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  • El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad a un socio del Gordo Dan

    El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, avanzó significativamente en el proceso de licitación del Canal de la Ciudad. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolvió que corresponde adjudicar la concesión de la señal porteña a Cale Group, la empresa del joven empresario Augusto Marini, propietario de los canales de streaming Blender y Carajo, este último en sociedad con Daniel “Gordo Dan” Parisini.

    El dictamen favorece a la compañía que, el mes pasado, presentó la oferta económica más alta para obtener el gerenciamiento operativo del canal de televisión pública de la Ciudad. Cale Group propuso un canon mensual de 50 millones de pesos, frente a los 15 millones ofrecidos por Argentinos Media, empresa del empresario Marcelo González, dueño de la radio AM 950.
    Con esta resolución, el proceso para conceder el Canal de la Ciudad por cinco años entra en su etapa final. Se abrió un breve período para presentar impugnaciones y, de no surgir objeciones, el Gobierno porteño estaría en condiciones de adjudicar formalmente la concesión en los próximos días.
    La decisión tiene un fuerte impacto político y empresarial, dado que el Canal de la Ciudad es el principal medio público audiovisual de la administración porteña y porque el grupo mejor posicionado para su operación está encabezado por Marini, quien en los últimos años ha construido un holding con amplia presencia en el sector del streaming y mantiene vínculos con referentes de distintos espacios políticos.
    El Canal de la Ciudad, señal pública del Gobierno porteño, cuenta actualmente con unos 150 empleados entre personal periodístico, técnico y administrativo. Fue creado en 2003 bajo el nombre Ciudad Abierta y relanzado en 2016 con su denominación actual durante la gestión del entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces, se consolidó como uno de los medios públicos más relevantes de la Ciudad, con una programación orientada a la información, la cultura y la cobertura de eventos de interés general.
    La licitación original también contemplaba un concurso para conceder la gerencia de las radios públicas La Once Diez y FM 2×4, aunque ninguna empresa presentó ofertas para gestionarlas, por lo que estos procesos deberán ser redefinidos en el futuro.
    ### Enfrentamiento entre Macri y el Gobierno nacional
    El avance en la licitación del Canal de la Ciudad ocurrió a pesar de la fuerte oposición del Gobierno nacional. En las semanas previas, el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, intimó en varias ocasiones a la administración porteña para que suspendiera el proceso, argumentando que la concesión podría vulnerar el principio de “indelegabilidad” del canal, previsto en la normativa vigente para servicios de comunicación audiovisual.
    Ozores advirtió a Macri mediante carta documento que, de concretarse la adjudicación a una empresa privada, ello constituiría una falta grave, sancionada con la caducidad de la licencia o registro. Desde el Gobierno porteño calificaron en ese momento la oposición del Ejecutivo nacional como “llamativa, insistente e inexplicable” frente a la intención de avanzar con la licitación.
    Ante esta situación, Jorge Macri decidió continuar con el proceso, señalando que el objetivo es lograr una gestión más eficiente de los medios públicos, reduciendo costos para el Estado sin perder el control sobre la señal.
    La licitación impulsada por la gestión de Macri no implica la venta del canal, sino la concesión por cinco años de su gerenciamiento operativo, manteniendo la propiedad en manos del Estado porteño.
    “Vamos a avanzar con la licitación del gerenciamiento operativo de la TV y Radio de la Ciudad. No es momento para financiar con los impuestos de los porteños algo que puede gestionar el sector privado sin costarle un peso a los vecinos”, afirmó Macri el día que se abrieron las propuestas económicas.
    Desde el inicio, Cale Group se posicionó como el principal candidato para quedarse con el Canal de la Ciudad. Su oferta económica, de 50 millones de pesos mensuales, prácticamente quintuplicó el precio base previsto para la concesión y superó con creces la propuesta de Argentinos Media.
    Para llevar adelante el proyecto vinculado al canal porteño, Marini incorporó a Liliana Parodi, exgerenta de Programación del Grupo América y figura de amplia trayectoria en la televisión abierta, quien lidera el equipo preparado para conducir la operación en caso de concretarse la adjudicación.
    El desembarco de Cale Group en el Canal de la Ciudad marca un nuevo paso en la expansión de Augusto Marini en el sector de medios. Con poco más de 30 años, logró consolidar un conglomerado que reúne proyectos audiovisuales con perfiles editoriales muy diversos.
    Marini es un empresario bonaerense oriundo de General Las Heras, con vínculos estrechos con líderes del gobierno de Misiones, donde mantiene relaciones con el hijo del exgobernador Carlos Rovira y desarrolla negocios que van desde el sector agropecuario a una plataforma de salud operativa en el sistema público provincial.
    Además, estableció una relación de confianza con el gobierno de Javier Milei, especialmente con “Las Fuerzas del Cielo”, lideradas por Santiago Caputo, a través de Daniel “Gordo Dan”, a quien cedió el 35% de Carajo. Este canal libertario, lanzado en 2024, tiene como programa emblemático La Misa, conducido por el propio Gordo Dan.
    En mayo del año pasado, Carajo alcanzó uno de sus picos de audiencia con la visita de Javier Milei y su entonces vocero Manuel Adorni al programa La Misa, donde Gordo Dan mantuvo una extensa entrevista de seis horas con ambos funcionarios, estableciendo un récord como la entrevista más larga a un

  • Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

    Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

    Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

    El peronismo y la oposición dura enfrentan dificultades para reunir el quórum, las cuales se profundizan tras la maniobra del oficialismo; este convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales como una salida para sus aliados, dejándolos sin expectativas de alcanzar el número necesario para sesionar este martes. El objetivo era avanzar en el trámite parlamentario para interpelar y remover a Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

    “Vamos a ir igual al recinto; ahí se evidencian las complicidades. Lo descarado es que hayan llamado a una reunión informativa, lo que blanquea que no habrá dictamen. Quienes juegan para el oficialismo siguen defendiendo a Adorni”, sostuvo este lunes un referente de Unión por la Patria. Esto ocurrió después de que La Libertad Avanza concretara una estrategia acordada con el PRO y la UCR, espacios cercanos al Gobierno que, en esta ocasión, enfrentan el dilema de no apoyar al jefe de Gabinete ni plegarse a la estrategia kirchnerista.
    Hasta la convocatoria a Asuntos Constitucionales, prevista para el martes 30 a las 15, los opositores contaban con entre 120 y 123 diputados dispuestos a sentarse en sus bancas. Si bien estaban cerca de los 129 necesarios para alcanzar el quórum, la llave estaba en manos del PRO y bloques alineados con gobernadores que generalmente responden a la Casa Rosada.
    El pedido de sesión fue firmado por diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, Coalición Cívica y legisladores independientes como Jorge Fernández (San Luis), Natalia de la Sota (Córdoba) y Marcela Pagano (Buenos Aires). También contaban con el apoyo de Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Karina Banfi, de dos diputados del MID y dos representantes de Catamarca, entre otros.
    Tras la maniobra oficialista, el número de legisladores dispuestos a sesionar cayó entre 110 y 114. A pesar de ello, hasta la noche del lunes mantenían el pedido de sesión con el objetivo de exponer a los ausentes. Si luego de media hora no alcanzan los 129 diputados, como se prevé, se habilitarán las expresiones en minoría, que se utilizarán para cuestionar a Adorni y a los aliados del Gobierno. “Maximiliano Pullaro dice que él ya habría echado a Adorni, pero sus diputados no estarán presentes”, ejemplificó un legislador peronista en referencia al gobernador de Santa Fe.
    “El llamado a la comisión es una coartada del oficialismo para el PRO y la UCR. Es un caramelo de madera, porque nunca permitirán que Adorni vaya al recinto, pero a nosotros nos debilita”, admitieron miembros de Provincias Unidas con postura opositora.
    El blindaje para La Libertad Avanza, respaldado por los aliados, también alcanzaría la sesión del miércoles, convocada por el oficialismo para tratar el acuerdo con los holdouts y el proyecto de la súper Región Industrial, Comercial y de Gestión Integrada (súper RIGI). El Gobierno buscará retomar la iniciativa con un temario a su medida, mientras la oposición intentará que quienes no apoyen el embate contra Adorni paguen el costo político.

  • «Es intocable»: el Gobierno aún busca salvar a Adorni y ordena desconocer el acuerdo para interpelarlo

    «Es intocable»: el Gobierno aún busca salvar a Adorni y ordena desconocer el acuerdo para interpelarlo

    «Es intocable»: el Gobierno aún busca salvar a Adorni y ordena desconocer el acuerdo para interpelarlo

    Con el objetivo de proteger a Adorni, el bloque de La Libertad Avanza y aliados enviará este viernes por la mañana una nota a la Presidencia del Senado solicitando la convocatoria a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para el martes 23 a las 18 horas. La nota ya estaba redactada desde anoche.

    El oficialismo busca modificar el criterio acordado hace 48 horas, que establecía que para aprobar los pedidos contra el jefe de Gabinete, investigado por presunta corrupción, se necesita una mayoría absoluta de 37 senadores. Ahora, la bancada que preside Patricia Bullrich sostiene que, al no contar la iniciativa con dictamen de comisión, es necesario alcanzar dos tercios del Senado para su aprobación sobre tablas, es decir, 48 votos si están presentes todos los integrantes.
    La oposición sospecha que el Gobierno intenta ganar tiempo para Adorni. Senadores de La Libertad Avanza con línea directa hacia Karina Milei aseguran que la instrucción es que el jefe de Gabinete es «intocable».
    Desde el entorno de Bullrich explicaron a Clarín que fijar el criterio de dos tercios es indispensable por una cuestión de seguridad jurídica. Señalaron que habilitar el tratamiento sin dictamen de comisión sería institucionalmente «muy frágil» y por ello se convocará a una nueva reunión de Labor Parlamentaria.
    Según la nueva interpretación de La Libertad Avanza, toda iniciativa, incluida la interpelación, requiere dictamen de comisión para ser tratada en el recinto. Esta postura ya fue discutida en la reunión del miércoles, donde dos senadores libertarios, Agustín Coto y Ezequiel Atauche, plantearon este criterio, pero el consenso en ese momento fue que solo se precisaba mayoría absoluta, y así se acordó.
    Además, el acta de Labor Parlamentaria del miércoles indica que no hay asuntos acordados para tratar sobre tablas en la sesión ordinaria del jueves 25, y establece que las primeras en discutirse serán las mociones de interpelación a Adorni. Dicha acta cuenta con la firma de 16 senadores de todos los bloques.
    Queda pendiente saber si la decisión oficialista de modificar lo acordado generará consecuencias, ya que recientemente hubo tensiones similares cuando se adicionaron pliegos judiciales después de iniciada una sesión, hecho que fue cuestionado por la cristinista Juliana Di Tullio, quien afirmó que los acuerdos de Labor Parlamentaria deben respetarse.
    El escenario cambia considerablemente si se requiere la mayoría de dos tercios. El oficialismo, con 21 senadores propios y a tres del tercio necesario para bloquear iniciativas, podría frenar los intentos opositores si conserva la disciplina partidaria. Sin embargo, existen dudas sobre la postura de algunos senadores, como Luis Juez y Francisco Paoltroni. Las ausencias favorecerían a la oposición, ya que los dos tercios se calculan sobre los presentes.
    Asimismo, el Gobierno podría recurrir a gobernadores aliados con senadores propios para conseguir los votos necesarios antes de la reunión del martes.
    En caso de no alcanzar dos tercios para el tratamiento sobre tablas, la oposición debería presentar una moción de preferencia para que el proyecto se derive a comisión, probablemente a la de Asuntos Constitucionales presidida por Agustín Coto. El reglamento establece que desde la emisión del dictamen hasta su tratamiento en el recinto debe transcurrir una semana, por lo que, si el Gobierno logra los votos, podrían pasar tres semanas hasta la interpelación efectiva de Adorni. Además, en julio comienza el receso de invierno, lo que podría postergar aún más el proceso.
    Consultado por Clarín, el senador peronista José Mayans sostuvo que el acuerdo de Labor Parlamentaria del miércoles estableció mayoría absoluta y calificó como «un bochorno» que se desconozca ese compromiso. También señaló que no se preveía otra reunión de Labor Parlamentaria antes de la sesión del jueves 25 y aseguró: «La Constitución dice que se necesita mayoría absoluta. Lo que quieren hacer es una artimaña para violar la Constitución».
    Otra senadora peronista advirtió que si se decidiera girar el proyecto a varias comisiones en lugar de solo Asuntos Constitucionales, el dictamen podría demorarse indefinidamente, lo que solo prolongaría la situación de Adorni.
    En el oficialismo reconocen que el número para alcanzar dos tercios es muy ajustado y sostienen que la decisión de proteger a Adorni fue tomada tras la presión ejercida por aliados de Javier Milei, quienes le habían dado una semana de plazo para que el jefe de Gabinete fuera removido.
    El Gobierno podría enfrentar dos dificultades. La primera, denominada «efecto Kueider» por la peronista disidente Carolina Moisés, refiere a la imprevisibilidad que podría generar la sesión en el recinto, recordando la expulsión inesperada del exsenador Edgardo Kueider tras ser detenido en Paraguay y que jugaba aliado de los libertarios.
    La segunda dificultad es el riesgo de tensar la relación con los aliados, ya que Patricia Bullrich le habría transmitido a Karina Milei que el oficialismo debe cuidar esos vínculos para avanzar con su agenda legislativa. Un senador libertario del interior expresó: «Si Adorni es intocable, despidámonos de tener una puta ley más».
    Finalmente, Adorni solicitó presentarse el jueves 2 de julio ante el Senado para informar sobre la gestión del Gobierno, pero no se le aceptó la propuesta. Carolina Moisés consideró que permitir su presencia sería validar su rol como jefe de Gabinete cuando no puede explicar el gasto de 8 millones de pesos en sábanas.

  • El Gobierno pagará un plus por formación académica a las Fuerzas Armadas

    El Gobierno pagará un plus por formación académica a las Fuerzas Armadas

    El Gobierno pagará un plus por formación académica a las Fuerzas Armadas

    El Gobierno dispuso este miércoles, mediante un decreto, el pago de un plus por formación académica y profesionalización al personal de las Fuerzas Armadas, en un contexto de crisis salarial que afecta a ese sector. La medida alcanza a todos los militares en actividad y retirados que acrediten títulos relacionados con sus funciones.

    La resolución fue anunciada a través de las redes sociales del Ministerio de Defensa, indicando que fue adoptada por indicación del presidente Javier Milei y del ministro, Teniente General Carlos Alberto Presti.
    El suplemento se calculará sobre el haber mensual correspondiente al grado, estableciéndose una escala que contempla un 10% para tecnicaturas o títulos equivalentes; un 15% para títulos de grado; y un 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados, según detalla el comunicado oficial.
    El Decreto 473/2026 incorpora este «suplemento por título» como parte del inciso 4° del artículo 56 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias. El beneficio será otorgado a todo el personal, independientemente de su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas que desempeñan en la Fuerza correspondiente.
    En el caso de títulos de posgrado obtenidos en el extranjero, solo se reconocerán aquellos que hayan sido ordenados, autorizados o avalados por la Fuerza respectiva y cuenten con la apostilla correspondiente emitida por la autoridad competente.
    El decreto establece asimismo que el suplemento será extensivo al personal militar retirado y, en su caso, a los familiares con derecho a pensión, siempre que los titulares hayan obtenido los títulos previstos antes de su pase a retiro.
    El gasto generado por este incremento se financiará con recursos del presupuesto vigente del Ministerio de Defensa y la medida entrará en vigor a partir del próximo 1° de julio.
    Desde el Ministerio se señaló que esta decisión corrige una asimetría histórica, ya que en otros ámbitos de la administración pública nacional este tipo de reconocimiento ya existía. Además, al calcularse sobre el haber mensual, el suplemento acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar.
    Los bajos salarios en las Fuerzas Armadas habían generado tensiones en los últimos meses. Un ejemplo reciente fue la viralización en redes de un supuesto permiso del Ministerio de Defensa para que los militares trabajaran como choferes de plataformas digitales o repartidores, lo que evidenció la crisis salarial del sector.
    Ante la difusión de esa información, la cuenta oficial del Gobierno en la red social X desmintió categóricamente la existencia de una autorización especial para que el personal militar desempeñe actividades en plataformas digitales.
    Más allá de rumores y desmentidas, el problema real persiste: cada vez más integrantes de las Fuerzas Armadas deben recurrir a un segundo o tercer empleo para llegar a fin de mes, situación similar a la de muchos argentinos.

  • Polemica. Autorizan cazar 100.000 nutrias en Entre Ríos y el gobierno desmiente que haya riesgo de extinción

    Polemica. Autorizan cazar 100.000 nutrias en Entre Ríos y el gobierno desmiente que haya riesgo de extinción

    Polemica. Autorizan cazar 100.000 nutrias en Entre Ríos y el gobierno desmiente que haya riesgo de extinción

    La administración provincial aclaró que el cupo es un 33% menor al del año anterior y descartó cualquier riesgo para la especie. La medida busca atender los daños que genera la sobrepoblación. Alerta en organizaciones ambientales.

    El Gobierno de Entre Ríos autorizó la caza comercial de más de 100.000 ejemplares de animales que habitan en la provincia de El Litoral. Se trata específicamente de un tipo de nutria o coipo conocido como Myocastor coypus. La medida rige desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre inclusive para toda la provincia excepto en la áreas protegidas, según se explica en la Resolución 152/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización.
    La administración de Rogelio Frigerio aclaró los términos de la autorización de caza y detalló que, lejos de tratarse de una ampliación de la actividad, el cupo habilitado para la temporada 2026 es un 33% menor al del año anterior. La Resolución 152/26 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización fija un tope de 100.000 ejemplares, vigente desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre, en toda la provincia excepto áreas protegidas. En 2025, ese cupo había sido de 150.000 ejemplares.

  • El gobierno de Entre Ríos reglamentó el Registro Provincial de Entidades Religiosas y avanza en la regularización de los cultos

    El gobierno de Entre Ríos reglamentó el Registro Provincial de Entidades Religiosas y avanza en la regularización de los cultos

    El gobierno de Entre Ríos reglamentó el Registro Provincial de Entidades Religiosas y avanza en la regularización de los cultos

    Entre Ríos reglamentó oficialmente el Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas, una medida esperada por las organizaciones de culto desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 y que representa un importante avance institucional en materia de libertad religiosa y reconocimiento jurídico.

    La normativa, aprobada mediante resolución de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, reglamenta el funcionamiento del Registro, creado por el decreto Nº 2559, y establece un mecanismo voluntario, declarativo y no constitutivo para la inscripción de iglesias y entidades religiosas no católicas que ya se encuentren registradas ante el Registro Nacional de Cultos.
     
    La presentación de la nueva reglamentación se realizó de manera conjunta entre el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el director de Relaciones Institucionales de Gobernación, Leandro Jacobi; y el director de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, Rodrigo Luti, junto a representantes de distintas instituciones religiosos de la provincia, entre ellos la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER), la Asociación de Iglesias Bautistas de Entre Ríos (Aieber); y la Iglesia Adventista y el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir).
     
    Durante la presentación, el secretario del Calir, Adrián Maldonado, valoró la decisión política del gobernador y destacó el cumplimiento de un compromiso largamente esperado por las comunidades religiosas. Además, subrayó que la medida coloca a Entre Ríos en línea con el reconocimiento previsto por el Código Civil y Comercial y fortalece el ejercicio efectivo de la libertad religiosa en la provincia.
     
    Desde las organizaciones participantes señalaron que la reglamentación constituye un paso histórico hacia una mayor seguridad jurídica, reconocimiento institucional y modernización administrativa para las comunidades religiosas entrerrianas.
     
    Detalles de la reglamentación
     
    Entre los principales beneficios, la reglamentación permitirá a las entidades religiosas acceder a la toma de razón provincial y a la rúbrica oficial de libros, conforme a los artículos 320 al 331 del Código Civil y Comercial de la Nación, otorgando mayor seguridad jurídica y herramientas administrativas acordes a su naturaleza institucional.
     
    Asimismo, contempla la posibilidad de que asociaciones civiles o fundaciones religiosas puedan transformarse formalmente en entidades religiosas reconocidas por el artículo 148 inciso e) del Código Civil y Comercial, sin necesidad de disolución ni liquidación, preservando su continuidad institucional, patrimonial y registral.
     
    Uno de los aspectos destacados de la normativa es que deja expresamente establecido que el Estado provincial no ejercerá fiscalización permanente ni interferirá en cuestiones doctrinarias, litúrgicas, organizativas o de gobierno interno de las entidades religiosas, limitándose exclusivamente a controles formales y registrales.
     
    La implementación del registro también prevé la posibilidad de realizar los trámites de manera digital a través de la plataforma Mi Entre Ríos, modernizando y facilitando el acceso de las entidades religiosas al nuevo sistema de registración provincial.

  • El Gobierno habilitó la instalación de free shops en pasos de frontera terrestres

    El Gobierno habilitó la instalación de free shops en pasos de frontera terrestres

    El Gobierno habilitó la instalación de free shops en pasos de frontera terrestres

    El Gobierno reglamentó un régimen para la instalación de tiendas libres de impuestos (free shops) en pasos fronterizos terrestres, con el objetivo de fomentar la actividad comercial y turística en las zonas limítrofes del país.

    La medida fue oficializada mediante el Decreto 438/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Esta normativa incorpora al ordenamiento jurídico argentino una resolución del Mercosur aprobada en 2018, que establece un marco común para el funcionamiento de este tipo de comercios en los países miembros del bloque.
    Según lo expresado por el Poder Ejecutivo, la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las ciudades de frontera, promover el desarrollo económico regional y fomentar la generación de empleo formal.
    En virtud de este régimen, se podrán habilitar locales para la venta minorista de mercaderías nacionales e importadas libres de impuestos, destinadas a viajeros que ingresen o egresen de Argentina por vía terrestre. Las operaciones deberán realizarse sin fines comerciales y estarán sujetas a las condiciones establecidas por el régimen aduanero de equipaje vigente.
    Esto implica que las compras realizadas en los free shops estarán alcanzadas por las mismas franquicias, límites de valor, topes de cantidad y controles que rigen actualmente para los bienes que los viajeros transportan como equipaje al cruzar las fronteras. De este modo, el Gobierno busca facilitar las operaciones comerciales sin renunciar a los mecanismos de fiscalización aduanera.
    El decreto establece que las tiendas podrán funcionar únicamente en pasos fronterizos habilitados o en espacios especialmente autorizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), donde sea posible ejercer los controles correspondientes. Además, cada establecimiento deberá contar con una autorización comercial previa del Ministerio de Economía y una habilitación aduanera otorgada por ARCA.
    En los fundamentos de la medida, la Casa Rosada sostuvo que el comercio competitivo constituye “un motor para el desarrollo económico” y que este esquema permitirá equiparar las condiciones existentes en otros países del Mercosur que ya cuentan con sistemas similares. También destacó que la amplia actividad turística en las zonas de frontera justifica la adopción de mecanismos que estimulen el comercio local y regional.
    La reglamentación prevé que ARCA dicte las normas operativas para la puesta en marcha del sistema y supervise el cumplimiento de las franquicias y demás requisitos.
    Asimismo, el régimen establece un listado de exclusiones para los productos que podrán comercializarse en free shops. Entre las mercaderías prohibidas figuran medios de transporte y sus partes o repuestos, aceites y combustibles, animales vivos y plantas, armas y municiones, así como maquinaria agrícola, industrial, comercial o de servicios.
    Tampoco estarán comprendidos en el régimen los productos de la canasta básica de consumo de las poblaciones fronterizas —incluyendo alimentos de origen animal y vegetal, y productos de almacén—, electrodomésticos de gran porte, materiales para la construcción, materiales eléctricos, hidráulicos y sanitarios, neumáticos, tejidos e hilados, y calzado, salvo zapatillas deportivas y ojotas.
    Por último, quedan excluidos los productos de tabaco y cigarrillos. El decreto faculta además al Ministerio de Economía a ampliar esta lista de restricciones en función de criterios de política comercial o fiscal.

  • El Gobierno y las Universidades, cerca de un acuerdo con un aumento salarial de 24,3%

    El Gobierno y las Universidades, cerca de un acuerdo con un aumento salarial de 24,3%

    El Gobierno y las Universidades, cerca de un acuerdo con un aumento salarial de 24,3%

    Si no surge un contratiempo de último momento, el Gobierno y las universidades nacionales podrían cerrar en los próximos días un acuerdo salarial junto con la transferencia de fondos para becas y hospitales universitarios, dando inicio a una solución al conflicto universitario que se prolonga desde hace más de dos años.

    Mientras los gremios universitarios convocaron un nuevo paro nacional para el período del 16 al 20 de junio, las negociaciones discretas entre un grupo de rectores y funcionarios gubernamentales continuaron avanzando. El principal obstáculo estaría superado: las universidades no retirarán la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo expediente, con trámite favorable para las casas de estudio, se encuentra en análisis mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
    Según fuentes universitarias, este martes podría firmarse el acuerdo entre las autoridades del Ministerio de Capital Humano y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), liderados por su presidente, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente, el miércoles se prevé la firma con los gremios representativos del sector.
    El acuerdo, presentado como una “solución intermedia” frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento, contempla una recomposición salarial del 24,3% (21,3% a partir de julio y un 3% en octubre), además de fondos destinados a becas estudiantiles y hospitales universitarios.
    No obstante, la incertidumbre persiste hasta último momento en una situación que fuentes califican como “delicada y compleja”. En juego están los intereses de rectores, docentes y personal no docente involucrados. Además, la oferta oficial es inferior a lo que establece la normativa vigente, cuya aplicación el Gobierno ha postergado.
    La comunidad universitaria, cuya capacidad adquisitiva ha caído hasta un 50%, demanda una mejora urgente. Mientras tanto, sobre el Gobierno pesa la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, que debe decidir si acepta o no el caso planteado. Al tratarse de una medida cautelar, se supone que no debería intervenir, lo que abriría el camino a la ejecución de la sentencia que obliga a transferir fondos por aproximadamente 2,8 billones de pesos a las universidades.
    El acuerdo que se firmaría implicaría la transferencia de cerca de 800 mil millones de pesos y la creación de una “comisión técnica” junto con paritarias trimestrales, otra demanda de universidades y gremios, para avanzar en la resolución de los aspectos pendientes.
    La recomposición salarial del 24,3% se distribuiría en un 7% a cuenta de lo perdido en 2024; un 12,6% correspondiente a 2025; y la actualización salarial hasta mayo de 2026, según las fuentes consultadas. Los salarios actuales, en su mayoría, se encuentran muy por debajo del nivel necesario para mantener a una familia en la clase media.
    Las negociaciones estuvieron a cargo del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, junto con las máximas autoridades del CIN, su presidente Franco Bartolacci, y Anselmo Torres, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
    En medio de este proceso, el rol de la Corte Suprema es crucial pero incierto, ya que aún no se ha pronunciado sobre el recurso extraordinario presentado por el Gobierno tras haber perdido en primera instancia y ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. El viernes pasado, la Corte rechazó la recusación planteada por el Ejecutivo contra sus miembros, quienes son docentes universitarios, y que se basaba en un supuesto conflicto de intereses.
    Se estima que la Corte mantiene la espera, confiando en que las partes logren una solución negociada. Se prevé un desenlace en las próximas horas. Mientras tanto, la Federación Universitaria Argentina (FUA) intentará presionar a los supremos con una “clase pública” convocada para este martes a las 11 frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle.
    Para los rectores, este acuerdo representaría un alivio imprescindible para la crítica situación presupuestaria, ya que alrededor del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios docentes y no docentes. Sin renunciar al reclamo por el cumplimiento pleno de la ley sancionada por el Congreso y ratificada pese al veto del presidente Javier Milei, las autoridades aseguran que con este acuerdo la normativa comenzaría a aplicarse efectivamente.

  • Agmer acampa frente a Casa de Gobierno por el salario y contra la reforma

    Agmer acampa frente a Casa de Gobierno por el salario y contra la reforma

    Agmer acampa frente a Casa de Gobierno por el salario y contra la reforma

    En diálogo con APFDigital, la secretaria General, Susana Cogno, indicó que la medida que surgió como rechazo a la reforma previsional también será un pedido de mejoras en los haberes. Cabe recordar que el Gobierno decidió incrementar los salarios por Decreto tras no haberse llevado un nuevo encuentro paritario.

    Este martes el Gobierno de Entre Ríos oficializó el incremento otorgado por Decreto a los docentes en mayo, luego de no haberse llevado un nuevo encuentro paritario.
    Al respecto, la secretaria General de Agmer, Susana Cogno, expresó a APFDigital: “El Gobierno provinicial no sabe o no comprende la dinámica de la paritaria, en la que tiene que haber un acuerdo entre partes. Este 3,5% es una cifra absolutamente insignificante para el salario docente”. Y agregó: “Es uno de los haberes más empobrecidos del país”.
    Frente a este escenario y en sintonía con el rechazo a la reforma salarial, el gremio docente llevará a cabo un acampe de tres días en la capital entrerriana mientras que en el resto de la provincia cada seccional definirá las medidas pertinentes, tal como se acordó en el último Congreso Extraordinario.
    La Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones definió un duro plan de lucha: Acampe, paros y cortes de ruta
    Además, la referente gremial recordó que además se han tomado medidas a nivel judicial por pagos no renumerativos ni bonificables del Fondo Provincial y Conectividad e incluyeron el Decreto 500/26 por tener las mismas características, publicó APFDigital.
     

  • Batalla por los pliegos judiciales: los aliados presionan al Gobierno por una candidata a jueza y van con nuevas exigencias

    Batalla por los pliegos judiciales: los aliados presionan al Gobierno por una candidata a jueza y van con nuevas exigencias

    Batalla por los pliegos judiciales: los aliados presionan al Gobierno por una candidata a jueza y van con nuevas exigencias

    La disputa por los pliegos judiciales continúa abierta en todos los frentes. La decisión del Gobierno de vetar la nominación de María Verónica Michelli tensó la relación con sus aliados en el Senado, que podrían unirse para respaldar a la candidata a jueza federal.

    Tanto el PRO, la UCR como los sectores dialoguistas provinciales no han dado señales de aceptar el pedido ordenado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para retirar el pliego de Michelli debido a que es cuñada del periodista de *La Nación* Hugo Alconada Mon, quien investigó la implicancia del Presidente en la promoción de la criptomoneda LIBRA.
    Se anticipa que la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el próximo miércoles a las 11, destinada a definir los temas de la sesión del 4 de junio, será especialmente tensa. Además del caso de Michelli, que también cuenta con el apoyo del peronismo que lidera José Mayans, existen otros temas conflictivos que complican el escenario para el oficialismo.
    En privado, desde el Gobierno admiten que la jugada de enviar la postulación de Michelli y luego intentar bajarla fue, cuando menos, desprolija. A esta situación se suma que Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, mantiene cajoneado el pliego de la candidata, pese a que el dictamen cuenta con nueve firmas. Esta decisión responde a un pedido de la Casa Rosada.
    Pagotto, quien mantiene un estrecho vínculo con Eduardo “Lule” Menem, secretario con llegada a Karina Milei, podría desencadenar un conflicto aún mayor entre el oficialismo y los aliados, quienes ya presionan al senador de La Libertad Avanza para que habilite el expediente y permita que la nominación llegue al recinto.
    En este contexto, los sectores dialoguistas se preparan para una nueva serie de audiencias públicas convocadas por la comisión de Acuerdos para el 9 de junio, centradas en los candidatos a jueces laborales. En ese encuentro, la oposición dialoguista solicitará que para la sesión del día siguiente se incorporen nuevos pliegos de jueces provinciales.
    ### El PRO y la UCR defienden el pliego de Michelli
    Por su parte, Martín Goerling, presidente del bloque del PRO y oriundo de Misiones, adelantó que sostendrán la postulación de Michelli. “La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, argumentó.
    Esta posición es compartida por la mayoría de los sectores dialoguistas que avalaron el pliego. Queda claro que, para retirarlo, el Gobierno debe llevar el expediente al recinto, donde los senadores votarán a favor o en contra; sancionar el retiro sin un debate pleno sería una decisión poco habitual en la Cámara alta.
    Desde el bloque radical que conduce el correntino Eduardo Vischi, insistieron en que para retirar el pliego el Gobierno debe ofrecer una justificación contundente. “Todos conocemos el argumento que dio el Ejecutivo y, la verdad, no alcanza”, señalaron desde ese espacio.
    Sin embargo, se prevé que durante el fin de semana se mantengan conversaciones internas en la coalición opositora conocida como “los 44”, como denomina Patricia Bullrich a la alianza entre La Libertad Avanza y la oposición no kirchnerista, con el fin de buscar una salida. Tanto el PRO como la UCR buscan evitar un escenario de confrontación áspera, especialmente en vísperas del inicio de las negociaciones rumbo a las alianzas para las elecciones de 2027.
    Paralelamente, el caso Michelli llegó a la Justicia luego de que la agrupación Reset Republicano presentara una denuncia penal contra Karina Milei, solicitando que se investigue si la decisión de retirar el pliego constituye una violación de la Ley Antidiscriminatoria y un posible abuso de autoridad.
    ### Bullrich define si envía todos los pliegos a la sesión del 4 de junio
    Más allá de la controversia por Michelli, el oficialismo aún no resolvió si en la sesión del jueves próximo incluirá el resto de los 77 pliegos que pasaron por audiencia pública. Entre ellos se encuentran las promociones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, propuestos como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
    Tal como informó este diario, Catania fue señalado por fuentes judiciales por fallar alineado con el kirchnerismo, mientras que Galván Greenway está bajo cuestionamiento debido a un fallo en un caso que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por posible lavado de dinero.
    También está en duda el pliego de Juan Manuel Mejuto, postulado para la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuestionado por sus posibles vínculos con el kirchnerismo y la agrupación Justicia Legítima. En este caso todavía no cuenta con despacho formalizado, a pesar de que los dialoguistas aseguran haberlo firmado.