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  • Perpetua para dos sicarios de la banda brasileña «Bala na cara»: mataron a un kiosquero al que acusaban de revelar donde escondían drogas

    Perpetua para dos sicarios de la banda brasileña «Bala na cara»: mataron a un kiosquero al que acusaban de revelar donde escondían drogas

    Dos miembros de la organización criminal brasileña “Bala na cara”, con sede en Porto Alegre, fueron condenados este viernes a prisión perpetua por el asesinato de un comerciante de Posadas en 2022. La víctima, Cristian Javier Díaz, fue atacada con seis disparos tras ser acusado por la banda de haber revelado la ubicación donde ocultaban un cargamento de 150 kilos de marihuana.

    El Tribunal Penal 2, integrado por César Yaya, Augusto Gregorio Busse y Martín Rau, dictó la sentencia contra David Wesley De Oliveira Silva (26) y Gabriel Guimaraes Da Silva (24), quienes se abstuvieron de declarar durante el juicio, a pesar de contar con traductores. Los magistrados consideraron probados su vínculo con el ataque ocurrido en la madrugada del 8 de mayo de 2022 en un kiosco del barrio Yacyretá.
    Entre las pruebas presentadas, se hallaron vestigios de pólvora en las prendas de los acusados, además de que ambos reconocieron haber estado en el lugar del hecho, aunque negaron relación directa con el crimen. El fiscal Vladimir Glinka solicitó su condena como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y el concurso premeditado de más de dos personas.
    De Oliveira Silva ofreció una versión alternativa que no pudo corroborar. Manifestó que durante sus vacaciones en las playas de Santa Catarina conoció a una mujer argentina con quien inició una relación, pese a que ella estaba casada. Según su relato, acordaron que viajaría a Posadas para visitarla, y ese viaje llevó a que él y su amigo arribaran a la ciudad el 3 de mayo de 2022.
    Al llegar a la terminal de ómnibus intentaron sin éxito contactar a la mujer y, en busca de alojamiento, se dirigieron a un bar cercano, donde conocieron a Héctor “Leche” Rodríguez, quien les solicitó ayuda para encender su automóvil. Rodríguez les ofreció alojamiento sin costo y, durante los días siguientes, visitaron la ciudad y compraron bebidas en el kiosco de Díaz. Según el testimonio de De Oliveira Silva, la noche del crimen un encapuchado llegó al lugar y disparó al comerciante, por lo que ellos huyeron rumbo al vehículo de Rodríguez, que ya estaba encendido.
    En los alegatos finales, el fiscal Glinka afirmó que existió un acuerdo previo entre “Leche” y los imputados para quitarle la vida a Díaz, cada uno con un rol definido. Señaló que el asesinato fue un plan cuidadosamente pensado pero mal ejecutado, y que Rodrigues, quien permanece prófugo, tenía algún vínculo con la víctima, probablemente relacionado con la venta de drogas.
    Asimismo, destacó que los brasileños actuaron con seguridad pues sabían que Díaz no estaba armado. Precisó que fue Wesley quien disparó primero con una pistola calibre 9 milímetros; el primer disparo impactó en un mueble, avasallando a Díaz, quien cayó al suelo, y posteriormente efectuó seis disparos más, todos dirigidos al cuerpo del comerciante.
    La defensa, a cargo de la abogada Ramona Gómez, solicitó la absolución por duda razonable, señalando que no se pudo comprobar el acuerdo previo para el asesinato y enfatizando que toda la responsabilidad recaía en el prófugo Rodríguez. Gómez sostuvo que sus defendidos simplemente fueron “parte de un error de lugar y tiempo”.
    Durante el juicio, se mantuvo como principal hipótesis que Díaz fue asesinado porque la organización perdió meses antes 150 kilos de marihuana incautados por Gendarmería, y lo responsabilizaban de haber facilitado la información que permitió la operación.
    Por seguridad, el Tribunal ordenó reforzar la vigilancia en el edificio donde se desarrolló el proceso, temiendo posibles represalias por parte de miembros de la organización criminal que, además de operar en Río Grande do Sul, extiende su influencia hacia Argentina.

  • Continúan las reparaciones que realiza el Banco de Elementos Ortopédicos

    Continúan las reparaciones que realiza el Banco de Elementos Ortopédicos

    De esta forma, continúa cumpliéndose el objetivo de creación del Banco: recuperar y reutilizar elementos ortopédicos en desuso para ponerlos a disposición de la comunidad de manera gratuita. Precisamente, se busca garantizar el acceso a elementos esenciales a quienes no pueden costearlos.

    Este banco de elementos amplía la capacidad de dar soluciones a la demanda de personas que necesitan acceso a elementos ortopédicos tales como sillas de ruedas, bastones, andadores y otros insumos, tanto para quienes tienen discapacidad permanente como transitoria.
    Además, es una solución para aquellas personas que no saben qué hacer con los elementos ortopédicos que ya no utilizan.
    El Banco está abierto a cualquier persona o entidad que necesite el arreglo de sillas de ruedas u otros elementos, debiendo los interesados comprar los insumos necesarios, pero con reparación gratuita a cargo de la Municipalidad.
    El Municipio invita a los vecinos a colaborar donando elementos ortopédicos que ya no utilicen y que el Banco puede entregar a préstamo a quienes los necesiten. Pueden acercarlos a la Escuela Municipal de Artes y Oficio (Fray Mocho 665) o contactarse con la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Rocamora 508) o al teléfono celular 3442 418541.

  • De entidad financiera a referente agroindustrial – El Miércoles Digital

    De entidad financiera a referente agroindustrial – El Miércoles Digital

    Brindan combustibles, lubricantes e insumos para la producción agropecuaria y proyectan ampliar su capacidad de almacenamiento de fertilizantes sólidos. Tras reconvertir su actividad luego de la crisis bancaria, hoy abastecen a productores, industrias y transportistas de una amplia región en el sur santafesino.
     
    La Cooperativa Integral Independencia Ltda. logró reconvertir su actividad y consolidarse como un actor en el abastecimiento de insumos para el sector agropecuario. Desde su sede en Carcarañá, presta servicios a productores, empresas de transporte e industrias, además de desempeñarse como distribuidora oficial de YPF Agro.
    La entidad nació en 1979 como un banco cooperativo, producto de la fusión de distintas cajas de crédito del sur santafesino. Funcionó como institución financiera hasta mediados de la década de 1990, cuando la reestructuración del sistema bancario impulsó su integración al Banco Bisel.
    Años más tarde, tras la crisis de 2001, debió redefinir completamente su actividad. “Buscamos una alternativa comercial porque ya no teníamos la actividad financiera y nos instalamos como distribuidores directos de YPF Agro”, recordó Peloni.
    Una actividad ligada al movimiento económico
    Actualmente, la organización comercializa combustibles, lubricantes e insumos agrícolas destinados a pequeños y medianos productores, además de abastecer al transporte y a distintos sectores industriales. Su área de influencia abarca un radio cercano a los 80 kilómetros alrededor de Carcarañá, con presencia en localidades del sur santafesino y parte del área metropolitana de Rosario.
    Según explicó el dirigente, el nivel de actividad está directamente relacionado con el desempeño del sector agropecuario, el transporte y la industria. “El combustible y los lubricantes son un indicador muy fuerte de la expansión o de la recesión económica”, afirmó.
    En ese sentido, señaló que durante 2026 comenzaron a observar una recuperación gradual impulsada por una buena campaña agrícola y una mayor actividad en la construcción y el transporte. “Venimos de años muy difíciles por cuestiones climáticas y por la recesión, pero vemos que de a poco la demanda empieza a traccionar nuevamente”, sostuvo Peloni.
    Más infraestructura para los insumos
    Durante el último año se realizó una importante inversión para ampliar la capacidad de almacenamiento de lubricantes, rubro en el que se ubica entre los principales distribuidores de su región. Ahora, el principal objetivo es fortalecer la infraestructura destinada al almacenamiento y distribución de fertilizantes sólidos.
    “Tenemos una planta muy importante de fertilizantes líquidos, pero necesitamos ampliar el depósito de fertilizantes sólidos para abastecer mejor a los pequeños productores de la zona”, indicó el referente.
    La entidad también cuenta con una flota propia de camiones para la distribución de combustibles, fertilizantes e insumos, lo que le permite responder con mayor eficiencia a la demanda regional.
    Fuente: Elaboración de El Portal de las Cooperativas a partir de entrevista realizada en Radio Nacional Viedma (Viedma, Río Negro).
     

     
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  • Investigan la ruptura del matrimonio y la tenencia del hijo como ejes en el móvil del crimen de Lucila Pagani

    Investigan la ruptura del matrimonio y la tenencia del hijo como ejes en el móvil del crimen de Lucila Pagani

    Gerardo Luis Gasparutti, de 43 años, fue indagado por primera vez como presunto responsable del femicidio de su esposa, María Lucila Pagani, de 47 años. Sin embargo, su declaración fue escueta y decidió abstenerse de responder sobre aspectos específicos del caso. Actualmente, con nuevas medidas probatorias en curso, la fiscalía profundiza una hipótesis sobre el posible móvil del crimen: la ruptura del matrimonio, una presunta relación extramatrimonial y el deseo del acusado de mantener su lugar en la vida de su hijo de 10 años.

    Según fuentes cercanas a la causa consultadas por Clarín, la fiscalía analiza la posibilidad de que Gasparutti quisiera separarse de Lucila, pero conservar la convivencia con su hijo. En ese sentido, los investigadores consideran que el crimen pudo haber sido planificado y que la muerte de la madre habría sido, como hipótesis, el método para asegurar que el niño quedara bajo su cuidado.
    La existencia de una relación extramatrimonial ya había surgido durante la investigación. Según lo registrado en la causa, Gasparutti habría mantenido un vínculo con una mujer vinculada al ámbito universitario. No obstante, la defensa se distancia de esta línea de investigación.
    “En la indagatoria del jueves pasado, Gerardo declaró de manera escueta y se abstuvo de continuar respondiendo sobre temas puntuales por una cuestión de estrategia defensiva. La investigación sigue su curso y se están tomando nuevas medidas probatorias”, declaró a Clarín Lucas Zonzini, abogado de Gasparutti.
    Consultado específicamente sobre la existencia de una supuesta amante, Zonzini afirmó: “He decidido no indagar sobre ese rumor, ya que no le veo relación con el hecho investigado”.
    La indagatoria de Gasparutti se realizó tras un giro en la investigación, cuando la fiscalía descartó la versión inicial que hablaba de un accidente provocado por la explosión del celular de Pagani. Posteriormente, se levantó el secreto de sumario en el expediente, que está bajo la responsabilidad de la fiscal Liliana Copello.
    Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron a Clarín que las pericias realizadas por Bomberos constituyen un elemento clave en la acusación. “Está comprobado que el incendio no fue causado por ninguna explosión, sino por material carburante, en este caso nafta”, aseguraron. Este resultado es, según la fiscalía, el fundamento más sólido para la imputación contra Gasparutti.
    El acusado permanece detenido y, según su abogado, se encuentra alojado bajo medidas de protección para evitar inconvenientes dentro del penal.
    Otro aspecto central en la causa es la situación del hijo de la pareja. El niño, de 10 años, está bajo el cuidado de una vecina de Unquillo llamada Cecilia, quien fue una de las personas más cercanas a Lucila. Según explicó Zonzini, el hermano de Gasparutti se ofreció para hacerse cargo del niño de manera transitoria. Sin embargo, la Secretaría de Niñez intervino y determinó que el tío no podía asumir la tutela debido a que su hermano está imputado por homicidio calificado.
    La relación entre Cecilia y la familia se remonta a años atrás. Cecilia fue compañera de facultad de Lucila, con quien trabajó posteriormente, y habían construido una relación cercana que también unió a sus respectivas familias. Ambas terminaron viviendo en el mismo barrio. La cercanía de Cecilia con el niño explica que haya quedado a su cuidado tras la detención del padre. El menor continúa escolarizado en Córdoba, una dinámica que la familia sostenía porque sus padres trabajaban cerca.
    Mientras tanto, la fiscalía continúa reconstruyendo lo ocurrido dentro del matrimonio antes de la muerte de Pagani y analiza qué rol pudieron haber tenido la posible ruptura, la relación extramatrimonial y la situación del hijo en el desenlace. Por el momento, estas son hipótesis que forman parte de la investigación. Gasparutti está imputado por homicidio calificado por el vínculo con la víctima, y la causa sigue con nuevas medidas probatorias.

  • Noticias de la ciudad de Villa Elisa

    Noticias de la ciudad de Villa Elisa

    Se viene la 43° Prueba Atlética de Villa Elisa. En el marco del mes aniversario de nuestra ciudad, en el mes de noviembre se realizará una nueva edición de la tradicional Prueba Atlética de Villa Elisa.

    Desde el Área de Deportes se confirmó la fecha: será el sábado 14 de noviembre.
    Al igual que en ediciones anteriores, se mantendrán los dos circuitos de 5K y 10K, y se sumará nuevamente el KM Kids, pensado para los más chiquitos.
    En las próximas semanas, se abrirán las inscripciones para participar de este tradicional evento deportivo.
    Se recuerda que la Prueba Atlética es organizada por el Área municipal de Deportes con el acompañamiento de atletas locales y empresas de la zona.
    Conocé la oferta de talleres culturales y deportivos en Villa Elisa. Ya se encuentra disponible en el sitio web de la Municipalidad de Villa Elisa un espacio que reúne la oferta de talleres culturales y deportivos de gestión privada que se desarrollan en nuestra ciudad.
    Se puede acceder a la página a través del siguiente enlace: https://villaelisa.gov.ar/taller/. Allí se presenta, junto a la propuesta de talleres municipales, las distintas opciones brindadas por instructores y talleristas particulares.
    De esta manera, vecinos y visitantes cuentan con un espacio único y actualizado donde consultar toda la oferta de formación, recreación y práctica deportiva disponible en Villa Elisa, facilitando el acceso a las propuestas que se desarrollan en el ámbito privado.
    Se invita a quienes brinden talleres, cursos o clases culturales o deportivas y aún no se hayan sumado a este registro, a completar el formulario disponible en https://villaelisa.gov.ar/oferta-cultural-y-deportiva-en-villa-elisa/, con el fin de sumar su propuesta y darle mayor visibilidad dentro de la comunidad.
    Se adelanta una hora el inicio de la recolección domiciliaria de residuos urbanos. La Municipalidad de Villa Elisa informa a la comunidad que el servicio de recolección domiciliaria de residuos urbanos, prestado por la empresa Gurnel, mantiene su recorrido habitual, aunque se realizó una modificación en el horario de inicio.
    A partir de esta modificación, el recorrido diario comienza a las 22 horas, por lo que se solicita a los vecinos sacar los residuos con la debida anticipación.
    El servicio se desarrolla de acuerdo con el siguiente esquema:
    Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a avenida Urquiza.Martes, jueves y sábados: calles paralelas a avenida Mitre.Cabe recordar que Gurnel es la empresa adjudicataria de la Licitación Pública N.º 001/26, llevada a cabo durante el mes de mayo del corriente año.
    Se recuerda, además, la importancia de que cada vecino cuente con un cesto donde colocar los residuos, para contribuir a mantener la limpieza de calles y veredas.
    Uso adecuado de los Puntos Limpios
    Por otro lado, se recuerda a la comunidad la importancia de hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
    En estos espacios deben depositarse únicamente los siguientes materiales: plásticos de distinto tipo, envases tetra pak, vidrios, papel y cartón, latas de conserva y otros envases de hojalata.
    El correcto uso de estos puntos contribuye a fortalecer la separación de residuos y la recuperación de materiales reciclables, además de favorecer el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos.
     

  • «Entre ‘importados parvenus’, amigos que hacen negocios ‘con la nuestra’”

    «Entre ‘importados parvenus’, amigos que hacen negocios ‘con la nuestra’”

    El docente Gustavo Sirota sintetiza y enumera los distintos problemas que asolan al suelo entrerriano con el cierre de empresas y la creciente desocupación como consecuencia inmediata. Además incluye en su análisis el endeudamiento de la sociedad enterriana.
     
    Por GUSTAVO SIROTA
     
    Entre Ríos hace mucho que no halla el rumbo. Obedientes discípulos de @JMilei y sus políticas, el gobernador Frigerio y su legión de “importados parvenus” – término francés que describe a los arribistas o nuevos ricos – chocan día a día con una realidad que contradice la propaganda y el relato oficial. Datos y números que demuelen el relato. Tras 32 meses de experimento libertario, la economía que iba a “crecer como pedo de buzo”, se hunde dramáticamente de la mano del “experto en crecimiento con y sin dinero” y nuestra provincia no es la excepción.
    Un informe de Politikon estima en “1.074 el número de firmas que bajaron la persiana en la provincia entre diciembre de 2023 y el primer trimestre de 2026, de las cuales 437 lo hicieron en los primeros tres meses de este año”. “La retracción – señala la consultora – alcanzó el 6,3 por ciento en ese período, deterioro que se profundizó al comienzo de 2026, cuando el ritmo de cierres se aceleró respecto de los dos años anteriores”.
    El Centro de Economía Política Argentina traza un panorama aún peor, contabilizando “1.202 empleadores” que cerraron sus puertas en los 30 meses que lleva de gobierno @rogeliofrigerio, lapso en que se perdieron “12.506 puestos de trabajo registrados”.
    Los datos de ambas consultoras, reproducidos por “Análisis” – ediciones del 15 y del 18 de agosto – muestran el día a día de un gobierno, el de Rogelio Frigerio, que cumple y acompaña cada una de las políticas de @JMilei. Más allá de la propaganda y el marketing, los números dan cuentan una realidad que dista y mucho del relato que repiten las usinas comunicacionales del gobierno.
    La caída de la actividad en la provincia acompaña lo que se observa en el país. “Fundar”, tomando datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señala que “la reducción alcanzó a 30.633 firmas, el 6% de las existentes” en el período diciembre 2023 – mayo 2026”. En mayo, se contabilizaron 2.371 empresas menos que en abril, encadenando “16 meses consecutivos de caídas mensuales”.
    En el Mapa Federal de Empresas en Crisis publicado por el “CEPA”, Entre Ríos aparece con 21 casos críticos entre despidos, suspensiones, cierres definitivos, quiebras y retiros voluntarios. Entre las firmas figuran Unilever, Carrefour y Tres Arroyos, emblema de la producción avícola y principal empleador privado de Concepción del Uruguay, que ya en diciembre de 2024 había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
    El informe da cuenta, entre otras situaciones, del conflicto en la fábrica de baterías Fademi, en Larroque, y la situación de “Unionbat, histórica fabricante de baterías” que en junio discontinuó su actividad en el Parque Industrial de Gualeguaychú, despidiendo “101 operarios”. No solo la industria abona el deterioro del empleo formal. La concesionaria del transporte urbano de pasajeros de la capital entrerriana – “Buses Paraná” -mantiene un prolongado litigio con 237 trabajadores que pugnan por ser retomados por la nueva prestataria, la empresa San José.
    Desde la Unión Industrial de Entre Ríos alertan que “los empleos registrados industriales cayeron en la provincia”. En el último año la caída “fue del 1,6%” señalan desde la central que agrupa a los industriales entrerrianos, llamando la atención sobre “El empleo industrial registrado que cae de forma más gradual, consistente en un deterioro lento, pero sostenido desde el 2023”.
    El derrumbe alcanza casi cualquier variable que se tome. Las ventas en supermercados muestran una “caída real interanual sostenida” a lo largo de 2026: en abril registraron un derrumbe del “el 7,1 por ciento” y en mayo “del 3,7 por ciento”. Según el CEPA “las ventas en supermercados entrerrianos durante el primer trimestre de 2026 quedaron un 26 por ciento debajo de los niveles de 2023 y 5,4 menos que en 2025”.
    El deterioro del consumo aparece directamente ligado a la pérdida de poder adquisitivo del salario. Al menos tres de cada cuatro entrerrianos que perciben salarios del Estado están por debajo del piso – $ 1.564.716 en julio – que pone el INDEC para cubrir la Canasta Básica Total.
    No es mejor el panorama en el empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 cada empleo privado registrado en la provincia “perdió hasta 3,7 millones de pesos de capacidad de compra, medidos con una actualización inflacionaria basada en la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18”. Esto totaliza una pérdida – transferencia – de ingresos superior a los 500 mil millones de pesos.
    Para dimensionar estos números basta confrontar con los “21 mil millones” que anunciara el gobernador Frigerio que llegarán de la mano del RINI – Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones -, creando “380 nuevos empleos en la provincia”.
    El capitalismo “Hood Robin” del tándem @JMilei – Frigerio quita a los trabajadores formales entrerrianos veinticuatro veces más que las “inversiones del RINI”. Los “380 puestos de trabajo a crear” por el RINI son el cuatro por ciento de las 8.821 – 12.506 según CEPA – bajas en empleos registrados en Entre Ríos desde noviembre de 2023: por cada empleo que se crearía se han perdido entre veintinueve y treinta y dos.
    El turismo «atraviesa una verdadera emergencia» señaló Juan Enrique Solari de la Cámara Entrerriana de Turismo. Leonardo Schey, quien también integra la Cámara, trazó un panorama crítico y aseguró que las vacaciones de invierno fueron “las peores de sus 26 años en el sector”. La “industria sin chimeneas” atraviesa un momento muy complicado, y muchos han encendido las alarmas ante una temporada estival amenazada por la llegada de “un super niño” que tendría efectos sobre playas y balnearios.
    Uno de los aspectos más dramáticos es “la crisis de endeudamiento” llegó en junio al “16,82%, un récord histórico” en el caso de las “personas físicas”. La consultora “Management & Fit” alerta que “la morosidad total del sector privado llegó a casi el 13% del stock de créditos, la más alta desde la crisis de 2001”.
    Delfina Rossi en “El cohete a la luna” del 16 de agosto analiza un fenómeno que es consecuencia de un modelo de empobrecimiento y destrucción de ingresos. “la mora en las tiendas de electrodomésticos trepó al 42,59% y en las tarjetas de supermercados al 32,23%. Resultado solo posible con la complicidad de un gobierno ausente.
    Fuera de la formalidad laboral y sin garantías bancarias “la mora en los deudores jóvenes llega a picos del 45 %”, segmento de edad donde el “36 % concentra sus compromisos en fintech o Neobancos como Mercado Libre, Ualá o Brubank”.
    El “Centro de Estudios para la Ciudad” publicó un mapa interactivo del endeudamiento en la Argentina. Lo realizó en conjunto con la “Fundación Friedrich Ebert” a partir de datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central al mes de junio de este año.
    En el caso de Entre Ríos, 561.160 son las personas con algún tipo de deuda – cuatro de cada diez entrerrianos -, de los cuales 128.873 están en situación de mora con alguna entidad bancaria, financiera o crediticia. El dato exime de comentario alguno: el 23 % de los que se encuentran con algún tipo de deuda han entrado en la calificación de “moroso” por no poder hacer frente a las obligaciones contraídas.
    El Departamento Uruguay totaliza, de acuerdo al informe, 57.554 personas con deudas. Esto es la mitad de la población del departamento. De ellos 11.531 – dos de cada diez – se encontraban en situación de mora. El noventa por ciento – 9.979 – de estos “morosos” lo están con “neobancos o proveedores no financieros de crédito”.
    Mientras tanto “importados funcionarios” no dejan pasar oportunidad de facilitar negocios a sus amigos, como la contratación de Teknofood S.A. para proveer a los 966 comedores escolares de la provincia. De acuerdo al Decreto Nº 1983/2026 se destinarán a tal efecto 101.726.784.000 de pesos – unos 66 millones de dólares – para los ciclos lectivos 2026 y 2027, duplicando al menos el costo actual del servicio.
    La controvertida contratación sumó múltiples rechazos, entre ellos del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, que exigió “la suspensión de la medida” por el impacto nutricional y la falta de articulación local, y de Centros Comerciales y PyMEs que criticaron la “pérdida de empleo genuino y aportes directos en los municipios”.
    La empresa llega de la mano de Lautaro Azzalini, director de Comedores Escolares de la Provincia, que viene de ejercer funciones en la ciudad Autónoma de Buenos Aires donde está radicado. Teknofood cuenta con una larga lista de acusaciones por sobreprecios en San Juan, contratos directos en Santiago del Estero, e incumplimiento e informalidad en Corrientes, antecedentes que pareciera deliberadamente obviar el gobierno provincial.
    Rápido repaso por algunos números de estos treinta y dos meses de experimento libertario bajo el gobierno de @rogeliofrigerio. Entre “importados parvenus”, amigos que hacen negocios “con la nuestra”, oportunistas y pusilánimes de toda laya, Entre Ríos sigue desde hace mucho, demasiado, a la deriva y sin rumbo.
    En tanto los brutos con iniciativa observan atónitos pasar el carro de los vencedores, celebrando desde fuera los fastos de una fiesta a la que no están invitados.
     

     
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  • Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    Mansión de Pilar: la Fiscalía apelará a la Corte Suprema que se transforma en un tribunal clave para la AFA

    El fiscal general Mario Villar apelará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo que ordenó que la causa que investiga la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se tramite en la justicia federal de Campana.

    Fuentes judiciales informaron a Clarín que Villar objetará la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de que el máximo tribunal revoque dicho fallo. El fiscal tiene plazo hasta fin de mes para presentar el recurso.
    De esta manera, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti serán determinantes para el futuro judicial de la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino, no solo en esta causa sino también en otras dos en trámite.
    La Corte Suprema ya debe resolver otro planteo sobre la jurisdicción para investigar a la empresa TourProdEnter LLC, vinculada con el manejo de fondos en el exterior de la AFA, y también espera recibir la causa relacionada con la mudanza de la sede de la entidad a Pilar.
    Estas tres decisiones serán definitivas para la AFA, ya que no admiten más apelaciones. Además, los jueces del máximo tribunal son conscientes de que sus resoluciones tendrán tanto alcance jurídico como implicancias políticas.
    ### Las causas en juego
    Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña —quien fue presidente hasta diciembre pasado del tribunal de Ética de la AFA— y Mariano Borinsky resolvieron la semana pasada que la causa por la mansión debe tramitar en Campana, dado que esa es la jurisdicción que comprende Pilar, lugar donde se encuentra la propiedad.
    Esta decisión fue requerida por los acusados, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes no poseen capacidad económica declarada para adquirir ese inmueble de 105 mil metros cuadrados, valuado en 20 millones de dólares. Se sospecha que son testaferros de Toviggino, ya que en la mansión se encontraron objetos pertenecientes al tesorero y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la AFA para abonar el telepase de vehículos manejados por familiares de Toviggino.
    El caso investiga un presunto lavado de dinero, y la Cámara afirmó que se trata de un delito bajo la competencia de la justicia federal y no del fuero Penal Económico, donde inicialmente tramita la causa. Todos los fiscales que intervinieron manifestaron que no corresponde que intervenga el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
    Villar mantuvo esta postura durante el proceso y ahora presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema intervenga. Insistirá en que el fuero Penal Económico puede investigar el caso, y en caso de corresponder la justicia federal, esta debe ser la de la ciudad de Buenos Aires, ya que la maniobra delictiva es más amplia y no se restringe a la casa de Pilar: se sospecha que para su adquisición se desviaron fondos de la AFA mediante sociedades con sede en la capital.
    La Cámara de Casación debe decidir si acepta la apelación para que el expediente llegue a la Corte. En caso de rechazo, Villar presentará un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal. Fuentes judiciales indican que la Corte no suele intervenir en este tipo de conflictos y, si mantiene esa postura, la causa permanecerá en Campana.
    El máximo tribunal también enfrenta otra disputa judicial sobre la jurisdicción para investigar diversas causas vinculadas a la AFA, en una de las cuales Claudio Tapia y Pablo Toviggino están procesados por retención indebida de impuestos. Ese expediente fue iniciado por el empresario Guillermo Tofoni en la justicia nacional de instrucción, por presunta administración fraudulenta en el manejo de TourProdEnter LLC, empresa propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, relacionada con los fondos de la AFA en el exterior.
    El juez federal de Campana solicitó esa causa para unificarla con una similar en trámite, por lo que la magistrada nacional Paula Petazzi se la remitió. Sin embargo, la Cámara del Crimen rechazó ese pedido y, ante la disputa entre un juzgado federal y otro nacional, envió el expediente a la Corte Suprema para que defina la competencia.
    El tercer expediente que estará bajo la lupa de la Corte, aún no ingresó pero se prevé que lo haga en breve. Se trata de un punto fundamental para la estrategia de la AFA: la ubicación legal de su sede.
    Claudio “Chiqui” Tapia busca trasladar la sede de su histórica sede en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, a Pilar, donde también se encuentra la mansión vinculada a Toviggino. Este cambio implicaría que la entidad quede bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, en lugar de la órbita nacional. Este traslado genera una disputa con el gobierno de Javier Milei.
    La Cámara Civil aprobó el traslado a Pilar, pero el gobierno, a través de la Inspección General de Justicia, apeló ese fallo para que intervenga la Corte Suprema. La Cámara tiene pendiente la resolución de dicha apelación, y si no la acepta, el gobierno podría recurrir al máximo tribunal por otra vía.

  • Condenan a siete años de prisión a una mujer por su participación en el transporte de 106 kilos de cocaína

    Condenan a siete años de prisión a una mujer por su participación en el transporte de 106 kilos de cocaína

    Una mujer de nacionalidad boliviana fue condenada a siete años de prisión por contribuir al transporte de 106 kilos de cocaína dentro de una camioneta. La situación se detectó en el marco de un operativo de control en la ruta nacional N°34, a la altura de la localidad de Ceres, en Santa Fe. La sentencia fue dictada por el juez federal de Garantías de Rafaela, Santiago Saux, tras homologar un acuerdo pleno suscripto por la Sede Fiscal Descentralizada, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel y la ahora condenada. Además, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional otra mujer por su participación secundaria en el transporte de estupefacientes.

    La resolución fue dictada el jueves de la semana pasada, en el marco de una audiencia de acuerdo pleno solicitada por la sede fiscal, con la participación del fiscal federal coadyuvante Federico Grimm. Tras realizar el control de legalidad, el magistrado homologó los acuerdos y condenó a Elia Iriarte Mendieta a siete años de prisión efectiva por ser coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo. A Patricia Elizabeth Ávila se le fijó una pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, por ser partícipe necesaria de la maniobra. Ambas reconocieron expresamente su participación en los hechos, el encuadre legal y el monto de la pena impuesta.
    100 panes en una 4×4
    La investigación comenzó tras el operativo realizado el 30 de noviembre de 2025 en el que personal de Gendarmería Nacional Argentina detuvo una camioneta Jeep Grand Cherokee. Dentro del vehículo, se encontraron 100 panes de clorhidrato de cocaína ocultos en los paragolpes y zócalos.
    Desde ese momento, el conductor, J.B.M.B, permanece en prisión preventiva a la espera de un juicio oral y público, señalado como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.
    De acuerdo con el peritaje oficial, el peso total de la cocaína incautada fue de 105,911 kilogramos, con una concentración promedio del 84,4%, lo que le otorga un grado muy prominente de pureza, y la posibilidad de confeccionar unas 893.888 dosis umbrales. Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el valor de mercado fue establecido en 2.487.213,92 dólares.
    Financista y guía
    En el marco de la investigación, se pudo establecer que Iriarte Mendieta cumplió un rol fundamental a nivel organizativo y funcional en el hecho, gestionando, financiando y materializando la compra de la camioneta, que luego inscribió a nombre del conductor.
    Además, se estableció que la mujer participó también en el transporte de la droga. El 28 de noviembre de 2025 se detectó, a través de datos de geolocalización e impactos de antena, que se encontraba en camino desde el norte del país hasta Ceres. Los impactos de las líneas coincidían con las del conductor.
    Según repasaron, a las 12:25 del 30 de noviembre de 2025, horas antes del operativo, arribó en un automóvil Toyota Corolla al hotel “Vista del Sol”, ubicado sobre la ruta nacional N°34, kilómetro 495 de la localidad de Pinto, Santiago del Estero, donde se hospedó en una habitación contigua a la de J.B.M.B.
    Para los fiscales, esa actividad “fue desarrollada a los efectos de direccionar su camino, alertarlo de la presencia de las fuerzas de seguridad, y asegurar que la carga llegue a su destino”. Al momento del operativo, Iriarte Mendieta se dio a la fuga, razón por la cual la fiscalía ordenó su captura, que se concretó el 14 de abril de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde pretendía abordar un vuelo hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.
    En esa circunstancia, se le secuestraron un teléfono celular, una Tablet marca Samsung, 33.000 dólares, 561.300 pesos argentinos y 1.420 pesos bolivianos.
    Participación secundaria
    Respecto de Ávila, se estableció en la sentencia que cooperó con la ejecución de “actos no esenciales de apoyo, con pleno conocimiento del hecho delictivo en ejecución, y con voluntad e intención de influir exitosamente en la maniobra”.
    Esos actos consistieron en haber cargado el 28 de noviembre de 2025, al inicio del recorrido, 10.000 pesos de saldo desde su cuenta personal de Mercado Pago a cada una de las líneas telefónicas utilizadas por Iriarte Mendieta y a la línea que utilizó el chofer, que en ese momento era su pareja, para comunicarse con Iriarte Mendieta durante el transcurso del viaje que terminó con la incautación de la droga.
    Además, se acreditó que Ávila recibió por parte del chofer un depósito de 150 mil pesos, probablemente en concepto de reintegro por las cargas realizadas y para su provecho personal

  • Jueces federales entrerrianos intervendrán en juicio por megacausa de lavado de dinero – El Miércoles Digital

    Jueces federales entrerrianos intervendrán en juicio por megacausa de lavado de dinero – El Miércoles Digital

    El Tribunal Oral Federal de Resistencia comenzará el próximo 4 de septiembre el juicio contra tres personas acusadas de lavar dinero para la organización narcocriminal condenada por la denominada operación “Carbón Blanco”, que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore, quien falleció en 2019.
    En el debate, el Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Federico Carniel y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.
    El tribunal, integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa, había puesto como fecha de inicio el 7 de agosto pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.
    Los acusados
    Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena fueron señalados por la acusación como personas de confianza de Salvatore. Los tres llegan a esta instancia en libertad. Los dos primeros están acusados de ser miembros de una asociación dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes provenientes de hechos ilícitos por un monto de 300 mil pesos, a través de negocios jurídicos simulados con entidad para conferirles la apariencia de un origen lícito.
    “Se puede concluir que los fondos invertidos por los imputados provenían de operaciones internacionales de narcotráfico”, se sostiene en el requerimiento realizado por el fiscal Carlos Amad. Allí, les atribuyó a los dos imputados haber adquirido inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell y haber recibido dinero, tras la muerte de Salvatore, una póliza radicada en la Isla de Man.
    Por su parte, Carrena llega a juicio acusado de ser coautor del delito de lavado de activos de origen delictivos, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda y con la habitualidad y con la intervención de personas de existencia ideal.
    Según la investigación llevada adelante por el fiscal Amad, dentro de la organización delictiva liderada por Salvatore, el rol de Carrena consistió en la conformación de sociedades en Estados Unidos y también en la ingeniería de esas sociedades financieras, por donde la organización canalizaba sus espurias ganancias, mediante la compra y venta de activos.
    Además, se señaló que Carrena, para llevar adelante las maniobras de lavado de activos, constituyó 42 empresas. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, una vez creadas, el hombre ejecutaba la segunda etapa de su trabajo dentro de la organización ilícita, que consistía en utilizar a estas compañías para el blanqueo de los bienes “logrados del delito precedente para otorgarle una apariencia de legalidad”. A su vez, concretaba maniobras para simular operaciones inmobiliarias de compra venta con la finalidad de legitimar dichas operaciones.
    “Se encuentra acreditado que el encartado ha realizado una multiplicidad de maniobras de lavado durante un lapso relativamente extenso de tiempo. Esta circunstancia muestra la ‘habitualidad’ en su comportamiento, exteriorizada en la continuidad o repetición de las acciones delictivas reprochadas, en gran medida contemporáneo a la generación de rédito económico obtenido a través del contrabando de narcóticos, y la permanencia en la administración de los activos detectados”, se señaló en el requerimiento.
    En abril de 2023 Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral y lo mismo ocurrió con Carrena en mayo de 2024. Finalmente, el tribunal unificó las causas en noviembre de 2024, consignó Ahora.
    Carbón Blanco
    En 2015, Salvatore fue condenado a 21 años de prisión en la causa que mediáticamente se conoció como “Carbón Blanco”. Allí se lo consideró como organizador de una asociación ilícita que en 2012 envió más de una tonelada de cocaína a Portugal y España escondida en contenedores que llevaban carbón vegetal.
    En mayo de 2018, Salvatore murió de un paro cardiorrespiratorio cuando estaba internado en el Hospital Argerich del barrio porteño de La Boca. Su fallecimiento se dio en medio del juicio por las maniobras de lavado de activos que llevaba adelante la organización.
    Como consecuencia de ello, en marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de banda con penas de hasta 9 años. El veredicto alcanzó a la esposa de Salvatore, Silvana Susana Vallés, y a su suegro, Santiago Vallés Ferrer, que fueron condenados a 7 años.
    Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, tuvo una pena de 9 años de prisión. Si bien Carla Yanina Salvatore D’ Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta en ese debate, finalmente fue condenada en abril de 2025 en un proceso de reenvío.
    En el juicio oral por lavado intervino el fiscal general de esa jurisdicción, Federico Carniel, junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

     
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  • Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Procesaron por asociación ilícita a un policía retirado y dos hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este viernes el procesamiento del agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Ariel Zanchetta, del hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y del joven Tomás Hválica, creador del sitio web Dark PFA. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a espiar a ministros de la Corte Suprema y a miembros de la justicia federal.

    Zanchetta, además, mantenía comunicación con Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado cercano a Cristina Kirchner, durante el intento de juicio político contra la Corte Suprema en 2022 y 2023. Tailhade informaba a un grupo de periodistas afines sobre las filtraciones de datos que se publicaban en Dark PFA.
    El fallo destacó que la labor coordinada de Zanchetta en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades judiciales no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una actividad funcional destinada a proveer información sensible a la estructura criminal. Además, se comprobó la prolongada y conjunta actuación del grupo entre febrero de 2022 y mayo de 2023, meses antes de la condena a la expresidenta en la causa Vialidad.
    La reiteración de las intrusiones, la mantención de la plataforma Dark PFA con créditos ilimitados y la constante acumulación de información confidencial evidencian el carácter estable y permanente de esta organización criminal.
    La investigación dirigida por Martínez De Giorgi abarca varios ejes, entre ellos la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. También indaga el hackeo a través de la maniobra conocida como «sim swapping» —que implica la suplantación de la tarjeta SIM para tomar control del teléfono— sufrido por los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los magistrados que llevaron adelante el juicio Vialidad contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
    Por este motivo, Nuñes Pinheiro fue detenido en primera instancia. En su declaración admitió que en agosto de 2022 fue contactado por un usuario identificado como “ElJuanxd” a través de Telegram, quien le asignó tareas dirigidas a hackear celulares de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago, dicho usuario desapareció.
    Asimismo, fue detenido y procesado Ariel Zanchetta, ex policía federal, quien el mismo día del hackeo a Borinsky realizó búsquedas de datos del magistrado en la base SudamericaData. Solo en 2022, Zanchetta efectuó más de dos mil búsquedas sobre magistrados, políticos y artistas, varios de los cuales luego fueron víctimas de intrusiones. Aunque Zanchetta se excusó como periodista, sus diálogos evidenciaron que actuaba como agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía.
    El análisis de los dispositivos de Zanchetta también permitió imputar y ordenar el allanamiento del ex funcionario de AFIP y militante de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, quien coordinaba operaciones y asignaba objetivos de espionaje, entre ellos la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, enfrentada con La Cámpora. Rodríguez mantenía además contacto con el diputado Tailhade. Al momento del allanamiento, Rodríguez no fue encontrado en sus oficinas y se presentó ante la justicia cinco días después, entregando sus dispositivos.
    En los últimos meses, Martínez De Giorgi citó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, administrador del sitio Dark PFA, y amplió las declaraciones indagatorias de Nuñes Pinheiro y Zanchetta.
    El magistrado describió que la maniobra delictiva se desarrollaba en tres etapas: primero, la obtención ilegítima de información personal de las víctimas mediante accesos no autorizados a bases de datos; segundo, el control de las líneas telefónicas mediante el “sim swapping”, que consiste en obtener una tarjeta SIM asociada a la línea telefónica de la víctima suplantándola ante la operadora; y tercero, el acceso ilegal a aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Telegram o Facebook.
    El fallo estableció que Nuñes Pinheiro materializó estas maniobras, logrando modificar datos originales de las líneas telefónicas, controlar las cuentas y acceder a las plataformas de mensajería de los cuatro jueces afectados. Por su parte, Hválica, bajo el usuario de Telegram @pr1sox, facilitó a Nuñes Pinheiro acceso ilimitado a la plataforma Dark PFA para consultas de datos personales como números de trámite de DNI.
    Hasta el momento se desconoce quiénes solicitaron y financiaron estos hackeos.
    Se acreditó que Zanchetta solicitó informes a la empresa SudamericaData Group SRL sobre jueces de Casación, ministros de la Corte Suprema, jueces de la Cámara Federal y otros funcionarios. Entre los objetivos figuraban Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Leopoldo Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi, Silvio Federico Robles, Ricardo Bustos Fierro y Ernesto Kreplak.
    Zanchetta recopiló datos personales, patrimoniales y migratorios de estos funcionarios, entre ellos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, del Tribunal Oral Federal y de la Corte Suprema, así como de otros magistrados.
    En el caso del juez Giménez Uriburu, tras el control ilegal de su línea telefónica, se realizaron pedidos indebidos de dinero a sus contactos registrados en