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  • El Gobierno proyectó 33% menos de lo solicitado por las universidades – Arriba Noticias

    El Gobierno proyectó 33% menos de lo solicitado por las universidades – Arriba Noticias

    El Gobierno proyectó 33% menos de lo solicitado por las universidades – Arriba Noticias

    El Gobierno nacional proyectó para las universidades públicas un presupuesto 33% inferior al solicitado por los rectores para 2027. La iniciativa enviada al Congreso contempló $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que el sistema necesitará $11 billones.
    La diferencia ascendió a $3,7 billones y profundizó el conflicto entre el Ejecutivo y las autoridades de las casas de estudios. El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que los recursos contemplados no garantizarían el normal funcionamiento durante el próximo ciclo lectivo.
    “Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”, alertó Bartolacci.
    Las universidades presentaron su cálculo
    El CIN expuso su propuesta ante diputados y senadores nacionales, en representación de las 60 universidades públicas del país. El cálculo de $11 billones incluyó salarios docentes y no docentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios.
    Los gastos salariales representan cerca del 90% del presupuesto del sistema. Según las autoridades universitarias, la estimación también incorporó los recursos necesarios para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y actualizar otras áreas afectadas por el incremento de los costos.

    Bartolacci explicó que, si el Gobierno hubiera contemplado plenamente el cumplimiento de la normativa vigente, debería haber presupuestado aproximadamente $9,8 billones. El monto solicitado alcanzó los $11 billones al sumar actualizaciones para funcionamiento, infraestructura y programas universitarios.
    El Gobierno cuestionó los números del CIN
    Desde el Poder Ejecutivo rechazaron el cálculo presentado por los rectores y aseguraron que la cifra resultó “injustificada”. Según la postura oficial, la estimación contempló la interpretación salarial de los sindicatos y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que la medida cautelar vigente tendría un alcance más limitado.
    El Gobierno sostuvo que el proyecto presupuestario incorporó los efectos de la resolución judicial y una inflación estimada del 18%. También afirmó que se previó un incremento del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.
    Para el oficialismo, las actividades universitarias estarán garantizadas durante 2027 y la principal diferencia con los rectores se concentra en los salarios. Las autoridades nacionales tomaron como referencia el acuerdo que dispuso una recomposición del 21,3%, más otro 3% previsto para octubre.
    Las universidades, en cambio, consideraron que todavía quedaba pendiente una recuperación salarial del 31,2%. Esa diferencia en la forma de calcular los aumentos constituyó uno de los principales puntos del conflicto.

    La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario
    La controversia también continuó en el ámbito judicial. En diciembre, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con actualizaciones salariales y becas.
    El Gobierno solicitó que la medida fuera levantada, pero el magistrado rechazó el planteo el 1º de septiembre y ratificó su vigencia. Previamente, el 25 de junio, la Corte Suprema había desestimado un recurso presentado por el Ejecutivo, por lo que la cautelar permaneció firme.
    El CIN presentó un pedido de pronto despacho al considerar que la resolución judicial no estaba siendo cumplida. Los representantes del Estado, por su parte, aseguraron que los pagos realizados avanzaron en el sentido dispuesto por la Justicia.
    La cuestión de fondo se concentró en el decreto mediante el cual el presidente Javier Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendió su aplicación al argumentar que no se había definido una fuente específica para cubrir los gastos.
    El Congreso tendrá la definición
    La discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde los legisladores podrán introducir modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo. Las autoridades universitarias también presentarán sus estimaciones ante los gobernadores de las provincias donde funcionan las casas de estudios.
    El reclamo se produjo después de distintas jornadas de protesta impulsadas por la comunidad universitaria para exigir la aplicación de la ley y una actualización de los recursos. Los rectores sostuvieron que la falta de fondos afectó salarios, becas, infraestructura, investigación y funcionamiento cotidiano.
    Mientras el Gobierno aseguró que el presupuesto garantizará la actividad en 2027, el CIN advirtió que los recursos resultarán insuficientes. La resolución dependerá de la negociación parlamentaria y de las decisiones que adopte la Justicia sobre el cumplimiento definitivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
     
    Con Elonce

  • Concejales Juntos por Uruguay PJ advierten por relocalización del proyecto industrial de HIF Global

    Concejales Juntos por Uruguay PJ advierten por relocalización del proyecto industrial de HIF Global

    Desde el Bloque de Concejales Juntos por Uruguay PJ advertimos que la relocalización del proyecto industrial de HIF Global no cierra la discusión ni elimina nuestra preocupación. Aunque todavía no se comunicó oficialmente el nuevo emplazamiento, se evalúa trasladar el complejo originalmente proyectado frente a Colón hacia otro sector de Paysandú.

    Cambiar la ubicación de la planta no significa eliminar sus posibles impactos. No aceptamos que proteger a una ciudad entrerriana implique trasladar la incertidumbre hacia otra comunidad de la región.
    Desde el primer semestre de 2025 nuestro Bloque viene advirtiendo institucionalmente sobre este proyecto. A través de un Proyecto de Comunicación reclamamos información pública, participación ciudadana y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
    Desde el Honorable Concejo Deliberante impulsamos además que la preocupación trascendiera nuestra ciudad, convocando a los demás Concejos Deliberantes de la costa del Río Uruguay a manifestarse. Lo sostuvimos desde el comienzo: este no es un problema exclusivo de Colón o Paysandú, sino una cuestión regional que compromete a todo el río y a las comunidades de su entorno.
    El Río Uruguay constituye un recurso esencial para nuestras ciudades: está directamente vinculado al ambiente, al abastecimiento y la calidad del agua, a los ecosistemas, al turismo, la pesca, las actividades recreativas y deportivas, y a la producción y el desarrollo económico regional. Por eso, cualquier emprendimiento susceptible de generar efectos sobre el río debe analizarse desde una perspectiva integral y transfronteriza.
    Necesitamos conocer con precisión dónde se instalará la planta, qué utilización se hará del agua, qué emisiones y efluentes producirá, cuáles serán sus riesgos y qué impacto ambiental y productivo puede generar sobre nuestra región. Lo que ocurre sobre una margen del río no termina en esa margen: el río es compartido, y también pueden serlo sus consecuencias.
    Valoramos que la acción política, institucional y judicial impulsada desde Entre Ríos haya logrado poner el proyecto en la agenda binacional y revisar su ubicación original. La intervención de los legisladores nacionales entrerrianos Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay, llevando el reclamo también al ámbito judicial, demuestra que cuando existen decisión política y herramientas institucionales para defender los intereses de nuestra provincia, es posible generar respuestas concretas.
    Desde nuestro Bloque reafirmamos la posición que sostenemos desde 2025: primero está la defensa del Río Uruguay, de nuestros recursos y del derecho de nuestras comunidades a decidir sobre aquello que puede condicionar su futuro. El Estatuto del Río Uruguay y el Acuerdo de Escazú deben garantizar información, transparencia y participación antes de cualquier decisión definitiva, determinando con claridad los requerimientos de agua, los procesos industriales, los eventuales efluentes y emisiones, las necesidades de infraestructura, los riesgos asociados y las consecuencias acumulativas sobre el ecosistema y las actividades económicas vinculadas al río.
    *El Río Uruguay no es una variable de ajuste. Es un recurso de todos y lo vamos a defender.*
    Fuente: Secretaría Privada y Prensa.Bloque de Concejales Juntos por Uruguay PJ — HCD Concepción del Uruguay

  • Gana apoyo un proyecto en el Congreso sobre Vandalismo Rural que crea nuevas figuras y endurece penas

    Gana apoyo un proyecto en el Congreso sobre Vandalismo Rural que crea nuevas figuras y endurece penas

    Un proyecto de ley que establece la figura del vandalismo rural y endurece las penas correspondientes avanza en el Congreso nacional, con el respaldo de entidades del sector agropecuario y diversos bloques políticos.

    En una sesión informativa realizada ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, representantes de la Mesa de Enlace expresaron su apoyo a la iniciativa elaborada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y promovida por el legislador y presidente de la Comisión, Martín Ardohain. Además, la propuesta contó con el aval de diputados de distintos bloques, incluyendo Unión por la Patria (UxP).
    Por Federación Agraria Argentina (FAA) participó su vicepresidente, Claudio Angeleri; por Sociedad Rural Argentina (SRA), la vicepresidenta segunda, Eloisa Frederking; por Coninagro, su presidente, Lucas Magnano; y por CRA, César Guatti.
    El proyecto crea la figura de intrusión rural, estableciendo penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Este punto, valorado por el sector, permitirá que las fuerzas de seguridad actúen ante episodios como el merodeo nocturno, la caza furtiva o el reconocimiento previo a delitos, sin necesidad de esperar a que se produzca el delito consumado.
    Asimismo, la iniciativa introduce la figura de daño agravado, con penas de dos a ocho años de prisión y multas equivalentes de tres a doce veces el valor del daño causado. Se incorporan expresamente como bienes protegidos sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados. La pena mínima se duplica si el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.
    Desde la Fundación Barbechando destacaron que actualmente “dañar un silo bolsa cargado con toneladas de granos, con el consiguiente impacto económico, puede recibir el mismo tratamiento penal que un simple rayón a un automóvil”. Además, señalaron que la afectación real de estos delitos no se mide solo por el valor de reposición de un bien, sino por su función dentro del sistema productivo.
    Como ejemplo, desde la Fundación mencionaron el daño a una bomba de agua, que puede comprometer el acceso al recurso de un rodeo completo —una vaca de cría puede necesitar entre 50 y 70 litros diarios en verano—, generando consecuencias graves para la producción.
    El proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a entre dos y seis años de prisión para quienes inciten a cometer estos delitos, con una multiplicación por tres de la pena si la incitación se difunde mediante redes sociales o medios de comunicación masiva. Desde el sector, resaltaron la importancia de esta actualización “en un contexto donde la organización de hechos delictivos rurales encuentra en las plataformas digitales un canal de amplificación cada vez más determinante”.
    La sesión informativa constituye un paso previo para la discusión de un dictamen en comisión. Las entidades involucradas se muestran confiadas en que se logrará el consenso necesario, dado que todos los integrantes del cuerpo manifestaron su apoyo. De obtenerse el dictamen, el proyecto avanzará para ser debatido en el recinto.

  • Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las senadoras embarazadas puedan  sesionar y votar de forma remota

    Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las senadoras embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota

    Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las senadoras embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota

    Tras la polémica generada antes de la sesión del jueves pasado por la ley de propiedad privada, la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para modificar el reglamento del Senado, permitiendo que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica para viajar debido a su embarazo puedan sesionar y votar de forma remota.

    La iniciativa surge luego de que Fernández Sagasti no pudo participar en la sesión debido a una indicación médica que le impedía viajar desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires por su estado de embarazo. Días antes, la senadora había solicitado a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorización para intervenir de manera virtual, petición similar a la de otro senador que, tras haber sido operado de la rodilla, buscaba también votar a distancia.
    El proyecto establece que el voto remoto se aplicará únicamente a las embarazadas con certificación médica que acredite riesgo y contraindicación de viaje, garantizando así un criterio único, objetivo y limitado. Fernández Sagasti explicó que la iniciativa busca evitar que alguna provincia pierda representación: «Es un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave».
    Además, recordó que durante la pandemia el Senado funcionó de forma virtual con el aval de la Corte Suprema, aunque sin modificación formal del reglamento.
    Si bien Villarruel autorizó la solicitud de Fernández Sagasti la semana pasada, la decisión final depende del cuerpo legislativo, que debe aprobar cualquier cambio reglamentario. En ese contexto, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, convocó a una reunión con representantes de todos los sectores antes de la sesión y acordaron enviar el pedido de la senadora mendocina y del radical Flavio Fama a comisión, descartando así su participación en el debate.
    Aunque el peronismo había expresado previamente la necesidad de que Fernández Sagasti participara, dado el ajustado recuento de votos para rechazar la modificación a la Ley de Tierras —capítulo que luego fue retirado—, finalmente optó por acordar con el oficialismo para evitar que se cree un precedente que podría ser complicado en el futuro.
    Con respecto al proyecto presentado, Fernández Sagasti señaló: «Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo».
    La legisladora añadió que le hubiese gustado explicar su iniciativa durante la sesión del jueves, pero se enteró en ese momento, junto con el resto, que el decreto que le autorizaba a votar se había enviado a comisión, mezclado con otro pedido no relacionado, a mano alzada y sin discusión.

  • El Senado aprobó el proyecto que declara a Emanuel Noir como ciudadano ilustre de Entre Ríos

    El Senado aprobó el proyecto que declara a Emanuel Noir como ciudadano ilustre de Entre Ríos

    El Senado aprobó el proyecto que declara a Emanuel Noir como ciudadano ilustre de Entre Ríos

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    La iniciativa obtuvo su aprobación por parte del Senado. El impulsor del proyecto dijo que el artista entrerriano “ha trascendido las fronteras”

    El Senado de Entre Ríos trató este miércoles sobre tablas y aprobó el proyecto de ley del senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay.

    Al respecto, Oliva argumentó que se trata de un reconocimiento a un entrerriano que “ha trascendido las fronteras”. “En el mundo se habla de un artista de talla y reconocimiento internacional, y se nombra a Entre Ríos”, destacó. Además mencionó que el artista “nació en mi ciudad, en uno de los barrios más populares, y en algún momento más vulnerable, y si revisan su historia, esa resiliencia es apasionante”.

    La iniciativa aprobada pasa a la Cámara de Diputados en revisión.

    El proyecto que consignó oportunamente AHORA lleva la firma del uruguayense Martín Oliva señala que, mediante esta distinción, también se busca destacar “por su intermedio a todos los integrantes de la agrupación”.

    “La iniciativa no responde a un hecho aislado o circunstancial, sino a la culminación de un largo y virtuoso proceso donde los valores del esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad y la profunda identidad con el terruño han sido justamente reivindicados por esa instancia inapelable que es el tiempo”, dice el texto en sus fundamentos.

    “Lejos de ocultar sus orígenes o edificar una biografía de pacato artificial, Noir los ha convertido en su principal bandera. Con naturalidad y sin falsos pudores, ha evocado públicamente su pasado trabajando en la albañilería junto a su padre y su hermano oficio que sus seres queridos aún desempeñan con dignidad, y ha sabido describir con emoción la experiencia de recorrer esas mismas obras años después escuchando sus propias canciones.

    Ese circuito que va del trabajo manual a la consagración artística, y de allí de regreso al punto de partida con la humildad intacta, es quizás el rasgo más definitorio de su personalidad y la clave de su conexión única e inquebrantable con el público”, remarca.

    El proyecto recuerda que el grupo “Ke Personajes” nació formalmente el 17 de diciembre de 2016 en Concepción del Uruguay, conformado por Noir junto a Sebastián Juan José Boffelli, Juan Emanuel Álvarez, Joel Oscar Brem y Enzo Sebastián Martínez.

  • Avanza el proyecto del Gobierno para reconfigurar a Comodoro Py

    Avanza el proyecto del Gobierno para reconfigurar a Comodoro Py

    Avanza el proyecto del Gobierno para reconfigurar a Comodoro Py

    El presidente Javier Milei decidió implementar una serie de medidas para reconfigurar Comodoro Py, el fuero encargado de investigar casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Entre las acciones previstas se encuentran la cobertura de cargos clave y la posible reducción en la integración de la Cámara Federal de Casación Penal.

    En el primer trimestre del próximo año, en los Tribunales de Retiro se implementará el sistema procesal acusatorio, a pesar de que el 31% de los cargos judiciales en ese fuero están vacantes. Además, la actual gestión modificó los requisitos para la designación de jueces, decisiones que impactan directamente en la configuración del fuero más sensible para la política nacional.
    Estos cambios se concretan a través del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, cuyo foco principal es Comodoro Py, sede del fuero federal penal donde se tramitan casos de corrupción que afectan tanto a la administración de Milei como a gobiernos anteriores.
    Fuentes judiciales califican la estrategia de la Casa Rosada en materia judicial como de “total pragmatismo” y destacan que, mediante decretos y otros instrumentos normativos, se han impulsado cambios sustanciales sin necesidad de un proyecto integral de reforma judicial. Entre esas medidas se incluye la disolución del fuero laboral, resultado de la reforma laboral, y el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
    El Poder Judicial sigue con atención estas modificaciones. Uno de los recientes envíos de pliegos al Senado para cubrir vacantes incluye a dos integrantes para la Cámara Federal de Apelaciones: Pablo Bertuzzi, que se desempeña en el cargo de manera provisional, y el juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola.
    Estos nombramientos responden también a la decisión del Gobierno de no conceder la prórroga en su cargo al juez Martín Irurzun, quien recientemente cumplió 75 años, límite constitucional para ejercer la magistratura salvo que el Presidente remita su pliego al Senado para extender su mandato por cinco años, trámite que en este caso no se realizó. Así, Irurzun dejó una vacante en la Cámara Federal porteña.
    Sin embargo, esta política no se aplicó en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, obtuvo una prórroga hasta los 80 años. Según fuentes oficiales, esta fue una decisión tomada directamente por el Presidente, sin intervención del ministro.
    En la Cámara Federal de Apelaciones, tribunal inferior a la Casación, seis jueces conforman esta instancia clave para cualquier proceso penal, y actualmente la mitad fueron designados por la gestión actual. Esta cámara revisa las decisiones de los jueces de instrucción y puede revocar procesamientos o sobreseimientos, ordenar profundizar investigaciones, reabrir expedientes, resolver sobre patrimonios cautelados y sobre la libertad de las personas.
    Entre los casos más relevantes en esta instancia figuran la causa $LIBRA, en la que se investiga al presidente Milei y a su hermana; la investigación sobre un circuito de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y otras causas vinculadas a Manuel Adorni, todas de gran sensibilidad para la actual administración.
    La atención del Gobierno sobre Comodoro Py no se limita a esta cámara. La Cámara Federal de Casación Penal, paso previo para llegar a la Corte Suprema, debería contar con 13 jueces, pero actualmente presenta cuatro vacantes. El concurso para cubrir estos cargos se realizó hace cinco años y cuenta con un orden de mérito de quince postulantes, aunque este proceso está plagado de impugnaciones y una revisión solicitada a través de un consultor externo, lo que pone en duda sus resultados.
    Desde el Ministerio de Justicia se trabaja en un plan para reducir la cantidad de integrantes de la Casación Federal. La iniciativa busca, según el ministro Mahiques, mejorar el funcionamiento del tribunal y permitir que, con una menor cantidad de jueces, no sea necesario cubrir las vacantes existentes. En consecuencia, el concurso celebrado y su orden de mérito podrían quedar sin efecto, según indicó una fuente oficial.
    Además, el Gobierno remitió al Senado 26 nuevos pliegos que incluyen cargos en los tribunales orales de Comodoro Py. Estas vacancias forman parte del preocupante 31% de cargos judiciales vacantes en los Tribunales de Retiro, algunos sin cubrir desde hace más de cinco años.

  • Pilar Ramírez no descartó que LLA compita sola en la Ciudad: «No sabemos si vamos a compartir el proyecto»

    Pilar Ramírez no descartó que LLA compita sola en la Ciudad: «No sabemos si vamos a compartir el proyecto»

    Pilar Ramírez no descartó que LLA compita sola en la Ciudad: «No sabemos si vamos a compartir el proyecto»

    La legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, quien representa a Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre el próximo escenario electoral, realizó críticas hacia Jorge Macri y no descartó que los libertarios puedan competir en forma independiente en el distrito. “Ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad”, señaló.

    Ramírez fue entrevistada en Radio La Red, donde fue consultada acerca de las declaraciones de Patricia Bullrich a Clarín, en las que la actual senadora manifestó su intención de postularse a jefa de Gobierno de la Ciudad. Frente a esto, Ramírez evitó adelantar definiciones: “El año que viene discutiremos cómo son las candidaturas”. Sin embargo, destacó a Bullrich como una “gran jugadora y una gran política” y afirmó que desde el oficialismo “queremos que sea la Ciudad de La Libertad Avanza”.
    En relación con la situación política en la Ciudad, Ramírez fue consultada sobre Jorge Macri, su gestión y la posibilidad de una alianza con los libertarios. La legisladora respondió que “ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad”, y efectuó duras críticas al jefe comunal, quien ya informó que buscará su reelección en 2027.
    Ramírez cuestionó a Macri por varias leyes tratadas en la Legislatura porteña, como la Ley Hojarasca, los cambios en la implementación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Ley anti trapitos. “Aunque el jefe de Gobierno las venda como propias, son iniciativas nuestras”, sostuvo. “No somos celosos, pero nos deben el copyright”, agregó.
    Además, acusó al PRO de una “sobreactuación de las ideas de la libertad” y señaló que “el PRO no pensaba ni expresaba lo que hoy dice después de que ganamos las elecciones el año pasado”. Estas declaraciones contrastan con las manifestadas por Macri el miércoles pasado en TN, donde aseguró que su espacio y el oficialismo buscan “no permitir que el kirchnerismo vuelva”.
    Respecto a una posible alianza con los libertarios, Ramírez aclaró que no la descarta, pero afirmó que dependerá de la decisión del partido a nivel nacional, dirigido por el primo de Jorge Macri, Mauricio Macri: “Si nosotros vamos a un acuerdo con La Libertad Avanza, que no lo descarto, será porque el partido a nivel nacional tomó esa decisión”.
    Por último, la legisladora se refirió a la vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, quien mantiene un conflicto abierto con el oficialismo. Ramírez la definió como una persona “desagradable” y aseguró que “no está a la altura del cargo que debería tener”. Añadió que de Villarruel “ya no nos sorprende nada”, porque “no se siente parte de este gobierno”.

  • Senado Debatirán un proyecto que busca declarar “Ciudadano Ilustre” de Entre Ríos a Emanuel Noir

    Senado Debatirán un proyecto que busca declarar “Ciudadano Ilustre” de Entre Ríos a Emanuel Noir

    Senado Debatirán un proyecto que busca declarar “Ciudadano Ilustre” de Entre Ríos a Emanuel Noir

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    La Comisión de Legislación General del Senado debatirá un proyecto de ley por el que se declara Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder y vocalista del grupo musical “Ke Personajes” de Concepción del Uruguay.
    Según supo AHORA, la iniciativa se debatirá en una reunión prevista para este martes desde las 11 horas.
    El proyecto que lleva la firma del uruguayense Martín Oliva señala que, mediante esta distinción, también se busca destacar “por su intermedio a todos los integrantes de la agrupación”.
    “La iniciativa no responde a un hecho aislado o circunstancial, sino a la culminación de un largo y virtuoso proceso donde los valores del esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad y la profunda identidad con el terruño han sido justamente reivindicados por esa instancia inapelable que es el tiempo”, dice el texto en sus fundamentos.
    “Lejos de ocultar sus orígenes o edificar una biografía de pacato artificial, Noir los ha convertido en su principal bandera. Con naturalidad y sin falsos pudores, ha evocado públicamente su pasado trabajando en la albañilería junto a su padre y su hermano —oficio que sus seres queridos aún desempeñan con dignidad—, y ha sabido describir con emoción la experiencia de recorrer esas mismas obras años después escuchando sus propias canciones. Ese circuito que va del trabajo manual a la consagración artística, y de allí de regreso al punto de partida con la humildad intacta, es quizás el rasgo más definitorio de su personalidad y la clave de su conexión única e inquebrantable con el público”, remarca.
    El proyecto recuerda que el grupo “Ke Personajes” nació formalmente el 17 de diciembre de 2016 en Concepción del Uruguay, conformado por Noir junto a Sebastián Juan José Boffelli, Juan Emanuel Álvarez, Joel Oscar Brem y Enzo Sebastián Martínez.

  • Reforma previsional: “Hay legisladores que ni leyeron el proyecto, votan por obediencia debida a Frigerio” – El Miércoles Digital

    Reforma previsional: “Hay legisladores que ni leyeron el proyecto, votan por obediencia debida a Frigerio” – El Miércoles Digital

    Reforma previsional: “Hay legisladores que ni leyeron el proyecto, votan por obediencia debida a Frigerio” – El Miércoles Digital

    El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, analizó el derrotero que tuvo el proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados que se aprobaría este miércoles. También desmintió el informe oficial sobre salario docente.
    En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero aseguró que la lucha contra la reforma previsional “tiene saldo positivo porque si miramos el proyecto en sus inicios, cuando se presenta el informe de vectores, y en el camino cuando ya se presenta el proyecto en la Legislatura el 22 o 23 de mayo, a la fecha, en el medio ya no es tan cruel el proyecto como en su momento. Aun así, no dejamos de decir que es una iniciativa de ajuste sobre los jubilados, sobre los activos a futuro, pero de lo que era en su origen a la fecha es otra cosa”. No obstante, remarcó: “Lo seguimos rechazando”.
    Respecto del tratamiento del proyecto en Diputados, indicó que “nos cayó de manera incómoda, primero por el carácter exprés que tuvo el tratamiento, y no solamente creímos que lo podíamos torcer, sino que decimos que se tenía que tomar de una manera más seria sobre todo con el argumento que tenía el gobierno, y más allá de cómo fue el tratamiento en Senadores”.
    “A nosotros nos convocaron en horas de la noche, previamente al miércoles, cuando no habían sido notificados los diputados de la oposición para que sea tratado en comisión. Dijimos que sí, porque no tenemos ningún temor, ningún prurito de ningún momento, ni en ningún espacio poder defender y marcar nuestro posicionamiento. Por eso asistimos y lo marcamos en ese momento, porque aparte se nos brindó un espacio y un tiempo donde nos empezaron a cortar la palabra, más allá del incidente (con el diputado Juan) Rossi, pero nos empezaron a cortar la palabra y no pudimos responder algunos planteos o posicionamientos que hicieron los diputados del oficialismo”, cuestionó.
    En el mismo sentido, afirmó que “hay un diputado que argumenta y dice que no fue exprés porque en realidad desde hace mucho tiempo se viene hablando de esto, por lo tanto concluimos en que termina siendo todo un ‘acting’, de buscar la noticia o el argumento del relato de que se buscó el consenso, se buscó escuchar a todos los sectores, incluidos nosotros que somos los que hemos marcado postura desde un primer momento, y a esta iniciativa llegamos. Concluimos que fue poco serio; y hay que reconocer que les salió bien la jugada de llevar el tratamiento paralelo al Mundial considerando el espíritu futbolístico que hay en nuestra sociedad y, más allá de eso, hemos marcado una resistencia tenaz, porque el mismo 15 de julio que jugaba Argentina con Inglaterra, lo trataron en el Senado y tuvimos una gran concurrencia en la Plaza Mansilla, desde todos los puntos de la provincia. Y llegamos a esta instancia donde prácticamente mañana ya esto está definido”.
    Consultado por el episodio con el diputado socialista Juan Rossi, Antivero analizó que “se buscó correr el eje de discusión. Más allá de que podemos tener argumentos recientes del posicionamiento y las alianzas que ha tenido el Partido Socialista, en su origen nos llamó la atención cómo salió enseguida a argumentar esta definición que hemos hecho nosotros de exponer a los legisladores que votan a favor, donde le importó más la exposición que iba a tener por cómo va a votar que el fundamento que teníamos nosotros sobre el proceso de empobrecimiento de los trabajadores, sobre las condiciones laborales. En sus gestos, en sus actitudes, marcaba una ansiedad por querer cuestionar esto con argumentos falaces y con mentiras porque lo de Villaguay no nos consta que haya sucedido; el AGMER no ha participado de amenazas ni escraches”.
    En tal sentido, definió que “nosotros hemos definido exponer, exponer significa señalar al legislador que está en cada localidad, en cada pueblo, y lo que hace en el marco de sus funciones. Y lo dijimos claramente porque no es ninguna novedad que para algunos implica el final de la carrera política, porque después hay que ir al local, hay que ver al vecino a la cara, hay que volver a armar de cara a las elecciones, y todo esto va a pesar, porque todavía va a estar caliente y va a estar la polvareda de esta batalla. En ese sentido hemos remarcado que, si bien se suele poner la cara para las elecciones y se sale de campaña, cuando se va en contra de los trabajadores del Estado, hay que hacerse responsable también. Y esto tiene que tener un costo político, porque no puede ser que pase lo mismo que pasó con la OSER, de que se votó impunemente, y hoy prácticamente nadie se acuerda de cómo votó cada uno, salvo por dos o tres casos. Por eso definimos que, si iban a votar en este sentido, los vamos a exponer, pero dentro del marco de lo que es el Estado de Derecho. Nadie dijo de ir a hacer llorar familiares, chicos, lejos estamos de eso. Ahí nos llama la atención de cómo Rossi monta una mentira para cabalgar sobre esto y arremeter contra el AGMER, y sobre todo tratarnos de violentos alguien que tiene denuncias públicas dentro del mismo partido sobre maltrato a sus empleados. Entonces yo dije una metáfora poco feliz que explica que no tiene autoridad moral para venir a señalarnos de violentos”.
    En ese marco, explicó que “no es que los legisladores se esconden, pero no tenemos una cultura democrática de conocer y saber quiénes son nuestros legisladores, quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros senadores, y sin embargo pasan por una banca como si fuese una beca, votan en contra de la clase trabajadora y no pasa nada, y eso no puede seguir sucediendo. Pasó con la OSER, aprendimos de lo que pasó con la OSER, y en este sentido agotamos una instancia previa de convocar en cada Seccional o en cada lugar para poder hablar con cada legislador, plantear nuestro posicionamiento, invitarlo a que vote en contra, y hubo legisladores que los reconocemos y lo ponemos en valor porque nos dijeron directamente que iban a votar a favor por obediencia debida al gobernador Frigerio. Al menos nos fueron sinceros en primera instancia”.
    Además, Antivero reveló que “no todos los legisladores” accedieron al encuentro con el gremio: “En el caso de Islas del Ibicuy, el senador Hernán Méndez no respondió a nuestra convocatoria; sí lo hizo en su momento junto con ATE la diputada Vilma Vázquez cuando todavía no estaba el proyecto, estaba instalado el informe de vectores, pero no todos respondieron”.
    Y advirtió que “hubo algunos legisladores que se enteraron de lo que implicaba la reforma por nosotros. Los inquietamos, y hasta el miércoles pasado en Diputados, (Roque) Fleitas después del intercambio que tuvimos, me pidió la comparación de los haberes de cómo va a ser, porque se vio sorprendido de cómo iba a aplicarse el ajuste sobre los salarios en el marco de la 8.732, que es la ley actual, y cómo iba a ser con la ley nueva. Entonces, hay un desconocimiento, hubo un desconocimiento, algunos votan por obediencia debida, algunos ni siquiera lo leyeron, algunos nos recibieron porque ni siquiera lo habían leído”.
    “Hay legisladores que ni siquiera leyeron el proyecto, y no nos sorprende en el marco de lo que pasó el miércoles pasado, del intercambio de artillería que hubo con la oposición. Más allá de lo que pasó con nosotros porque esperábamos una reacción así porque, por supuesto, no le tiramos confites, sino que dijimos verdaderamente y francamente y lo que creíamos que teníamos que decir, de lo que iba a pasar y lo que íbamos a hacer. Lo que pasa con los legisladores no nos sorprende, porque hay una obediencia debida en ese sentido”, sentenció.
    Conflicto salarial
    En otro orden de temas, Antivero cuestionó el informe que ayer difundió el gobierno provincial en el que asegura que el salario docente le ganó a la inflación: “Lo que dice el gobierno es mentira y la disputa de lo salarial con lo previsional va de la mano y no dejamos de decir que, por supuesto, la reforma previsional es un ajuste salarial. Y nosotros tenemos números claros donde podemos expresar que hemos perdido un 23% desde noviembre del 2023 a la fecha. Es simple, hay que ir a un recibo de un docente cualquiera”.
    “A modo de ejercicio le dijimos a los legisladores y se lo hemos dicho públicamente a Frigerio y sus funcionarios: ‘vayan a una escuela al azar, busquen a un docente y pregúntenle si llega a fin de mes, o pregúntenle si no se endeuda con la tarjeta de crédito’. En números, nosotros decimos que tuvimos una pérdida del 23% desde noviembre a la fecha y desde diciembre del 2025 a la fecha tenemos una pérdida del 16%, donde solamente el gobierno ha respondido ahora con un 7% por decreto, porque hay que recordar que tres veces la paritaria se vio frustrada. Y se vio fracasada por iniciativa del gobierno, que en realidad hizo un ‘acting’, como hizo con la convocatoria para la reforma previsional, porque ya sabía que iba a ofrecer montos que nosotros íbamos a rechazar. Inclusive nosotros cedimos en la última propuesta, cuando nos ofrece un 7% a octubre, y le pedimos que acorten los plazos. Y, aun así, dijeron que no. En resumen, podemos decir que, desde noviembre del 2023 a junio del 2026, hubo una inflación de 320% aproximadamente, y solamente tuvimos un aumento de 237% en negro, y en blanco hemos tenido solamente un aumento del 220%”, puntualizó.
    Y agregó que “tal es el deterioro de nuestro salario, que en diciembre de 2023, en la fecha que cita el gobierno, el 12% correspondía a un monto negro de nuestro sueldo, que era un monto que pagaba Nación, de Fonid y Conectividad. A la fecha, el 22% de nuestro sueldo es en negro y lo paga provincia”.
    Por otra parte, mencionó que su casa se encuentra a unos 90 kilómetros del domicilio del gobernador y sigue sin encontrarse con el mandatario: “En ninguna parte lo he encontrado”. Y consultado por un posible encuentro, manifestó: “Yo no tengo drama, al contrario. Nosotros siempre manifestamos vocación de diálogo y siempre nos hemos mostrado predispuestos a charlar, pero cuando de la otra parte no hay una iniciativa y se genera una contradicción tan grande como ésta, porque dijo en plena campaña que iba a cuidar a los docentes y ahora mostrando números no lo hace, por supuesto que quedamos lejos. Pero yo no tengo ningún drama de encontrarlo”.

     
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  • Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

    Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

    Diputados dio media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

    La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un régimen de alivio tributario con incentivos fiscales destinado a fortalecer la actividad comercial en la provincia.

    Durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo, la cámara baja aprobó por mayoría la iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, que integra un paquete de medidas orientadas a acompañar a los pequeños comerciantes y sostener la actividad económica.
    El proyecto contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.
    Asimismo, prevé la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También incorpora la exención del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus renovaciones.
    Estas medidas representan un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y beneficiarán a más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado. Entrarán en vigencia una vez sancionada y reglamentada la ley, y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga durante todo 2027.
    Por otra parte, las medidas de alivio energético que forman parte de este esquema de acompañamiento al sector no requieren una ley para su implementación, ya que serán instrumentadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.
    El beneficio consiste en la bonificación del cargo fijo de la factura de energía eléctrica de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia. Está destinado a usuarios cuya CUIT de la actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda a monotributistas de las categorías A, B y C, y coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).
    La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas a partir del 1 de julio y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.