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  • Agmer espera que este miércoles el Gobierno mejore su propuesta – El Miércoles Digital

    Agmer espera que este miércoles el Gobierno mejore su propuesta – El Miércoles Digital

    Agmer espera que este miércoles el Gobierno mejore su propuesta – El Miércoles Digital

    El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, explicó los motivos del rechazo a la oferta salarial del gobierno y reiteró la postura en contra de una reforma del sistema previsional.
    En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) y reproduce Análisis, Antivero explicó que la oferta salarial se rechazó “porque no responde a las necesidades de la economía de los docentes, porque no responde a la situación actual de lo que es el bolsillo de los trabajadores de la educación”.
    “Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos reclamando que existe una deuda por parte del gobierno de 14% desde diciembre a la fecha y se ofrece un 6% proyectado a cobrar con 3% con haberes de julio, es decir, en agosto, y 3% para cobrar con haberes de septiembre, en octubre. Por lo tanto, teniendo en cuenta que próximamente en estos días el INDEC va a dar nuevamente la inflación de junio y está proyectando aproximadamente un 2%, 1,9% o 2,1%, eso se sigue acumulando y ese 6% que ofrece el gobierno no responde a lo que estamos demandando. Y agregamos que al mismo tiempo hay un deterioro total del bolsillo de la docencia y teniendo en cuenta la pérdida de la capacidad de compra que existe en toda la sociedad, no solamente en la docencia”, explicitó.
    Sobre la pérdida salarial frente a la inflación, ahondó: “Tengamos en cuenta que hipotéticamente, la inflación se mantenga en un 2% hasta el mes de octubre. Si nos vamos a octubre, tendríamos el 22% acumulado de inflación. Y en cambio la propuesta del gobierno hubiese sido solamente 9,5, con lo cual seguimos quedando lejos, ya pasamos más de la mitad del año y pareciera que no hay una intención verdadera sobre lo que es nuestra demanda. Entonces no resuelve la cuestión una propuesta salarial de este tipo”.
    Consultado por la propuesta que se esperaba para cumplir expectativas, el dirigente señaló que “según lo hablado con otros sindicatos, entendíamos que un 10%, y con una propuesta que permita una discusión de recomposición más el blanqueo de los montos en negro que pagó en el marco del decreto 500 en el mes de marzo –que nosotros denunciamos como inconstitucional- podría permitir una discusión salarial que abra las puertas a poder entendernos un poco mejor”.
    “Por eso lo rechazamos, emplazamos al gobierno para el día miércoles, para mañana, para que mejore la propuesta. Nuestra vocación de diálogo siempre está, el tema es que el gobierno nos convoca justamente en el receso de invierno, donde todos los docentes están en sus casas, donde no hay nadie en las escuelas, agregado que nos ha sacado la posibilidad de hacer asambleas. Entendíamos que si existe esa posibilidad que haga una propuesta considerable habilitaría la posibilidad de hacer asamblea, pero no podemos dejar de remarcar que no tenemos permitido hacer asambleas como era antes en el marco del decreto 1.318 desde el año pasado cuando discutimos el proyecto de la ley OSER”, definió.
    Admitió asimismo que “existe esa gran posibilidad de que si no hay un acuerdo el gobierno proceda de la misma manera, otorgando el aumento por decreto. Por lo tanto, nosotros estamos concientizados y mentalizados de que el conflicto es a largo plazo en lo salarial”.
    “Yo recién escuchaba una publicidad del gobierno que decía que el dinero iba al lugar donde tenía que ir, pero parece que no estamos en la agenda pública de este proyecto de gobierno porque no estamos teniendo una respuesta que recomponga salario y que preste verdaderamente atención a lo que es la educación pública. Por lo tanto, por supuesto, que vamos a repudiar, vamos a rechazar que el gobierno avance de esa manera. Ponemos en valor que existe una convocatoria paritaria, pero pareciera que se nos convoca, se nos hace una propuesta, luego fracasa la paritaria y el modus operandi del gobierno, termina siendo darlo por decreto. Por lo tanto, por supuesto que lo vamos a rechazar y vamos a continuar insistiendo hasta que se recompone el salario docente tal como corresponde”, evaluó.
    Por otra parte, sobre el conflicto ante la reforma previsional, Antivero aseguró que “el rechazo de AGMER seguirá estando” pese a las modificaciones que se introducirían en el Senado al proyecto del Ejecutivo. “Hemos dicho y sostenemos una premisa histórica que expresa que la ley 8.732 no se toca, por lo tanto, entendemos que toda modificación que se haga sobre la misma ley es un avance y tiene un espíritu de ajuste y de impronta economicista que es parte de un plan de empobrecimiento sobre los trabajadores. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos intransigentes en el mismo lugar, no aportamos, ni hemos aportado ni un punto ni una coma, y por supuesto hoy, en este mismo momento, se está instalando la carpa en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, para seguir expresando nuestra resistencia a esta reforma”, sentenció.
    Consultado por el diálogo con los senadores, sostuvo que desde AGMER “seguimos teniendo entrevistas, los seguimos interpelando en los Departamentos, en las localidades, seguimos planteando sus posicionamientos, se los cuestionamos también porque hay legisladores que nos han dicho que van a votar por obediencia debida, donde también hemos detectado algunos casos donde no había una buena lectura o interpretación de lo que implica el proyecto de ley. Vale decir, ese fue el caso del senador (Rubén) Dal Molín, que un día antes de ingresar su expediente jubilatorio había estado con nosotros y le planteamos nuestro posicionamiento. Y posteriormente termina demostrando su contradicción, porque fue uno de los voceros principales del Senado del oficialismo que salió a fundamentar que la Caja tiene un déficit culpa de los trabajadores. Por eso lo seguimos interpelando, seguimos planteando, seguimos teniendo algunas comunicaciones, vemos y notamos un nerviosismo y una tensión por parte del gobierno que, como hemos dicho reiteradas veces, no tiene los porotos contados”.
    Por último, recordó que “en el marco de la Multisectorial tenemos planificado un paro general en toda la provincia de Entre Ríos para el día que se trate el proyecto de reforma en la sesión del Senado. En el caso de los docentes es incongruente un paro en el receso de invierno porque todos los docentes están en sus casas, pero aun así seguimos pensando en eso y con una concentración y una presencia frente al Senado el día que se trate”. “Al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con lo salarial, en el ámbito de la Comisión Directiva Central seguimos analizando paso a paso cómo se va dando este proceso y esta discusión salarial y en breve resolveremos cuáles van a ser los pasos a seguir”, concluyó.

     
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  • El gobierno presentó una propuesta salarial a los gremios estatales y la paritaria pasó a cuarto intermedio

    El gobierno presentó una propuesta salarial a los gremios estatales y la paritaria pasó a cuarto intermedio

    El gobierno presentó una propuesta salarial a los gremios estatales y la paritaria pasó a cuarto intermedio

    En el marco de la paritaria 2026, el Gobierno de Entre Ríos presentó este lunes una propuesta de actualización salarial a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La oferta contempla un incremento del seis por ciento, a abonarse en dos tramos.

    Tras el planteo de los gremios, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio, con fecha a definir.
    La propuesta presentada por el Ejecutivo establece un aumento del tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre. Asimismo, el Gobierno propuso mantener vigente la suma fija acordada en la negociación paritaria de mayo.
    Durante el encuentro, los representantes de UPCN y ATE solicitaron una mejora de la oferta salarial. Ante ese planteo, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, cuyo día y horario serán definidos oportunamente.
    Tras la reunión, el miembro paritario y secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales, destacó la continuidad del diálogo entre el Gobierno y los gremios. «Siempre hay que celebrar que se pueda llevar adelante una mesa paritaria. Hace dos meses tuvimos una instancia de negociación y hoy retomamos las conversaciones con UPCN y ATE. Presentamos una primera propuesta del Gobierno provincial y ambos sindicatos solicitaron un cuarto intermedio para que podamos analizar una mejora», señaló.
    Respecto de la oferta salarial, Vales explicó que «el ofrecimiento responde al contexto económico actual y a las posibilidades de la provincia. Consiste en un incremento remunerativo del seis por ciento, distribuido en dos tramos: un tres por ciento con los haberes de julio y otro tres por ciento con los haberes de septiembre».
    Asimismo, indicó que durante la reunión también se abordaron otros temas vinculados con las condiciones laborales en distintas áreas de la administración pública. «Los sindicatos nos solicitaron revisar la propuesta salarial y nos llevamos ese planteo para analizarlo junto al Ministerio de Hacienda», afirmó.
    Finalmente, el funcionario remarcó la voluntad de ambas partes de continuar con las negociaciones. «Existe predisposición tanto del Gobierno provincial como de las organizaciones sindicales para seguir dialogando y analizando alternativas, siempre teniendo en cuenta el contexto económico. Nuestra intención es volver a reunirnos el miércoles o, a más tardar, el lunes próximo, con una respuesta sobre el pedido de mejora realizado por los gremios», concluyó.

  • Reforma electoral: el Gobierno nacional analiza reinstaurar las listas colectoras para eliminar las PASO – El Miércoles Digital

    Reforma electoral: el Gobierno nacional analiza reinstaurar las listas colectoras para eliminar las PASO – El Miércoles Digital

    Reforma electoral: el Gobierno nacional analiza reinstaurar las listas colectoras para eliminar las PASO – El Miércoles Digital

    Con el objetivo de eliminar las PASO, el gobierno de Javier Milei busca aprobar cuanto antes la reforma electoral y está puliendo la propuesta de volver al antiguo esquema de las listas colectoras para conseguir el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores en el Congreso. La idea choca con la “modernización” y la “simplificación” que se buscó con el fin de las “listas sábana” y su reemplazo por la Boleta Única en Papel.
    El proyecto de reforma electoral que envió al Senado propone la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias; pero la mayoría de los bloques dialoguistas se resisten a prescindir de una herramienta que ayuda a la oposición a ordenarse y resolver sus internas.
    La propuesta de volver a las listas colectoras es “parte de los cambios y las negociaciones con los gobernadores” que llevan adelante hace varios meses el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Eduardo Menem. En las últimas horas se empezó a diseñar el borrador del capítulo que ofrecerían meter en el proyecto de reforma electoral.
    ¿Qué son y cómo funcionan las listas colectoras?
    El mecanismo de las colectoras permite que distintas listas de candidatos para una categoría menor (por ejemplo, de diputados) se «enganchen» o «adhirieran» a una única lista de una categoría superior (como la de presidente o gobernador).
    De esta forma, en cualquier provincia el candidato a presidente puede llevar una lista de diputados nacionales de su propio espacio y también otras de partidos políticos distintos, como puede ser el del gobernador u otro.
    Así una candidatura presidencial como sería la de Milei para ir por su reelección, suma a sus propios votos, los de otros sectores políticos, como podría ser la UCR, el PRO o un partido/frente provincial como el de Misiones o Corrientes, si éstos deciden colgar su lista de diputados de la boleta del Presidente.
    En este esquema la candidatura presidencial también tracciona votos para esos partidos. Por eso la Casa Rosada lo plantea como una alternativa a las PASO, dado que les ofrece la posibilidad a los gobernadores de ganar en sus distritos y meter a sus diputados en el Congreso sin constituir una alianza formal, lo que también vale para la UCR o al PRO.
    Un sistema viejo dentro de uno nuevo
    Luego de que La Libertad Avanza dejara trascender que ya se está elaborando un borrador sobre esta propuesta, la gran duda que recorre por estas horas los despachos del Senado es cómo se implementará este sistema con la nueva Boleta Única en Papel, donde las listas de candidatos de todos los espacios van en la misma papeleta y el votante marca con un tilde la que quiere elegir.
    En rigor, las listas colectoras son un viejo recurso de la política. Por caso, en 2011 Cristina Fernández llevó pegada a su boleta llevaba la candidatura a gobernador bonaerense de Daniel Scioli y también la de Martín Sabbatella. Ambos competían entre sí, pero sumaban votos para la lista de la entonces Presidenta. Pero en esa elección aún se usaban las listas partidarias diferenciadas o “listas sábana”.
    En 2019 el entonces presidente Mauricio Macri prohibió este sistema mediante el decreto 259/2019, con el argumento de que generaban «confusión en el electorado» y una competencia desigual. Meses después, el gobierno de Alberto Fernández dio marcha atrás con algunas restricciones de aquel decreto, pero las colectoras no se restablecieron por completo a nivel nacional.
    Milei quiere ahora reinstalar ese sistema para ganar apoyo a la reforma electoral en el Congreso y facilitar alianzas con otros espacios, según cada provincia, pero en el Senado reconocen que puede ser difícil de implementar con la Boleta Única. A priori, se intuye que podría hacer más grande la boleta porque la foto de un mismo candidato presidencial se repetiría pero con distintas «tiras» de diputados.
    Si bien es apenas una hipótesis que manejan en algunos despachos mientras esperan el texto que les mandaría el Gobierno, ese esquema no parece hacer juego con la «simplificación» que se pretendió ofrecer a los votantes con la recién nacida Boleta Única para elecciones nacionales.
    ¿Cómo funcionarían las colectoras que diseña el Gobierno?
    Más allá de esa duda, que no es menor, el oficialismo dejó trascender que ofrecerá a los gobernadores suspender (ya no eliminar) las PASO de 2027 e incorporar las colectoras solo para la elección de diputados nacionales. A diferencia de las PASO, no llevarán a la integración de una única lista, sino que cada cual preservará sus votos y, por tanto, sus bancas ganadas.
    Por ese motivo, no incluiría a la lista de senadores nacionales porque abriría el riesgo para el oficialismo de perder escaños en la Cámara alta, dado que cada provincia elige solo tres representantes a razón de dos por el espacio ganador y uno para el que sale segundo.
    Además, deslizan que solo se permitiría una lista colectora por cada espacio político. Es decir, La Libertad Avanza podría llevar su nómina de libertarios puros y una más. No obstante, circula también la versión de que podrían permitir hasta dos. Todo está aún en elaboración y en el Senado los bloques dialoguistas no quieren anticiparse, sobre todo porque saben que es a ellos a quien apunta el Gobierno.
    La reforma electoral se trabó en el Senado precisamente por la resistencia de los dialoguistas a eliminar las PASO. Tanto la UCR como el PRO le ofrecieron al Gobierno, en cambio, ir a un sistema de primarias opcionales donde los partidos con una única lista de candidatos no estarían obligados a competir y los electores deberían anotarse en un registro para votar en la primaria de un frente político.
    Esa propuesta fue presentada como proyecto alternativo por el jefe del bloque de senadores de la UCR, Eduardo Vischi. Sin embargo, esa idea no terminó de seducir a la Casa Rosada, cuyo mayor interés es evitar que en 2027 haya PASO. El problema con el que se encontraron es que sin los 10 senadores de la UCR les sería casi imposible alcanzar los 37 votos que necesitan.
    La oferta de reinstaurar las listas colectoras busca atraer a los radicales, con la idea de que se beneficiarían de colgar una lista de diputados propia de la candidatura de Milei en la provincia de Buenos Aires, la que más elige y donde perdieron varias bancas en los últimos comicios. Con el PRO, en cambio, los libertarios confían en lograr una alianza bajo el mismo sello en el territorio bonaerense según indicaron a iProfesional fuentes oficialistas al tanto del armado.
    El gobierno de Milei también aspira a que las colectoras eviten el desdoblamiento de varias provincias para elegir gobernador, dado que podrían llevar una lista propia y colgar otra de la candidatura presidencial, según entienden en base a la idea que echó a circular el oficialismo de cara a las negociaciones del Senado.
    Fuente: Infobae.

     
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  • Jóvenes Emprendedores: el Gobierno reclamará más de US$ 1 millón para recuperar los recursos públicos sustraídos

    Jóvenes Emprendedores: el Gobierno reclamará más de US$ 1 millón para recuperar los recursos públicos sustraídos

    Jóvenes Emprendedores: el Gobierno reclamará más de US$ 1 millón para recuperar los recursos públicos sustraídos

     

    El Gobierno de Entre Ríos reafirmó su compromiso con el recupero de los recursos públicos sustraídos por funcionarios del gobierno anterior, que confesaron en Tribunales los delitos cometidos en el marco del programa Jóvenes Emprendedores. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se remarcó el compromiso y la colaboración activa en el marco de la investigación penal y desde la Fiscalía de Estado se informó que se trabaja en una demanda civil para que vuelvan al Estado más de US$ 1 millón.
    El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, diferenció ante la prensa que “no fueron créditos irregulares ni un problema administrativo, sino una banda delictiva organizada para estafar al Estado” y pidió “darle al tema la magnitud que tiene”.
    El funcionario describió las acciones realizadas desde el Gobierno desde el momento de la denuncia hasta la recolección de pruebas y la detección de distintos intentos de eliminar evidencia por parte de los responsables. “Participamos en la investigación, trabajamos con mucha intensidad y acompañamos a la Fiscalía aportando toda la información requerida y recuperando lo que se intentó eliminar hasta volcando lavandina en documentación días antes del cambio de gestión, lo que quedó demostrado de forma contundente en escuchas telefónicas”, explicó.
    Bernaudo calificó a los hechos como “una cosa terrible” y consideró “increíble que esto haya pasado desapercibido a lo largo de años a las autoridades superiores y a todo el sistema de control operativo”. Luego, señaló que los delitos sucedieron a lo largo de dos gestiones y que pasaron “tres o cuatro ministros de distintas áreas”.
    El funcionario calculó que el total de casos es de alrededor de 750 de acuerdo a los muestreos realizados y que el período abarca unos cuatro años. “La Fiscalía de Estado va a reclamar el total de los fondos, que supera el millón de dólares”, señaló.
    Bernaudo dijo por último que en la estructura del ministerio no quedó ninguna de las personas implicadas y marcó que “la única continuidad laboral fue la de Pedro Gebhart”, que pasó al Senado en la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora, luego fue removido en el presente período y fue contratado por el bloque del peronismo.
    El origen de la denuncia
    El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó por su parte que el expediente «comenzó en el ámbito del Tribunal de Cuentas donde, después de hacer una investigación producto de las rendiciones, se mandaron a la Fiscalía de Estado los antecedentes, a la Oficina Anticorrupción, y desde allí se formuló la denuncia penal y empezó la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal».
    «No fuimos neutros frente a esta investigación, a punto tal que, además de hacer la denuncia, nos constituimos como actores civiles para obtener la reparación del perjuicio causado», añadió luego.
    El funcionario aclaró que la Constitución y la legislación vigente impiden que el Poder Ejecutivo o la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en una causa penal, razón por la cual la participación institucional se dio a través de la denuncia, la colaboración en la investigación y la constitución como actores civiles para reclamar el resarcimiento económico.

  • Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Vacío histórico: El 51,63% de los cargos de fiscales están vacantes y el Gobierno aún tiene más de 50 ternas en su poder

    Los pronósticos se confirmaron: actualmente, más de la mitad de los cargos en el Ministerio Público Fiscal se encuentran vacantes. Según datos oficiales, hay 189 vacantes sobre un total de 366 cargos de fiscales nacionales y federales. Mientras tanto, el Gobierno retiene 54 ternas correspondientes a integrantes de la Procuración General de la Nación, y en el Senado solo se aprobaron dos pliegos para cubrir esta importante cantidad de vacantes. Hace una semana, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envió 12 pliegos de fiscales, aunque desde su entorno reconocen una “marcada preocupación” por las vacancias récord.

    Desde la gestión de Mauricio Macri, Argentina está atravesando un cambio de paradigma jurídico, con la implementación progresiva del sistema procesal acusatorio, que reemplaza al sistema inquisitivo tradicional regulado por el Código Procesal de 1991. Este nuevo modelo, basado en la oralidad, busca agilizar los procesos penales y revertir la baja tasa de avance y resolución de causas que se acumulaban durante décadas. Una de las modificaciones más significativas es el nuevo rol de los fiscales, quienes ahora son responsables de la investigación desde el inicio hasta la instancia del juicio.
    En aquellas jurisdicciones donde el sistema acusatorio aún no está vigente, los jueces deciden si delegan la investigación al Ministerio Público. Bajo el nuevo Código Procesal, esta facultad será indiscutiblemente del fiscal, y los jueces continuarán actuando como garantes del proceso.
    Las estadísticas son contundentes: el nuevo sistema requiere más fiscales. Sin embargo, esta necesidad, impulsada también por el gobierno actual, contrasta con las decisiones institucionales tomadas, dado que el Poder Ejecutivo priorizó el envío al Senado de pliegos correspondientes a jueces y no a fiscales.
    Recientemente, el presidente Milei firmó el decreto de designación de 46 pliegos aprobados por el Senado; de ellos, solo dos corresponden al Ministerio Público Fiscal. Fuentes judiciales consultadas por Clarín señalaron que el Gobierno aún retiene 54 ternas remitidas por la Procuración General para cubrir cargos vacantes en diversas fiscalías, un número que contrasta con el 51,63% de despachos sin fiscales titulares, lo que genera una sobrecarga en las fiscalías que cubren múltiples causas simultáneamente y afecta la administración eficiente del sistema de justicia.
    Hace diez días, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un decreto que modifica los requisitos para la designación de jueces, fiscales, ministros de la Corte y al propio Procurador General. En el texto se reconoce que “la Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacantes en cargos de magistrados en la justicia nacional y federal y la demora en su cobertura”, y se destacan las cifras inéditas de vacancias, con el 37,5% de sillones judiciales vacíos y, de manera aún más grave, más de la mitad de los cargos del Ministerio Público sin cubrir.
    Desde el Ministerio de Justicia indicaron a Clarín que la semana pasada se enviaron 12 pliegos de fiscales a la Cámara Alta, aunque reconocieron que la Procuración “viene muy lento con los concursos y el envío de ternas al Gobierno”. La Procuración General es la encargada de convocar los concursos para cubrir las vacantes, y tras la evaluación de candidatos confecciona las ternas que remite al Ejecutivo, quien selecciona a los candidatos para que sus pliegos sean enviados a la Comisión de Acuerdos del Senado y luego sometidos a votación en el recinto.
    Desde la Casa Rosada aseguran que este proceso enfrenta retrasos principalmente dentro de la Procuración. En diálogo con Clarín, la conducción del Ministerio Público Fiscal informó que, en lo que va del año, solo se ha sumado una terna y que hay cuatro más en trámite con diferentes niveles de avance, pero aún no enviadas al Ejecutivo.
    “La mayor preocupación es que la implementación del sistema acusatorio requiere la mayor cantidad posible de fiscales, y eso no está ocurriendo”, señalaron fuentes oficiales a Clarín. En respuesta, el ministro Mahiques solicitó a las autoridades de la Procuración acelerar el proceso de concursos.
    Además, fuentes judiciales agregan que la crisis no se limita a la escasez de fiscales, sino que también incluye un continuo recorte presupuestario por parte del Gobierno nacional. Para este año, el Ministerio Público Fiscal solicitó un presupuesto de 815.000 millones de pesos, pero el Ejecutivo aprobó apenas 539.546 millones, lo que representa una reducción del 26,6%.
    Esta brecha afecta directamente aspectos esenciales como infraestructura e inversiones necesarias para el correcto funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. El año pasado, la Procuración proyectó una necesidad presupuestaria de 614.000 millones para 2025, pero el Gobierno autorizó sólo 454.807 millones. Dado que la cobertura salarial exige más de 400.000 millones anuales, queda muy poco margen para inversiones.
    Por un lado, el Gobierno exige mayor celeridad en los concursos; por otro, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, ha solicitado en reiteradas ocasiones al Poder Ejecutivo que envíe al Senado las ternas que se encuentran pendientes desde hace dos años, además de mejorar el financiamiento para la institución, en línea con la progresiva implementación del sistema acusatorio.

  • El Gobierno de Kicillof dice que la llegada de Santilli no mejorará la relación con Milei: «Es una decisión del Presidente borrar del mapa a la Provincia»

    El Gobierno de Kicillof dice que la llegada de Santilli no mejorará la relación con Milei: «Es una decisión del Presidente borrar del mapa a la Provincia»

    El Gobierno de Kicillof dice que la llegada de Santilli no mejorará la relación con Milei: «Es una decisión del Presidente borrar del mapa a la Provincia»

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró que la designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, no modificará la relación con la Casa Rosada.

    Así lo afirmó Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, quien este martes volvió a reclamar por fondos adeudados debido a la eliminación de programas nacionales que se ejecutaron hasta 2023, recortes en las transferencias y obras abandonadas.
    “No es un problema personal con Santilli, es una decisión política del Presidente de borrar del mapa de la gestión a la provincia”, expresó en diálogo con radio La Red.
    Bianco sostuvo además que la relación con la administración del presidente Javier Milei es “inexistente”.
    “No era una decisión de Adorni no enviar los fondos, su papel en el Gobierno nacional era muy marginal; ejercía funciones de vocería, no como Jefe de Gabinete. No creo que la llegada de Santilli, quien fue ministro del Interior y no mantenía comunicación ni trabajo conjunto con la Provincia, mejore esta situación”, concluyó.
    No obstante, el lunes, durante su habitual conferencia de prensa, Bianco informó que le envió un mensaje al flamante jefe de Gabinete para solicitarle que reciba a una delegación bonaerense y así “establecer un plan de trabajo conjunto”.
    En su mensaje vía redes sociales, Bianco detalló que “la deuda del Gobierno nacional con la Provincia” asciende a 17,8 millones de pesos, a lo que se suman recursos adeudados de origen nacional y provincial que alcanzan los 26,7 billones de pesos, calificando esta situación como “el desfinanciamiento total del presidente Milei”.
    El funcionario bonaerense afirmó que la Provincia cuenta con documentación sobre la deuda y que existen ocho causas judiciales en la Corte Suprema de Justicia relacionadas con el tema.
    En otro tramo, Bianco se refirió a la interna peronista, tras las declaraciones de Máximo Kirchner en un acto, donde criticó indirectamente al gobernador Axel Kicillof por no visitar a Cristina Kirchner en San José 1111.
    “No sé de qué izquierda hablan. Axel es el presidente del Partido Justicialista, no lo veo ni trotskysta ni marxista al PJ de la Provincia, y es el gobernador que ganó con el 52% y luego con el 48% de los votos”, concluyó.

  • Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de «becas y salarios» a las universidades, pero no con la ley completa

    Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de «becas y salarios» a las universidades, pero no con la ley completa

    Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de «becas y salarios» a las universidades, pero no con la ley completa

    El Gobierno realizó una interpretación propia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al reclamo de las universidades por mejores sueldos. Según su lectura, solo quedaron firmes los artículos 4 y 5 de la denominada ley de Financiamiento Universitario, y con los acuerdos paritarios firmados el 10 de junio con los rectores, ya estarían cubiertos 830 mil millones de los 1,3 billones de pesos que contempla el presupuesto de esos artículos para todo el año. No descartan, además, resolver la diferencia restante en una nueva negociación durante el segundo semestre.

    Por su parte, las autoridades de las casas de altos estudios sostienen que la resolución del máximo tribunal sí exige el cumplimiento de la normativa ratificada por el Congreso para 2025, luego de ser vetada por el presidente Javier Milei. «Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario», afirmó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
    En el Ejecutivo intentaron minimizar el impacto del fallo y argumentaron que, con las negociaciones paritarias pactadas, el sector estaría siendo compensado por un atraso salarial que, reconocen internamente, ya existía desde 2024. Fuentes gubernamentales señalaron que «más de la mitad de lo proyectado por el articulado incluido en el fallo», referido a becas y salarios, ya estaría cubierto con el acuerdo firmado hace tres semanas. Además, enfatizaron que aún no existe una resolución judicial definitiva sobre el recurso de amparo presentado por el Estado en contra de toda la normativa impulsada por bloques parlamentarios aliados.
    En la Casa Rosada rechazan hacerse cargo del total presupuestado por la ley de Financiamiento Universitario, que estiman asciende a 3,2 billones de pesos para todo el año. «No hay resolución sobre la cuestión de fondo de la ley», insistieron fuentes oficiales.
    A pesar de ello, las universidades expresaron su satisfacción por la resolución de la Corte, aunque el máximo tribunal adoptó una postura salomónica al desestimar el recurso extraordinario federal presentado por la Procuración del Tesoro, pero tampoco otorgar plena razón al sector universitario. Ahora deberán aguardar la decisión del juez de primera instancia Martín Cormick, quien deberá validar el acuerdo alcanzado recientemente.
    En medio de las quejas y recursos judiciales en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, los rectores y el Ministerio de Capital Humano suscribieron el 10 de junio un acta acuerdo con organizaciones gremiales docentes y no docentes para una recomposición salarial. Según este entendimiento, el Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales fondos para incrementar la masa salarial en un 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio, sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre, sobre los básicos de septiembre de 2026.

  • El Gobierno se suma a las tareas de rescate en Venezuela: envía médicos y perros en un avión Hércules

    El Gobierno se suma a las tareas de rescate en Venezuela: envía médicos y perros en un avión Hércules

    El Gobierno se suma a las tareas de rescate en Venezuela: envía médicos y perros en un avión Hércules

    El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que el Gobierno pondrá a disposición médicos emergentólogos, brigadas de búsqueda y rescate, plantas potabilizadoras, carpas, insumos y aeronaves. La asistencia se coordina desde Cancillería pese al vínculo diplomático roto entre ambos países. Ya convocan a personal espacializado en Rescate Urbano (USAR) de todo el país.

    El Gobierno prepara el envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria tras los terremotos que dejaron más de 180 muertos, cientos de heridos y daños estructurales en distintas zonas del país. El Gobierno coordina desde Cancillería el envío de asistencia humanitaria, con participación de las Fuerzas Armadas, brigadas de búsqueda y rescate, médicos, perros entrenados y equipamiento logístico.
    El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que Javier Milei dispuso que la Argentina colabore con asistencia humanitaria ante “una de las catástrofes naturales más devastadoras” de la historia reciente de Venezuela. En su mensaje, detalló que el país pondrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos, además de ambulancia, enfermeros y auxiliares.
    El operativo contempla también el uso de tres aeronaves: un avión Embraer de 40 plazas, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas. La definición permite darle escala al despliegue y combinar traslado de personal especializado, carga humanitaria y equipamiento para asistencia en terreno.
    La ayuda incluirá dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino. Ese punto es clave en una emergencia de gran magnitud, ya que los daños en infraestructura pueden afectar redes de distribución, hospitales, refugios y zonas con población desplazada. El objetivo es garantizar acceso a agua segura en los sectores más golpeados por los sismos.
    Ravier también informó que se pondrán a disposición expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate, con capacidad para intervenir en derrumbes, inundaciones e incendios. Esas tareas serán reforzadas con personal militar especializado en catástrofes y perros de la Armada Argentina y del Ejército.
    El componente de búsqueda y rescate será uno de los ejes principales de la misión. Los binomios con perros entrenados permiten reforzar la localización de sobrevivientes en estructuras colapsadas, mientras que los drones pueden aportar reconocimiento aéreo, evaluación de daños y apoyo a la coordinación de los equipos que trabajan en zonas de difícil acceso.
    El paquete de asistencia también incluye 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados. En el Gobierno sostienen que esos elementos apuntan a cubrir necesidades básicas de alojamiento, atención sanitaria y sostenimiento logístico para familias desplazadas y equipos de emergencia.

  • El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, avanzó significativamente en el proceso de licitación del Canal de la Ciudad. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolvió que corresponde adjudicar la concesión de la señal porteña a Cale Group, la empresa del joven empresario Augusto Marini, propietario de los canales de streaming Blender y Carajo, este último en sociedad con Daniel “Gordo Dan” Parisini.

    El dictamen favorece a la compañía que, el mes pasado, presentó la oferta económica más alta para obtener el gerenciamiento operativo del canal de televisión pública de la Ciudad. Cale Group propuso un canon mensual de 50 millones de pesos, frente a los 15 millones ofrecidos por Argentinos Media, empresa del empresario Marcelo González, dueño de la radio AM 950.
    Con esta resolución, el proceso para conceder el Canal de la Ciudad por cinco años entra en su etapa final. Se abrió un breve período para presentar impugnaciones y, de no surgir objeciones, el Gobierno porteño estaría en condiciones de adjudicar formalmente la concesión en los próximos días.
    La decisión tiene un fuerte impacto político y empresarial, dado que el Canal de la Ciudad es el principal medio público audiovisual de la administración porteña y porque el grupo mejor posicionado para su operación está encabezado por Marini, quien en los últimos años ha construido un holding con amplia presencia en el sector del streaming y mantiene vínculos con referentes de distintos espacios políticos.
    El Canal de la Ciudad, señal pública del Gobierno porteño, cuenta actualmente con unos 150 empleados entre personal periodístico, técnico y administrativo. Fue creado en 2003 bajo el nombre Ciudad Abierta y relanzado en 2016 con su denominación actual durante la gestión del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces, se consolidó como uno de los medios públicos más relevantes de la Ciudad, con una programación orientada a la información, la cultura y la cobertura de eventos de interés general.
    La licitación original también contemplaba un concurso para conceder la gerencia de las radios públicas La Once Diez y FM 2×4, aunque ninguna empresa presentó ofertas para gestionarlas, por lo que estos procesos deberán ser redefinidos en el futuro.
    ### Enfrentamiento entre Macri y el Gobierno nacional
    El avance en la licitación del Canal de la Ciudad ocurrió a pesar de la fuerte oposición del Gobierno nacional. En las semanas previas, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, intimó en varias ocasiones a la administración porteña para que suspendiera el proceso, argumentando que la concesión podría vulnerar el principio de “indelegabilidad” del canal, previsto en la normativa vigente para servicios de comunicación audiovisual.
    Ozores advirtió a Macri mediante carta documento que, de concretarse la adjudicación a una empresa privada, ello constituiría una falta grave, sancionada con la caducidad de la licencia o registro. Desde el Gobierno porteño calificaron en ese momento la oposición del Ejecutivo nacional como “llamativa, insistente e inexplicable” frente a la intención de avanzar con la licitación.
    Ante esta situación, Jorge Macri decidió continuar con el proceso, señalando que el objetivo es lograr una gestión más eficiente de los medios públicos, reduciendo costos para el Estado sin perder el control sobre la señal.
    La licitación impulsada por la gestión de Macri no implica la venta del canal, sino la concesión por cinco años de su gerenciamiento operativo, manteniendo la propiedad en manos del Estado porteño.
    “Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, afirmó Macri el día que se abrieron las propuestas económicas.
    Desde el inicio, Cale Group se posicionó como el principal candidato para quedarse con el Canal de la Ciudad. Su oferta económica, de 50 millones de pesos mensuales, prácticamente quintuplicó el precio base previsto para la concesión y superó con creces la propuesta de Argentinos Media.
    Para llevar adelante el proyecto vinculado al canal porteño, Marini incorporó a Liliana Parodi, exgerenta de Programación del Grupo América y figura de amplia trayectoria en la televisión abierta, quien lidera el equipo preparado para conducir la operación en caso de concretarse la adjudicación.
    El desembarco de Cale Group en el Canal de la Ciudad marca un nuevo paso en la expansión de Augusto Marini en el sector de medios. Con poco más de 30 años, logró consolidar un conglomerado que reúne proyectos audiovisuales con perfiles editoriales muy diversos.
    Marini es un empresario bonaerense oriundo de General Las Heras, con vínculos estrechos con líderes del gobierno de Misiones, donde mantiene relaciones con el hijo del exgobernador Carlos Rovira y desarrolla negocios que van desde el sector agropecuario a una plataforma de salud operativa en el sistema público provincial.
    Además, estableció una relación de confianza con el gobierno de Javier Milei, especialmente con “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Santiago Caputo, a través de Daniel “Gordo Dan”, a quien cedió el 35% de Carajo. Este canal libertario, lanzado en 2024, tiene como programa emblemático La Misa, conducido por el propio Gordo Dan.
    En mayo del año pasado, Carajo alcanzó uno de sus picos de audiencia con la visita de Javier Milei y su entonces vocero Manuel Adorni al programa La Misa, donde Gordo Dan mantuvo una extensa entrevista de seis horas con ambos funcionarios, estableciendo un récord como la entrevista más larga a un

  • Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

    Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

    Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

    El peronismo y la oposición dura enfrentan dificultades para reunir el quórum, las cuales se profundizan tras la maniobra del oficialismo; este convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales como una salida para sus aliados, dejándolos sin expectativas de alcanzar el número necesario para sesionar este martes. El objetivo era avanzar en el trámite parlamentario para interpelar y remover a Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

    “Vamos a ir igual al recinto; ahí se evidencian las complicidades. Lo descarado es que hayan llamado a una reunión informativa, lo que blanquea que no habrá dictamen. Quienes juegan para el oficialismo siguen defendiendo a Adorni”, sostuvo este lunes un referente de Unión por la Patria. Esto ocurrió después de que La Libertad Avanza concretara una estrategia acordada con el PRO y la UCR, espacios cercanos al Gobierno que, en esta ocasión, enfrentan el dilema de no apoyar al jefe de Gabinete ni plegarse a la estrategia kirchnerista.
    Hasta la convocatoria a Asuntos Constitucionales, prevista para el martes 30 a las 15, los opositores contaban con entre 120 y 123 diputados dispuestos a sentarse en sus bancas. Si bien estaban cerca de los 129 necesarios para alcanzar el quórum, la llave estaba en manos del PRO y bloques alineados con gobernadores que generalmente responden a la Casa Rosada.
    El pedido de sesión fue firmado por diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, Coalición Cívica y legisladores independientes como Jorge Fernández (San Luis), Natalia de la Sota (Córdoba) y Marcela Pagano (Buenos Aires). También contaban con el apoyo de Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Karina Banfi, de dos diputados del MID y dos representantes de Catamarca, entre otros.
    Tras la maniobra oficialista, el número de legisladores dispuestos a sesionar cayó entre 110 y 114. A pesar de ello, hasta la noche del lunes mantenían el pedido de sesión con el objetivo de exponer a los ausentes. Si luego de media hora no alcanzan los 129 diputados, como se prevé, se habilitarán las expresiones en minoría, que se utilizarán para cuestionar a Adorni y a los aliados del Gobierno. “Maximiliano Pullaro dice que él ya habría echado a Adorni, pero sus diputados no estarán presentes”, ejemplificó un legislador peronista en referencia al gobernador de Santa Fe.
    “El llamado a la comisión es una coartada del oficialismo para el PRO y la UCR. Es un caramelo de madera, porque nunca permitirán que Adorni vaya al recinto, pero a nosotros nos debilita”, admitieron miembros de Provincias Unidas con postura opositora.
    El blindaje para La Libertad Avanza, respaldado por los aliados, también alcanzaría la sesión del miércoles, convocada por el oficialismo para tratar el acuerdo con los holdouts y el proyecto de la súper Región Industrial, Comercial y de Gestión Integrada (súper RIGI). El Gobierno buscará retomar la iniciativa con un temario a su medida, mientras la oposición intentará que quienes no apoyen el embate contra Adorni paguen el costo político.