203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción
Una multitud de estudiantes, trabajadores, docentes, nodocentes y gente de a pie participó de la 4° Marcha Federal Universitaria que se realizó en Concepción del Uruguay y en todo el país, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue sancionada por el Congreso hace siete meses, pero que el Ejecutivo se resiste a aplicar.0Encabezados por el gran cartel de la Mesa Universitaria local, las consignas de UNER, UADER y UTN se entremezclaban en la columna de marchantes, apenas inferior a aquella primera e histórica marcha. Además, contó con el apoyo de diferentes gremios y agrupaciones de izquierda, la CGT, AGMER, ATE y CTA, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la aplicación del presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Se reivindicó la educación pública, gratuita y federal, a la que la dura política implementada desde el gobierno nacional expulsa cualquier esperanza, destrozando sueños y futuros de cientos de gurises a lo largo de todo el país.De acuerdo con medios capitalinos más cercanos al poder, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que “el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto”. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que, en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes, fue considerada “una bicoca”.Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6 %: en ese período la inflación fue del 293 %, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160 %.De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6 %, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12 % en tres cuotas, con la última recién en septiembre.
CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA
Concepción del Uruguay, martes 12 de mayo de 2026
El 21 de agosto de 2025 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, coronando en el terreno legislativo un largo y sostenido proceso de diálogo y búsqueda de consensos para lograr una norma que contribuya a mitigar el dramático escenario que atraviesan actualmente las universidades nacionales. Aquella conquista, claro está, no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de las comunidades universitarias que, junto a la sociedad argentina, salieron masivamente a las calles en todo el país durante las históricas marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
Tal y como había ocurrido con el primer proyecto, el Poder Ejecutivo volvió a vetar la ley de manera infame y esgrimiendo una vez más argumentos falaces, los cuales no hacían más que dejar en evidencia el desprecio manifiesto del gobierno por la educación pública. Sin embargo, gracias a la imponente muestra de apoyo expresada en la tercera marcha federal del 17 de septiembre de 2025, en esta oportunidad logramos que las y los legisladores de ambas cámaras insistan con la ley, alcanzando la mayoría especial necesaria para rechazar el veto presidencial. Fue entonces que el gobierno redobló su apuesta y suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, por decreto y en forma unilateral, burlándose nuevamente de las instituciones republicanas.
Al día de hoy, y con una medida cautelar que ordenaba la inmediata ejecución de los artículos más importantes de la ley, aquellos relacionados con los salarios y las becas, el gobierno de Javier Milei lleva exactamente 203 días incumpliendo una ley de la nación, violentando el estado de derecho y negando la voluntad popular. Incluso ayer mismo, mientras preparábamos esta movilización, nos enteramos de que el Poder Ejecutivo volvió a aplicar un recorte presupuestario sobre la educación y el sistema universitario.
Desde que asumió la presidencia, no ha dejado de profundizar su feroz plan de ajuste, vaciamiento y ataque sistemático contra la educación pública, la ciencia, la tecnología y el conjunto de las instituciones estatales abocadas a garantizar derechos para las grandes mayorías. Hoy volvemos a señalar que el conflicto se agrava más y más con cada día que transcurre sin que se cumpla la ley. La situación presupuestaria de las universidades públicas es dramática y la realidad material de sus trabajadores se ha tornado desesperante. Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una reducción cercana al 45% y los gastos de funcionamiento cayeron más de un 57%, mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes y no docentes acumula una pérdida real en torno al 43%, llevando los salarios universitarios a uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
Debemos decirlo sin eufemismos ni rodeos: hoy la enorme mayoría de quienes sostenemos diariamente las universidades públicas, y tenemos además la responsabilidad de formar a cientos de miles de profesionales para el país, debemos subsistir con salarios por debajo de la línea pobreza, cuando no directamente de indigencia. Esta realidad no sólo menoscaba nuestras condiciones materiales de existencia: también expulsa a miles de docentes e investigadores de las universidades, multiplica la sobrecarga y el pluriempleo, afecta nuestra salud mental y contribuye a deteriorar aún más el derecho social a la educación.
Asistimos también al desmantelamiento de políticas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia estudiantil. Mientras se recortaron cientos de miles de becas, el monto permanece congelado desde hace más de un año en cifras absolutamente insuficientes frente al creciente costo de vida. En un contexto social cada vez más desigual, miles de jóvenes ven amenazada la posibilidad concreta de continuar estudiando, problema que se ve agravado por los recortes en el transporte público y su impacto sobre el boleto estudiantil, imprescindible para que los sectores más vulnerables puedan trasladarse diariamente a las instituciones educativas.
Pero hoy estamos defendiendo mucho más que salarios, becas y partidas presupuestarias. Nuestra pelea también es por el presente y futuro de un sistema universitario que es emblema de la Argentina en todo el mundo, que conjuga la excelencia académica con la inclusión social y que a lo largo de nuestra historia se ha consolidado como una poderosa herramienta de movilidad social ascendente, la cual permite a los hijos e hijas de la clase trabajadora formarse y obtener un título sin importar su origen. Por eso, esta pelea excede largamente a la comunidad universitaria, porque la crisis del sistema educativo repercute sobre toda la sociedad, afecta la producción, debilita la soberanía nacional y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y cultural de nuestra patria.
Todo esto ocurre mientras el gobierno pretende instalar discursos de odio, desprestigio y persecución contra las universidades. Mienten cuando intentan acusar a nuestras instituciones de adoctrinamiento y cuando hablan de privilegios, buscando de este modo enfrentar a la sociedad con instituciones que son verdaderos espacios democráticos y plurales en los que conviven a diario diversas ideas y concepciones. La universidad pública enseña, investiga y genera lazos de cooperación con la comunidad; desarrolla vacunas y satélites, analiza y protege el vasto ambiente natural; estudia y comprende las relaciones sociales y culturales de la población; aporta a la economía y al desarrollo productivo; forma a trabajadoras y trabajadores calificados que educan a nuestros gurises en las escuelas y nos brindan atención en los hospitales; construyen puentes, puertos y viviendas; democratizan a diario la información y el conocimiento.
Desde Concepción del Uruguay, ciudad universitaria y polo educativo de referencia para toda la región, denunciamos también la absoluta complicidad del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio, cuyas políticas de ajuste y empobrecimiento hacia la clase trabajadora se expresan cada vez con más crudeza sobre la educación pública. Hoy la universidad provincial y sus trabajadores viven en un estado de precariedad edilicia, presupuestaria y salarial verdaderamente agobiante, albergando a miles de estudiantes que llevan años exigiendo edificios propios para cursar sus carreras, así como docentes y no docentes que deben ejercer su tarea bajo condiciones inadmisibles de precariedad laboral e incertidumbre económica. Todo ello es responsabilidad de un gobierno provincial enfermo, aliado incondicional del gobierno nacional en su plan de destrucción del Estado que es patrimonio de todos y todas.
Nuestra ciudad sabe muy bien lo que representa la educación pública. Lo sabe porque sus aulas recibieron históricamente a generaciones de jóvenes de toda la región, porque gran parte de su identidad cultural, social y económica está profundamente ligada a la presencia de las universidades y de las instituciones educativas. Y lo sabe también porque cada familia trabajadora entiende que sin educación pública el futuro se vuelve un privilegio reservado para unos pocos. ¡Por eso hoy también están presentes numerosas familias, vecinas y vecinos que vinieron hasta acá para defender sus derechos!
Marchamos junto a otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de ajuste, hambre, entrega y exclusión. Marchamos junto a las y los jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, junto a las personas con discapacidad cuyos derechos son vulnerados, junto a quienes sostienen y defienden el sistema de salud, la ciencia nacional, los medios públicos, la cultura, el trabajo y la producción argentina. Marchamos junto a las y los trabajadores despedidos del Estado nacional, el CONICET, el INTI, el INTA, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional y de tantos organismos estratégicos para nuestro país. Lo hacemos también junto a docentes de todos los niveles educativos, porque desde el primer momento esta lucha ha sido por la educación en su más amplia extensión, desde el jardín hasta la universidad. Y marchamos junto a pequeños productores, cooperativistas, monotributistas, trabajadores informales y pequeños comerciantes que padecen las consecuencias devastadoras de un modelo económico que destruye empleo, producción y soberanía. Del mismo modo, volvemos a denunciar las consecuencias de una reforma laboral que profundiza la precariedad y facilita los despidos, acumulando cientos de miles de trabajadores del sector privado que han perdido su empleo, trabajadores cuyos hijos e hijas también forman parte de la apuesta por la educación y la universidad pública.
Porque la lucha es una sola y la unidad es nuestra mejor defensa para resistir el embate de aquellos que nos quieren humillados, silenciados y subordinados a los intereses del gran capital explotador y extranjerizante.
Defender la universidad pública es defender también un proyecto de país con justicia social, igualdad, libertad y democracia; es decirle no a la resignación, al individualismo y a la crueldad como política de Estado.
Por todo esto, hoy volvemos a alzar nuestras voces en un grito unificado, con convicción y con esperanza:
Por el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por salarios que permitan a las y los trabajadores docentes y no docentes universitarios salir de la pobreza.
Por un presupuesto acorde sostener las funciones de docencia, investigación y extensión.
Por la urgente actualización y ampliación de las becas estudiantiles y el acceso pleno al boleto estudiantil.
Por la promoción de la ciencia, la tecnología y la soberanía nacional.
Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles, desde el jardín hasta la universidad.
Por el respeto a las instituciones democráticas y al mandato popular.
Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la exclusión y los discursos de odio.
Por una universidad pública, gratuita, científica, democrática, inclusiva, feminista, crítica y popular, siempre al servicio del pueblo argentino.
Porque los destinos de la universidad pública están estrechamente ligados con los intereses de nuestro pueblo, hoy el pueblo vuelve a salir a la calle para defenderla y gritar fuerte:
¡UNIVERSIDAD PÚBLICA, SIEMPRE!
MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDU
Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMER
Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNER
Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTN
Asociación de Trabajadores del Estado | ATE
Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | FAGDUT
Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | CEFHAyCS
Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | SIDUT
Fotos y video gentileza UTN
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