El Gobierno busca desactivar la polémica por discapacidad y negocia cambios al Presupuesto 2027 – Arriba Noticias
El Gobierno nacional inició una negociación contrarreloj para reformular el capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027, luego de las fuertes críticas que despertó entre legisladores aliados y organizaciones del sector.
La controversia se desató cuando trascendió que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo eliminaba mecanismos vigentes de actualización de prestaciones, modificaba los criterios de acceso a pensiones por discapacidad y habilitaba cambios en el sistema de aranceles que perciben los prestadores. La situación impactó de lleno en las conversaciones que el oficialismo mantenía con el Pro, la UCR y bloques provinciales para impulsar una alternativa a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.
Frente a ese escenario, en la Casa Rosada comenzaron a diseñar una salida negociada. Según las versiones coincidentes, el oficialismo ya les transmitió a sus aliados que los puntos más cuestionados del proyecto original serán revisados y que el objetivo es llegar a un texto consensuado que permita evitar una derrota parlamentaria, precisó Parlamentario.
La estrategia del Gobierno apunta a reemplazar el esquema de emergencia vigente por un marco normativo permanente. La argumentación oficial sostiene que las prórrogas sucesivas de la emergencia generan reglas transitorias y dificultan una planificación de largo plazo, mientras que una ley de fondo permitiría establecer mecanismos estables de financiamiento, control y actualización de prestaciones.
En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador de prestaciones por discapacidad. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
Otro de los puntos centrales de la negociación es el acceso a las pensiones no contributivas. El Gobierno insiste en avanzar hacia criterios más restrictivos y reforzar los controles para su otorgamiento. La idea es que el Certificado Único de Discapacidad no implique automáticamente el acceso al beneficio y que se evalúe además el grado de afectación laboral y la situación socioeconómica del solicitante.
No obstante, fuentes parlamentarias señalan que uno de los reclamos de los bloques dialoguistas ya habría sido aceptado: la posibilidad de compatibilizar las pensiones con el empleo formal. El proyecto original enviado junto con el Presupuesto establecía incompatibilidad absoluta entre ambas situaciones, un punto que generó fuertes objeciones.
Las conversaciones también abarcan la situación de los prestadores de servicios de discapacidad, que reclaman compensaciones por atrasos acumulados durante 2024. Legisladores del Pro y de la UCR vienen exigiendo precisiones sobre la forma en que el Gobierno piensa afrontar esas diferencias y buscan que cualquier acuerdo incorpore mecanismos claros de reconocimiento y pago.
La polémica produjo además tensiones internas dentro del oficialismo. Con Patricia Bullrich a la cabeza, dirigentes que venían participando de las negociaciones parlamentarias quedaron sorprendidos por el contenido final del capítulo incorporado al Presupuesto y se abrieron cuestionamientos sobre la coordinación entre las áreas políticas y económicas del Gobierno.
Pese al conflicto, tanto en la Casa Rosada como entre los bloques aliados aseguran que el diálogo continúa y que la intención es arribar a un dictamen común en los próximos días. La premisa que circula en las conversaciones es que el texto definitivo que obtenga consenso parlamentario deberá reflejarse luego en la redacción final del Presupuesto 2027.
Así, el oficialismo busca cerrar una de las controversias más sensibles que surgieron tras el envío de la ley de leyes al Congreso, en un tema donde hasta sus socios habituales advirtieron que no acompañarán modificaciones que impliquen una reducción de derechos o un deterioro de las prestaciones para las personas con discapacidad. (APFDigital)
