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Justicia blindada: En 27 años hubo 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales y solo 64 terminaron en sanción – Arriba Noticias

Justicia blindada: En 27 años hubo 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales y solo 64 terminaron en sanción – Arriba Noticias

Una investigación de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ/JusTA) relevó 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales presentadas desde 1999 hasta agosto pasado. De las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 terminaron en una sanción o remoción: el 1,3%.
El trabajo, titulado “¿Justicia intocable?”, analizó el funcionamiento del sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura y señala problemas vinculados con la transparencia de los expedientes, la participación de quienes realizan las denuncias, la distribución de los casos y las demoras en su tramitación.
El informe consigó que “en Argentina, solo el 1,3% de las denuncias contra jueces y juezas federales y nacionales llegó a una sanción o remoción. La Constitución Nacional dice que quienes imparten justicia solo pueden ser removidos de sus cargos por mal desempeño o por comisión de delitos. Esta es una garantía de independencia porque evita que sean desplazados por sus decisiones o razones políticas”.
Añadió: “Pero, si los procesos de investigación no funcionan como deberían, la garantía de independencia puede rápidamente transformarse en garantía de impunidad. Con datos y hallazgos inéditos, esta investigación explora esa distorsión institucional».
Posibilidades de remoción remotas
En la introducción, se indicó que “al analizar el comportamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), parecieran ser remotas las posibilidades de que jueces y juezas sean responsabilizados por mal desempeño o comisión de delitos. En efecto, si se estudia lo que pasó con las 5.170 denuncias presentadas en los 27 años de funcionamiento del organismo, se observa que de las 4.910 denuncias que ya están cerradas, solo el 1,3% (64) llegó a una sanción o destitución del Jurado de Enjuiciamiento”.
Justicia blindada
Entre los obstáculos que se enumeró se mencionó “problemas múltiples en el deber de control, que abarcan desde la falta de participación de denunciantes en las investigaciones e inacción de quienes las instruyen hasta la transgresión de las obligaciones legales de publicar los procesos y de brindar acceso a esa información, explican la edificación de una Justicia blindada”.
También se consignó que “a partir de la consulta de fuentes normativas, documentales y bibliográficas, del análisis de bases de datos oficiales y respuestas a pedidos de acceso a la información pública y de entrevistas a consejeros, denunciantes y especialistas en el tema, esta investigación del equipo de ACIJ/JusTA revela por qué la buena conducta como requisito para ejercer la magistratura nacional y federal se desvanece en nuestro país. Muchas causas disciplinarias se encaminan al olvido, y ni siquiera funcionan como obstáculo para ascender al interior del Poder Judicial”, se señaló.
Según los datos recopilados, de las denuncias cerradas, 3.700 fueron desestimadas, 469 finalizaron por caducidad y 633 no permiten conocer, a partir de los datos del Consejo, la causa del cierre. En tanto, hubo 43 sanciones y 21 remociones.
La investigación advierte que las denuncias caducan a los tres años desde su presentación si no existe una resolución del Plenario. Entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias terminaron de esa manera. “Esto significa que una causa puede cerrarse sin que exista una investigación ni una decisión sobre los hechos denunciados”, sostiene el informe que publicó Diario Judicial.
Otro de los puntos señalados es el acceso a los expedientes. El equipo pidió información sobre 69 expedientes próximos a caducar de las comisiones de Disciplina y de Acusación. Tras casi cuatro meses, solo pudo acceder a siete denuncias desestimadas o archivadas, además de algunas resoluciones y autorizaciones para consultar presencialmente determinados procesos.
La investigación también pone el foco en quienes presentan las denuncias. El reglamento establece que pueden denunciarse hechos u omisiones atribuibles a magistrados que puedan configurar una falta disciplinaria o una causal de remoción, pero quien denuncia “no será parte de las actuaciones”. Para el informe, esto implica quedar afuera del trámite y dificulta conocer qué medidas se adoptaron y cómo avanzó la investigación.
El trabajo también analiza cómo se decide si una denuncia tramitará ante la Comisión de Disciplina o ante la Comisión de Acusación. La primera interviene en faltas que pueden derivar en advertencias, apercibimientos o multas, mientras que la segunda aborda los hechos más graves que eventualmente pueden llevar a un proceso de remoción. La investigación señala que los criterios de asignación no están definidos de manera taxativa.
En el informe también aparece el caso de Diego Hernán Papa, juez nacional del Juzgado en lo Comercial12. La investigación señala que el Consejo recibió denuncias vinculadas con presunto maltrato y acoso laboral, entre otros hechos, y que el expediente terminó archivado luego de que transcurrieran más de tres años sin definición. Antes del archivo, el Plenario había votado sucesivamente distintas alternativas sin alcanzar la mayoría necesaria.
Entre los casos mencionados en el trabajo también figura Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, cuya actuación fue denunciada en 2023 por el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata. Según la investigación, en ese expediente se solicitaron copias de actuaciones y la causa caducará el 1 de diciembre de 2026 si el Consejo no se expide.
El informe incorpora además el caso de Ariel Lijo, quien durante sus 22 años como juez recibió 41 denuncias disciplinarias por distintas situaciones. La investigación señala que en algunos expedientes no se pidió ninguna medida de prueba y que la mayoría fueron rechazados.
El escenario de los jury también tuvo movimiento durante el último año. El último juez enviado a jury fue Pablo Díaz Lacava, acusado de presunto maltrato, quien finalmente salió airoso. Fue el tercer juez sometido a jury en menos de un año.
En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata. El 18 de agosto pasado, en tanto, fue removido de su cargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.
Además, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, será juzgado en las próximas semanas. Está acusado de supuestamente ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos. “Si de un total de 4.910 denuncias, solo 64 llegaron a una sanción (1,3%), se abren interrogantes sobre la efectividad de estos procesos”, concluye el informe. (APFDigital)

26 septiembre 2026
La Justicia de Entre Ríos falló a favor de una trabajadora que denunció a las autoridades del Hospital Urquiza por discriminación – Arriba Noticias

La Justicia de Entre Ríos falló a favor de una trabajadora que denunció a las autoridades del Hospital Urquiza por discriminación – Arriba Noticias

Ocurrió en Concepción del Uruguay, en el Hospital Justo José de Urquiza. El Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo de primera instancia.

Una trabajadora de la salud del Hospital Urquiza quedó sin trabajo, sin sueldo y sin obra social mientras transitaba un embarazo avanzado. La Justicia consideró que se trató de una situación de discriminación por maternidad y ordenó restituirle la cobertura.

La trabajadora comenzó a prestar servicios en mayo del 2024 bajo la figura de suplente transitoria, con designaciones que se iban renovando. El 6 de noviembre de 2025 comunicó formalmente a la Dirección del Hospital que estaba embarazada.

Lejos de mejorar su situación, su condición se volvió más vulnerable. Siguió trabajando durante meses, pero el 17 de marzo de 2026 le comunicaron que su última suplencia había finalizado y que ya no tenía vínculo con el Hospital.

Los abogados defensores alegaron que fue llamativo que la designación no fuera renovada cuando faltaban 6 días para el inicio de la licencia por maternidad.

De un día para el otro, se quedó sin su fuente de ingresos y sin cobertura de salud para ella, para sus controles, para su parto y para la salud del niño por nacer.

En esa situación, presentó una nota dirigida a la dirección del Hospital Urquiza pidiendo lo mínimo: licencia por maternidad, que le mantengan el sueldo y la obra social.

La respuesta de la Administración fue un dictamen de la Asesoría Legal: como su designación ya había vencido, no le correspondía nada. Se archivó el expediente.

El amparo y la denuncia de discriminación

La trabajadora decidió ir a la Justicia por vía de amparo. Su planteo fue claro: no fue un simple vencimiento administrativo, fue un acto discriminatorio por estar embarazada. Alegó que la dejaron en extrema vulnerabilidad justamente en el momento en que más necesita protección del Estado.

El Estado provincial contestó que no hubo discriminación, que fue el fin natural de una suplencia y que incluso después de avisar del embarazo la habían seguido nombrando. También dijo que el amparo no era la vía.

El Tribunal consideró que el Gobierno Provincial , como empleador, utilizó el embarazo como causal para excluir a la trabajadora, dejándola sin salario y sin obra social con 22 semanas de gestación, un trato que la Constitución y los tratados internacionales prohíben expresamente por afectar de manera directa a la mujer por su condición de tal.

La Justicia falló a favor de la trabajadora.

La Justicia de Concepción del Uruguay le dio la razón a la trabajadora el 19 de agosto de 2026. El Ministerio de Salud de Entre Rios apeló ése fallo.

El 18 de septiembre de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Expte. Nº 28837) rechazó la apelación y confirmó todo.
Para fallar, el STJ usó un precedente clave de este mismo año, el caso «Fabre» del 30 de marzo de 2026, y marcó un criterio:

Cuando una trabajadora cursa un embarazo de más de 22 semanas y pierde el empleo, no se discute solo si tenía o no estabilidad. Se discute el acceso a la salud, a los controles médicos, a la obra social. Y eso tiene protección constitucional y convencional especial.

El Tribunal dijo que la urgencia del amparo está justificada justamente por eso: no es solo una pérdida patrimonial, es dejar sin cobertura sanitaria a una mujer embarazada y a la persona por nacer. Y que frente a eso, el argumento de «se le venció la suplencia» no alcanza.

Con esta sentencia, que fue firmada por los vocales Carubia, Giorgio y Soage, se sienta un precedente fuerte en Entre Ríos: ser suplente no habilita al Estado a desentenderse de una trabajadora embarazada y dejarla sin obra social.

El eje del fallo es contundente y deja al Gobierno Provincial en el centro de la escena: para el STJ, cortar la suplencia por el embarazo no fue una mera cuestión administrativa, fue discriminación.

25 septiembre 2026
La Justicia ordenó reactivar el trámite para llevar a juicio la causa por la muerte de Catalina De Gracia – Arriba Noticias

La Justicia ordenó reactivar el trámite para llevar a juicio la causa por la muerte de Catalina De Gracia – Arriba Noticias

La decisión fue adoptada este martes por el vocal de la Cámara, Mariano Martínez, durante la audiencia en la que se analizó el planteo de la querella autónoma. De esta manera, quedó sin efecto la paralización que había dispuesto la jueza de Garantías subrogante, Alejandra Núñez.

El freno al expediente había sido dispuesto a raíz de una cuestión vinculada con la tasa de justicia correspondiente a la demanda civil. La magistrada había establecido que debía acreditarse el pago de ese concepto o existir una resolución firme sobre el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la familia de Catalina.

La querella cuestionó esa decisión al considerar que una obligación económica relacionada con la acción civil no debía impedir el desarrollo de la investigación penal ni el acceso a la instancia de juicio.

Durante la audiencia, la representación de la familia sostuvo que la situación afectaba el derecho a una tutela judicial efectiva. En ese marco, el abogado querellante José Ostolaza reclamó que el expediente avance hacia el debate oral.

Cómo continúa el expediente

Con el pronunciamiento de la Cámara, la jueza de Garantías deberá retomar el procedimiento establecido en el artículo 404 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

El próximo paso será dar intervención a las defensas sobre el requerimiento de elevación a juicio y la demanda presentada. Las partes tendrán entonces un plazo de cinco días para formular oposición, pedir el sobreseimiento, proponer una salida alternativa o efectuar el ofrecimiento de pruebas.

Posteriormente deberá realizarse una audiencia para determinar si corresponde elevar la causa a juicio.

En caso de que se concrete esa elevación, el expediente será enviado al Tribunal Oral correspondiente. Allí se realizará el sorteo de los magistrados que tendrán a su cargo el debate y, en una instancia posterior, se establecerá la fecha del juicio oral.

Una causa que comenzó en 2017

Catalina De Gracia tenía cinco años cuando murió en noviembre de 2017. De acuerdo con los antecedentes de la causa, la niña había sido trasladada por sus padres, Florencia Caminos y Cristian De Gracia, al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay luego de presentar un cuadro febril.

a familia sostuvo que durante los días posteriores Catalina fue llevada en distintas oportunidades al centro asistencial para recibir atención médica, hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

La investigación contó inicialmente con la intervención del Ministerio Público Fiscal, pero posteriormente la Fiscalía decidió apartarse de la acusación al considerar que no existían elementos suficientes para sostener un juicio. A partir de entonces, la acción penal fue continuada de manera privada por el abogado José Ostolaza, en representación de la querella.

En 2025 se había informado que la querella acusaba a cuatro profesionales de la salud por el delito de homicidio culposo, en el marco de una hipótesis de mala praxis. Tres de ellos habían prestado declaración ante la Justicia y estaba pendiente la comparecencia del cuarto.

La resolución conocida este martes representa un nuevo avance procesal para la causa, que ahora deberá atravesar las instancias previstas antes de determinar si finalmente será elevada a juicio oral.

23 septiembre 2026
La Justicia avanza con el remate de los bienes de cadena de electrodomésticos y su agencia de viajes – Arriba Noticias

La Justicia avanza con el remate de los bienes de cadena de electrodomésticos y su agencia de viajes – Arriba Noticias

La Justicia avanza con el remate de los bienes que quedaron de la quiebra de Garbarino y los activos remanentes de su agencia de viajes, Garbarino Viajes, luego de cuatro años de concurso, en los que fracasó la renegociación de la deuda con los acreedores y sin conseguir un comprador en el intento de salvataje, pese al interés de fondos como Inverlat, dueño de Havanna, y la sociedad Vlinder, que al final no presentó una propuesta formal de reestructuración.
En ese sentido, se procedió al desarme de la mínima estructura que conservó la compañía, que llegó a ser la principal casa de electrodomésticos y electrónica del país, y estuvo inmersa en una crisis por, al menos, cinco años.
Los locales que quedaban abiertos ya cerraron y se liquidó parte del stock final. Ahora, se venderá el último inventario, que incluye poco más de 1.500 unidades, de las cuales varias son “mercadería obsoleta y deteriorada con poco valor, que, por su antigüedad, es poco buscada por el público”.

Abarca equipamiento de las ex sucursales y las oficinas del vertical de turismo que formaba parte del conglomerado de firmas que le compró el empresario Carlos Rosales en junio de 2020 –junto con las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, y la financiera Fiden– a los hermanos Daniel y Omar Garbarino, que fundaron la empresa en 1951 y llegó a tener más de 200 locales y 4.500 empleados. En ese entonces, Rosales ya era dueño de la aseguradora Prof y protesorero del club de fútbol San Lorenzo. A los meses, sumó Radio Continental, que vendió a comienzos de 2025.
En junio, la Justicia decretó la quiebra del patrimonio personal de Rosales, proceso que se abrió en paralelo. En este caso, los acreedores tienen tiempo hasta este viernes para verificar sus créditos y el síndico deberá presentar el informe individual el 3 de noviembre, donde detallará quiénes son los acreedores y por qué montos.
A su vez, un grupo de casi 200 ex trabajadores de las plantas de Tierra del Fuego cuestionan un intento de unificar la masa de acreedores de las fábricas con la quiebra general de Garbarino. Su argumento es que las plantas tienen sus propios acreedores y pasivos.

Dos remates de Garbarino
Mientras tanto, y como parte de la disolución final de Garbarino, la transferencia de bienes pasaron temporalmente a la órbita de la sindicatura para ser liquidados y así cancelar parte de la deuda acumulada a los acreedores –bancos, proveedores comerciales y exempleados–, que hasta el 24 de junio tenían tiempo para presentar sus planteos en el marco de la definición del pasivo de la quiebra.
Con esa intención, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, a cargo de Fernando D’Alessandro, lanzó dos subastas electrónicas por más de $ 22 millones, al tratarse de dos sociedades distintas con procesos de quiebra diferentes: el de la cadena se ordenó en marzo pasado, mientras que el de la agencia en julio de 2025, indica Clarín.
El primer remate comenzará el 24 de septiembre y finalizará el 7 de octubre. Incluye siete lotes de la cadena, que salen a la venta de forma conjunta con una base de $ 9,3 millones: una Citroën Berlingo Furgón, cámaras de seguridad, dispositivos informáticos, materiales como zorras hidráulicas portapallets, racks, matafuegos, extintores, carros, detectores de humo, mangueras, cartelería contra incendios, y mobiliario como exhibidores, cajoneras, estanterías y lockers.
En tanto, el segundo remate corresponde a Garbarino Viajes, con cinco lotes por $ 13,1 millones. Empezará el 1° de octubre y terminará el 15 de ese mes. Incluye mobiliario y artículos como monitores, teclados, y más equipamiento de oficina.
Aún resta por definirse el futuro de la marca, que es hoy el activo más valioso, por el peso que tuvo en el sector. Al respecto, la sindicatura pidió abrir un proceso específico para preservarla y, eventualmente, lanzarla a la venta. Más allá de lo que ocurra con ella como activo intangible, por ahora, se extingue como tal la emblemática cadena.

Con Elonce

23 septiembre 2026
La Justicia de C del Uruguay archivó la denuncia por los daños ocasionados en el deck durante los festejos del Mundial en Plaza Ramírez – Arriba Noticias

La Justicia de C del Uruguay archivó la denuncia por los daños ocasionados en el deck durante los festejos del Mundial en Plaza Ramírez – Arriba Noticias

Contaron en sus redes que la justicia archivó la causa.El mensaje es claro y doloroso: romper lo ajeno en patota, frente a cámaras, no tiene consecuencia. La impunidad no fue un descuido, fue una decisión formal.
VOLVIÓ EL DECK: DISTINTO, SIN TECHO, PERO DE PIE_La reflexión de una familia de trabajo de Concepción del Uruguay tras sufrir la rotura del techo del deck del local de 9 de Julio y 3 de Febrero.-» Levantarlo de nuevo no fue un acto de obstinación ni de lujo: fue el único camino ético para una familia que vive del fruto de su trabajo.Lo reconstruimos para honrar nuestro propio esfuerzo, el de las personas que sostienen este proyecto a la par nuestra y el de una comunidad cuya empatía fue, desde el primer instante, incondicional.Necesitábamos reparar el daño físico, sí, pero sobre todo necesitábamos devolverle la tranquilidad a un espacio con vestigio de impunidad.
Desde el primer día elegimos la vía institucional, la prudencia y el respeto. Aportamos evidencias directas, registros claros y rehusamos hacer públicas las imágenes de quienes irrumpieron y destruyeron lo ajeno por una cuestión de nobleza, para resguardar incluso la tranquilidad de las familias de esos jóvenes, las de mamás que seguramente reconocerían a sus hijos.
Supusimos, con una inocencia republicana que hoy nos interpela, que la ley actuaría con la celeridad y la seriedad que el hecho exigía.Sin embargo, la respuesta institucional fue una lección de impunidad. Habiendo radicado la denuncia en el mes de julio, esta semana —tras una espera incomprensible ante la ausencia absoluta de averiguaciones o medidas de prueba— fuimos notificados del archivo de la denuncia. No hay investigación, no hay indagación de la verdad, no hay siquiera la cortesía de la presencia.
Lo que sí hay es una grieta profunda entre la regla formal y la realidad ciudadana. Y hace tanto que es así…. que ya Arturo Jauretche, nos animaba a liberarnos de esa zoncera burocrática que pretende que el mundo encaje en un expediente: «cuando los hechos no se adaptan a las teorías, son las teorías las que deben adaptarse a los hechos»….su señoría.
Nos queda una sola duda…..¿que hubiese ocurrido si alguien se lastimaba?, ¿también hubiésemos sido invisibles para la justicia?.Nosotros ya hicimos nuestra parte. No nos queda amargura, porque la amargura paraliza; nos queda la serenidad de haber actuado con la verdad y la dignidad.Por eso seguimos. El deck está de pie, y por supuesto, nosotros también»Bella Vista.

13 septiembre 2026
«El peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos condenados y detenidos por la justicia”

«El peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos condenados y detenidos por la justicia”

El titular de la consultora Datos, José Torres, analizó la detención del ex gobernador Sergio Urribarri desde el punto de vista de la opinión pública y las repercusiones electorales que puede tener.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres afirmó que “el tema de la condena a Urribarri y la última definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido un paso más en todo este proceso que ha venido siguiendo desde hace algunos años”.
“A lo mejor, el primer gran impacto fue cuando la justicia provincial lo declaró culpable en 2022, después con el paso del tiempo estuvo preso y ahora lo último es definitivo. Al estilo de lo que ocurrió con Cristina Kirchner que hizo todos los procesos, porque lo que hay que ver acá es que independientemente de que si a la gente le pareció lento el proceso, tanto de la ex presidenta como del ex gobernador Urribarri, lo cierto es que no hay argumento, desde el punto de vista jurídico-procesal, para que ambos condenados por la justicia, digan que apuraron el trámite, saltearon algo. Todos tuvieron la libertad de defenderse, de elegir sus abogados, de hacer todos los pasos intermedios que seguramente corresponden para desembocar en este último episodio. Por supuesto que es impactante, un ex gobernador que estuvo 8 años que incluso quiso participar de una candidatura presidencial, hoy la gente sabe que está detenido, ya no solamente que estaba en su casa en Concordia, sino que fue trasladado, y está en la cárcel de Paraná”, explicitó.
Definió que “es algo muy fuerte; es un triunfo de la justicia, porque muchas veces la gente dice que al final no condenan a nadie, que a los grandes nadie los toca, o que alguien tiene una imagen negativa, pero sigue dando vueltas por ahí. Entonces, de alguna manera, es un logro; es una coincidencia entre la opinión pública y el desempeño que tuvo un poder del Estado, que es la justicia. Por eso el gran valor que tiene esto”.
En cuanto al modo en que el encarcelamiento de Urribarri afecta al armado del peronismo entrerriano, Torres consideró que “ya fue afectado el peronismo”. “El episodio de la condena de Urribarri fue en 2022, pero ya en el 2021 cuando se hacen las elecciones para diputados nacionales el peronismo trastabilló electoralmente, en el 2023 directamente pierde la Gobernación, y después queda una imagen en donde se ven salpicados otros dirigentes del peronismo. No solamente porque está pendiente el caso de los llamados Contratos Truchos I y II, o casos concretos como el del ex senador (Edgardo) Kueider en Paraguay, sino que ya viene efectivamente salpicando y derivando en consecuencias electorales. Porque el peronismo todavía no dio las explicaciones de por qué hay tantos justicialistas, gobernadores, Presidentes, funcionarios, condenados por la justicia y detenidos”, indicó.
Evaluó que “es como que quieren pasar de largo ese tema y hasta que no hagan el mea culpa en dos aspectos: uno es la pobreza, la inflación y otras cosas, y segundo, sobre todo, una imagen donde hay condenados. O sea, la corrupción y gestión son dos elementos donde el justicialismo o el peronismo todavía tienen que dar explicaciones. Así que ya fue afectado el peronismo en ese sentido”.
Como contrapartida, en relación a cómo favorece el tema al gobierno de Rogelio Frigerio, Torres sostuvo que “lo favorece en el sentido de que la gente diga no son iguales. Porque vos también tenés que dar respuesta de gestión, porque a un gobernante se le pide sobre todo gestión, que significa solucionar el problema de la gente, no es una palabra mágica; obviamente, que haya más trabajo; que no haya inflación; que la gente pueda vivir mejor; que se dé respuesta en la educación, en los hospitales. Eso es gestión. Y lo favorece en ese sentido”.
“Además, muchas de las figuras más salientes que tiene el peronismo en Entre Ríos han tenido una vinculación directa con las gestiones de Urribarri, de (Gustavo) Bordet, que algunos también están tocados ahí, y entonces cuando aparecen estas figuras como candidatos, tienen toda la legitimidad para hacerlo, pero de alguna manera la gente asocia; no es que los culpan y los condenan de la misma manera, pero los asocia, y a este elemento Frigerio lo ha manejado bien, porque la gente no asocia este tema a la figura de Frigerio, la corrupción no está ligada al gobierno provincial; podrán cuestionarse algunas reformas que se hicieron, la manera en que se hicieron, pueden gustar más o menos, pero esos ya son debates políticos ideológicos, pero no son vinculados a la corrupción. Favorece a un armado de Frigerio y sobre todo favorece que se unan a Frigerio sectores que no necesariamente adhieren al PRO o Juntos por el Cambio, pero que sí están enfrentados al peronismo; sectores antiperonistas que siguen viendo a la figura de Frigerio como alguien que une ese tipo de voto”, analizó.
En este marco, consideró que “lo más lógico y lo más inteligente desde el punto de vista electoral” sería el armado de un frente que contenga a Juntos por Entre Ríos y a La Libertad Avanza. “Si se observa que la alianza del año pasado entre Frigerio y Milei para la elección de los diputados y senadores nacionales dio un resultado muy positivo en el sentido electoral, con una gran diferencia, lo lógico es que esta coalición no se quiebre. Ahora, también tienen derecho los sectores del radicalismo o sectores de La Libertad Avanza para ir de candidato o por adentro en una interna, o por afuera, como sea; pero lo más lógico es que acá se mantenga este frente electoral”, explicitó.
Asimismo, advirtió que el riesgo de no ir juntos “es que un candidato de La Libertad Avanza se supone que tiene el aval de Karina Milei, pero si es un rebelde de La Libertad Avanza, no lo van a respaldar ni van a hacer campaña por ese candidato. Ahora, si el gobierno nacional viene a hacer campaña por un candidato que no fuese Frigerio, ahí ya se complicaría. Hoy no veo que sea así, me parece que hay una relación bastante firme entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, que, por supuesto, a muchos sectores de la sociedad no le va a gustar, pero eso ya forma parte de los riesgos que pueda tener esta coalición. Me parece que desde el punto de vista electoral son más los beneficios que las complicaciones que pueda llevar esta alianza”.
Consultado por la imagen de Sergio Urribarri antes del juicio, Torres recordó que “en el 2007, cuando aparece el tema del campo –en donde hubo una división entre la figura del ex gobernador Jorge Busti porque no hubo un respaldo directo a Urribarri- Urribarri se consolida en la relación con Cristina Kirchner, asciende mucho en los números a punto tal que la gestión –al igual que la de Cristina Kirchner- fue creciendo y ambos ganaron con muy amplia diferencia la reelección en el 2011. Ahí venía el pico de popularidad de Urribarri, al menos en los números. Pero después empiezan a aparecer dos cosas: una, su legítima, pero tal vez desmedida, ambición de querer ser Presidente, que es lo que lo lleva a tomar medidas que lo terminan condenando en la justicia. Y ahí ya empezaba a hablarse de sospechas de mal manejo, o concretamente de corrupción, en la gestión Urribarri y empieza a declinar esa gran popularidad que él tenía”.
Por último, evaluó que “acá hay un aporte que va desde el periodismo, la justicia y figuras personales que han hecho una mención a este tipo de cosas; yo no sé si la gente va a hacer esta relación recordatoria de que la condena al exgobernador peronista fue durante un gobierno peronista, pero también tiene su mérito porque si únicamente la justicia actúa cuando el signo político es el otro, no deja de tener su valor, pero se destaca mucho más cuando son del mismo color político. A mí me parece que es muy importante eso”.

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9 septiembre 2026
Caso Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para tratar el recurso presentado por la Defensa del exfuncionario

Caso Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia fijó audiencia para tratar el recurso presentado por la Defensa del exfuncionario

La Sala Penal del máximo tribunal provincial analizará el planteo de la defensa el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas. Los abogados del condenado buscan reducir la pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva por la tragedia de la Ruta 39.

La causa judicial contra el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico, condenado por el trágico siniestro vial en el que perdieron la vida cuatro jóvenes oriundos de Basavilbaso, entra en una fase decisiva. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) convocó a una audiencia clave para el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas, a fin de debatir el recurso extraordinario interpuesto por su defensa técnica.
La representación legal del imputado, ejercida por los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini, fundamentó la presentación no con el objetivo de revertir el fallo de culpabilidad, sino con el propósito de morigerar el monto de la condena fijada en primera y segunda instancia.
Harán el último intento?
En caso de que el dictamen del STJ resulte adverso a las pretensiones de la defensa, y que la sentencia adquiera firmeza definitiva, la última vía recursiva disponible para la representación del exfuncionario será acudir mediante recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que ya se hace muy complicado.
La condena y el hecho
Ruiz Orrico fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado, recibiendo una pena de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, sumada a 9 años de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores. Actualmente, el condenado transita el proceso bajo una medida de libertad morigerada con restricciones.
El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el tramo comprendido entre las localidades de Caseros y Herrera. De acuerdo con las pericias avaladas en el juicio:

Conducción e intoxicación: Ruiz Orrico guiaba un vehículo oficial perteneciente al Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) con 1,59 gramos de alcohol por litro en sangre.

Mecánica del siniestro: El rodado oficial invadió el carril contrario e impactó de frente contra el automóvil en el que se desplazaban los trabajadores.

Víctimas fatales: A causa de la colisión fallecieron Brian Izaguirre (32), Lucas Izaguirre (26), Leonardo Almada (33) y Axel Rossi (23), quienes viajaban desde Basavilbaso hacia su jornada laboral en una planta avícola de Pronunciamiento.

La fijación de la audiencia ante el máximo órgano judicial de la provincia genera profunda expectativa tanto en los familiares de las víctimas como en la comunidad de la región, a la espera de la resolución sobre la firmeza de la pena de prisión efectiva.

4 septiembre 2026
La Justicia Federal desmiente los dichos del presidente uruguayo y señaló que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se cerró»

La Justicia Federal desmiente los dichos del presidente uruguayo y señaló que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se cerró»

Tras conocerse los dichos del presidente uruguayo sobre el final de la causa penal en el marco de HIF Global, la fiscal federal Josefina Minatta, quien investiga en la denuncia, desmintió al mandatario del Uruguay, señalando que «Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado».

Luego de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijera a medios de su país que Argentina había retirado la denuncia penal por la instalación de HIF Global, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, doctora Josefina Minatta, autora de la presentación, desmintió al mandatario del vecino país. “Ha dado una información que no es verídica. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, sostuvo.Orsi había dicho este viernes que el proyecto de instalar la planta en Paysandú continuaba. En este marco aseguró que Argentina “retiró la denuncia penal” por el lugar donde iba a estar instalada la planta.
La denuncia por contaminación
“Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta. Luego, advirtió que “no hay ninguna información cierta” sobre la relocalización y, en su caso, explicó que si un eventual nuevo emplazamiento es también sobre el río Uruguay “el riesgo de contaminación persiste”.
Cabe recordar que la fiscal realizó la denuncia penal en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental contra el proyecto que la empresa HIF pretendía instalar en la localidad de Paysandú, enfrente de la ciudad entrerriana de Colón.
Por otro lado, los legisladores Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay dieron cuenta de las medidas que la Justicia Federal viene llevando a cabo en el marco de la acción preventiva de daño ambiental contra HIF Global y el Estado uruguayo, por la instalación de la planta de combustibles en lo que es una causa civil.
En el caso penal se constituyeron como “amicus curiae”, junto a su abogado Dr. Valodia Nichajew. El “amicus curiae” (o «amigo de la corte») es una figura jurídica donde un tercero ajeno a un juicio —que puede ser un abogado, una ONG o un experto— se presenta de forma voluntaria para aportar una opinión legal, datos técnicos o argumentos para ayudar al juez a resolver un caso complejo o de interés público).

30 agosto 2026
HIF Global: desde la Justicia Federal desmienten a Orsi y aseguran que

HIF Global: desde la Justicia Federal desmienten a Orsi y aseguran que

Luego de que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijera a medios de su país que Argentina había retirado la denuncia penal por la instalación de HIF Global, la fiscal federal Josefina Minatta, autora de la presentación, desmintió al mandatario del vecino país. “Ha dado una información que no es verídica”, sostuvo. También sigue avanzando la acción civil que motorizan legisladores entrerrianos.

“La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, explicó Minatta a ANALISIS. “Bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado. El presidente Orsi ha dado una información que no es verídica”, remarcó la funcionaria judicial.
Según publicaron medios uruguayos, Orsi dijo este viernes que continúa en marcha el proyecto de instalar la planta en Paysandú y aseguró que Argentina “retiró la denuncia penal” por el lugar donde iba a estar instalada la planta.
«Seguimos, más allá de las decisiones que se tomen en un momento determinado o llegado el momento de la inversión. Hemos despejado un montón de complicaciones. La última importante es que se retiró en Argentina la denuncia penal que se había hecho», sostuvo el mandatario en rueda de prensa durante la inauguración de obras en una ruta en Paysandú, según informó El País de Montevideo.
La denuncia por contaminación
“Hasta que no tengamos algunas certezas, la causa va a continuar en trámite”, ratificó Minatta. Luego, advirtió que “no hay ninguna información cierta” sobre la relocalización y, en su caso, explicó que si un eventual nuevo emplazamiento es también sobre el río Uruguay “el riesgo de contaminación persiste”.
Cabe recordar que la fiscal realizó la denuncia penal en febrero ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por presunto daño ambiental contra el proyecto que la empresa HIF pretendía instalar en la localidad de Paysandú, enfrente de la ciudad entrerriana de Colón.
La funcionaria judicial advirtió acerca de la contaminación que podría general la planta y sobre su posible impacto en el territorio argentino. También expuso el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay por parte del gobierno uruguayo.
Los legisladores nacionales entrerrianos impulsan también una acción civil y en las últimas horas confirmaron que ese trámite también “está vigente y avanzando”.
A través de un parte de prensa emitido este sábado, Michel, Bahl y Marclay reseñaron las medidas adoptadas por la Justicia Federal en el marco de la acción preventiva que impulsan en pos de la relocalización.
“Frente a la inacción del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente de Colón José Luis Walser, iniciamos oportunamente la demanda civil contra la instalación de la planta frente a las costas de Colón”, explicó Michel.
Luego, enumeró medidas que se están produciendo, entre ellas una pericia ambiental y un pedido a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que informe si se ha comunicado al organismo el proyecto de la planta y si la empresa HIF Uruguay ha presentado el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto.
También mencionó el diputado que se solicitó que se requiera vía exhorto a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de Uruguay y al Banco Central del país vecino la documentación de HIF Global y sus firmas vinculadas.
La última acción se registró el 21 de agosto, cuando el juez Viri realizó un reconocimiento judicial en las costas de Colón junto a la bióloga Viviana Cousté, perito designada en la causa, y los legisladores que impulsan la demanda.
El gobierno y la relocalización
Hasta hace dos semanas, la relocalización era la principal hipótesis que manejaban ambas cancillerías. Incluso se habló de un nuevo emplazamiento en un predio de Ancap para la planta que demandará una inversión cercana a los 6 mil millones de dólares y es considerada la más importante de la historia de Uruguay.
El Gobierno de Entre Ríos encaró negociaciones a distintos niveles y en mayo se había alcanzado un entendimiento al respecto. Ambas partes admitieron que no querían que se repitiera un escenario al que se produjo hace alrededor de dos décadas por la instalación de la pastera Botnia en la ciudad de Fray Bentos.
Entre otras acciones, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una serie de reuniones con el presidente Orsi y su gabinete tanto en Uruguay como en Argentina y llegó a advertir sobre la posibilidad de recurrir a cortes internacionales.

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30 agosto 2026
La justicia oficializó el embargo del departamento en el que está presa Cristina Kirchner

La justicia oficializó el embargo del departamento en el que está presa Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) notificó al Registro de la Propiedad Inmueble que el departamento ubicado en San José 1111, donde se encuentra alojada Cristina Kirchner, fue embargado por orden judicial.

Esta medida se dispuso tras un segundo pedido de decomiso formulado por el Ministerio Público Fiscal. El Tribunal encargado de ejecutar la pena en el caso Vialidad ordenó el 12 de agosto nuevos embargos preventivos y cautelares sobre diversos bienes inmuebles y activos societarios vinculados a este expediente, en el que los condenados deben responder solidariamente por el decomiso judicial.
El objetivo es cubrir los 685.000 millones de pesos que representan el monto del fraude detectado a través de 51 licitaciones supuestamente direccionadas, con irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
Por pedido del fiscal Diego Luciani, el TOF 2 elaboró listas de inmuebles a embargar, en la segunda de las cuales figura el departamento de San José 1111. Allí, la ex presidenta cumple arresto domiciliario por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El inmueble está a nombre de Los Sauces S.A., la inmobiliaria familiar Kirchner que también está siendo investigada por lavado de activos. De esa misma sociedad proceden los departamentos de Puerto Madero que alquilaba Cristóbal López y que ya fueron embargados por el tribunal.
Con la firma del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, este jueves se remitieron las órdenes a los Registros de la Propiedad Inmueble correspondientes para inscribir estos bienes bajo la condición de embargados.
Cabe aclarar que estos embargos no implican la subasta inmediata ni afectan la titularidad registral de los inmuebles por el momento, sino que garantizan su indisponibilidad jurídica mientras se completa el trámite del decomiso definitivo, con la participación de las partes involucradas.
El presidente del TOF 2, Rodríguez Giménez Uriburu, busca proteger el patrimonio de los condenados en el caso Vialidad para garantizar la recuperación de los 685.000 millones de pesos, por lo que dispuso medidas cautelares sobre varias propiedades.
En su segundo listado de bienes a decomisar, el fiscal Luciani identificó 141 inmuebles, entre los cuales se incluyen trece propiedades de Cristina Kirchner y 128 pertenecientes a sociedades vinculadas a Lázaro Báez, junto con 46 automotores.
Además, el Ministerio Público solicita como parte del decomiso 4.664.000 dólares provenientes de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una caja de ahorro en el Banco Galicia, y 53.280,24 pesos.
El TOF 2 aún espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia respecto al primer grupo de inmuebles sobre los cuales se ordenó la ejecución patrimonial, previo a avanzar con esta segunda tanda.
El primer pedido de decomiso
El primer conjunto de 111 propiedades solicitado por el fiscal Luciani y aprobado por el TOF se encuentra en manos de la Corte Suprema. En noviembre pasado el tribunal ordenó el decomiso de 20 propiedades de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis inmuebles de otros acusados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar solicitados por el Ministerio Público y ordenó su ejecución. Sin embargo, dado que la ex presidenta y uno de sus ex socios apelaron esa decisión, el máximo tribunal debe emitir el veredicto final.
Propiedades de los hijos de Cristina Kirchner
El avance sobre bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner se basa en que la sentencia condenatoria estableció que la maniobra defraudadora en obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”.
Durante el período investigado, existió una conexión económica y comercial comprobada entre las partes. La sentencia indica que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y desarrollaron emprendimientos en los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, personalmente y a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
Por lo tanto, el tribunal determinó que el dinero obtenido ilícitamente “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. Según el TOF 2, todos los bienes que los nueve condenados adquirieron entre 2003 y 2015 pueden ser embargados.
La resolución subraya la necesidad de cautelar estos bienes en esta segunda etapa de decomiso. El artículo 23 de la ley permite alcanzar personas jurídicas o sociedades beneficiarias del producto del delito, y también activos o participaciones transferidas gratuitamente a terceros.
En relación con los paquetes accionarios, las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde 2017, cuando la justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas o acciones correspondientes a Cristina Kirchner, como heredera y cónyuge, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. Esa cesión no la exime de la ejecución patrimonial derivada de la condena.
Otros bienes embargados
Además del departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, el TOF 2 ordenó embargar un dúplex y cinco cocheras en el Complejo Madero Center, así como otro departamento, dos cocheras y una baulera en el mismo complejo, propiedades que siempre fueron alquiladas por Cristó

28 agosto 2026