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Etiqueta: Gobierno

  • El gobierno provincial refuerza las tareas de prevención vial

    El gobierno provincial refuerza las tareas de prevención vial

    El gobierno provincial refuerza las tareas de prevención vial

    En el marco de la agenda de prevención y control vial que lleva adelante el gobierno provincial, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó este lunes un encuentro de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía provincial y representantes del sector vial.

    De la jornada participó el Director Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la ANSV, Mario Patricio Smith, acompañado por su jefe de Gabinete, Leandro Regalado. Por parte de la provincia y las fuerzas de seguridad estuvieron presentes el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González; la directora provincial de Seguridad Vial, Ana Elle; la directora de Asuntos Jurídicos, Erika Saavedra; el director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, Marcelo Gómez y Mariano Bradanini, en representación de la concesión de la Autovía 14.
    El titular de la cartera de Seguridad y Justicia, destacó la importancia de trabajar de forma conjunta con Nación «para reforzar las acciones de prevención de siniestros viales», sostuvo.
    Durante el encuentro se abordaron diversos puntos estratégicos orientados a optimizar los controles y la normativa en las rutas del territorio provincial
    Uno de los puntos centrales fue la implementación y actualización de tecnología aplicada a la fiscalización digital de transgresiones viales, como la omisión del pago de peajes.
    Además, dialogaron sobre la puesta en marcha de nuevos centros de emisión de licencias para descentralizar y agilizar los trámites de los ciudadanos.
    Asimismo, se avanzó en acciones para la incorporación de nuevos alcoholímetros y herramientas para fortalecer los operativos permanentes en rutas y caminos provinciales.

  • Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Milei – Arriba Noticias

    Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Milei – Arriba Noticias

    Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Milei – Arriba Noticias

    Argentina perdió unas 31.000 empresas desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, lo que representó un promedio aproximado de 33 firmas por día, según un informe elaborado por Fundar que analizó la evolución del entramado empresarial del país.
    La reducción no se distribuyó de manera uniforme entre las diferentes actividades económicas. El retroceso se concentró principalmente en los sectores comercial, transporte, inmobiliario e industrial, mientras otras ramas registraron la incorporación de nuevas firmas.

    Entre las actividades que mostraron una evolución positiva aparecieron los servicios personales y administrativos, los hidrocarburos y la minería. Sin embargo, esas incorporaciones no alcanzaron para compensar la cantidad de empresas que dejaron de operar en el resto de los sectores analizados.

    Consumo y costos, entre los factores analizados
    El estudio relacionó la evolución del número de empresas con distintos indicadores económicos registrados durante el período. Entre ellos mencionó una caída del 10% en el consumo masivo, incluyendo las operaciones realizadas mediante comercio electrónico.
    Otro de los elementos señalados fue la evolución de los servicios públicos. Según los datos incluidos en el informe, la canasta correspondiente a esos gastos acumuló un incremento del 249% en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación.
    De esta manera, las empresas debieron afrontar un escenario caracterizado simultáneamente por una reducción de la demanda en determinados mercados y un incremento de algunos de los costos asociados a su funcionamiento.
    El efecto de la apreciación del peso
    Fundar también incluyó entre los factores analizados la apreciación del peso argentino. De acuerdo con el reporte, la moneda habría registrado una apreciación cercana al 30% desde fines de 2023.
    El informe planteó que esa evolución cambiaria incidió sobre los costos de producción de bienes y servicios elaborados en Argentina y aumentó las dificultades competitivas para determinadas empresas que operan en el mercado local.
    La situación presentó, no obstante, diferencias importantes según la actividad. Mientras algunos sectores vinculados con los servicios, los hidrocarburos y la minería incorporaron empresas, otros vinculados con el mercado interno concentraron una parte significativa de las bajas.
    Un escenario dispar entre los distintos sectores
    La pérdida neta de aproximadamente 31.000 empresas reflejó así un comportamiento heterogéneo dentro de la economía argentina, con sectores que lograron ampliar la cantidad de firmas y otros que registraron una contracción.
    El comercio y la industria quedaron entre las actividades alcanzadas por esa reducción, junto con el transporte y el sector inmobiliario. Del otro lado, las nuevas empresas surgidas en determinadas ramas no tuvieron una magnitud suficiente para revertir el resultado general.
    El informe ubicó la evolución del entramado empresarial en un período atravesado por cambios en el consumo, los costos de los servicios y el valor relativo del peso, variables que tuvieron distinta incidencia según el sector y las características de cada actividad.
    Con Elonce

  • “Sirenazo” en el país por fondos adeudados por el gobierno nacional a Bomberos voluntarios

    “Sirenazo” en el país por fondos adeudados por el gobierno nacional a Bomberos voluntarios

    “Sirenazo” en el país por fondos adeudados por el gobierno nacional a Bomberos voluntarios

    Los Bomberos Voluntarios de Entre Ríos se sumarán este jueves 10 de septiembre al “sirenazo” nacional convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios para reclamar la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de los cuarteles.

    La medida se realizará a las 10, de manera simultánea en distintos puntos del país, y busca visibilizar el reclamo por recursos que, según denuncian las federaciones, permanecen sin ser distribuidos.
    El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios ante las demoras en la distribución de los fondos.
    Según señaló, el atraso se arrastra desde el año pasado. «El atraso que viene desde el Gobierno no es de ahora sino que ya viene desde el año pasado», sostuvo Molina, quien indicó que todavía más del 40% de las asociaciones del país no recibió los recursos que le corresponden.

    Reclamo por fondos pendientes
    El dirigente entrerriano afirmó que el reclamo contempla tanto los recursos correspondientes al período actual como un remanente que quedó pendiente de distribución durante 2025.
    «Queda un remanente de más de 59 mil millones de pesos que se tendría que haber distribuido en el año 2025 y que tampoco se distribuyó en los cuarteles», aseguró.
    Molina advirtió que la falta de recursos repercute directamente en las condiciones en las que trabajan los bomberos voluntarios. Entre otras consecuencias, mencionó dificultades para sostener las capacitaciones, adquirir equipamiento y mantener los vehículos.
    «Eso significa menos capacitación, significa menos equipamiento, significa que hay cuarteles que hoy están endeudados para poder seguir dando el servicio», afirmó en una entrevista al programa Amanece… que no es poco de Radio Plaza.
    En ese sentido, remarcó que el carácter voluntario del sistema no implica que los cuarteles puedan funcionar sin financiamiento. Según explicó, la actividad requiere un presupuesto permanente para sostener la capacitación, los equipos, los vehículos y su mantenimiento.

    Fondos establecidos por ley
    El presidente de la Federación Entrerriana explicó que los recursos reclamados están contemplados en la Ley 25.054 y provienen de un porcentaje de las primas de seguros. «Los recursos llegan del cinco por mil de las aseguradoras de vehículos, de casas, un pequeño porcentaje que va para el sistema de bomberos», detalló.
    Molina sostuvo que la recaudación se mantiene porque los seguros continúan abonándose y planteó que esos recursos deberían distribuirse entre las asociaciones de bomberos. «La recaudación está porque los seguros se pagan trimestralmente y eso se tendría que ir repartiendo, distribuyendo, entre los más de 1.250 cuarteles que hay en todo el país», señaló.
    El “sirenazo” fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina junto con las 29 federaciones provinciales y tendrá como objetivo reclamar la distribución de los fondos destinados al sistema. (APFDigital)

  • El Gobierno provincial y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda de trabajo para fortalecer el sistema de emergencias

    El Gobierno provincial y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda de trabajo para fortalecer el sistema de emergencias

    El Gobierno provincial y Bomberos Voluntarios acordaron una agenda de trabajo para fortalecer el sistema de emergencias

    El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y remarcó que durante la actual gestión comenzó a implementarse efectivamente la Ley 11.116, que hasta entonces no había sido aplicada en la provincia.

    También acordaron avanzar en un plan de trabajo conjunto para mejorar la respuesta ante emergencias, agilizar el acceso a los recursos y fortalecer el financiamiento del sistema.
    El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión de trabajo con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de analizar el funcionamiento del sistema y avanzar en acciones que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la provincia.
    Durante el encuentro se destacó que, a partir de la actual gestión provincial, comenzó a implementarse la Ley 11.116, que contempla aportes destinados al sistema de bomberos voluntarios y la cobertura de obra social para sus integrantes. Se trata de una normativa que, pese a estar vigente desde hace años, no había tenido una implementación efectiva en la provincia.
    En ese marco, el Gobierno provincial asumió el compromiso de mejorar el circuito administrativo de los recursos previstos por la ley para acortar los tiempos de tramitación y dar mayor previsibilidad a los cuarteles. Actualmente, el proceso atraviesa distintas instancias administrativas y de control, por lo que durante la reunión se planteó analizar alternativas que permitan reducir esos plazos.
    Asimismo, se acordó avanzar en una mayor articulación entre Nación, provincia y municipios para fortalecer el funcionamiento de los cuarteles. «Como en tantos otros temas, tenemos que ordenar responsabilidades y definir con claridad qué puede aportar cada nivel del Estado», sostuvo Frigerio. En ese sentido, se analizarán las experiencias de Santa Fe, Córdoba y Corrientes.
    Entre los temas abordados estuvo además la necesidad de mejorar y diversificar las fuentes de financiamiento del sistema, tanto a través de los recursos provenientes de Nación como mediante alternativas que puedan instrumentarse desde la provincia y los municipios. También se acordó analizar las herramientas previstas en la Ley nacional 27.629 de Bomberos Voluntarios.
    Otro de los ejes centrales fue la preparación ante los eventos climáticos que puedan afectar a Entre Ríos. En ese sentido, la provincia y los bomberos voluntarios acordaron trabajar en un plan coordinado para afrontar las contingencias que pueda generar el fenómeno de El Niño, revisar capacidades y necesidades y gestionar los recursos necesarios para fortalecer la respuesta ante emergencias.
    Al finalizar el encuentro, el presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, valoró la predisposición del gobernador y destacó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta. «Necesitábamos y era urgente esta reunión. La charla que tuvimos con el gobernador fue positiva, porque se comprometió a trabajar para mejorar los tiempos de llegada de los recursos y también se habló de un trabajo en conjunto para fortalecer aún más el sistema en lo económico, de parte de la provincia, para no ser tan dependientes de lo que mande Nación y tener un sistema más autónomo acá», explicó.
    Por su parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Juan Godino, destacó el respaldo institucional y la posibilidad de fortalecer la planificación conjunta. «Fue una reunión altamente positiva, porque se logró que varios puntos se lleguen a concretar y ver para el futuro, ante una emergencia hídrica como la que está anunciada, de poder trabajar en conjunto, saber a lo que nos vamos a enfrentar y tener el respaldo que ha prometido el gobernador. Seguimos trabajando continuamente con el mismo fin que es mejorar el sistema bomberil», remarcó.
    Del encuentro participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.

  • El Gobierno de Entre Ríos denunció penalmente a ATE tras los incidentes en Recursos Humanos

    El Gobierno de Entre Ríos denunció penalmente a ATE tras los incidentes en Recursos Humanos

    El Gobierno de Entre Ríos denunció penalmente a ATE tras los incidentes en Recursos Humanos

    La presentación judicial fue radicada por la Directora General del área, Luciana Magali Kapp, ante la Unidad Fiscal de Paraná. Acusan a un grupo de unas 100 personas de forzar el ingreso, amenazar al personal y causar daños en el edificio.

    El Gobierno provincial presentó formalmente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Paraná contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, a raíz de los hechos de violencia e intimidación registrados en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en calle Corrientes N.º 399 de la capital provincial.
    Según consta en la denuncia realizada por la titular del organismo, Luciana Magali Kapp, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas de este martes, cuando un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con pecheras del gremio —entre los que se encontraban dirigentes provinciales y del Consejo Directivo Nacional— irrumpió en el edificio.
    Forcejeos, encierro y daños en el mobiliario
    De acuerdo con la presentación judicial, los manifestantes ingresaron por la fuerza tras un enfrentamiento con el personal de la Mesa de Entradas. Posteriormente, se desplazaron por las distintas oficinas profiriendo expresiones intimidatorias para exigir la agilización de trámites gremiales.
    En la denuncia se detallan los siguientes episodios:

    Agresiones físicas: Empujones y forcejeos dirigidos hacia varias empleadas del organismo.

    Daños materiales: Golpes de punición reiterados contra las puertas y destrozos en el mobiliario de la repartición.

    Llamado al 911: Un trabajador debió resguardarse encerrándose en un despacho, desde donde solicitó asistencia policial urgente.

    Antecedentes y pruebas aportadas
    La presentación incluye además la constancia de un episodio previo ocurrido el 19 de mayo de 2026, en el que la funcionaria habría recibido amenazas de gravedad similar.
    Desde el Ejecutivo provincial confirmaron que pondrán a disposición de las autoridades judiciales los registros de las cámaras de seguridad del edificio y el testimonio de más de una decena de empleados que presenciaron los hechos. Asimismo, se solicitaron medidas de protección y seguridad para garantizar la integridad del personal.

  • El gobierno de Kicillof ordenó la reincorporación de 1.200 empleados despedidos de GTA – El Miércoles Digital

    El gobierno de Kicillof ordenó la reincorporación de 1.200 empleados despedidos de GTA – El Miércoles Digital

    El ministerio de Trabajo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ordenó la reincoporación de los trabajadores despedidos en distintas plantas de la empresa avícola Tres Arroyos.
     
    El ministerio de Trabajo, encabezado por Walter Correa, “intervino en el conflicto generado por los despidos en distintas plantas de Granja Tres Arroyos y Wade a través de una audiencia entre representantes de las empresas y del Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (Stiapba)”, expresó el gobierno de la provincia en un comunicado.
    “Como resultado de la audiencia -prosigue- se dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días, que contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos, con el objetivo de garantizar la paz social y abrir una instancia de negociación entre las partes para avanzar hacia una solución al conflicto”.
    Despidos y localidades afectadas
    La decisión abarca despidos que afectan a 700 trabajadores de la planta de Capitán Sarmiento, 50 de la planta de Pilar y 450 de la planta de Esteban Echeverría, alcanzando a un total de 1.200 trabajadores.
    De la audiencia participaron también el subsecretario de Comercialización del Ministerio de Producción bonaerense, Ariel Aguilar; la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino Hurtado; y Alejandro Bonomo, en representación de la intendencia de Esteban Echeverría.
    En la audiencia se acordó además la donación de 1.000 cajones de pollo destinados a los trabajadores despedidos y el otorgamiento de un pago de dinero a cuenta, que será efectivizado durante la próxima semana, aclaró el gobierno bonaerense.
    La próxima audiencia entre las partes se realizará el jueves, en el marco de la conciliación obligatoria, para continuar con las negociaciones, intentar alcanzar una solución al conflicto y procurar la preservación de las fuentes de trabajo.
    La suspensión de operaciones
    En la noche del pasado domingo, Granja Tres Arroyos, que supo ser la mayor avícola de la Argentina, suspendió las operaciones de su planta ubicada en Capitán Sarmiento sin fecha de reanudación y sin comunicación previa al personal. Un comunicado interno notificó que las tareas operativas se paralizaban “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”, con la instrucción de que el personal no concurra a prestar servicios salvo convocatoria expresa de un encargado o supervisor.
    El documento atribuyó la medida a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.
    Según supo Infobae, las máquinas concesionadas —equipos alquilados a terceros— ya no están en el establecimiento. Fuentes con conocimiento de la realidad de la empresa comentaron que se retiraron zorras, equipos de armado de cajas y toda la maquinaria de empresas externas que operaba dentro de la planta. “No quedó nada”, describió esa misma fuente. A eso se suma otro dato que agrava el panorama: miembros del directorio también habrían vaciado sus oficinas y retirado sus pertenencias de los depósitos.
    Localidad en ascuas
    La paralización de esa planta dejó a cerca de mil trabajadores en ascuas y abrió una crisis que amenaza con alcanzar hasta el 80% del movimiento económico local, en una ciudad de alrededor de 15.000 donde al menos 300 empleados ya recibieron telegramas de despido.
    La afectación excede a la fábrica: vecinos, comerciantes y prestadores de servicios vinculan la actividad del establecimiento con la mayor parte del consumo del distrito. Las familias de los operarios iniciaron un acampe frente a la planta a la espera de definiciones sobre despidos, salarios adeudados y continuidad de la actividad.La protesta empezó el martes pasado y en ella participan trabajadores, parejas, hijos y otros familiares, con permanencias rotativas frente al establecimiento.
    Fuente: Infobae.

     
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  • Tras el anuncio del Gobierno, los bancos empiezan a bajar las tasas de créditos hipotecarios

    Tras el anuncio del Gobierno, los bancos empiezan a bajar las tasas de créditos hipotecarios

    El lanzamiento del nuevo esquema del Gobierno para financiar a los bancos a través del ANSeS, con el fin de ofrecer créditos hipotecarios más accesibles y con un tope en la tasa de interés, ya genera impacto en el mercado.

    Banco Macro, por ejemplo, presentó una nueva línea de créditos hipotecarios con una tasa de UVA más 7,5% y plazos de hasta 20 años, en línea con el impulso oficial para facilitar el financiamiento habitacional.
    La entidad actualizó esta propuesta destinada a sus clientes Plan Sueldo Selecta y sus familias, con el objetivo de otorgar préstamos a mayor plazo y con tasas más bajas. Además, la oferta se extiende también a los hijos de los titulares, quienes podrán acceder de manera individual y bajo las mismas condiciones preferenciales. De esta manera, el banco amplía el universo de potenciales beneficiarios dentro de un mismo grupo familiar, tanto para la adquisición de viviendas como para realizar mejoras en inmuebles.
    Entre los principales cambios destaca la extensión del plazo de financiación a 20 años, un período poco común en el mercado hipotecario argentino. Banco Macro sostiene que un plazo más largo permite distribuir el pago en un período mayor y reducir el peso de la cuota mensual en relación con los ingresos del tomador, lo que amplía el grupo de clientes elegibles para el préstamo.
    Otro cambio relevante es la reducción de la tasa a UVA más 7,5%. Según el banco, esta medida busca mejorar las condiciones de financiamiento y disminuir el costo del crédito respecto a su esquema anterior. “Bajamos la tasa a UVA más 7,5% y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria”, destacó Juan Parma, CEO de Banco Macro.
    Parma explicó que esta decisión busca enviar una señal al mercado hipotecario. “Reducir la tasa y ofrecer plazos más largos permite a nuestros clientes y a sus hijos proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible”, afirmó. Asimismo, señaló que la medida acompaña las necesidades de los clientes en un contexto de impulso al crédito para vivienda.
    La línea crediticia cubre distintos destinos: puede utilizarse para la compra de una vivienda, así como para mejoras, ampliaciones o refacciones en inmuebles. El beneficio tiene alcance nacional, por lo que podrá ser solicitado desde cualquier provincia, sin importar la ubicación de la propiedad a adquirir o intervenir.
    Este avance forma parte del esquema anunciado la semana pasada por el Gobierno, cuya primera etapa comenzó este jueves con la aprobación de la operatoria que habilita la licitación de plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS entre los bancos, para que luego puedan ofrecer los préstamos al público.
    Según lo previsto, el Gobierno financiará a las entidades con 2 billones de pesos (unos 1.300 millones de dólares) en 10 rondas de 200.000 millones cada una, mediante plazos fijos UVA a 1 y 5 años, con tasas mínimas que oscilan entre 2,5% y 4,5%, respectivamente. Ningún banco podrá captar más del 20% de lo licitado, la tasa máxima de los préstamos será del 7,5% y las entidades contarán con 90 días para colocarlos.

  • Construir ciudades en el siglo XXI: las «tres E» como modelo de gobierno local

    Construir ciudades en el siglo XXI: las «tres E» como modelo de gobierno local

    Existe una distancia abismal entre los grandes discursos sobre el futuro, la velocidad de las transformaciones tecnológicas y la experiencia concreta de una persona que sale a trabajar, lleva a sus hijos a la escuela, abre su comercio o espera que un trámite simplemente funcione.

    El siglo XXI está transformando profundamente nuestra forma de vivir. La tecnología modifica el trabajo, la comunicación y nuestras relaciones; el cambio climático convirtió riesgos que parecían lejanos en problemas concretos; las desigualdades se hicieron visibles en tiempo real; y la confianza en las instituciones se debilitó frente a décadas de promesas incumplidas.
    En este nuevo escenario, la política encuentra su lugar más concreto en la ciudad. El municipio es el nivel donde las decisiones públicas tienen impacto inmediato y podemos comprobar, todos los días, si el Estado funciona o no.
    Gobernar lo cercano implica mucho más que administrar servicios: significa construir las condiciones para que una comunidad pueda desarrollarse, aprovechar sus capacidades y generar nuevas oportunidades.
    Un gobierno local necesita tres condiciones inseparables: Ética, Eficiencia y Empatía. Las Tres E.
    Ética, para decidir con integridad, transparencia y sentido del interés general. En una ciudad donde las relaciones son cercanas y todos terminan conociéndose, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace resulta fundamental. La confianza pública no se declama: se construye decisión tras decisión.
    Eficiencia, para transformar recursos necesariamente escasos en resultados concretos. Planificar, priorizar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas. Un municipio eficiente es el que logra que cada recurso público produzca el mayor impacto posible en la vida de los ciudadanos.
    Empatía, para comprender que detrás de cada expediente, cada obra y cada decisión hay personas concretas, con historias, necesidades y expectativas diferentes. Gobernar no es aplicar soluciones idénticas sobre territorios diferentes. Es escuchar, conocer las realidades de cada uno y entender qué necesita la comunidad.
    Las tres son inseparables. La ética sin eficiencia puede quedar atrapada solo en buenas intenciones; la eficiencia sin ética puede convertir la capacidad de gestión en una herramienta sin límites; y ambas, sin empatía, pueden construir un gobierno correcto en sus procedimientos, pero distante de las personas y sus realidades.
    Las “tres E” forman una concepción integral del gobierno: ética para decidir, eficiencia para hacer y empatía para comprender.
    La energía de una ciudad, sin embargo, la genera su gente, no el municipio. El rol del Estado local es quitar obstáculos, articular capacidades, generar oportunidades y hacer posible que esa energía se despliegue.
    Eso exige algo que va más allá de la capacidad técnica: exige credibilidad. Quien lidera necesita visión, pero también necesita haber demostrado —antes— coherencia de carácter. Porque gobernar supone tomar decisiones, asumir costos, corregir errores y sostener convicciones cuando aparecen las dificultades.
     
    La credibilidad no se declara. Se acumula.
    Gobernar lo cercano es, probablemente, una de las formas más exigentes de hacer política. Porque no hay abstracción posible: cada decisión tiene cara, nombre y consecuencias.
    Concepción del Uruguay tiene historia, identidad, recursos y, sobre todo, gente con capacidad para construir futuro. Tiene las condiciones para pensar una ciudad que no se limite a administrar lo que existe, sino que sea capaz de transformar sus capacidades en desarrollo, oportunidades y mejor calidad de vida.
    El desafío es construir esa ciudad.
    Porque construir ciudades en el siglo XXI es, en definitiva, hacer que el Estado funcione, que la sociedad pueda desplegar todo su potencial y que cada persona pueda sentir que el futuro también le pertenece.
    (*) Presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay e integrante del Ateneo Crisólogo Larralde.

  • Universidades: sin cumplir la ley de Fondos, el Gobierno convocó este martes a una nueva discusión paritaria

    Universidades: sin cumplir la ley de Fondos, el Gobierno convocó este martes a una nueva discusión paritaria

    La prolongada pugna de las universidades nacionales por el cumplimiento de la Ley de Fondos, sancionada hace más de un año, tendrá un nuevo episodio este martes, cuando el Ministerio de Capital Humano convoque a una nueva negociación paritaria.

    La reunión está programada para las 11 horas en el Palacio Pizzurno y contará con la participación de representantes de las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, así como del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país.
    Al momento de este encuentro, se cumplirán 315 días sin que el Gobierno haya cumplido con la ley de financiamiento, según los conteos que muestran las páginas web de la UBA y otras casas de estudio. “De acuerdo con la ley, falta recomponer un 30% de los salarios y creemos que ya no hay margen para que el Gobierno no cumpla la medida cautelar judicial de actualización salarial y de becas estudiantiles”, expresó Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y representante de Fedun, en declaraciones a Clarín.
    Cagnacci agregó que tienen “predisposición al diálogo”, pero advirtió que, además de la recomposición que establece la ley conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, docentes y no docentes deberían recibir un retroactivo desde la fecha de promulgación de la norma.
    Por su parte, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, calificó como “muy contundente” el último paro nacional de 48 horas convocado por su federación la semana pasada y se mostró escéptica respecto a los resultados que pueda arrojar la reunión paritaria del martes. “Si para el 1º de septiembre el Gobierno no salda la deuda con la universidad y sus trabajadores, el conflicto se profundizará”, advirtió.
    La Ley de Financiamiento, cuya ejecución fue judicializada ante el incumplimiento gubernamental, ya completó todo el trámite judicial. La cautelar en favor de las universidades fue confirmada luego del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado, que rechazó el último recurso extraordinario del Ejecutivo, en un hecho inédito donde los abogados del Estado litigaron en contra de las universidades públicas.
    El 21 de agosto se realizó una audiencia convocada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, interpretada como una mediación. Tras el fallo de la Corte, el CIN solicitó al magistrado, quien otorgó la cautelar y fue avalado por la Cámara de Apelaciones, la imposición de multas a los funcionarios responsables, desde el subsecretario Alejandro Alvarez hasta el presidente Javier Milei, e intimó por el delito de desobediencia.
    En esa audiencia, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, alertó sobre la “grave situación presupuestaria” que atraviesan los hospitales universitarios y solicitó la asignación de créditos previstos en la Ley de Presupuesto 2026.
    Las universidades informaron que el Gobierno se comprometió a cumplir, pero se negó a dejar por escrito y firmado ese compromiso en el acta, proponiendo postergar la firma para una audiencia futura dentro de 30 días, lo que los dirigentes interpretan como una maniobra para ganar tiempo y evitar acatar la ley.
    El abogado constitucionalista Pablo Manili, quien lleva la demanda contra el Gobierno en representación de los rectores agrupados en el CIN, indicó a la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Quilmes que esperan un pronunciamiento del juez Cormick respecto a los pedidos de multas diarias y de una causa penal por desobediencia.
    Consultado sobre la lentitud judicial tras el fallo de la Corte, Manili señaló que “es difícil para un juez dictar una orden contra el presidente de la Nación y hacer que se cumpla. Por eso, los jueces intentan manejar la causa para que el Gobierno termine cumpliendo sin llegar a un conflicto mayor. Hay que entender la posición de un juez de primera instancia que no es la Corte Suprema”.
    En esa misma audiencia, el Gobierno volvió a pedir el levantamiento de la cautelar argumentando que “están pagando” la ley, basándose en el acuerdo paritario de mayo pasado que otorgó un 21% de aumento y otro 3% para octubre. “Ese argumento es absurdo; es como pedir que levanten un embargo porque abonaste un pago parcial. Afortunadamente, el juez Martín Cormick lo rechazó”, afirmó el abogado del CIN.
    El incumplimiento de la Ley de Fondos afecta el funcionamiento de las universidades, impactando en salarios, becas y la situación de los hospitales universitarios, todos financiados por el presupuesto nacional. Están involucrados casi 2 millones de estudiantes, más de 266 mil docentes y 65 mil trabajadores no docentes. La ley fue sancionada, vetada por Milei y, en un hecho sin precedentes en décadas, ratificada mediante mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
    Con este contexto, se llega a la paritaria de este martes, con los salarios de agosto ya depositados, pero sin el incremento del 30% que corresponde. Circulan versiones encontradas sobre la posible postura del Gobierno: algunas indican que podría ofrecer saldar la deuda en cuotas durante los próximos meses, mientras que otras señalan que mantendrá su postura actual. Queda por ver si la Justicia tomará nuevas medidas para que su fallo sea acatado.

  • Denuncian que abrieron cajones y se llevaron comida de la Sala de Acreditados en Casa Rosada: en el Gobierno dicen que están «averiguando qué pasó»

    Denuncian que abrieron cajones y se llevaron comida de la Sala de Acreditados en Casa Rosada: en el Gobierno dicen que están «averiguando qué pasó»

    El periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada, denunció este lunes a través de su cuenta en X un presunto robo a periodistas en la Casa Rosada. Acompañó su denuncia con fotos y un video publicados en la red social. Ante la consulta de Clarín, una fuente oficial del Gobierno nacional aseguró que están «averiguando qué pasó». La seguridad en ese espacio está a cargo de la Casa Militar, que depende de Karina Milei.

    Waldman explicó: «Llegamos a la Sala y estaban abiertos los cajones. Dejaron nuestras pertenencias tiradas. Antes de LLA, los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos. Hoy la seguridad está peor que antes». En junio, el mismo periodista había registrado, también con videos, cómo el Gobierno trasladaba la Biblioteca del edificio, evidenciando cierto descuido con los libros durante el proceso.
    Otras fuentes señalaron que «abrieron todos los cajones debajo de las mesas, se llevaron cosas de las heladeras y de los cajones: paquetes de yerba, leche y algunos artículos más». Llamó la atención que todo quedara revuelto y a la vista. Dado que hay cámaras en la zona, se espera que la investigación avance rápidamente.
    La relación entre el oficialismo y los medios, especialmente con algunos periodistas, atraviesa posiblemente su peor momento desde la asunción del presidente Javier Milei, en gran parte debido a los reiterados insultos del mandatario.
    Respecto al funcionamiento de la Sala de Acreditados, esta también está en el centro de la polémica. Tras la filmación realizada por un cronista en el interior de la Casa Rosada, presuntamente sin autorización, Milei ordenó cerrar la sala. Sin embargo, tras la presión de las asociaciones de periodistas por la censura hacia los trabajadores acreditados, se decidió reabrirla, aunque con restricciones.
    Esta situación se mantiene vigente, pese a que algunos funcionarios sugirieron al Presidente regresar al esquema anterior, que permitía mayor flexibilidad a los acreditados dentro de la sala. Milei se mostró inflexible y rechazó dicha propuesta.
    En medio de este conflicto, se produjeron cambios en las autoridades responsables de la comunicación oficial, con la salida de Manuel Adorni y Javier Lanari, y la asunción de Adrián Ravier y Fabián Fernández.