vencer».
    Muntes fue el encargado de marcar la hoja de ruta de la Multisectorial, aclarando que la movilización es solo el inicio de un conflicto mayor: «Esta es la primera etapa del plan de lucha. Vamos a militar cada uno de los rincones de la provincia porque no van a pasar, no van a reformar la ley en contra de los trabajadores».
    Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la interpelación directa al arco político: «Queremos escuchar a todos, que nos digan qué es lo que piensan del ajuste de Frigerio. ¿Qué hacen algunos que están extremadamente callados y se hacen los tontos? Que digan qué piensan los partidos políticos y la liga de intendentes. Acá está el pueblo y no va a aguantar ninguna reforma».
    La voz universitaria y el rechazo a la «pandemia» del ajuste
    Por su parte la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), Sofía Cáceres Sforza, vinculó el conflicto con el escenario nacional. «El plan de Frigerio no es más que el plan de Milei en nuestra provincia», afirmó, denunciando que mientras un docente ingresante cobra 200 mil pesos, el gobierno aduce falta de fondos pero «le saca impuestos a los sectores concentrados». La dirigente aprovechó para convocar a la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, denunciando la «pandemia de gobiernos ajustadores»
    Documento Multisectorial: «Plata hay»
    Hacia el final, referentes de los gremios procedieron a la lectura del documento unificado de la Intersindical:
    «Los entrerrianos y entrerrianas nos encontramos ante una propuesta de reforma previsional que nos preocupa, nos convoca y nos une en la defensa de lo que forma parte de la salud, dignidad y felicidad de los trabajadores y jubilados. La mencionada reforma, tal como se presenta, agrede derechos, retrotrae históricas conquistas que la comunidad organizada supo alcanzar. La Ley 8732 es producto de la lucha organizada de la clase trabajadora, activos y jubilados, para preservar los derechos previsionales”.
    “Reivindicamos el sentido solidario y generacional de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones provinciales como un logro colectivo, sostenido por normas expresadas en la 8732 y en nuestra Constitución. Respecto a su financiamiento, las obligaciones de los gobiernos, el cálculo del haber y el acceso a una jubilación digna y plena, rechazamos clara y enfáticamente la reforma que implica la pérdida de derechos vigentes”.
    “Los tiempos difíciles que atravesamos exigen un diagnóstico certero y una respuesta responsable. Los trabajadores activos y jubilados no somos responsables de los desequilibrios y del desfinanciamiento. Por el contrario, hemos sido víctimas de decisiones erróneas, manejos ajenos y arbitrariedades que transitan por la ilegalidad. El artículo 82 de la Constitución Provincial es claro: todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones. El gobierno incumple este mandato constitucional”.
    “Hoy nuestras futuras jubilaciones y el sostenimiento de un sistema solidario se ven desfinanciados por decretos unilaterales e imposiciones con montos no remunerativos ni bonificables. El congelamiento salarial frente a la inflación empobrece y desfinancia. Queremos aumento ya, ningún monto en negro es nuestro salario”.
    “Sostenemos que existen alternativas reales para mantener la vigencia de la Ley 8732. Nuestra Constitución consagra el principio de equidad: ‘quien más tiene, más aporta’. Nos quieren hacer creer que recursos no hay, pero nosotros decimos que plata hay. A los que más recursos tienen los han eximido de pagar impuestos por autos híbridos y eléctricos por cinco años. El Estado debe compensar su supuesto déficit; es su deber gobernar para la mayoría”.
    “Claramente la propuesta de reforma es regresiva. No vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro de nuestros trabajadores. Exigimos a los legisladores que estén a la altura de las circunstancias. Defender la Caja es defender la dignidad, el presente y el futuro de Entre Ríos».
    El documento lo firmaron: La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, el Centro de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, el Centro de Docentes Jubilados de Paraná, Agmer, ATE, AJER, Sitradu, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Personal Jerárquico de la Municipalidad de Paraná (APS), La Bancaria – Seccional Paraná, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), el Sindicato de Trabajadores Viales de Entre Ríos y la Unión del Personal Túnel Subfluvial (UPTH).
    Antes de finalizar la jornada, la Intersindical ratificó la invitación a los presentes a que acompañen la próxima marcha universitaria. La movilización concluyó con los acordes de «Se viene» de Bersuit Vergarabat. (APFDigital)