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Polémica en tribunales por el reclamo de un juez federal para que le paguen 138 millones de pesos de trabajo extra

Un juez federal reclama el pago por una “silla vacía”. El camarista de Mar del Plata, Alejandro Tazza, inició una causa judicial para exigir una remuneración por la “sobrecarga de tareas generada” a raíz de una vacante existente en su tribunal. El monto reclamado asciende a 138 millones de pesos. El Consejo de la Magistratura de la Nación rechazó el pedido, pero un juez le dio la razón y ordenó que se le abone lo solicitado.

El caso generó controversia en los tribunales sobre cómo deben considerarse las suplencias realizadas por los jueces ante la elevada cantidad de vacantes en el Poder Judicial, que alcanzan casi un 40%, y que desde hace un mes comenzaron a ser cubiertas por el gobierno de Javier Milei.
La situación se desarrolla en la Cámara Federal de Mar del Plata, compuesta por dos jueces: Tazza, en funciones desde 1993, y Eduardo Jiménez. El tercer integrante era Jorge Ferro, quien renunció en 2018 tras ser acusado de proteger prostíbulos. Desde entonces, la Cámara funciona con solo dos magistrados.
Un tribunal puede operar con dos miembros; para emitir resoluciones deben coincidir y, en caso de disidencia, se convoca a un tercer integrante para desempatar. Sin embargo, en esta cámara decidieron que Tazza y Jiménez ocuparan también el lugar de Ferro. Consideraron que los avalaba la ley de subrogancias, y desde 2018 cobraron por ese concepto con la aprobación previa del Consejo de la Magistratura, que supervisa la administración judicial, y de otros magistrados.
En 2021, el Consejo modificó su criterio y rechazó las liquidaciones que Tazza pidió para el pago de la subrogancia correspondiente a 16 meses hasta mediados de 2024. Según el cálculo de la Dirección General de Recursos Humanos del organismo, el monto adeudado asciende a 138.697.670,57 pesos.
En octubre del año pasado, el plenario del Consejo desestimó por mayoría las solicitudes de pago correspondientes a los períodos de febrero y agosto de 2022, que suman casi 10 millones de pesos. El resto del reclamo corresponde a períodos aún no resueltos.
El Consejo argumenta que una subrogancia “únicamente puede realizarse con un magistrado o conjuez que no forme parte del tribunal que se pretende completar”. Considera que, de lo contrario, se estaría abonando dos veces por la misma función y que no existe sobrecarga laboral, ya que Tazza examina y resuelve las causas de la vocalía vacante, lo cual forma parte de las tareas propias de un juez.
Frente a este criterio, Tazza inició un proceso judicial para impugnar el cambio en la interpretación del Consejo. El juez federal sostiene que la ausencia de un tercer integrante en la Cámara genera un “recargo de tareas” y una sobrecarga que excede las funciones habituales y debe ser remunerada.
El magistrado explica que la ley de subrogancias establece que, ante la ausencia de un integrante, se debe cubrir ese lugar con otro juez del mismo tribunal, como se ha hecho. Sin embargo, el Consejo sostiene que debe intervenir un juez de otra sala del propio tribunal, situación inviable en Mar del Plata, ya que la Cámara cuenta con una única sala.
En su presentación, Tazza afirmó: “El verdadero enriquecido ha sido el Estado, que ha ahorrado indebidamente un salario completo durante más de siete años al no cubrir la vacante y ahora ni siquiera abonando la remuneración correspondiente que la norma expresamente determina al magistrado que desempeñó simultáneamente funciones en un cargo de igual jerarquía”.
El reclamo de Tazza fue aceptado. El juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico ordenó al Consejo que le abone los dos meses de 2022 que habían sido rechazados.
Lavié Pico sostuvo: “El magistrado no pretende un pago extra, como afirma la parte demandada, de manera arbitraria; más bien, la pretensión está íntimamente relacionada con la sobrecarga de trabajo que implica tener a su cargo dos vocalías en lugar de una, situación agravada por el hecho de que la vocalía en cuestión se encuentra vacante desde hace ocho años”.
El juez añadió: “El magistrado realizó tareas y asumió responsabilidades adicionales a otro cargo semejante, por lo que resulta justo y necesario el reconocimiento de una compensación —prevista por la norma— ante el incremento en el cúmulo de tareas que tiene a su cargo”.
En otro tramo del fallo, al que tuvo acceso Clarín, Lavié Pico rechazó el argumento del Consejo de que ello implicaría pagar dos veces por una misma función: “Dicho argumento resulta injusto y poco razonable, ya que, aplicando la lógica contraria, podría sostenerse válidamente que no sería concebible pagar una única remuneración por una tarea que deberían realizar dos magistrados en lugar de uno”.
La resolución también destaca que un reclamo similar fue pagado al juez por el período 2018-2021 y que el sueldo tiene carácter alimentario. El fallo es de primera instancia y el Consejo de la Magistratura apelará para que sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal. El caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.