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  • Las selecciones argentinas de Básquet 3×3 entrenaron en Villa Elisa

    Las selecciones argentinas de Básquet 3×3 entrenaron en Villa Elisa

    Las selecciones argentinas de Básquet 3×3 entrenaron en Villa Elisa

    Las selecciones argentinas U21 masculina y femenina de básquet 3×3 estuvieron este miércoles entrenando en la cancha del Club Atlético Villa Elisa (CAVE).

    Los entrenamientos comenzaron este lunes 15 y se replicaron en varios clubes del departamento Colón. La propuesta concluye este jueves, con actividades en el club La Unión.
    Este evento fue organizado por la Asociación de Básquet de Colón, junto a los clubes La Unión, La Armonía, Social y Deportivo San José y el CAVE.
    Desde la Municipalidad de Villa Elisa se acompañó la organización del encuentro.

    Alumnos secundarios visitaron la planta de valoración de residuos

    Pudieron conocer los procesos que se llevan adelante en este espacio. 
    Alrededor de 80 estudiantes de 1° año del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 recorrieron este miércoles la planta de valoración de residuos.
    La iniciativa se desarrolla en dos instancias. La semana pasada, el referente del Área de Ambiente visitó la institución y brindó una charla sobre problemáticas ambientales y gestión de residuos urbanos.
    La segunda etapa permitió a los estudiantes conocer de cerca los procesos que se llevan adelante en la planta: la recepción, clasificación y acopio de materiales provenientes de los Puntos Limpios.
    Esta actividad busca acercar a la comunidad educativa al trabajo concreto que se realiza en Villa Elisa en materia ambiental, promoviendo la conciencia sobre el manejo responsable de los residuos desde temprana edad.

  • Escándalo en la provincia de Buenos Aires: un sorteo de entrega de viviendas dejó afuera a casi 140 familias

    Escándalo en la provincia de Buenos Aires: un sorteo de entrega de viviendas dejó afuera a casi 140 familias

    Escándalo en la provincia de Buenos Aires: un sorteo de entrega de viviendas dejó afuera a casi 140 familias

    El sueño de la casa propia se vio frustrado para 139 familias en Las Flores, provincia de Buenos Aires, tras detectarse un error en el sorteo destinado a la adjudicación de viviendas sociales. Ante la controversia, el intendente interino Fabián Blanstein pidió disculpas y explicó lo sucedido, mientras las autoridades buscan una solución.

    El sorteo, organizado en conjunto por el municipio y la Provincia de Buenos Aires, contó con la presencia de Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano y exministra de Economía nacional. Además, asistieron concejales de diversas fuerzas políticas, medios locales y el propio Blanstein, quien asumió el cargo tras la renuncia de Alberto Genelé para ocupar la Dirección de Recursos Hídricos bonaerense.
    El procedimiento, realizado por la Escribanía General de la Provincia con el fin de garantizar transparencia, se llevó a cabo el 4 de junio para asignar 72 viviendas construidas en terrenos municipales y financiadas por el Instituto de la Vivienda provincial, con entrega prevista en siete meses.
    Sin embargo, durante el último tramo del sorteo, dirigido al público general, se detectó que faltó la bolilla con el número cero (0) en el bolillero de las centenas, lo que provocó la exclusión automática de 139 familias participantes. Aunque en la sala estuvieron entre 50 y 60 personas sin advertir la falla, fueron los espectadores que siguieron la transmisión por streaming quienes alertaron sobre el error. Para ese momento, la escribana ya había firmado el acta de adjudicación.
    Blanstein aclaró que se trató de un “error humano” cometido por Andrea Carelli, representante de la Escribanía General, quien admitió su responsabilidad. Tras la detección del fallo, la municipalidad, en conjunto con la ministra Batakis, Paula Sidoti (escribana general de la Provincia) y Diego Menéndez (administrador del Instituto de la Vivienda), comenzó a trabajar en una solución.
    Como medida inmediata, se anuló el sorteo y se proyecta realizar uno nuevo para asignar correctamente las viviendas pendientes. En un principio se pensó en un sorteo exclusivo para los 139 afectados, pero la propuesta actual contempla que la Lotería de la Provincia organice un nuevo sorteo abierto a todos los participantes anteriores, estimados entre 1.038 y 1.400 personas.
    La iniciativa fue presentada este martes como proyecto de ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante bonaerense. Por otra parte, si bien no está descartada la posibilidad de que los ganadores del sorteo invalidado presenten demandas, Blanstein afirmó que desde la Municipalidad buscarán mitigar el impacto en este grupo, mencionando la posibilidad de ofrecer lotes sin brindar mayores detalles.

  • Beneficios impositivos y un subsidio energético para pequeños comerciantes

    Beneficios impositivos y un subsidio energético para pequeños comerciantes

    Beneficios impositivos y un subsidio energético para pequeños comerciantes

    El gobernador Rogelio Frigerio anunció un paquete de medidas para aliviar la situación de los pequeños comerciantes entrerrianos. Enviará a la Legislatura un proyecto para eximir del pago de Ingresos Brutos a monotributistas de las categorías A, B y C y confirmó un subsidio a la energía para ese mismo sector, que comenzará a regir en julio.

     

    El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía de la provincia, Jorge Tarchini. Al fundamentar las medidas, Frigerio sostuvo que apuntan a «aliviar a los pequeños comerciantes que, además de las dificultades económicas que vienen enfrentando en los últimos años, también enfrentan cambios muy importantes en los hábitos de consumo y una competencia cada vez más intensa». «Entendemos que el Estado debe tener un rol importante en este momento difícil y hemos decidido tomar medidas para aliviar la situación», afirmó en la conferencia a la que asistió esta Agencia.
    En ese marco, explicó que firmó un proyecto de ley que ya fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a todos los comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. Según precisó, la iniciativa alcanzará a más de 20.000 comercios entrerrianos. El mandatario también anunció que ese mismo universo de contribuyentes recibirá un subsidio en la tarifa de energía eléctrica, beneficio que comenzará a aplicarse a partir de julio. «En estos 30 meses hemos hecho un esfuerzo enorme para salir de ese lugar triste que ocupaba la provincia siendo la más cara del país en términos del costo de la energía. Hoy estamos en la mitad de la tabla y la meta es transformarnos en la provincia que tenga el servicio de luz más barato», remarcó.
    Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, expresó su expectativa de que el proyecto tenga un rápido tratamiento legislativo «para que entre en vigencia lo antes posible y el alivio pueda llegar de manera efectiva a los contribuyentes». Además, estimó que las dos medidas «terminarán beneficiando a más de 50.000 beneficiarios» y señaló que el costo fiscal de la iniciativa será de aproximadamente 3.000 millones de pesos hasta fin de año.
    A su turno, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, explicó que la exención del impuesto se aplicará de manera automática una vez que la ley sea sancionada, sin necesidad de que los contribuyentes realicen ningún trámite. En la misma línea, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el subsidio a la electricidad también será automático. «No hay que hacer ningún trámite; se activará a partir de un cruce de datos entre distintos organismos del Estado», precisó APFDigital.

  • El Gobierno pagará un plus por formación académica a las Fuerzas Armadas

    El Gobierno pagará un plus por formación académica a las Fuerzas Armadas

    El Gobierno pagará un plus por formación académica a las Fuerzas Armadas

    El Gobierno dispuso este miércoles, mediante un decreto, el pago de un plus por formación académica y profesionalización al personal de las Fuerzas Armadas, en un contexto de crisis salarial que afecta a ese sector. La medida alcanza a todos los militares en actividad y retirados que acrediten títulos relacionados con sus funciones.

    La resolución fue anunciada a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa, indicando que fue adoptada por indicación del presidente Javier Milei y del ministro, Teniente General Carlos Alberto Presti.
    El suplemento se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado, estableciéndose una escala que contempla un 10% para tecnicaturas o títulos equivalentes; un 15% para títulos de grado; y un 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados, según detalla el comunicado oficial.
    El Decreto 473/2026 incorpora este «suplemento por título» como parte del inciso 4° del artículo 56 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias. El beneficio será otorgado a todo el personal, independientemente de su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas que desempeñan en la Fuerza correspondiente.
    En el caso de títulos de posgrado obtenidos en el extranjero, solo se reconocerán aquellos que hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza respectiva y cuenten con la apostilla correspondiente emitida por la autoridad competente.
    El decreto establece asimismo que el suplemento será extensivo al personal militar retirado y, en su caso, a los familiares con derecho a pensión, siempre que los titulares hayan obtenido los títulos previstos antes de su pase a retiro.
    El gasto generado por este incremento se financiará con recursos del presupuesto vigente del Ministerio de Defensa y la medida entrará en vigor a partir del próximo 1° de julio.
    Desde el Ministerio se señaló que esta decisión corrige una asimetría histórica, ya que en otros ámbitos de la administración pública nacional este tipo de reconocimiento ya existía. Además, al calcularse sobre el haber mensual, el suplemento acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar.
    Los bajos salarios en las Fuerzas Armadas habían generado tensiones en los últimos meses. Un ejemplo reciente fue la viralización en redes de un supuesto permiso del Ministerio de Defensa para que los militares trabajaran como choferes de plataformas digitales o repartidores, lo que evidenció la crisis salarial del sector.
    Ante la difusión de esa información, la cuenta oficial del Gobierno en la red social X desmintió categóricamente la existencia de una autorización especial para que el personal militar desempeñe actividades en plataformas digitales.
    Más allá de rumores y desmentidas, el problema real persiste: cada vez más integrantes de las Fuerzas Armadas deben recurrir a un segundo o tercer empleo para llegar a fin de mes, situación similar a la de muchos argentinos.

  • Las bandas recuerdan al Indio

    Las bandas recuerdan al Indio

    Las bandas recuerdan al Indio

    El sábado 20 de junio, desde las 10, pintarán un mural para luego darle paso, desde las 14, a un festejo para agradecerle «al Indio por su poesía y su música». El encuentro de fanas y amigos, será en plaza Bob Marley, en Enrique Gasc Y San Martín.  Los organizadores, en un wasapt que giró intensamente por todos estos días, invitan a «compartir, la hermandad de Patricio Rey. Sumate con una canción, con una poesía, una letra; o simplemente vení a compartir un rato con gente de tu palo. Trae mate y bandera, y las ganas de encontrarte en una confraternidad eterna. Sería lindo nos acompañes».

  • La Marina Mercante vuelve a la carga contra el plan desregulador de Sturzenegger

    La Marina Mercante vuelve a la carga contra el plan desregulador de Sturzenegger

    La Marina Mercante vuelve a la carga contra el plan desregulador de Sturzenegger

    La relación entre el Gobierno y la Marina Mercante se ha vuelto a tensar. El ministro Federico Sturzenegger, conocido por su agenda desreguladora, busca retomar un proyecto de ley que contempla una apertura más amplia de la navegación comercial marítima y fluvial, así como modificaciones en el régimen de practicaje.

    El practicaje es un servicio de asesoramiento brindado por un experto, llamado práctico y de nacionalidad argentina, que asiste al capitán de un buque para facilitar su entrada y salida de puerto, así como las maniobras dentro de la zona portuaria, garantizando la seguridad en la navegación y la protección ambiental. Este servicio está regulado y es supervisado por la Prefectura Naval.
    El plan de Sturzenegger propone, en primer lugar, permitir que las navieras locales cambien la bandera de sus buques, registrándolos en otros países, lo que implicaría que su régimen jurídico, laboral e impositivo quedaría fuera de la jurisdicción nacional. En segundo término, se busca abrir el cabotaje marítimo a empresas extranjeras que quieran prestar el servicio.
    Ante esta iniciativa, los marinos mercantes y prácticos han reaccionado con preocupación. Buscan alcanzar acuerdos incluso con empresarios para encontrar soluciones intermedias que eviten la extranjerización del sector y recurrieron a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. En una carta dirigida al embajador Peter Lamelas, alertaron que los principales beneficiarios podrían ser las empresas chinas.
    La posible pérdida de la bandera nacional significaría, en la práctica, un golpe devastador y un riesgo para la seguridad nacional, dado que las principales potencias protegen celosamente su flota marítima.
    Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la actividad marítima, fluvial y pesquera ha estado en el centro de diversas iniciativas desreguladoras, muchas de las cuales encontraron resistencia política, empresarial y sindical. Durante la discusión de la Ley de Bases, se propuso reformar el esquema de explotación pesquera en aguas argentinas, permitiendo mayor participación de embarcaciones extranjeras. Sin embargo, la oposición de gobernadores de provincias con litoral marítimo, cámaras empresarias, sindicatos y el entonces intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, motivó la eliminación total del capítulo pesquero antes de la aprobación de la ley.
    En 2025, mediante el DNU 340/25, se intentó modificar el régimen de cabotaje marítimo y fluvial para permitir que el transporte entre puertos argentinos fuera realizado tanto por embarcaciones nacionales como extranjeras. También se planteó que armadores locales pudieran operar bajo otras banderas, una iniciativa cuestionada por sindicatos y empresas vinculadas a la Marina Mercante, que finalmente no se implementó tras el rechazo legislativo.
    En abril de este año, Sturzenegger impulsó un proyecto de decreto para eliminar el régimen de practicaje y pilotaje de aguas nacionales, así como para recortar las incumbencias de la Armada Argentina en la formación del personal embarcado y en la representación del país en la Organización Marítima Internacional. Esta medida fue desactivada minutos antes de ser firmada por el presidente Milei.
    Actualmente, Sturzenegger insiste con su plan de desregulación naval a través de un proyecto de ley que incluye la liberalización de la navegación marítima y fluvial y la desregulación del practicaje, aunque se abstiene de recortar funciones a la Armada Argentina por pedido expreso del ministro de Defensa, Carlos Presti.
    Aunque la intención era presentar la iniciativa en Diputados a principios de junio, las complicaciones parlamentarias vinculadas a la continuidad del jefe de gabinete Manuel Adorni han retrasado su envío.
    Desde la Liga Naval Argentina advirtieron que la apertura del cabotaje a buques extranjeros pondría a las navieras nacionales en desigualdad de condiciones. “Intentar equiparar a una naviera argentina con compañías que operan bajo banderas de conveniencia resulta muy difícil en el actual contexto tributario, laboral y regulatorio del país”, señalaron desde la entidad. Según este diagnóstico, las firmas locales enfrentan costos impositivos y laborales superiores a muchas navieras internacionales, lo que afectaría su competitividad en el mercado interno.
    Por su parte, el Gobierno sostiene que una mayor apertura fomentaría la competencia, reduciría costos logísticos y ampliaría la oferta de transporte disponible.
    Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, advirtió que la desregulación del cabotaje implicaría “una importación de servicios y una salida de divisas para pagar fletes operados por buques extranjeros”. Recordó que la mayoría de los países con litoral marítimo mantiene algún tipo de reserva de cabotaje: “De los 131 países con costas, más de 90 restringen y reservan su cabotaje”.
    Como alternativa, la Federación Marítima propone el proyecto “Segundo Registro Temporal”, que mantendría el pabellón argentino otorgando beneficios fiscales y laborales para mejorar la competitividad de la flota nacional frente a sus competidores regionales. Sus impulsores aseguran que esta medida preservaría el empleo local, mantendría inversiones y conservaría capacidades logísticas estratégicas.
    Tiravassi agregó que la legislación vigente ya contempla mecanismos para suplir eventuales faltantes de buques nacionales mediante autorizaciones temporarias para embarcaciones extranjeras, y que en los últimos dos años se aprobaron casi todas las solicitudes presentadas para este tipo de operaciones.
    Un especialista naval consultado destacó que Argentina está alejada de las principales rutas comerciales marítimas mundiales, por lo que sólo una de las cinco mega navieras globales podría tener interés en operar exclusivamente en el tráfico interno del país. Esta empresa sería

  • La Justicia espera un informe clave del Banco Galicia sobre los U$S 5 millones de Florencia Kirchner para avanzar en su decomiso

    La Justicia espera un informe clave del Banco Galicia sobre los U$S 5 millones de Florencia Kirchner para avanzar en su decomiso

    La Justicia espera un informe clave del Banco Galicia sobre los U$S 5 millones de Florencia Kirchner para avanzar en su decomiso

    Mientras Cristina Kirchner y sus hijos buscan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial en la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza la iniciativa para decomisar 141 bienes, entre ellos los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner incautados en la causa Hotesur. Sobre estos fondos, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) aguarda un informe clave del Banco Galicia para avanzar con el decomiso.

    El TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es responsable desde hace un año de ejecutar la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros.
    Una de las consecuencias inmediatas tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema el 14 de junio de 2025 no solo es la privación de la libertad y la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, sino también el decomiso de bienes. Este último constituye el mecanismo para intentar recuperar los 685.000 millones de pesos fijados como monto del fraude mediante 51 licitaciones direccionadas, caracterizadas por irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
    Hace veinte días, la Cámara de Casación dejó firme la orden que el TOF 2 había emitido en noviembre pasado para avanzar en el decomiso de 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Aunque Cristina Kirchner y sus hijos presentaron un recurso ante la Corte Suprema para suspender esta ejecución patrimonial, en Comodoro Py sostienen que dicho recurso no suspende la decisión ratificada de iniciar la ejecución de bienes de los nueve condenados, con el fin de cubrir el multimillonario fraude.
    Por su parte, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del TOF 2 y responsable de la ejecución de la pena, requirió a organismos como el Registro de la Propiedad Inmueble informes sobre 141 propiedades, en su mayoría pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
    El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de 141 inmuebles —13 a nombre de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez—, además de 46 automotores.
    Junto a un detallado inventario de propiedades, los fiscales Luciani y Mola reclaman como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, así como 992.134 dólares en una caja de ahorro del Banco Galicia y más de 53 mil pesos.
    Estas sumas corresponden a divisas que, según la justicia federal, la familia Kirchner “nunca logró justificar” en cuanto a su origen lícito. Este dinero está secuestrado en el marco de la causa Hotesur, donde Cristina y Máximo Kirchner están procesados y enviados a juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos.
    Fuentes judiciales informaron a Clarín que las medidas impulsadas buscan “proveer sobre los bienes que el Ministerio Público identificó como susceptibles de decomiso”. En su mayoría, y tras un fallo relevante de la Cámara de Casación que despeja ese camino, estas medidas están cumplidas. No obstante, aún falta información puntual, destacándose el reporte pendiente del Banco Galicia sobre los cinco millones de dólares embargados a Florencia Kirchner en la causa Hotesur.
    El TOF 2, cuando en noviembre pasado ordenó la primera ejecución de bienes como parte del decomiso, estableció un criterio central: todos aquellos bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015, período en que se desarrolló la maniobra defraudatoria, serán susceptibles de ejecución.
    En esta segunda etapa, adicionalmente, se incluyen propiedades como el hotel Alto Calafate, cuya documentación también se aguarda; el departamento de San José 1111, propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA (empresa familiar Kirchner investigada por lavado de dinero); la residencia en la costanera de Río Gallegos; y la casa en El Calafate, entre otros inmuebles.
    El listado abarca asimismo los dólares que Cristina Kirchner transfirió a nombre de su hija Florencia y que la justicia considera producto de maniobras de lavado.
    El objetivo principal es cubrir la cifra que los peritos contables de la Corte fijaron en 684.990.350.139,86 pesos, monto que el fiscal Luciani definió como “la defraudación colosal a la Administración pública”.
    Según el representante del Ministerio Público, varios de los condenados “poseen fortunas de opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para comenzar, al menos, el complejo proceso de recuperación de activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante 12 años”.
    Asimismo, al ordenar avanzar sobre los bienes adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el TOF 2 dispuso que, en la primera tanda sobre la que Cristina Kirchner recurrió a la Corte, se incluya el avance sobre 19 inmuebles que la ex presidenta heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales. Para la justicia, estos inmuebles fueron incorporados a su fortuna mientras la administración fraudulenta estaba en curso.
    Cuando presentó el segundo pedido de decomiso, el fiscal Diego Luciani argumentó: “Para la sociedad argentina, cuyos intereses este Ministerio Público Fiscal representa, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras,

  • El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal pidió el historial de operaciones de criptomonedas en Argentina desde el 2012 para investigar la coartada de Manuel Adorni

    El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este miércoles una serie de nuevas medidas para determinar si la versión de Manuel Adorni sobre la tenencia de bitcoins, como principal explicación del incremento patrimonial declarado, se corresponde con los registros financieros oficiales. En ese marco, solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la elaboración de un informe histórico sobre el mercado de activos virtuales en Argentina desde 2012 hasta la actualidad.

    Una de las principales dudas surgidas a partir de la declaración jurada del período fiscal 2025, y la documentación adjunta, es si la tenencia de bitcoins constituye una coartada para justificar un patrimonio declarado de 944 millones de pesos.
    En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía concentró las nuevas medidas en la investigación de los criptoactivos. Inicialmente, Adorni había declarado para el período fiscal 2024 un patrimonio, en el país y en el exterior, equivalente a unos 24.000 dólares según el tipo de cambio oficial de esa fecha. Sin embargo, presentó posteriormente una rectificación formal ante el fisco en la que admitió poseer 513.000 dólares.
    Para justificar el origen de esa suma, Adorni explicó que 300.000 dólares correspondían a ganancias netas obtenidas por inversiones en bitcoins y otras criptomonedas entre 2013 y 2018, respaldadas por sus 25 años de trayectoria en el sector privado. Estas supuestas operaciones, realizadas hace varios años, habrían tenido lugar en plataformas y billeteras virtuales que en ese momento no reportaban información ni eran supervisadas conforme a las normativas fiscales vigentes en Argentina.
    Por este motivo, Pollicita solicitó a la CNV que, en un plazo de 72 horas, informe sobre:– El listado detallado, año por año, de personas jurídicas, sociedades, plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y servicios de compraventa de activos virtuales que hayan operado en el país o dirigido sus servicios al mercado argentino desde 2012 hasta la actualidad. Este listado debe incluir la razón social, denominación comercial, estado actual de cada entidad y la fuente de información utilizada (antecedentes regulatorios, informes internos, bases públicas, entre otros).– El marco normativo vigente y los antecedentes regulatorios aplicables al sector en ese período.– Si existió un registro formal de prestadores durante todo el período o si la información histórica debe reconstruirse a partir de fuentes institucionales o públicas alternativas.
    El objetivo, según fuentes judiciales citadas por Clarín, es contar con el contexto técnico y regulatorio necesario para analizar las operaciones con criptoactivos atribuidas a los investigados.
    En las declaraciones juradas de Adorni, hay dos cifras que fueron eliminadas pese a haber sido declaradas: en 2023, su patrimonio era de 61.018.251 pesos y en 2024, de 107.894.811 pesos. Ninguno de estos montos figura actualmente en los documentos registrados ante la Oficina Anticorrupción.
    Tras la rectificación, la base declarada al inicio del período fiscal más reciente es de 622.646.892 pesos aproximadamente, y el patrimonio final declarado para el período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025 asciende a 944.575.052 pesos.
    Según Adorni, esta cifra se explica principalmente por las inversiones en bitcoins realizadas junto a su esposa, Bettina Angeletti, entre 2014 y 2018, antes de ocupar cargos públicos. Sin embargo, la justicia tiene tres interrogantes puntuales al respecto.
    Primero, el origen de los 200.000 dólares que habría invertido en criptomonedas no está claro ni documentado. Hasta el momento, no se registra ningún movimiento o evidencia que justifique la obtención de esas divisas. Una fuente judicial señaló a Clarín que no basta con declarar la cifra en la declaración jurada, sino que debe sustentarse su origen lícito.
    En segundo lugar, la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la “venta de activos” —es decir, la venta de bitcoins— carece de documentación que acredite que Adorni fue el titular real de esas criptomonedas. Hasta ahora no existen respaldos que lo comprueben, añadieron fuentes cercanas al caso.
    Este aspecto podría aclararse si en la declaración reservada aporta la información complementaria requerida, ya que hasta el momento no hay documentación que respalde la titularidad ni detalles precisos sobre los bitcoins involucrados.
    Por último, la tercera duda se relaciona con la cantidad exacta de bitcoins y cómo se traduce ese monto en dólares. De acuerdo con cálculos realizados en Comodoro Py, la cantidad de criptomonedas declaradas equivaldría a un valor muy superior a 513.000 dólares, alcanzando cifras en millones de dólares, lo que genera discrepancias significativas con lo declarado, según indicaron fuentes judiciales a Clarín.

  • Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Cayó uno de los prófugos más peligrosos de Santa Fe: lo buscaban por el crimen de «Pillín» Bracamonte y ofrecían 30 millones de pesos

    Fernando Sebastián Vázquez (45), conocido como «Narigón», fue detenido tras estar prófugo y con una recompensa de 30 millones de pesos por su captura. Vázquez es un sicario buscado por el crimen de Andrés «Pillín» Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, quien sobrevivió a 29 intentos de asesinato y fue asesinado a tiros en noviembre de 2024.

    La detención de Vázquez se registró en Villa Gobernador Gálvez, al sur de Rosario. Sobre él pesaba un pedido de captura por homicidio y se lo vincula como uno de los sicarios del Lisandro «Limón» Contreras, líder de la llamada Banda de los Menores, detenido en diciembre de 2024, poco después del asesinato de Bracamonte.
    Vázquez integraba la lista de los siete prófugos más buscados de Santa Fe, encabezada por Matías Gazzani, capo narco de Los Menores, por quien ofrecen 70 millones de pesos.
    Esta captura representa la tercera detención de destacados delincuentes en los últimos ocho días en la región. En la última semana también fueron arrestados Andrés Raúl «Plin» Acosta, exjefe de la barra de Central aliado a Los Menores, sorprendido en un boliche de San Telmo, y Samuel Elías Reyes, detenido en Córdoba, acusado de un ataque en el que falleció Zamir Torres, un niño de 4 años.
    Por otra parte, Alejandro Vázquez, hermano de Fernando, fue detenido poco después del crimen de Bracamonte. Estaba bajo investigación por narcotráfico y señalado como uno de los ejecutores del homicidio.
    El asesinato de Andrés «Pillín» Bracamonte (53) y de su acompañante Raúl «Rana» Attardo (55) ocurrió la noche del 9 de noviembre, a pocas cuadras del estadio de Rosario Central. Ambos se desplazaban en una camioneta Chevrolet S10 tras un partido contra San Lorenzo cuando fueron emboscados en Boulevard Avellaneda Bis. Recibieron cinco disparos cada uno a corta distancia y fallecieron poco después en el Hospital Centenario.
    Según la investigación fiscal, el ataque fue perpetrado por al menos dos personas a pie, que dispararon al interior del vehículo aprovechando la poca iluminación por falta de alumbrado público. Testigos indicaron la ausencia policial en la zona y relataron que uno de los atacantes introdujo el brazo por la ventanilla para disparar.
    Desde el inicio, la fiscalía analiza el doble crimen como parte de una escalada de violencia vinculada al control de la barra y disputas territoriales, relacionándola con el asesinato previo de Samuel «Gordo Samu» Medina, vinculado a la banda criminal Los Monos.

  • La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

    La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

    La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

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    La Justicia podría citar a declaración indagatoria al economista José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado con el empresario Fren Machado, una relación que el año pasado provocó la interrupción de su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.

    La medida fue solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y debe ser autorizada por el juez federal Lino Mirabelli. Aunque Machado estaba sospechado de vínculos con el narcotráfico, en un acuerdo judicial ante la justicia estadounidense reconoció haber cometido delitos de fraude y lavado, quedando exculpado de la acusación más grave.
    El fiscal basa su requerimiento en la sospecha de que Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares de Machado y realizó operaciones de compra de vehículos de alta gama. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, Mirabelli no autorizaría por el momento la indagatoria hasta poder verificar aspectos relacionados con correos electrónicos y audios de chats que el fiscal incluyó en el dictamen elevado el 29 de mayo. Una vez cumplido ese trámite, el magistrado podría disponer la citación.
    En 2023, Espert encabezó la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pero fue apartado semanas antes de los comicios debido al escándalo que surgió por su vínculo con Machado, quien en ese entonces estaba bajo investigación en Estados Unidos por maniobras vinculadas al narcotráfico.
    Según la hipótesis de Domínguez, Espert habría utilizado el dinero recibido de Machado para adquirir bienes, entre ellos autos BMW y Lexus de alta gama, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.