Gloria y ocaso de un ex mandatario – El Miércoles Digital
«Con lo que se llevaron se hubieran construido un hospital de 21 mil metros cuadrados, 70 escuelas o 2.000 viviendas sociales. Demasiados nuevos ricos aparecieron. Hubo investigaciones, condenas y presos vip, como sucede ahora con Urribarri, Báez y Aguilera. Pero hay aún demasiadas causas abiertas por corrupción, con abultada documentación. Y quizás tengan un final parecido al exgobernador»,sintetiza el autor del texto sobre la era urribarrista en Entre Ríos.
Por DANIEL ENZ (*)
A Jorge Busti siempre le quedó grabada aquella escena de la puerta de la humilde casa. Era de chapa, con poca pintura y algo de ruido para abrir o cerrar, como casi todas las que tenía el plan del IAPV en la década del ’80.
Detrás de ella vivía el muchacho al que había ido a buscar hasta General Campos para ofrecerle una banca de diputado provincial por el PJ de Concordia. Adentro estaban Ana Lía Aguilera y los cuatro chicos: Sergio Damián, Mauro, Bruno y Franquito, que todavía no cumplía el año. Y había un quinto nene, de unos 12, descalzo, con la ropa hecha jirones, que miraba desde un rincón: Juan Pablo Aguilera, el hermanito de la mujer. Sergio Urribarri agradeció la visita como sabía hacerlo. Puso una chapa sobre el suelo del patio, armó fuego y asó un pollo. Busti comió y se fue con la sensación de haber conocido a un hombre humilde. Fue el inicio de su historia. De poder y de gloria, pero también de ocaso y cárcel.
Nació en Arroyo Barú, un poblado de no más de 500 almas, el 7 de octubre de 1958, hijo de una maestra rural, Miriam Teresita Luchessi, y de un jefe de estación, Jorge Enrique Urribarri, que perdió una elección a presidente comunal por el peronismo. Fue el segundo de tres hermanos: Guillermo, médico; Armando, veterinario, que en 2016 se rindió después de pelear años contra el cáncer. Vivieron de chicos en la estación de trenes de General Campos, adonde el ferrocarril trasladó al padre cuando Sergio tenía 18 años, a 60 kilómetros de Concordia. No fue peronista de cuna. Le gustaba Raúl Alfonsín, escuchaba al victoriense César Jaroslavsky prometer una ambulancia para el pueblo, y a un amigo que quiso llevarlo a la Juventud Radical le respondió con una frase que ya anunciaba al político: “Si hacemos un partido vecinal, nuevo, te acompaño”.
Entró de cajero al Banco Mesopotámico a principios de los ochenta. Hay una foto de los carnavales de 1982, arriba de una carroza: él y Ana Lía Aguilera, ella con una malla turquesa y, según dicen, el primer hijo ya en camino. La chica tenía 17 o 18 años y una familia muy de Iglesia. Su padre, Nepomuceno Aguilar, el de la librería chiquita, lo corrió con un cuchillo por las calles del pueblo; el sargento Rubén Espinosa lo escondió en su casa hasta que se le pasara la furia al suegro. La pareja terminó en una vivienda social de los años setenta que el tiempo se encargaría de derrumbar. De esa familia salieron también dos cuñados que lo acompañarían toda la vida: Aníbal, el cura de las motos importadas, capaz de comparar desde el púlpito de Chajarí a los productores del campo con los que gritaban “crucifíquenlo”; y Juan Pablo, el apañado de Ana Lía, a quien nadie le conoció un trabajo hasta que el marido de su hermana llegó al poder.
El sueldo del banco no alcanzaba. En la Comisión de Cultura de la comuna, donde empezó ad honorem en 1978, en plena dictadura, le hacían una vaquita. Los fines de semana, entre 1982 y 1985, él y Ana Lía atendían la caja y el guardarropa de Nipur, el boliche que su entrañable amigo José Luis Galván había abierto en San Salvador. El boliche desapareció en diez minutos, casi una década después, cuando unos pibes de Concordia, despechados porque no los habían dejado entrar por menores, le prendieron fuego al techo de paja. Galván no desapareció: heredero de Transoil SRL, fue concejal del PJ, coordinador de Vialidad y, en el segundo mandato de su amigo, dueño de Majo SA y de los Molinos Centro de Villa Clara, además de viajero a Angola en la misión de las cosechadoras truchas y propietario en Punta del Este. “Vamos a hacer buenos negocios con el arroz en Venezuela”, le había prometido Urribarri en tiempos de Chávez. Cumplió.
El intendente que no estaba
En 1987 los hermanos Quintana lo llevaron de candidato a intendente en General Campos. “Un buen muchacho”, decían. “Trabajador”, acotaban. Enfrente estaba el Molipo de Jorge Washington Ferreyra, exgobernador y exembajador del dictador Jorge Videla en España. La noche anterior a la elección alguien sembró clavos miguelitos en las gomas de todos los autos del partido de derecha. Y por orden del candidato, esa tarde, los borrachines, los viejos y los discapacitados del pueblo fueron encerrados en un galpón con asado y vino bueno, para que amanecieran a mano y votaran a primera hora. Uno solo se escapó del galpón: Domingo del Fío, de Colonia El Caracol, un personaje querido por todos. Esa noche caminó hasta las vías y se tiró bajo el tren.
Ganó, y nadie lo recuerda como buen administrador: todos hablan del “desastre” que hizo en la comuna. Se rodeó de gente que volvería a aparecer, como un familiar de Emiliano Giacopuzzi, tres décadas después testaferro de Aguilera. Los amoríos lo llevaron a irse del pueblo durante meses, con el cargo puesto. Busti lo convenció de volver, pero la que puso el pecho a las balas fue su madre, doña Miriam, desde la secretaría privada: ella terminó la gestión mientras el hijo pasaba de vez en cuando a firmar y hacía política para llegar a la Legislatura. En 1991 el PJ ganó en cada rincón del departamento Concordia, salvo en General Campos: la gente le pasó factura al intendente prófugo. Le alcanzó igual.
Fue un diputado gris en tiempos de Mario Moine, a partir de diciembre de 1991, salvo por su voto contra la Ley 8706 de Emergencia. El poder verdadero le llegó en la segunda gobernación de Busti, en la presidencia de Diputados. Allí encontró a Arnaldo Abramor, director administrativo formado a la sombra de Orlando Víctor Engelmann, que conocía cada vericueto por donde el dinero circulaba sin que nadie preguntara, y unos auditores del Tribunal de Cuentas que enviaban informes de diez páginas con la contabilidad de un almacén de barrio. Los subsidios fueron una fiesta. Fue la primera denuncia de ANÁLISIS contra Urribarri y otros legisladores. Peronistas y radicales sellaron el mismo pacto de silencio que en el Senado de Héctor Alanis, que dilapidó once millones de dólares por año y años después terminó condenado.
La fiesta terminó cuando Sergio Montiel llegó a la Gobernación, en 1999, y dos exempleados legislativos se quebraron. Pero no lo denunciaron a él, sino al diputado radical Roberto Valente, de Colón. Urribarri respiró apenas. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Mario Rovira, ya venía mirando su patrimonio: a principios de 2000 el presidente del bloque del PJ era dueño de una cantera de canto rodado, inscripción 248 del padrón de Minería. Le fue mal: más de veinte cheques rebotados y una venta apurada, sin poner un peso de su bolsillo para salvarla. Quizás entendió entonces que los negocios no eran lo suyo y que lo más sencillo era vivir del Estado. Sus allegados sabían que era una máquina de gastar.
Rovira lo denunció el 31 de octubre de 2000 ante el juez Ricardo González; la Cámara le negó el desafuero y el expediente se archivó. Volvió a la carga el 28 de abril y el 12 de julio de 2001, por subsidios de 1999 por 1.638.000 pesos-dólares, esta vez por fraude, peculado y falsificación de instrumento público, ante Jorge Barbagelata, un juez radical sugerido por Raúl Barrandeguy, que venía de meses cantando folklore a la gorra en Estados Unidos. Barbagelata también pidió el desafuero. La Sala Penal del Superior Tribunal (Carubia, Chiara Díaz, Carlín), en guerra con Montiel y con Rovira, lo cubrió.
La FIA tenía en la mira los movimientos de dinero repartido a punteros de la Agrupación Evita, comerciantes amigos, empleados públicos. Y alrededor de la causa se movió el barro. Un domingo a la noche, a mediados de 2001, una mujer de un barrio pobre de Concordia recibió un mensaje: «Te vamos a pegar dos tiros por la espalda». A la mañana siguiente debía declarar ante la fiscal Estela Bonazzola que nunca había cobrado un subsidio y que la firma en los papeles no era suya. A otra testigo, horas antes de viajar, un policía le avisó en la puerta de su casa que la audiencia se había suspendido. El policía era el chofer de Urribarri, vestido de agente. “A mí me ofrecieron plata para que diga que Urribarri me había dado el subsidio”, contó un tercero.
–¿Cuánta?
–Cien pesos. Para mí es mucho dinero.
Cuatro se animaron igual. Los papeles que los desmentían llevaban el aval de la abogada Claudia Mizawak, defensora de Busti y, por pedido de éste, de Urribarri. Mizawak sabía lo que pasaba con los testigos. Miró para otro lado. Urribarri, amenazado de muerte en su propia casa por militantes que le exigían devolver lo robado, se mudó con la familia a Paraná.
En marzo de 2003 Valente fue condenado a tres años de prisión condicional. Esa mañana sonó el teléfono de Urribarri. “Vos quédate tranquilo, que a todo lo vamos a arreglar más adelante”, le dijo Mizawak, conocedora de los entretelones del poder. Busti ganó las elecciones a fin de año y lo hizo ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos a Urribarri. Asumió el 11 de diciembre, alquiló una residencia en calle Moreno con Mizawak como garante y, al día siguiente, antes de pisar la Casa de Gobierno, la abogada lo pasó a buscar. Fueron al despacho de Barbagelata. Una hora después salieron con la resolución: fuera de la causa por falta de pruebas. A las pocas semanas Mizawak fue nombrada fiscal de Estado. Y Barbagelata siguió cantando sin ponerse colorado.
El productor clandestino
Llegó a gobernador en 2007 de la mano de Busti, y al año siguiente, cuando estalló la pelea con el campo, lo enfrentó. Estudió en días un tema del que no sabía nada para pararse junto a Cristina Fernández contra Alfredo De Angeli. Mientras tanto, en secreto, se convertía en productor sojero. En 2008, con la escribana Marta Cascales, esposa de Guillermo Moreno y socia de la mujer de Julio De Vido, con sugerencias de Amado Boudou y directivas de Gildo Insfrán, los Urribarri «compraron» Kriptax Inc SA: una cáscara inscripta en la AFIP el 4 de agosto como constructora, que el 9 de octubre abandonaron sus dueñas, María Rosa Barraza y Silvia Guallama, para que entraran Sergio Damián y Mauro Gabriel. Después se sumó Bruno, el futbolista. Todo ello también denunciado por ANÁLISIS.
Barraza y Guallama no existían como empresarias: vivían en la villa Carlos Gardel, cobraban el plan Jefas de Hogar y prestaron sus firmas a 17 sociedades, una de ellas para Ricardo Jaime. Kriptax pasó a ser agropecuaria; con el tiempo sumó viñedos que nadie vio y extracción de arena. Su domicilio fiscal, Junín 658, piso 6, es el estudio contable que atiende los negocios del empresario Miguel Marizza. Sus inscripciones reales son tardías: granos en 2011, arroz en 2013, soja en 2015. Su primera deuda, de 2014, la tomó en el Banco de Formosa, donde el Estado de Insfrán tiene el 33 por ciento.
Pero en 2009, mucho antes de la primera cosecha, ya se levantaba la casa de la Península de Salto Grande. Los futbolistas que llegaban por primera vez no salían del asombro: diez habitaciones en suite, pileta, quincho de seis por diez, living para treinta, terrazas para mirar el lago al amanecer y una cancha profesional con riego artificial. Se llega por aire o por agua; por tierra hay curvas y contracurvas, y la tranquera está a dos kilómetros de la casa. Cuando se oía el helicóptero, la Policía ya tenía el operativo armado. La denuncia se hizo en el programa de tv de Jorge Lanata, con la apoyatura del equipo periodístico de ANÁLISIS.
No era el único campo. A mitad del primer mandato, Juan Pablo Aguilera empezó a manejar La Mariela, 120 hectáreas en Colonia Walter Moss a nombre de su tío Abel Lorenzo. «El Juampi llegaba con un bolso grande de plata y empezaba a repartirlo como si nada. Invirtió no menos de dos millones de pesos a partir de 2011, sin ninguna productividad», contó un exempleado. Y el 10 de julio de 2012, con los hermanos Jorge y Armando y el hijo Damián, nació Agro Premium SA, avícola, en la misma dirección porteña y con la misma escribana, Angela Tenuta. Cuando se conoció, en 2017, los Urribarri corrieron el nombre: asumieron Marcos Manuel Francou, empleado de Las Camelias, y Silvana Laura Francou, docente de educación especial, de San José.
“En este primer año de gestión se desviaron más de 18 millones de pesos del Senado”, dijo una fuente de la Cámara Alta a principios de 2012. Con el dólar a 4,75, eran 3.800.000 dólares. ¿Por dónde? “Contratos truchos, subsidios no reintegrables con firmas falsas, publicidad, licitaciones que nadie controla. Los auditores nunca objetan nada”. Las llaves las tenían Mauro Urribarri, secretario del Senado, y Juampi Aguilera, secretario político del bloque. No inventaban nada: el excajero bustista Oscar Horacio Mori le había confesado a Martín Caparrós que los senadores, en el período 1995/1999 “se robaban la plata entre cuatro” y que él mismo “robó” 2,5 millones de dólares para comprar el diario Hora Cero, después del desplazamiento de los fundadores del medio periodístico. Mauro y Juampi perfeccionaron el método. «Eran cerca de 600 millones de pesos que tenían bajo su control. Los reyes del descontrol», acotó la fuente. La Mesa de Dinero del Senado (también denuncia de ANÁLISIS) la investigaba el fiscal Carlos García Escalada, que avanzaba a paso firme, pero falleció de Covid-19 y no hubo más novedades.
En Diputados, con José Ángel Allende de presidente decorativo y Nicolás Pierini de vigía, la causa Contratos truchos desvió 53 millones de dólares de la Legislatura entre 2008 y 2018. Todo estaba atado. Hugo Ballay, compañero de Urribarri y Gustavo Bordet en la facultad, administrador de las cajas paralelas desde la Cafesg, pasó a Enersa y luego a Economía. El Tribunal de Cuentas quedó en manos de Guillermo Smaldone, que no tenía ni los tres años de profesión ni los 30 de edad que exige la ley, pero cenaba todas las semanas con Mauro y con Juampi en su departamento del Parque Urquiza, en el mismo edificio donde Ballay tiene un piso a nombre de una empresa constructora que ha beneficiado siempre. Las coimas llegaban en sobres cerrados a secretarias “leales hasta la muerte”. Regía el dos por uno: el Estado pagaba de más y el proveedor dejaba un regalo para el funcionario. Nadie preguntaba.
Y se daban gustos. Aviones privados a 5.000 dólares el viaje, casi siempre de London Supply, la empresa amiga de Boudou. El vicepresidente pedía prestado casi cada semana el helicóptero Bell Ranger que la provincia había comprado para la Policía a precio de lujo. “No sabés cuánto te envidio este helicóptero. Me encanta, Pato”, le decía. Sábado de por medio, un learjet despegaba de Paraná con Sergito Cornejo, Pedro Báez o Sergio Fabián Gómez, recogía a Ana Lía en Concordia y la dejaba en Buenos Aires para una tarde de shopping. En el catering, jamón ibérico que terminaba regalado al personal de plataforma y champagne Cristal. En Aeroparque la PSA no revisaba esos vuelos; por la misma puerta entró Lázaro Báez en 2013, con 400 mil dólares en efectivo para comprar una aeronave. “Urribarri se sentía un elegido. Sus relaciones carnales con Cristina lo hacían creerse intocable”, recordó un alto funcionario.
El candidato del 2 por ciento
Los primeros días de enero de 2014 juntó a los suyos. “Esta plata la manejamos nosotros. Somos los que conducimos este proceso y no permitiré que nadie me ponga reparos”. Juampi pasó a ser cajero mayor: había que apretar más en las dos cámaras, entre los banqueros del juego y los constructores. “Es insaciable el gobernador”, se quejó un empresario porteño, flaco, calvo, entrado en años, ya fallecido, al que fue a pedirle una cifra de siete ceros. “Sabe que siempre le dimos una mano a ustedes. Juntan mucho dinero con nosotros”, le retrucó Urribarri. Hubo aporte.
Recorrió cada fiesta popular pagada por el Ministerio de Cultura de Báez, viajó a La Habana con Cristina y dos semanas después, ante la Asamblea, con un fondo impreso en la imprenta del cuñado, admitió lo que una intendenta de Galarza, Julia Witman, había soltado en Facebook: quería ser presidente. “No lo niego, lo dije”, concedió en el teatro 3 de Febrero. Movilizó 10.000 militantes a Plaza de Mayo con carteles “Néstor-Cristina-Urribarri” y pasistas de carnaval. El 15 de mayo de 2014 Juampi asumió la Casa de Entre Ríos en Suipacha, remozada con millones, con despacho para el gobernador y un quincho en la terraza donde se festejaron cumpleaños familiares. El periplo nacional se hizo con barras de fútbol alquiladas, jet y asesores de imagen; sólo el ministro Julio De Vido lo apoyaba, para hacerle interna a Scioli. Hubo días con la Casa Gris vacía.
El final llegó en enero de 2015, en una playa. “Este es un parador turístico para mostrar a Entre Ríos en Mar del Plata”, decía el anuncio, con palmeras traídas de un vivero de Colón y una gigantografía suya con más canas de las que tenía. Las redes se indignaron como nunca. En mayo, Cristina lo sentó frente a una encuesta. “¿Vos creés que con un 2 por ciento podés ser candidato presidencial? No hagamos estupideces, Pato”. Había arrancado con 3 y medía 1,5. Fue el primero en bajarse. El sueño terminó de un día para el otro, pero dejó bolsillos llenos. Sobre todo, en la familia.
Urribarri fue denunciado por ANÁLISIS por su crecimiento patrimonial y ello derivó en una causa judicial. Bordet ganó la gobernación, Mauricio Macri el balotaje, y Urribarri quedó presidiendo Diputados con Mauro en Gobierno y Ballay en Economía, sin advertir que la chequera ya no era suya. Nadie de su sector lo defendió en público. En 2016 se instaló en Buenos Aires y volvía cada 15 días en avión privado pagado por la Cámara, minutos antes de la sesión.
El 1° de agosto de 2016 los teléfonos no pararon de sonar. Ocho allanamientos a Aguilera, ejecutados por la Policía Federal para que Mauro, ministro de la provincial, no pudiera avisar. “¿Cómo nos hacen esto?”, repetía un familiar. Ana Lía viajó a Paraná en auto oficial apenas escuchó quebrado a su hermanito. En su mansión de Fray Antonio Montesinos 2107 recibió a los federales el subcomisario Héctor Gabriel Almada, cuñado de Aguilera y adscripto a Diputados, “cuidando” la casa; parecía estar esperándolos. Aparecieron contratos de locación de 2004 a 2014 y pagos del Senado a la JP. En el Parque Industrial, a la hora exacta en que desalojaban Tep SRL, un Citroën C4 de Diputados, conducido a toda velocidad por el custodio Juan Carlos Abel Espinosa, arrancó de cuajo una columna de alumbrado y volcó. Y en la imprenta de Racedo 415, después de doce horas, dos policías dieron con una caja fuerte escondida. Adentro, un pack termosellado de 100.000 pesos con faja del Banco Central. Un disco rígido, arrojado por encima de la pared, había caído en el patio de una vecina. Y ello fue clave en la causa.
Con lo que se llevaron se hubieran construido un hospital de 21 mil metros cuadrados, 70 escuelas o 2.000 viviendas sociales. Demasiados nuevos ricos aparecieron. Hubo investigaciones, condenas y presos vip, como sucede ahora con Urribarri, Báez y Aguilera. Pero hay aún demasiadas causas abiertas por corrupción, con abultada documentación. Y quizás tengan un final parecido al exgobernador.
(*) Periodista/Escritor. Director de la revista Anális y Análisis Digital.
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