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Bullrich afirmó que un gobierno que reforma y va para adelante «en algunos momentos choca»

Bullrich afirmó que un gobierno que reforma y va para adelante «en algunos momentos choca»

Durante la segunda jornada del ciclo «Democracia y Desarrollo», organizado por Clarín en el Malba, se evidenció un fuerte contraste entre el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, y la jefa del bloque de senadores de Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quienes expusieron posiciones encontradas sobre el modelo de desarrollo para Argentina.

Bullrich hizo una referencia indirecta a los constantes tropiezos de los proyectos impulsados por el Ejecutivo Nacional, afirmando: «Un gobierno que reforma y que va para adelante en algunos momentos choca», frase que resonó en el auditorio. No obstante, intentó mantener una mirada positiva al destacar que el oficialismo ha tenido buenos resultados en el Congreso durante el año. Enfatizó que, sin decisión de transformación, los grandes títulos terminan siendo frustrantes y subrayó que no enviarán una reforma impositiva “hasta no saber quién está dispuesto a acompañar una reforma impositiva pro-producción”. Señaló la necesidad de reducir impuestos para otorgar mayor poder al ciudadano y a las empresas, y reclamar un Estado menos voluminoso, tras el fracaso en el Senado respecto a los capítulos de Tierras y manejo del fuego en el proyecto sobre propiedad privada.
En el mismo panel, Pichetto cuestionó la gestión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y acusó al Gobierno de carecer de un discurso coherente y una visión realista. Sostuvo que sus políticas actúan como elementos destructivos de la economía y afectan diversos sectores. Pidió controlar la labor del ministro y mencionó la polémica reforma del sistema de seguros, que permitiría contratar pólizas en el exterior, lo cual, según él, podría desarticular el sistema argentino que sostiene a las empresas nacionales. Además, expresó reservas sobre la reforma del Banco Central, advirtiendo que sin auténtica autonomía, el proyecto podría estar alineado con un “recetario viejo del Fondo”.
Bullrich respondió destacando que la gestión de Javier Milei busca transformar un Estado cerrado y corrupto en una economía más abierta. Sin embargo, Pichetto insistió en denunciar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios tanto en el sector público como en el privado, señalando que “han destruido el salario en el sector privado y ni hablemos del sector público”.
La senadora Bullrich sintetizó también la dificultad política que enfrenta el Gobierno, que posee una minoría en el Congreso. Explicó que su bloque representa el 30% del Parlamento y que para avanzar hacia el 50% es necesario lograr acuerdos, sin que ello implique diluir el programa de transformación libertario. En este sentido, la reforma impositiva se perfila como un próximo foco de disputa, y anticipó que la Casa Rosada no enviará el proyecto al Congreso hasta contar con el respaldo suficiente para una iniciativa orientada a reducir impuestos y fomentar la producción.
En el mismo panel se abordó además el proyecto de reforma electoral que propone la eliminación de las PASO. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, expresó dudas sobre el acompañamiento de su partido a esta medida y advirtió que el PRO no está aún dispuesto a modificar el sistema electoral. Pichetto coincidió en que no se deben cambiar las reglas bajo la proximidad de un año electoral. Por su parte, Flavia Royón se manifestó a favor de eliminar las primarias, mientras que Bullrich respaldó la iniciativa del Gobierno, aunque recordó su experiencia favorable con las PASO en las presidenciales de 2023, cuando venció a Horacio Rodríguez Larreta.
Los participantes coincidieron en que la Argentina recibida por Milei en diciembre de 2023 no es la misma que la actual, aunque surgieron diferencias al discutir cómo abordar ese cambio.
Durante la jornada también expusieron el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri; los gobernadores Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Martín Llaryora; el senador Diego Valenzuela; y los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Santiago Passaglia (San Nicolás), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Pablo Javkin (Rosario).
Las charlas estuvieron moderadas por periodistas de Clarín —Eduardo Paladini, Horacio Riggi, Silvia Naishtat, Ezequiel Burgo y Bernardo Vázquez— y de TN, Carolina Amoroso. Además participaron especialistas como César Litvin, Nadin Argañaraz, Luciano Laspina; el dirigente gremial Gerardo Martínez; y referentes del sector empresario como Federico Braun (La Anónima), Mariano Bosch (Adecoagro), Ignacio Costa (Río Tinto) y Andrés Graziosi (Arcor).
Entre el público se destacaron el jefe de Gabinete Diego Santilli; el secretario de Medios Fabián Fernández; el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala; la titular del bloque LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez; y referentes del PRO como María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza, Hernán Lombardi y Guillermo Montenegro, además de dirigentes como Juan Manuel Abal Medina y Diego Bosio, y empresarios como Eduardo Elsztain y Rodolfo D’Onofrio.
En el panel de gobernadores, que siguió al de intendentes —quienes resaltaron las dificultades de gestionar con escasos recursos federales— hubo consenso en que Argentina necesita inversión, aunque las provincias reclaman condiciones adecuadas para atraerla. Frigerio, Jalil, Orrego, Llaryora y Jorge Macri coincidieron en que el desafío es transformar la estabilización macroeconómica en inversión, empleo y desarrollo productivo. Subrayaron que, si bien el Estado nacional organiza las cuentas, gran parte de las condiciones para atraer inversiones dependen de las provincias,

13 agosto 2026
El Gobierno quiere destrabar una obra eléctrica clave de US$ 800 millones y apuesta al RIGI para atraer inversores

El Gobierno quiere destrabar una obra eléctrica clave de US$ 800 millones y apuesta al RIGI para atraer inversores

El Gobierno lanzará la licitación pública nacional e internacional de AMBA I, un proyecto de transmisión eléctrica valorado en aproximadamente 800 millones de dólares, que incrementará en cerca de 2.000 megavatios la capacidad de abastecimiento en la región metropolitana. La obra incluye la construcción de 270 kilómetros de nuevas líneas de 500, 220 y 132 kV, una estación transformadora en Plomer (provincia de Buenos Aires), sistemas de compensación y conexiones con las distribuidoras. El trazado principal unirá Atucha II, Plomer y Ezeiza.

Para atraer capital privado, el adjudicatario podrá solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que el proyecto contará con una garantía en proceso de estructuración otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) realizará un aporte inicial no reembolsable de unos 100 millones de dólares, distribuidos mitad en efectivo y mitad en especie, principalmente transformadores.
El concesionario recuperará el resto de la inversión a través del costo de la energía que Cammesa traslada a las tarifas eléctricas. Según fuentes de la Secretaría de Energía, la mayor parte de este costo impactará sobre los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, mientras que una proporción menor se distribuirá entre los usuarios del resto del país, dado que la obra también fortalecerá la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El repago será progresivo, ya que el adjudicatario comenzará a cobrar conforme avance en la ejecución de los distintos lotes previstos en el contrato, evitando así que el costo total se traslade de manera inmediata a las tarifas y provocando un impacto mínimo para los usuarios.
La obra se desarrollará mediante una concesión de obra pública, modalidad en la que el sector privado se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de las nuevas instalaciones. AMBA I será la primera experiencia bajo el nuevo marco regulatorio para la ampliación de la red de transporte eléctrico.
El vocero presidencial, Andrés Ravier, indicó que el financiamiento será con capital privado y destacó que el aporte inicial de Cammesa reduce el alto costo financiero asociado a un proyecto de esta magnitud. En caso de que el adjudicatario debiera financiar la totalidad mediante deuda privada, ese costo adicional se trasladaría al sistema eléctrico en su conjunto.
Los fondos de 100 millones de dólares provendrán de la Cuenta de Exportaciones de Cammesa, que reúne los ingresos netos generados por las ventas de electricidad a países vecinos. Se trata de recursos extrapresupuestarios y el aporte no deberá ser devuelto por la empresa adjudicataria. “El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra”, afirmó Ravier.
El proyecto busca aliviar uno de los principales cuellos de botella de la red eléctrica argentina. Según datos oficiales, la demanda residencial creció un 20% en la última década, mientras que la extensión de las líneas de transporte de alta tensión aumentó apenas un 8% en el mismo período.
Esta primera licitación está dirigida al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica nacional. Su objetivo es evitar los frecuentes cortes de luz durante el verano, la temporada de mayor consumo.
Desde la Secretaría de Energía advirtieron que la saturación de la red limita la incorporación de nueva demanda y eleva el riesgo de interrupciones cuando el sistema supera sus límites técnicos.
Se prevé que la presentación de ofertas económicas y la adjudicación ocurran a comienzos de 2027, con la posterior firma del contrato de concesión en los meses siguientes.
La construcción se dividirá en dos etapas, con un plazo máximo de 52 meses. El esquema por lotes permitirá habilitar y comenzar a remunerar parcialmente la infraestructura antes de la finalización total del proyecto.
AMBA I será la primera de 16 iniciativas prioritarias dentro del Plan Nacional de Obras de Ampliación de la Red de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones superiores a 6.600 millones de dólares y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV en distintas regiones del país.

12 agosto 2026
La Justicia ordenó al Gobierno hacerse cargo del arreglo de tres rutas nacionales de Santa Fe

La Justicia ordenó al Gobierno hacerse cargo del arreglo de tres rutas nacionales de Santa Fe

A pesar de que el Gobierno implementó en las últimas semanas un mecanismo para transferir la jurisdicción de rutas nacionales a las provincias de Santa Fe y San Juan, en respuesta al reclamo de las autoridades locales por el deterioro de sus tramos, la Justicia ordenó al Ejecutivo reparar «de manera inmediata e integral» las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento santafesino de General López, pese a que estas vías estén concesionadas. En particular, en uno de los tramos de la ruta 33, que conecta Rosario con Bahía Blanca, los accidentes aumentaron un 30%, según señaló a Clarín el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella.

La resolución judicial, que confirma el amparo presentado en 2025 por la senadora provincial Leticia Di Gregorio (UCR), fue firmada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa. El magistrado rechazó los argumentos de Corredores Viales y del Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, que se negaban a asumir la responsabilidad por las obras. En consecuencia, intimó a Vialidad Nacional a cumplir con el fallo.
Esta intervención judicial surge en un contexto en el que el Gobierno es cuestionado por la paralización de la obra pública y por el uso del SISVIAL, un fideicomiso que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con el fin legal de financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Sin embargo, miles de millones de pesos de este fondo han sido desviados para financiar gastos del Tesoro, en lugar de destinarse a sus objetivos originales. El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que esos fondos se emplearon para “lograr el equilibrio fiscal”, aunque este martes intentó matizar señalando que también se destinan al bacheo de las rutas.
Esta presunta irregularidad motivó que la diputada Victoria Tolosa Paz denunciara al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, responsable del fideicomiso, por presunta malversación de caudales públicos. Previamente, Tolosa Paz había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata para asegurar las obras en los tramos bonaerenses de las rutas 3 y 5. “El dinero de las rutas debe volver a las rutas, no a la timba de Caputo”, expresó la exministra.
Precisamente, la Justicia santafesina confirmó este martes el amparo presentado por la senadora radical. “El año pasado este mismo juez nos otorgó una medida cautelar para realizar bacheo en las tres zonas más peligrosas, pero Vialidad no completó las obras porque ‘no había plata’. Ahora se dictó la sentencia definitiva. Si bien el Gobierno puede apelar, deberá ejecutar los trabajos”, afirmó Di Gregorio a este medio.
El juez Cuello Murúa reprochó a las empresas estatales involucradas la “omisión prolongada en tareas de mantenimiento y conservación, necesarias para garantizar la transitabilidad plena de las rutas en cuestión, realizada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
La legisladora provincial explicó que estas tres rutas atraviesan la zona sur de Santa Fe, donde se forma la característica “bota” de la provincia. Además, aclaró que no existen contradicciones con el acuerdo firmado hace semanas entre el gobernador Maxi Pullaro y la Casa Rosada, ya que el Ejecutivo cedió la ruta A012, una circunvalación de Rosario de poco más de 60 kilómetros, que conecta con los puertos, es fundamental para la producción y estaba en grave deterioro.
Desde 2025, varias jurisdicciones vienen denunciando el mal estado de las rutas, con pozos y ondulaciones que no solo incrementan los accidentes, sino que también complican la logística del sector agroexportador. “En la ruta 33 hay un gran deterioro, es peligroso. Mucha gente prefiere usar rutas provinciales por temor, pero por ahí pasa el 70% de la producción. Por eso es importante que el juez haya establecido que las concesiones no liberan a Vialidad de su obligación de mantener las vías”, señaló el intendente Chiarella.
El dirigente también advirtió que no existe un verdadero “ahorro” para el Ejecutivo al postergar las obras, ya que se incrementan tanto los costos logísticos de las empresas exportadoras como los gastos hospitalarios derivados del aumento en la siniestralidad vial. “La producción es importante, pero aquí está en juego la vida de las personas. Da miedo transitar esas rutas”, concluyó.
Aunque el vocero Ravier intentó este martes bajar la tensión argumentando que el sistema de concesiones viales es similar al implementado en países como Chile y Perú, donde las rutas nacionales se financian con inversiones privadas y no con dinero público, los cuestionamientos continuaron.
Graciela Aleñá, representante del sindicato de Viales, recordó que el gremio viene denunciando desde hace dos años el desvío de fondos por parte del Gobierno, con graves consecuencias para el sistema vial argentino y para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

12 agosto 2026
Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

Respuesta del massismo al Gobierno por la Ley de Tierras: «Dejaron que Bullrich se estrelle»

La modificación sancionada al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada tuvo como responsable externo a Sergio Massa, según reconocen en el Gobierno, aunque internamente las críticas apuntaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El papel del exministro de Economía, excandidato presidencial y referente del PJ fue clave en las negociaciones con senadores afines a gobernadores peronistas, quienes mantienen un buen diálogo con el Ejecutivo. Massa admitió en conversaciones privadas haber hablado con tres de esos senadores, aunque desde el Gobierno estiman que fueron más, formando parte de un grupo de al menos nueve que finalmente rechazaron partes del proyecto y responden a distintos mandatarios del peronismo.
Las negociaciones del líder del Frente Renovador se concentraron especialmente en los tres senadores que integran el bloque Convicción Federal —Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza—, quienes han acompañado en distintas iniciativas al oficialismo durante el último año. Moisés es cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz; Andrada responde al mandatario de Catamarca, Raúl Jalil; y Mendoza está alineada con Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán. Si bien todos mantienen buena relación con Casa Rosada, se marcaron distancias en esta oportunidad.
El problema para el Gobierno fue la ausencia de varios votos el jueves pasado: los santacruceños Carambia y Gadano no acompañaron, al igual que la tucumana «Betty» Ávila, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y la neuquina Julieta Corroza, quienes en otros casos habían respaldado proyectos previos.
Desde el massismo reconocen haberse comunicado exclusivamente con el trío de senadores de Convicción Federal y se deslindan del resto de las negociaciones que debilitaron el proyecto de ley sobre la propiedad privada. «Se habló con tres senadores de 38. Con el resto no se dialogó; el error fue del Gobierno. El Colo Santilli y otros dejaron que Patricia (Bullrich) se estrelle sola», señalaron con ironía sobre la responsabilidad oficialista.
Fuentes del Frente Renovador aseguran que el oficialismo no llamó en ningún momento a Moisés ni a los otros senadores de Convicción Federal tras haberlos utilizado políticamente durante largo tiempo. Además, atribuyen la influencia en las negociaciones no solo a Massa, sino también a referentes kirchneristas del Senado como Juliana Di Tullio y del Congreso, como Germán Martínez.
En el sector conocido como mileísmo, algunos atribuyen a contactos previos con Massa las declaraciones del miércoles de senadores ultrakirchneristas como José Mayans y Juliana Di Tullio, quienes expresaron su hartazgo con la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner.
En cuanto a la agenda legislativa, a pesar de que Patricia Bullrich propuso sesionar todas las semanas del Senado durante agosto y septiembre, la experiencia de la primera semana del mes dificulta imaginar que se cumpla ese objetivo.
Las expectativas del Senado se enfocan ahora en aprobar la Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción en Diputados y un consenso mayoritario entre los bloques aliados. Asimismo, esta semana se tratarán pliegos de jueces, un tema en el que el Gobierno destacó el envío de 203 designaciones para cubrir vacantes urgentes en el Poder Judicial, cifra considerada un récord histórico por el ministro Juan Bautista Mahiques.
Para más adelante quedan proyectos que deben debatirse primero en Diputados, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, clave para el diputado Javier Milei. El Senado ha pedido que los textos a discutir no mezclen temas dispares, como ocurrió en iniciativas recientes.
En este contexto, ven pocas chances de avance para la ley de sociedades, especialmente en el capítulo que permitiría crear empresas operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados humanos en su funcionamiento habitual. Tampoco parece probable que prospere la iniciativa que buscaba desregular actividades de librerías, farmacias y corredores inmobiliarios, propuesta en julio y promovida por el ministro más cuestionado por el mileísmo: el exministro Federico Sturzenegger.

11 agosto 2026
Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

Escala el conflicto universitario: los rectores piden a la Justicia que intime al Gobierno y aplique multas si no cumple la Ley de Fondos

Las universidades nacionales solicitaron hoy a la Justicia que intime al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal) y de aplicar multas al Estado por el incumplimiento.

Según pudo saber Clarín, la presentación se realizó este jueves ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, responsable de la causa por incumplimiento de la ley. En diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó cumplir dos artículos: la recomposición salarial para docentes y no docentes, y el aumento de becas estudiantiles.
Los rectores reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, tras el fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado —que rechazó el recurso extraordinario del Gobierno— ya no existen excusas para no ejecutar la sentencia vinculada a la cautelar.
A ello se sumó, como informó Clarín el martes, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo – Sala III, que consideró “abstracto” pronunciarse sobre la apelación presentada por las universidades contra la suspensión de la ejecución de la cautelar. La medida cautelar dictada en diciembre por el juez Cormick había sido suspendida por el propio magistrado a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema.
La representación legal de las universidades, encabezada por el abogado constitucionalista Pablo Manili, sostiene que ya puede ordenarse la ejecución de la cautelar. En caso de incumplimiento, los funcionarios podrían enfrentar causas penales por desobediencia y sanciones económicas, lo que solicitan a la Justicia.
Según cálculos de las universidades y gremios del sector, la liquidación de haberes para docentes y no docentes debería efectuarse con un aumento del 28,5%. Esto se suma al 21% otorgado desde la liquidación de julio, correspondiente al acuerdo paritario firmado a finales de mayo, convenio con el que el Gobierno intentó resolver la situación. Sin embargo, el rechazo inesperado de la Corte Suprema al recurso extraordinario del Ejecutivo reactivó el cumplimiento de la medida cautelar dictada en diciembre y ratificada por la Cámara en marzo.
En este contexto, los gremios del sector preparan medidas de fuerza para la próxima semana. Los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocaron a un paro para el 12 de agosto. La mayoría de las universidades del país iniciará entonces el segundo semestre, involucrando a casi dos millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano se pronunció este jueves con críticas hacia el paro convocado para el 12 de agosto, calificándolo de “prematuro”. En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello recordó el acuerdo salarial paritario firmado en mayo y afirmó que “no existe incumplimiento alguno” al respecto. No obstante, evitó referirse a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la medida cautelar que ordena la recomposición salarial y el aumento de becas estudiantiles.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, uno de los convocantes al paro, no descartó nuevas demandas judiciales por parte de los gremios, en línea con la presentación realizada por el CIN. “Es necesario para la democracia que el Gobierno cumpla con la medida dictada por la Corte Suprema respecto a la cautelar. No se puede hacer la vista gorda”, advirtió.

8 agosto 2026
El gobierno baja el capítulo de extranjerización de tierras – El Miércoles Digital

El gobierno baja el capítulo de extranjerización de tierras – El Miércoles Digital

Ante la rebelión de los aliados, la Casa Rosada tuvo que dar marcha atrás. Bronca con Bullrich.

Javier Milei tuvo que bajar este miércoles el capítulo de extranjerización de tierras contemplado en la ley de propiedad privada, frente a la catarata de rechazos de senadores aliados y pronunciamientos en contra por parte de los gobernadores. La decisión se terminó de tomar cuando el gobierno supo que la salteña Flavia Royón no aceptaba votar a favor y el mendocino Rodolfo Suárez planeaba ausentarse para restar su voluntad.
Como informó LPO, la rebelión de legisladores del radicalismo y los bloques provinciales no sólo amenazaba el proyecto entero que impulsa Federico Sturzenegger sino que hacía peligrar la sesión, un mal augurio para un gobierno que aspira a darle impulso a la agenda parlamentaria con la eliminación de las PASO y el recorte de zonas frías.
Pese a que Patricia Bullrich intentó cargar contra Máximo Kirchner y Lázaro Báez para recuperar apoyos durante la conferencia de prensa de este martes, los senadores provocaron un efecto cascada que obligó a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua a manifestarse contra la iniciativa.
Por eso, la jefa de bloque libertario convocó de urgencia a sus pares de las bancadas aliadas para comunicarles que retiraba del proyecto los artículos referidos a la venta de tierras, con el propósito de alcanzar el quórum y una mayoría que permita avanzar con el resto de la ley.

Pasadas las 15, el radical Eduardo Vischi avisó al grupo de WhatsApp de la UCR la marcha atrás del gobierno. «¿Quién bajó el capítulo de tierras? La realidad, no tenían los votos», explicó un legislador radical.

En Casa Rosada, habían intentado persuadir sin éxito a Bullrich con dar de baja el capítulo de tierras pero la ex ministra decidió avanzar, aunque nunca estuvo cerca de llegar a los 37 senadores necesarios, incluso, para abrir la sesión.

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6 agosto 2026
El gobierno dio a conocer qué desayunos se sirven y señaló irregularidades en escuelas que critican el nuevo sistema

El gobierno dio a conocer qué desayunos se sirven y señaló irregularidades en escuelas que critican el nuevo sistema

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Un informe elaborado por la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano expone una realidad poco conocida del sistema de alimentación escolar en Entre Ríos: los desayunos y meriendas que reciben los estudiantes varían significativamente según la escuela y el departamento.
El relevamiento, realizado sobre establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia, muestra que no existe un criterio uniforme respecto de los alimentos que se ofrecen. Mientras algunas escuelas incluyen leche chocolatada, yogur o frutas, en otras predominan infusiones como té o mate cocido acompañadas únicamente con pan o galletitas. También se detectaron casos en los que durante toda una semana se repitió prácticamente el mismo desayuno.
El propio informe concluye que existen «diferencias significativas en la calidad y variedad de los menús» y advierte que esa desigualdad genera preocupación sobre si todos los estudiantes reciben el aporte nutricional necesario para comenzar la jornada escolar. Por ese motivo recomienda avanzar hacia un desayuno «igualitario y equitativo» para todas las escuelas de la provincia.
Actas que revelan diferencias
Las observaciones realizadas por los equipos técnicos permiten dimensionar la disparidad existente entre establecimientos.
En una escuela relevada, durante cinco días consecutivos el desayuno consistió prácticamente en la misma preparación: leche chocolatada con galletitas, sin mayores variantes durante toda la semana.
En otra institución, el menú registrado fue aún más básico: té con azúcar y galletitas, elaborado únicamente con té en saquitos, azúcar y galletitas, según consta en el acta.
Otras planillas incorporadas al relevamiento muestran desayunos compuestos por té con pan, té con galletitas, pan, galletas, bizcochos semolados con naranjas, además de registros donde las colaciones consistieron en facturas, alfajores, tortas negras o bizcochos semolados, evidenciando la ausencia de un criterio común sobre los alimentos que se ofrecían a los estudiantes.
El informe también revela que algunos departamentos ni siquiera remitieron la información solicitada por la Dirección de Comedores, lo que impidió incorporarlos al relevamiento y reflejó, además, dificultades para contar con un seguimiento homogéneo en toda la provincia.
Los datos oficiales muestran que durante años convivieron realidades muy diferentes dentro del sistema de alimentación escolar, sin criterios uniformes sobre la calidad y composición de los desayunos. La discusión ya no debería ser si se cambia o no el sistema, sino si es justo que dos chicos de la misma provincia reciban desayunos distintos simplemente por la escuela a la que asisten.

5 agosto 2026
Marclay y Michel le piden a Frigerio que explique la deuda del gobierno provincial con los Bomberos Voluntarios

Marclay y Michel le piden a Frigerio que explique la deuda del gobierno provincial con los Bomberos Voluntarios

Los diputados nacionales presentaron un pedido de informes al gobernador solicitando que se normalice la situación. Por la falta de respuesta del gobierno de la provincia de Entre Ríos ante la Asociación de Bomberos Voluntarios, los diputados nacionales Marianela Marclay y Guillermo Michel, presentaron una nota solicitando información sobre las transferencias desde el Estado hacia la agrupación.

En el día de hoy se reunieron con dirigentes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos en la sede de Villa Elisa, además participaron del encuentro otros legisladores nacionales de la provincia.
En este sentido, Marclay afirmó: “El gobernador le debe plata a los bomberos, una de las instituciones más nobles de nuestra comunidad”. Además, agregó: “La actitud de Frigerio es fingir demencia mientras ahoga a las asociaciones entrerrianas”. declar

5 agosto 2026
Avanza el proyecto del Gobierno para reconfigurar a Comodoro Py

Avanza el proyecto del Gobierno para reconfigurar a Comodoro Py

El presidente Javier Milei decidió implementar una serie de medidas para reconfigurar Comodoro Py, el fuero encargado de investigar casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. Entre las acciones previstas se encuentran la cobertura de cargos clave y la posible reducción en la integración de la Cámara Federal de Casación Penal.

En el primer trimestre del próximo año, en los Tribunales de Retiro se implementará el sistema procesal acusatorio, a pesar de que el 31% de los cargos judiciales en ese fuero están vacantes. Además, la actual gestión modificó los requisitos para la designación de jueces, decisiones que impactan directamente en la configuración del fuero más sensible para la política nacional.
Estos cambios se concretan a través del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, cuyo foco principal es Comodoro Py, sede del fuero federal penal donde se tramitan casos de corrupción que afectan tanto a la administración de Milei como a gobiernos anteriores.
Fuentes judiciales califican la estrategia de la Casa Rosada en materia judicial como de “total pragmatismo” y destacan que, mediante decretos y otros instrumentos normativos, se han impulsado cambios sustanciales sin necesidad de un proyecto integral de reforma judicial. Entre esas medidas se incluye la disolución del fuero laboral, resultado de la reforma laboral, y el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
El Poder Judicial sigue con atención estas modificaciones. Uno de los recientes envíos de pliegos al Senado para cubrir vacantes incluye a dos integrantes para la Cámara Federal de Apelaciones: Pablo Bertuzzi, que se desempeña en el cargo de manera provisional, y el juez del fuero Penal Económico Pablo Yadarola.
Estos nombramientos responden también a la decisión del Gobierno de no conceder la prórroga en su cargo al juez Martín Irurzun, quien recientemente cumplió 75 años, límite constitucional para ejercer la magistratura salvo que el Presidente remita su pliego al Senado para extender su mandato por cinco años, trámite que en este caso no se realizó. Así, Irurzun dejó una vacante en la Cámara Federal porteña.
Sin embargo, esta política no se aplicó en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, obtuvo una prórroga hasta los 80 años. Según fuentes oficiales, esta fue una decisión tomada directamente por el Presidente, sin intervención del ministro.
En la Cámara Federal de Apelaciones, tribunal inferior a la Casación, seis jueces conforman esta instancia clave para cualquier proceso penal, y actualmente la mitad fueron designados por la gestión actual. Esta cámara revisa las decisiones de los jueces de instrucción y puede revocar procesamientos o sobreseimientos, ordenar profundizar investigaciones, reabrir expedientes, resolver sobre patrimonios cautelados y sobre la libertad de las personas.
Entre los casos más relevantes en esta instancia figuran la causa $LIBRA, en la que se investiga al presidente Milei y a su hermana; la investigación sobre un circuito de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y otras causas vinculadas a Manuel Adorni, todas de gran sensibilidad para la actual administración.
La atención del Gobierno sobre Comodoro Py no se limita a esta cámara. La Cámara Federal de Casación Penal, paso previo para llegar a la Corte Suprema, debería contar con 13 jueces, pero actualmente presenta cuatro vacantes. El concurso para cubrir estos cargos se realizó hace cinco años y cuenta con un orden de mérito de quince postulantes, aunque este proceso está plagado de impugnaciones y una revisión solicitada a través de un consultor externo, lo que pone en duda sus resultados.
Desde el Ministerio de Justicia se trabaja en un plan para reducir la cantidad de integrantes de la Casación Federal. La iniciativa busca, según el ministro Mahiques, mejorar el funcionamiento del tribunal y permitir que, con una menor cantidad de jueces, no sea necesario cubrir las vacantes existentes. En consecuencia, el concurso celebrado y su orden de mérito podrían quedar sin efecto, según indicó una fuente oficial.
Además, el Gobierno remitió al Senado 26 nuevos pliegos que incluyen cargos en los tribunales orales de Comodoro Py. Estas vacancias forman parte del preocupante 31% de cargos judiciales vacantes en los Tribunales de Retiro, algunos sin cubrir desde hace más de cinco años.

4 agosto 2026
Paro docente: el Gobierno nacional sancionará a los gremios si no garantizan el 75% de clases

Paro docente: el Gobierno nacional sancionará a los gremios si no garantizan el 75% de clases

El Ministerio de Capital Humano de la Nació ¡n informó que realizará monitoreos aleatorios en todo el país durante la huelga de este lunes 3 de agosto con el objetivo de verificar el piso de funcionamiento previsto por la Ley 27.802.

El paro nacional docente de este lunes 3 de agosto quedará bajo supervisión del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina, que anunció una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si las entidades gremiales que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27.802.
Ante la medida de fuerza convocada para ese día, el Gobierno argentino informó que controlará en escuelas de todo el país si los gremios respetan ese piso de prestación y advirtió que, si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones, según el comunicado oficial del ministerio.
La cartera indicó que la supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En un comunicado oficial que difundió este sábado a través de X, señaló: “En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.
La medida se realizará a partir del paro nacional docente convocado por Ctera en medio del conflicto con el Gobierno por la paritaria nacional docente y los reclamos salariales. Como informó Infobae, el sueldo mínimo docente quedó en 500 mil pesos durante el último año.
Qué reclaman los gremios docentes
Ctera reclama la convocatoria a la paritaria, aumentos salariales y la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). También pide una nueva ley de financiamiento educativo y objeta una posible reforma jubilatoria y un proyecto de “Ley de Libertad Educativa”.
El artículo también menciona reclamos por inversión en infraestructura, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos. Además, señala que durante agosto habrá otras medidas para dar visibilidad al reclamo.
Los gremios docentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), en cambio, anunciaron un plan de lucha sin huelgas. Entre las medidas figuran trabajo a reglamento, clases informativas sobre la crisis educativa y una movilización cuyo destino se definirá entre el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.
Según el mismo medio, esos gremios convocaron a una conferencia de prensa para el lunes a las 14:00 en Azopardo 802. Esa actividad se desarrollará el mismo día del paro nacional convocado por Ctera.
La ley invocada por el Gobierno y la discusión judicial
En el comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación servicio esencial. Bajo ese criterio, durante una medida de fuerza los gremios deben asegurar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
A la vez, Infobae informó sobre una disputa judicial en torno a esa disposición. Una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74 suspendió de forma temporal la declaración de esencialidad mientras avanza una demanda.
El mismo artículo sostuvo que, tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo. Esa tensión entre la cautelar y la posición oficial enmarca la inspección anunciada para el 3 de agosto.
El argumento oficial sobre el derecho a la educación
En su comunicado, el Ministerio sostuvo que la administración de las escuelas corresponde en primer término a las jurisdicciones, pero remarcó el papel del Estado nacional en la garantía del derecho a la educación.
“La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, a la vez, el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”, señaló, publicó InfoBae.
La cartera enmarcó la decisión en la necesidad de resguardar la continuidad educativa y de sostener previsibilidad para las familias argentinas. También exhortó a los actores del sistema a cumplir la normativa vigente sobre la esencialidad de la educación. (APFDigital)

3 agosto 2026