Vialidad: los contratos que se multiplicaron por diez y las empresas que se quedaron con la obra vial – El Miércoles Digital
Según un informe oficial de la Dirección Provincial de Vialidad, los contratos de las principales obras viales de la provincia multiplicaron sus montos originales entre tres y doce veces por la vía de las redeterminaciones de precios, y en un caso casi ochenta. Cuatro grupos empresarios concentran la mayor parte de lo certificado desde 2023. En 2024 no se hizo una sola licitación: la obra de mantenimiento se adjudicó en forma directa, por emergencia, según estableció ANÁLISIS.
La respuesta llegó el 1 de octubre, con la firma del director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda. «Desde diciembre de 2023, esta gestión ha transitado un proceso de profundo ordenamiento administrativo, económico y financiero de la obra vial», arranca la nota. Habla de «deudas acumuladas, embargos judiciales, obras neutralizadas» heredadas, de las leyes de Emergencia Económica N° 11.138 y de Emergencia Vial N° 11.144, y concluye que se logró «consolidar una administración previsible, transparente y eficiente». Detrás de esa carta de presentación vienen siete expedientes internos, uno por cada área que tuvo que contestar, y un conjunto de planillas que dicen bastante más que la carta. ANÁLISIS había presentado el pedido el 1 de julio, en el marco de la Ley 11.191 de Acceso a la Información Pública. Pedía, para los ejercicios 2023, 2024, 2025 y lo que va de 2026, el presupuesto y su ejecución, todas las obras licitadas y las contratadas en forma directa, las compras de bienes y servicios, las redeterminaciones de precios, el estado de los certificados y la deuda con contratistas, un ranking de empresas por monto adjudicado y el detalle de la obra financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF). El trámite se demoró: el pedido llegó formalmente a la Secretaría Privada de Vialidad recién el 25 de agosto, y desde allí se repartió entre Despacho, Construcciones, Conservación, Obras por Administración, Suministros y la Dirección de Administración y Finanzas, con la orden de responder «en forma urgente y con preferente despacho».
Contratos que se multiplicaron
La información más reveladora está en dos planillas que el Departamento Certificaciones y Costos de la Dirección de Construcciones, a cargo del ingeniero Emilio Basso, adjuntó el 2 de septiembre, y en una tercera elaborada por la Dirección de Conservación. Allí figuran, obra por obra, el monto del contrato original, el monto de obra modificado, el decreto bajo el cual se redeterminaron los precios y el último monto redeterminado. Los números son elocuentes. La reconstrucción de la Ruta Provincial N° 10 hacia María Grande, en el distrito Tala, adjudicada a Norvial en 2023 por 1.784,9 millones de pesos, tiene hoy un último monto redeterminado de 15.683,3 millones: casi nueve veces el contrato. El acceso a Hernandarias y Piedras Blancas, a cargo de José Eleuterio Pitón S.A., pasó de 1.427 millones a 15.149,8 millones, más de diez veces. La rehabilitación de la Ruta 32 entre la ruta nacional 12 y la 18, también de Pitón, trepó de 1.916,1 millones a 23.496,3 millones: algo más de doce veces. La obra básica y pavimento de la Ruta 23 entre Pronunciamiento, Primero de Mayo y Villa Elisa, de Constructora Dos Arroyos, pasó de 2.631,2 millones a 31.159,5 millones. El puente sobre el río Gualeguaychú en Paso el Cinto, de la misma empresa, saltó de 624,8 millones a 6.780,9 millones.
El Acceso Norte a Concepción del Uruguay, de Lemiro Pablo Pietroboni S.A., figura con un contrato de 2.275 millones y un último monto redeterminado de 20.057,5 millones. La avenida 25 de Mayo de Larroque, de JLP Construcciones, fue adjudicada en 399,3 millones y hoy vale 2.076,7 millones. El desvío de tránsito pesado de Pueblo Brugo, de Norvial, pasó de 292,9 millones a 1.861,1 millones.
El caso extremo es otro tramo de la Ruta 20, entre la ruta nacional 18 y la provincial 22, en los departamentos Villaguay y Federal. Es un contrato viejo, cedido en 2015 a una unión transitoria integrada por SACDE, Lemiro Pablo Pietroboni y Luis Losi. El monto original era de 595,5 millones de pesos. El último monto redeterminado, aprobado por la Resolución 1301/26, es de 46.802,7 millones: setenta y ocho veces más. Esta última es una obra que tenía financiamiento mixto (DPV y Vialidad Nacional), que estaba neutralizada desde agosto de 2023 y la provincia, en la renegociación, asumió el 100 por ciento de su costo.
Hay un dato que cualquier lectura honesta de estas cifras tiene que poner sobre la mesa: entre 2023 y 2024 la Argentina tuvo inflación de tres dígitos, y la redeterminación es justamente el mecanismo legal para que un contrato de obra no quede licuado. Buena parte de esos saltos es eso. Pero no todo se explica igual. Hay obras adjudicadas el mismo año, a valores parecidos, cuyos montos crecieron en proporciones muy distintas, y la planilla no trae los índices aplicados ni las fechas base de cada contrato, por lo que es imposible saber, con lo entregado, cuánto es actualización y cuánto es otra cosa.
El caso Curtiembre
Un ejemplo de lo que la planilla no explica es el acceso a Puerto Curtiembre, la obra básica y de pavimento de 18 kilómetros entre la ruta 8 y el puerto, en el departamento Paraná, adjudicada por la gestión anterior, de Gustavo Bordet. Está a cargo de Norvial. Su contrato original es de 6.157,4 millones de pesos y no registra ninguna modificación de obra. Su último monto redeterminado, aprobado por la Resolución 1384/26, es de 32.736,3 millones: más de cinco veces el contrato.
Según las planillas financieras de la propia DPV, en esa obra se pagó un anticipo financiero en 2026, el primer certificado corresponde a febrero de este año y la empresa también cobró una «actualización» de ese anticipo por 1.013,4 millones. Es decir: la obra arrancó a facturar en 2026, pero su contrato ya se había multiplicado por cinco. La única explicación posible es que la fecha base de la oferta sea muy anterior al inicio efectivo de los trabajos. Vialidad no lo aclara.
La planilla de Construcciones tiene una columna titulada «Monto Modificación Obra». En la mayoría de los contratos que la completan, ese valor supera al original en una proporción que se repite con una regularidad llamativa. El Bacheo Grupo I pasó de 12.621,6 millones a 17.632,5 millones: 39,7 por ciento más. El Acceso Norte de Paraná, a la altura del Túnel Subfluvial, de 316,2 a 441,7 millones: 39,7 por ciento. Paso el Cinto, de 624,8 a 873,3 millones: 39,8 por ciento. El acceso a Aldea Protestante, de Paulina Castro de Demartín e Hijos, 39,9 por ciento. La alcantarilla sobre el arroyo El Durazno, de Daniel Barón S.A., 39,8 por ciento. Las obras de arte y pavimento en Pehuajó Norte, de Pitón, 39,4 por ciento. El puente sobre el arroyo La Jacinta, de Norvial, 39 por ciento. El acceso a Hernandarias, 38,2 por ciento. La Ruta 10, 37,9 por ciento. La avenida 25 de Mayo de Larroque, 36,5 por ciento.
Diez obras distintas, de siete contratistas distintos, con ampliaciones que se apilan entre el 36 y el 40 por ciento, sin que ninguna pase ese umbral. La respuesta oficial no dice qué norma habilitó esas modificaciones, qué trabajos se agregaron ni si existe un tope que explique la coincidencia. Es una de las preguntas que quedan abiertas. No obstante, está dentro de la ley de obras públicas, donde está permitido hasta un 40 por ciento en la ampliación.
Los dos bacheos
El caso del Bacheo Grupo I merece un párrafo aparte. Es la obra de mantenimiento de rutas más grande de la provincia: abarca las rutas provinciales 11, 16, 20, 26, 45 y 51 y el acceso a Tres Bocas, en ocho departamentos. La licitación pública 45/23 se abrió el 23 de noviembre de 2023, a días del cambio de gobierno, con un presupuesto oficial de 6.505,5 millones de pesos. Se presentaron tres ofertas y las tres prácticamente duplicaban esa cifra: la UTE Pietroboni-Pitón ofertó 12.621,6 millones, Norvial 13.640 millones y Luis Losi 13.999,3 millones. Ganó la UTE, con un precio 94 por ciento por encima del presupuesto oficial.
A septiembre de 2026, según el informe de la Dirección de Administración y Finanzas, el Bacheo Grupo I acumula una inversión de 30.958 millones de pesos, incluidos un anticipo financiero y su actualización. Y el último monto redeterminado del contrato, con la ampliación, es de 58.607,1 millones.
El Bacheo Grupo II, en el norte provincial, fue la única licitación de obra que la DPV hizo en 2025. Se abrió el 23 de abril de ese año con ocho oferentes y un presupuesto oficial de 26.518,4 millones. Esta vez la oferta ganadora, de Luis Losi S.A., quedó un 10,6 por ciento por debajo: 23.699,6 millones. Pero la adjudicación llegó recién con la Resolución 313/26, casi un año después de la apertura. Cuando la obra empezó, en 2026, el contrato ya estaba redeterminado en 33.447,7 millones, un 41 por ciento más que lo ofertado.
La planilla de licitaciones de la Dirección de Despacho muestra siete procedimientos en 2023, ninguno en 2024 y uno solo en 2025. Los de 2026, informó la jefa del Departamento Despacho, todavía no tienen resolución de adjudicación.
En las de 2023, todas las adjudicaciones superaron el presupuesto oficial. La Ruta 39 entre Basavilbaso y Caseros, adjudicada a Luis Losi por 11.849,3 millones, quedó un 41,7 por ciento arriba. La Ruta 20 a Gualeguaychú, de Pitón, un 48 por ciento. La avenida Guido Marizza en San Benito, de Norvial, se adjudicó un 59,6 por ciento por encima del presupuesto en un tercer llamado al que se presentó un único oferente. La reparación de losas del Acceso Norte de Paraná, una licitación privada, un 51,5 por ciento arriba. La Ruta 10, un 31 por ciento.
En 2024 el mecanismo fue otro. Al amparo de la Ley de Emergencia Vial y de la Resolución 1683/24, Vialidad contrató en forma directa, «por vía de excepción», la reposición de suelo calcáreo y ripio en los caminos de tierra de la provincia, dividida en regiones. JLP Construcciones se quedó con la Región 1 (La Paz, Federal y Feliciano) por 696,6 millones. José Eleuterio Pitón con la Región 2 (Concordia, Chajarí y San Salvador) por 635,9 millones y con la Región 6 (Diamante, Victoria, Nogoyá y Gualeguay) por 954,5 millones. Soluciones PDG con la Región 4 (Villaguay, Tala y Villa Elisa). Cantera La Chola II con la Región 5 (Uruguay, Gualeguaychú e Islas) por 442,3 millones. En todos los casos se invitó a varias empresas y las adjudicadas cotizaron entre un 4 y un 17 por ciento debajo del presupuesto oficial.
El total supera los 3.400 millones de pesos, y los contratos ya fueron redeterminados a más de 4.000 millones. Pero hay dos inconsistencias. La primera: la numeración salta de la Región 2 a la Región 4 y la Región 3 no figura en ninguna planilla. La segunda: las áreas no coinciden entre sí. Despacho informa que Soluciones PDG fue contratada por 675 millones; Conservación, por 696,6 millones, exactamente la misma cifra que JLP. Con Verco S.A., contratada en 2025 para cuatro calzadas sumergibles en el distrito Crucecitas, pasa lo mismo: 503,1 millones según una oficina, 491,1 millones según la otra. La región III se dio de baja porque la Zonal Cerrito había priorizado el tramo a Curtiembre y luego se decidió avanzar con la obra prevista. Por ende, se dio de baja la región en su totalidad.
Quiénes cobran
El informe de la Dirección de Administración y Finanzas, fechado el 4 de septiembre, adjunta las planillas analíticas de certificados de quince frentes de obra. Sumados, los certificados registrados en esas planillas, que en su gran mayoría corresponden al período 2023-2026, rondan los 145.270 millones de pesos.
El reparto es concentrado. José Eleuterio Pitón S.A. certificó por su cuenta 41.654 millones en tres obras: la Ruta 32 hacia Crespo, la Ruta 20 hacia Gualeguaychú y el acceso a Hernandarias. A eso hay que sumarle los 30.958 millones del Bacheo Grupo I, que ejecuta en unión transitoria con Pietroboni. Luis Losi S.A. acumula 27.415 millones entre la Ruta 39 y el Bacheo Grupo II. Norvial, 19.731 millones entre la Ruta 10, Curtiembre, Brugo, San Benito y el acceso al Túnel. Constructora Dos Arroyos, 13.780 millones entre la Ruta 23 y Paso el Cinto. Pietroboni, sola, 9.759 millones en el Acceso Norte a Concepción del Uruguay. JLP, 1.976 millones en Larroque.
Pitón y Pietroboni son, además, la unión transitoria que se quedó con la principal obra financiada por la CAF: la reconstrucción de las rutas 34, 33, 43 y 31 en los departamentos Paraná y Nogoyá, adjudicada por la Licitación Pública Internacional 01/25 y la Resolución 619/25 de la Unidad Ejecutora Provincial por 34.843,7 millones. Ese contrato ya tiene un último monto redeterminado de 46.505,9 millones. Sobre esa obra, Vialidad se limitó a informar el nombre, la empresa y el monto. El pliego, las ofertas, el orden de mérito y el dictamen de preadjudicación, dice la respuesta, «deberán ser requeridos directamente» a la UEP.
Respecto de la deuda, la Dirección de Administración y Finanzas sostiene que los certificados se pagan «con carácter general antes de su vencimiento» y que se suprimieron los intereses moratorios. Las planillas lo respaldan en buena medida: a la fecha de corte, lo pendiente suma unos 2.700 millones de pesos, concentrados en la Ruta 10 (1.023 millones), el acceso a Hernandarias (1.089 millones), el Bacheo Grupo II (298 millones), Paso el Cinto (192 millones) y la Ruta 32 (99 millones), todos certificados que, según el informe, aún no habían vencido. El mismo informe admite que la única obra con fondos nacionales es la Ruta 23, del ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, cuyos recursos llegan «a cuentagotas y con demoras operativas desde Nación».
Vialidad, en cambio, no contestó la pregunta sobre qué deuda quedó alcanzada por el régimen de emergencia de 2024 y qué pasó con cada obligación. Se limitó a mencionar los convenios de reconocimiento de deuda y asistencia financiera instrumentados por los decretos 1577/24 y 1578/24.
El ranking que no existe
ANÁLISIS pidió un listado de empresas contratistas ordenadas por monto adjudicado en el período. La respuesta fue que el organismo «no confecciona ni administra un ranking oficial de contratistas», y que la nómina de empresas inscriptas está en el Registro Provincial de Contratistas. El ranking, sin embargo, puede armarse con los propios datos que Vialidad entregó, y es el que surge de los párrafos anteriores: Pitón, Losi, Norvial, Dos Arroyos y Pietroboni.
El Departamento Suministros pidió una prórroga de diez días hábiles por «el volumen de los antecedentes» y finalmente entregó los listados de órdenes de pago de compras de bienes y servicios de los cuatro ejercicios. Son 1.025 órdenes por un total cercano a los 6.039 millones de pesos, distribuidas entre 223 proveedores.
El principal es YPF, con 1.826 millones, casi un tercio del total. Casi todo corresponde a 2024 y al programa «YPF en Ruta» de provisión de combustible, que se pagaba por quincena: hubo quincenas de más de 200 millones. En los listados de 2025 y 2026, en cambio, YPF no aparece, lo que obliga a preguntar por qué otro canal se está pagando hoy el combustible de la flota. Lo de YPF en Ruta es una herramienta donde cada uno de los autorizados tiene un PIN que lo identifica en la estación de servicio. Y cada vehículo o máquina una tarjeta que quedan registrados en el sistema: la hora, día, monto de carga y dónde lo concretaron, por lo que cada 15 días llega la factura al organismo. Así queda asentado un registro de quiénes utilizaron combustible en cada jornada.
Le siguen Neumáticos Verona, con 576 millones en cubiertas en los cuatro años; Metibal, con 296 millones en cuchillas y bulones para máquinas; Grúas San Blas, con 285 millones, que incluyen la compra de una motoniveladora y un tractor en 2023; y Agroar Máquinas Agrícolas, que cobró 265,6 millones en una sola orden de 2025 por desmalezadoras articuladas. En 2026, la compra más grande fue de neumáticos para stock a Larocca Neumáticos, por 207,7 millones.
Un dato curioso: Constructora Dos Arroyos, que es contratista de obra pública de Vialidad, figura también como proveedora en el circuito de compras, con 190 millones cobrados en 2024 por mezcla asfáltica en frío para bacheo.
Lo que no llegó
La nota de Donda asegura que el Asesor Administrativo y Financiero del organismo «ha remitido las planillas detalladas con el presupuesto asignado y ejecutado, desagregado por inciso, programa y fuente de financiamiento». Esas planillas no están entre lo entregado. Tampoco están tres expedientes cuya numeración aparece salteada en la serie de respuestas. Sin ellos no es posible saber cuánto recibió Vialidad en cada ejercicio, cuánto ejecutó ni cuánto pesó cada fuente de financiamiento, que era la primera pregunta del pedido.
Tampoco hay respuesta sobre los índices y fechas base de las redeterminaciones, sobre la norma que habilitó las modificaciones de obra, sobre la Región 3 de las contrataciones directas ni sobre la documentación de la obra financiada por la CAF. Vialidad cerró su respuesta ofreciendo «toda la documentación para su control físico». El ofrecimiento será tomado.
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