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  • El gobierno interviene para solucionar el conflicto laboral en la Granja Tres Arroyos

    El gobierno interviene para solucionar el conflicto laboral en la Granja Tres Arroyos

    El gobierno interviene para solucionar el conflicto laboral en la Granja Tres Arroyos

    En la oportunidad, el mandatario realizó un repaso de las acciones que viene llevando adelante el Gobierno de Entre Ríos ante lo que sucede con la empresa, que se debe «a una situación puntual atravesada por dificultades financieras y una escalada de conflictos laborales internos».
    Ratificó que la intervención de la provincia busca intentar destrabar el conflicto y preservar las fuentes de trabajo. Luego mencionó que no es la primera intervención de la provincia, teniendo en cuenta que durante 2025 la gestión ya había encabezado distintas instancias de negociación entre la empresa y los gremios para evitar una paralización total de la actividad y garantizar continuidad operativa y pagos salariales.

    Tras el encuentro en el Salón de los Gobernadores, del que participó también la vicegobernadora Alicia Aluani, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso comentó que se evaluó «la tensión que se está suscitando en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Granja Tres Arroyos, donde por algún incumplimiento en los pagos se han suscitado medidas de fuerzas de parte de las entidades gremiales».
     
    Precisó que, ante esto, «la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de oficio, sin petición de las partes, lo cual está entre sus facultades y sus competencias», que se está llevando a cabo este jueves. «La idea es volver a acercar a las partes para acordar un cronograma de pagos seguro y que sea prudente y de posible cumplimiento», acotó.
     
    Comentó que, mientras se desarrollan estas instancias, por disposición del gobernador Frigerio, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se está asistiendo con alimentos a las familias que atraviesan esta situación de vulnerabilidad.
     
    Paralelamente, señaló que el gobierno realiza gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Económico; con las autoridades empresariales y de trabajo; y también de manera informal con los sindicatos, para intentar llegar a un punto de acuerdo, «así que creemos que nuevamente vamos a poder encauzar este este tema que es muy sensible».
     
    «El gobernador ha sido muy claro, si bien se trata de una relación de trabajo en el sector privado entre dos colectivos, los sindicatos y la empresa, termina siendo una cuestión de Estado, porque hay 900 puestos de trabajo involucrados; por eso entiende que tenemos que estar presentes y al pie del cañón para intentar acercar las partes e instar a la composición colectiva laboral», subrayó Troncoso.
     
    Por último, expresó su expectativa de que «podamos llegar a buen puerto nuevamente» e indicó que se conformó una mesa de trabajo interministerial, donde también participan ATER y Enersa, para ver «cómo podemos abordar esta conflictividad».
     
    Concursos en la administración pública
     
    Por otro lado, entre otro de los temas de la reunión de gabinete, se celebró la inminente culminación del proceso para regular los concursos en la administración pública, con la firma del decreto respectivo por parte del gobernador en estos días.
     
    «Se trata del reglamento de concursos para la administración pública, que era una deuda pendiente de muchísimos años», subrayó el ministro y destacó que, desde ahora, «vamos a contar con parámetros objetivos para el ingreso al Estado y para ocupar plantas permanentes y cargos jerárquicos dentro del escalafón, así que esto es muy importante».

  • Bullrich bajó la sesión por los pliegos judiciales, los dialoguistas desafían al Gobierno y cruje la interna peronista

    Bullrich bajó la sesión por los pliegos judiciales, los dialoguistas desafían al Gobierno y cruje la interna peronista

    Bullrich bajó la sesión por los pliegos judiciales, los dialoguistas desafían al Gobierno y cruje la interna peronista

    El entusiasmo de Patricia Bullrich por avanzar con los pliegos judiciales en el Senado sufrió un traspié que la obligó a postergar la sesión prevista para la última semana de mayo, donde se buscaba aprobar a los candidatos impulsados por el Gobierno. La jefa de La Libertad Avanza decidió trasladar el debate a los primeros días de junio, en lo que podría ser la última sesión antes del Mundial 2026.

    Según pudo conocer Clarín, Bullrich propuso convocar a una sesión para el 4 de junio, con un temario que incluye los pliegos judiciales, el acuerdo que autoriza al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a un grupo de fondos buitre, y el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
    La principal razón para reprogramar el debate sobre más de 300 vacantes en el Poder Judicial fue la imposibilidad de garantizar el quórum, ya que varios senadores oficialistas y aliados no estarán presentes la próxima semana, la cual será reducida por el feriado del 25 de mayo.
    Pese a esta dificultad, el oficialismo continúa enfrentando obstáculos para avanzar con los pliegos judiciales. Desde el bloque libertario informan que cuentan con 77 despachos listos para aprobar en el recinto, correspondientes a jueces, fiscales y defensores.
    En este contexto, todavía persisten dudas sobre tres candidatos que no tendrían el aval del Senado para asumir nuevas funciones. Se trata de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, propuestos como vocales para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, quienes fueron cuestionados por fallos vinculados a investigaciones contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Pablo Toviggino.
    El Gobierno dejó trascender que los pliegos de Catania y Galván Greenway serán liberados una vez que la cámara correspondiente resuelva la situación procesal de Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes y defina qué juez investigará la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino.
    El tercer pliego en duda es el de María Verónica Michelli, postulada junto a Carlos Fabián Cuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata. Según informó este diario, Javier Milei busca frenarla por ser cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien reveló el escándalo cripto y sus vínculos con el presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
    La definición sobre estos tres pliegos comenzará a despejarse en los próximos días, aunque dependerá de los acuerdos con los bloques aliados. Desde el PRO, Martín Goerling advirtió que será el Gobierno quien deba retirar a los candidatos que no desea promocionar.
    En ese sentido, la oposición dialoguista ya firmó los 80 pliegos que pasaron por audiencia pública, y las idas y vueltas de la Casa Rosada empiezan a generar molestias en la Cámara alta.
    La discusión sobre los pliegos judiciales también impactó en la interna del peronismo, que se exhibe cada vez más fragmentado en sus posiciones. Estas diferencias no surgieron con este paquete de jueces y fiscales, sino con el caso de Carlos “Coco” Mahiques, cuyo mandato en la Cámara Federal de Casación Penal fue extendido cinco años a pesar de que cumple 75 años, la edad límite para ejercer la magistratura.
    En la reunión de bloque previa a la sesión en la que se aprobó el pliego del padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se registraron reproches, insultos y reclamos por la caída de la designación de María Paz Bertero para la Defensoría del Niño. Ante esta situación, y dado que la comisión bicameral quedó bajo control de los libertarios, se decidió convocar a un nuevo proceso de selección.
    Durante esa misma reunión, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti instó a sus colegas a votar en contra del pliego de Mahiques. Sin embargo, los llamados “parakirchneristas” la enfrentaron: un senador de trayectoria le habría anticipado que un sector acompañaría el pliego porque ya habían aprobado anteriormente su designación y el juez había cumplido con todos los requisitos.
    Este episodio, aunque anecdótico, anticipa que los reproches continuarán. La decisión del kirchnerismo de no integrar las comisiones en protesta por la distribución de las sillas entre oficialismo y aliados podría jugarle en contra.
    En la comisión de Acuerdos, que dictaminó los pliegos judiciales, senadores con bajo caudal electoral terminaron colocando jueces y fiscales, mientras el peronismo quedó al margen de la negociación por no ocupar los tres lugares que le fueron asignados. Además, algunos senadores del bloque comenzaron a quejarse por no poder presentar un dictamen de minoría al no integrar la comisión.
    Esta semana, un senador peronista ironizó sobre la posibilidad de que el bloque liderado por José Mayans vote a los tres candidatos que el Gobierno pretende retirar, lo que les permitiría celebrar haber situado un juez entre las vacantes existentes en el Poder Judicial.

  • Miles de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno de España, para pedir la renuncia de Pedro Sánchez

    Miles de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno de España, para pedir la renuncia de Pedro Sánchez

    Miles de manifestantes intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno de España, para pedir la renuncia de Pedro Sánchez

    El Arco de la Victoria de Madrid, monumento construido por el dictador Francisco Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil Española, se llenó este sábado de miles de manifestantes que intentaron llegar al Palacio de la Moncloa, sede del gobierno, para exigir la renuncia del presidente Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones.

    El jefe del Ejecutivo de coalición progresista y líder del PSOE enfrenta la peor crisis política desde que asumió en 2018. Golpeado por malos resultados en recientes elecciones regionales, un exministro en prisión preventiva a la espera de sentencia y un juicio próximo contra el hermano del presidente, Sánchez recibió esta semana un nuevo golpe con la investigación abierta al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de tráfico de influencias y presunta participación en una organización criminal dedicada al lavado de dinero.
    Bajo el lema “Marcha por la dignidad”, la protesta — convocada por organizaciones civiles y respaldada por el Partido Popular y Vox — reunió según sus organizadores a aproximadamente 120 mil personas, mientras que la Delegación del Gobierno contabilizó 40 mil asistentes. Los manifestantes recorrieron las calles de Madrid ondeando banderas españolas y portando carteles con la imagen de Sánchez acompañada de la palabra “Corrupto”, entre insultos y gritos que exigían su dimisión.
    La marcha, que partió a las 10:30 de la mañana desde la Plaza Colón, culminó en el Arco de la Victoria, muy cerca del Palacio de la Moncloa. Figuras políticas reconocidas como Santiago Abascal, presidente de Vox, y Alicia García, portavoz del PP en el Senado, participaron en la manifestación. Abascal afirmó: “Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos” y exigió “prisión provisional” para Rodríguez Zapatero. Por su parte, García declaró que “el objetivo es sacar a España de esta ciénaga de la corrupción”.
    Rodríguez Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011, es el primer ex jefe de gobierno investigado en España por posible corrupción. Está acusado de liderar una red internacional de tráfico de influencias que le habría aportado, a él y a sus hijas, alrededor de dos millones de euros. El juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, lo citó a declarar el 2 de junio.
    La investigación apunta al presunto desvío de 53 millones de euros en préstamos otorgados por el Estado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Desde 2024, la Fiscalía Anticorrupción indaga el posible uso indebido de estos fondos. La alerta surgió tras solicitudes de colaboración procedentes de Suiza y Francia, que buscan vincular a la investigación una red de lavado de capitales con conexiones en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.
    Según el auto del juez Calama, la red operaba en España y en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos para influir en decisiones administrativas y facilitar grandes operaciones comerciales. Se detectó que Plus Ultra pagó a la consultora Análisis Relevante, fundada en 2020 por Julio Martínez Martínez, amigo de Rodríguez Zapatero y presunta intermediaria para obtener beneficios como rutas de vuelo a Venezuela.
    Análisis Relevante, registrada en Madrid sin empleados, remuneró al ex presidente por servicios de consultoría que el juez considera ficticios. Además, se solicitó colaboración a Estados Unidos para investigar posibles depósitos en el extranjero. El pasado martes, la Policía registró durante cuatro horas la oficina de Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, donde hallaron una caja fuerte con dinero, teléfonos celulares y agendas, así como una cuenta bancaria conjunta con su esposa que tendría cerca de 1.5 millones de euros.
    El juez ordenó el bloqueo de aproximadamente medio millón de euros depositado por Análisis Relevante en dicha cuenta. En un video difundido a los medios y redes sociales, Rodríguez Zapatero defendió su inocencia: “Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó. Negó haber gestionado ante ninguna administración pública el rescate de Plus Ultra o haber participado en sociedades mercantiles dentro o fuera de España.
    Por su parte, el presidente Pedro Sánchez expresó en el Congreso su total apoyo al ex mandatario, reiteró el respeto a la presunción de inocencia y anunció que no habrá adelanto electoral. “Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España”, respondió Sánchez ante la oposición, que cuestiona su permanencia en el cargo.

  • «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    «Mini RIGI»: las claves de la iniciativa para inversiones de pymes desde 150 mil dólares que reglamentó el Gobierno

    El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una modalidad similar a un “mini RIGI” destinada a impulsar proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas con desembolsos que van desde los US$150.000 hasta los US$9 millones.

    La iniciativa, oficializada este martes por ARCA junto con las secretarías de Agricultura y de Energía, contempla beneficios fiscales relacionados con la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de saldos técnicos de IVA.
    Este esquema fue incorporado en la ley 27.802 de Modernización Laboral y busca extender a las pymes incentivos tributarios comparables a los previstos en el RIGI para grandes inversiones.
    Según explicó ARCA, el régimen pretende “promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de diversos sectores, favorecer la creación de empleo e incrementar las exportaciones”.
    El beneficio está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a asociaciones, fundaciones, mutuales y otras entidades civiles. Para acceder, deberán contar con el Certificado MiPyME vigente y estar registradas ante ARCA en las categorías habilitadas.
    Uno de los principales incentivos es la posibilidad de amortizar inversiones de manera acelerada en el Impuesto a las Ganancias. En el caso de bienes muebles amortizables, las empresas podrán deducir la inversión en dos cuotas anuales consecutivas, mientras que ciertas categorías especiales —como sistemas de riego, bienes de eficiencia energética o mallas antigranizo— podrán amortizarse íntegramente en un solo ejercicio.
    Asimismo, el régimen incluye la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA vinculados a inversiones productivas. De acuerdo con el tributarista Sebastián Domínguez, el sistema permitirá solicitar la devolución de esos saldos a favor luego de tres períodos fiscales mensuales desde que sea procedente su cómputo, mejorando el flujo de caja de las empresas y reduciendo el costo financiero de invertir.
    Los montos mínimos de inversión varían según el tamaño de la empresa: para microempresas, el piso será de US$150.000; para pequeñas empresas, US$600.000; para medianas tramo 1, US$3,5 millones; y para medianas tramo 2, US$9 millones. El plazo para concretar las inversiones será de dos años.
    Domínguez destacó que la publicación de la resolución conjunta “completa parte de la reglamentación” y deja al régimen “formalmente en condiciones de comenzar a operar”. Sin embargo, advirtió que aún faltan definiciones clave para que el esquema funcione plenamente.
    Entre los aspectos pendientes mencionó que ARCA no ha implementado el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), la plataforma web mediante la cual las empresas deberán registrar proyectos, seleccionar beneficios y tramitar su adhesión. Tampoco se publicaron las normas que determinarán qué bienes específicos integrarán las categorías exceptuadas de los montos mínimos de inversión.
    El especialista también señaló que persisten dudas sobre el mecanismo de devolución del IVA y advirtió que los umbrales mínimos podrían excluir a una parte importante de las micro y pequeñas empresas. “US$150.000 para microempresas y US$600.000 para pequeñas empresas dejarán fuera a una porción significativa de las MiPyMEs, especialmente a las más pequeñas”, afirmó.
    A pesar de estas limitaciones, desde el sector empresario consideran que el RIMI representa un intento del Gobierno por generar un esquema de incentivos focalizado en inversiones productivas de menor escala, en un contexto de caída de la actividad económica y restricciones de financiamiento para las pymes.

  • Zonas Frías: el Gobierno impulsa un cambio al régimen de subsidios energéticos y apunta a los sectores vulnerables

    Zonas Frías: el Gobierno impulsa un cambio al régimen de subsidios energéticos y apunta a los sectores vulnerables

    Zonas Frías: el Gobierno impulsa un cambio al régimen de subsidios energéticos y apunta a los sectores vulnerables

    El Gobierno nacional avanzará esta semana en la Cámara de Diputados con un proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas por “Zonas Frías”, una iniciativa orientada a reducir el número de beneficiarios y concentrar la ayuda estatal en hogares considerados vulnerables. La propuesta, impulsada por el oficialismo y respaldada por algunos aliados parlamentarios, se debatirá en el marco de la estrategia de ajuste fiscal de la administración de Javier Milei sobre el sistema energético.

    La reforma busca revisar la ampliación del régimen aprobada en 2021 mediante una ley promovida por Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a millones de usuarios de provincias que históricamente no estaban incluidas en las regiones subsidiadas. Entre estas se encuentran sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Con los cambios que impulsa el oficialismo, el esquema volvería a enfocarse en las zonas originalmente contempladas: la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
    La iniciativa oficial ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión y forma parte de un paquete legislativo que el oficialismo intentará aprobar en la sesión prevista para esta semana. Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es «ordenar» el sistema de subsidios y evitar distorsiones que, aseguran, se generaron con la ampliación territorial del programa.
    El nuevo esquema prevé que los descuentos tarifarios se vinculen a criterios socioeconómicos y no exclusivamente geográficos. En ese sentido, la continuidad del beneficio estará condicionada a la inscripción en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), programa utilizado por la Secretaría de Energía para segmentar usuarios según ingresos y patrimonio.
    El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 mediante la ley 25.565 para compensar el mayor consumo de gas en regiones de bajas temperaturas. El esquema otorgaba descuentos de hasta el 50% sobre la tarifa plena y originalmente alcanzaba a provincias patagónicas y zonas específicas del país. Sin embargo, la ampliación aprobada hace cinco años incorporó a más de tres millones de usuarios adicionales y aumentó significativamente el costo fiscal del sistema.
    Desde la Casa Rosada sostienen que el programa terminó incluyendo sectores de ingresos medios y altos que no requerían asistencia estatal. Como antecedente, el Gobierno ya había recortado subsidios a unos 150.000 beneficiarios tras detectar irregularidades en usuarios con más de un medidor registrado a su nombre. Además, eliminó beneficios para residentes de countries y barrios cerrados, así como para usuarios de Puerto Madero que estaban categorizados como hogares de ingresos bajos o medios.
    La modificación del régimen forma parte de la política de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno viene implementando desde el inicio de la gestión libertaria. Durante el último año, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía avanzaron en una importante recomposición tarifaria con el objetivo de reducir el peso de las transferencias estatales y acercar las tarifas al costo real de los servicios.
    El debate promete generar tensión política, sobre todo en provincias donde el beneficio alcanzó a millones de hogares tras la ampliación de 2021. Gobernadores y legisladores de distritos del centro del país ya manifestaron preocupación por el impacto que tendría la eliminación de subsidios en las facturas de gas durante la temporada invernal.

  • Mundial 2026: el Gobierno envía a Estados Unidos datos de hinchas con derecho de admisión

    Mundial 2026: el Gobierno envía a Estados Unidos datos de hinchas con derecho de admisión

    Mundial 2026: el Gobierno envía a Estados Unidos datos de hinchas con derecho de admisión

    El Gobierno argentino entregó a Estados Unidos, a través de su Embajada en el país, los datos de personas con derecho de admisión vigente en el fútbol argentino, en el marco de la organización conjunta del Mundial 2026, que se llevará a cabo del 9 de junio al 19 de julio junto a México y Canadá.

    La medida fue oficializada mediante la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial, y abarca a “los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos”.
    El objetivo, según la norma, es colaborar con la planificación de la seguridad del torneo. El texto no revela los nombres ni la cantidad de personas incluidas, y establece que los datos serán utilizados exclusivamente para la “planificación de la seguridad a nivel táctico y operativo” y para prevenir posibles incidentes entre los asistentes.
    La información surge del programa Tribuna Segura, que controla el acceso a los estadios en Argentina y contiene registros de personas con prohibición de ingreso decidida judicial, policial o administrativamente.
    La normativa vigente ya contemplaba la posibilidad de compartir estos registros con organismos de seguridad internacionales mediante convenios específicos. En ese contexto, la resolución recuerda que se adoptaron medidas similares para la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, ambos eventos desarrollados en Estados Unidos, donde también se cedieron datos para la organización de la seguridad.
    El texto establece que la información deberá ser empleada “de manera exclusiva y excluyente” para la planificación del operativo del Mundial 2026 y prohíbe cualquier uso distinto o posterior. Además, fija un plazo limitado: los datos estarán disponibles durante la realización del torneo y hasta un máximo improrrogable de cinco días corridos posteriores a su finalización.
    Una vez cumplido ese plazo, la resolución dispone la “eliminación definitiva e irreversible de la totalidad de la base de datos generada”, sin conservar copias ni registros derivados.
    Esta medida se enmarca en los acuerdos de cooperación en materia de seguridad firmados entre Argentina y Estados Unidos, que contemplan el intercambio de información para la prevención del delito en eventos internacionales.

  • Sin los votos, el Gobierno presiona por la reforma electoral en el Senado, pero los dialoguistas se rebelan

    Sin los votos, el Gobierno presiona por la reforma electoral en el Senado, pero los dialoguistas se rebelan

    Sin los votos, el Gobierno presiona por la reforma electoral en el Senado, pero los dialoguistas se rebelan

    En medio del enfrentamiento entre Karina Milei y Patricia Bullrich, el Senado inició el debate sobre la reforma electoral, mientras el Gobierno envió una señal contundente al ratificar que el proyecto se discutirá en forma integral, incluyendo la eliminación de las PASO y la incorporación de la ley de Ficha Limpia.

    Así lo confirmó en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, Luz Landivar, asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Landivar defendió la propuesta del Ejecutivo, que asimismo contempla modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.
    No obstante, la ambición de Karina Milei de avanzar sobre todos los puntos del proyecto parece chocar con la resistencia de aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, quienes mantienen posturas ambiguas pero rechazan la eliminación o suspensión de las primarias y preparan un proyecto de Ficha Limpia para tratarlo por separado.
    En este contexto, Patricia Bullrich negociaba con bloques afines para buscar la aprobación del proyecto a mediados de año. Una de las alternativas, difundida por Clarín, es la incorporación de una PAS —una elección no obligatoria, a padrón cerrado y con financiamiento estatal parcial— que la ex ministra de Seguridad definió como “el modelo americano”.
    Además, la jefa del oficialismo en el Senado advirtió a la Casa Rosada que no están los votos necesarios para aprobar la reforma electoral sin modificaciones, a pesar de que la secretaria general de la Presidencia insiste en mantener la versión original. La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 votos, lejos de los 37 senadores necesarios para el quórum y la aprobación del proyecto. “Si la idea es ir por todo o nada, va a ser nada”, anticipó una senadora con buena influencia.
    Esta postura generó diversas posiciones dentro del radicalismo. La santafesina Carolina Losada defiende mantener las PASO tal como están, mientras que el jefe del bloque, Eduardo “Peteco” Vischi, presentó un proyecto con una opción optativa, y Maximiliano Abad subrayó la falta de consenso para modificarlas.
    Sin embargo, Landivar enfatizó que el Gobierno plantea una reforma electoral integral para “fortalecer la democracia”, rechazando por ahora posibles negociaciones para introducir cambios. En esta línea, justificó la eliminación de las PASO no solo por el costo que implica ese proceso, sino también porque en la actualidad solo se mantienen en 7 de las 24 provincias.
    Desde el peronismo, que regresó al debate en comisión tras ausentarse en varias reuniones en protesta por la distribución de cargos en las comisiones, se defendieron las primarias, mecanismo impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner para democratizar los partidos políticos.
    Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) se mostró a favor de una elección primaria no obligatoria, aunque en su provincia se ha apoyado históricamente la eliminación de las PASO.
    ### Los dialoguistas buscan tratar Ficha Limpia por separado
    En este escenario, el radicalismo y el PRO impulsan un proyecto de Ficha Limpia que impide que sean candidatos aquellos con sentencia judicial firme en segunda instancia por delitos. Según fuentes consultadas, esta iniciativa cuenta con el respaldo de aliados provinciales como el correntino Carlos “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la chubutense Edith Terenzi, quien trabaja en un texto que unifica las distintas propuestas existentes en el Senado, incluido el proyecto oficial.
    Por otra parte, Landivar justificó el endurecimiento de los requisitos para los partidos políticos, elevando del 3% al 5% del padrón el número de afiliaciones requeridas para agrupaciones provinciales, mientras que para las nacionales se exige presencia en 10 distritos (antes cinco provincias) y afiliados equivalentes al 1% del padrón nacional. Los partidos tendrían plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a estas nuevas exigencias.
    En ese sentido, la asesora señaló que actualmente existen 710 partidos provinciales y 44 nacionales, lo que representa un exceso en la oferta electoral, con espacios que no logran sumar ni 30 mil votos. Comparó esta situación con el modelo paraguayo, que es el segundo país con mayor cantidad de partidos en la región, con 35 agrupaciones.
    Asimismo, justificó la eliminación de los espacios asignados a los partidos políticos al argumentar que “los votantes están saturados”. Defendió también la elección indirecta de los representantes ante el Mercosur a través de los diputados, señalando que esa categoría demanda un costo aproximado de 130 millones de pesos para aportes de campaña en las PASO y otros 160 millones en las elecciones generales.
    ### Resistencia a la Boleta Única de Papel con casillero de lista completa
    Con respecto a la Boleta Única de Papel, Landivar defendió la inclusión del casillero de lista completa y la simultaneidad entre elecciones nacionales y locales, ampliando el plazo para coordinar los operativos de 60 a 90 días, lo que habilitaría nuevamente el denominado “efecto arrastre” entre categorías, similar a la antigua “lista sábana”.
    Estas modificaciones enfrentan la resistencia de los sectores dialoguistas, que también se oponen a la eliminación del debate presidencial obligatorio.
    Bullrich respaldó la Boleta Única de Papel como un mecanismo para evitar el robo de boletas y aclaró que la restricción de participación de consultoras extranjeras no impide la actuación de consultoras nacionales con personal extranjero. “Esta es una ley que nos llevará un tiempo de debate”, advirtió la líder del

  • Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto – El Miércoles Digital

    Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto – El Miércoles Digital

    Agmer se declaró en estado de conflicto tras la decisión del gobierno de pagar el aumento por decreto – El Miércoles Digital

    El secretario general de Agmer, Abel Antiveros, confirmó que el sindicato docente se declaró “en situación de conflicto” luego de que el gobierno provincial decidiera otorgar por decreto el aumento salarial del 3,5 por ciento para mayo, sin acuerdo paritario.
    El dirigente gremial cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que “el gobierno termina bastardeando el ámbito paritario porque no hubo acuerdo” con los sindicatos docentes.
    Según explicó, la administración provincial notificó al gremio durante este lunes que mantendrá abierto formalmente el ámbito de negociación, aunque resolvió liquidar igualmente el incremento salarial mediante resolución administrativa.
    “La decisión fue notificarnos que ese 3,5 por ciento que había ofrecido en la audiencia anterior lo va a dar por resolución”, indicó Antiveros en declaraciones al programa Puro Cuento, de Radio Plaza.
    El dirigente remarcó que desde AGMER esperaban “por lo menos el gesto” de que el gobierno concurriera a la audiencia prevista para continuar la discusión salarial y ratificara allí formalmente la oferta.
    “Es la segunda vez en el año que se dispone un aumento por decreto y no se cierra la paritaria como debía cerrarse”, cuestionó.
    Antiveros sostuvo además que el Ejecutivo provincial “no está validando el ámbito paritario” y señaló que la negociación colectiva “tiene un espíritu democrático y de acuerdos donde las partes se sientan en igualdad de condiciones”.
    “Los docentes están al límite”
    El secretario general de AGMER advirtió sobre el deterioro salarial del sector docente y vinculó esa situación con un progresivo vaciamiento del sistema educativo.
    En ese sentido, recordó que el gremio entregó al gobierno provincial el informe elaborado por el investigador Víctor Hutt, que analiza la evolución del salario docente desde julio de 2023 hasta marzo de este año.
    “Se ve el deterioro del salario docente y cómo eso genera pluriempleo y la salida de trabajadores de la actividad buscando otros ingresos”, expresó.
    Antiveros consideró además que esa situación contradice el discurso oficial sobre el fortalecimiento educativo. “Habla de la poca intención del gobierno de fortalecer la calidad educativa”, afirmó.
    El dirigente sindical alertó que muchos trabajadores “ya están al límite de la paciencia” frente a salarios que no alcanzan para sostener la economía familiar.
    Posibles medidas de fuerza y rechazo a la reforma previsional
    Tras declararse en situación de conflicto, AGMER quedó habilitada a solicitar formalmente una nueva audiencia paritaria. Si el gobierno no responde dentro de los plazos legales, el gremio podrá avanzar con medidas de fuerza.
    Antiveros confirmó que la conducción sindical evalúa convocar a un congreso gremial durante la próxima semana para definir acciones.
    Además, indicó que el plan de lucha docente se articulará con el rechazo a la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial.
    “Tenemos acciones previstas en el marco de la multisectorial para el 19 y 20 de mayo”, adelantó.
    El titular de AGMER también cuestionó la falta de reacción política frente al deterioro salarial y afirmó que existe “una preocupación de baja intensidad” en sectores de la dirigencia.
    Respecto de la reforma jubilatoria, sostuvo que el gremio mantiene dudas sobre el nivel de respaldo legislativo que tendrá el proyecto, aunque advirtió que el oficialismo podría conseguir apoyo de sectores opositores.
    Apoyo a la marcha universitaria
    Durante la entrevista, Antiveros confirmó además la participación de AGMER en la nueva Marcha Federal Universitaria realizada este lunes en distintas ciudades del país.
    “No es cuestión menor lo que está pasando con el desfinanciamiento universitario”, sostuvo, y vinculó ese escenario con el deterioro general del sistema educativo nacional y provincial.
    “El panorama es realmente preocupante porque no encontramos una puerta de salida y podemos pensar que mañana va a ser peor que hoy”, concluyó.

     
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  • El Gobierno de Entre Ríos cerró la paritaria estatal con UPCN – El Miércoles Digital

    El Gobierno de Entre Ríos cerró la paritaria estatal con UPCN – El Miércoles Digital

    El Gobierno de Entre Ríos cerró la paritaria estatal con UPCN – El Miércoles Digital

    El acuerdo con UPCN equivale un incremento del 3,5% sobre los conceptos remunerativos, además de una actualización del 3,5% sobre el monto fijo acordado en febrero, en los términos oportunamente establecidos.
     
    El Gobierno provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzaron un acuerdo salarial mayoritario para el sector público, que contempla un incremento del 3,5 por ciento en los haberes de mayo. En tanto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta.

    El acuerdo alcanzado con UPCN establece un incremento del 3,5 por ciento sobre los conceptos remunerativos, además de una actualización del 3,5 por ciento sobre el monto fijo acordado en febrero, en los términos oportunamente establecidos.

    Asimismo, se acordó la realización de una reunión destinada a conformar una agenda de trabajo sobre temas sectoriales prioritarios y urgentes, cuya fecha será definida la próxima semana.

    En relación con las asignaciones familiares, se garantizó que no sufrirán reducciones como consecuencia de los incrementos salariales, mediante la actualización automática de los topes de cada tramo, evitando así una disminución indirecta en los montos percibidos por los trabajadores.

     
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  • La Justicia archivó una denuncia contra el gobierno provincial y descartó irregularidades

    La Justicia archivó una denuncia contra el gobierno provincial y descartó irregularidades

    La Justicia archivó una denuncia contra el gobierno provincial y descartó irregularidades

    El Ministerio Público Fiscal de Paraná resolvió archivar una denuncia presentada contra el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, al concluir que los hechos expuestos no constituyen delito alguno.

    La decisión fue adoptada el pasado 7 de mayo por el fiscal Gonzalo Badano, a cargo de investigar delitos contra la Administración Pública, quien determinó que no existieron irregularidades en el otorgamiento de un subsidio a la Asociación Civil Teatro del Bardo.
     
    El aporte económico había sido destinado a la organización de cinco ferias del libro en distintas localidades de la costa del Uruguay -Colón, Concordia, Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay- y, según se constató, cumplió con todos los procedimientos administrativos correspondientes.
     
    De acuerdo a lo establecido en la resolución, el trámite del subsidio atravesó las áreas competentes del Estado, que emitieron dictámenes favorables, y la entidad beneficiaria realizó las rendiciones y pagos vinculados a las actividades desarrolladas, sin que se detectaran inconsistencias.
     
    Asimismo, la investigación descartó de manera categórica las afirmaciones incluidas en la denuncia respecto de un supuesto desvío de fondos con fines electorales. En ese sentido, el fiscal concluyó que no existe evidencia probatoria que respalde dicha acusación.
     
    En línea con lo informado públicamente, la resolución judicial reafirma la legalidad y transparencia del procedimiento, y pone fin a la causa al no encontrar elementos que configuren un ilícito.