“¡Justicia por Ángel!”
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Agmer fue a la Justicia contra el Gobierno por los aumentos “en negro” – El Miércoles Digital
Agmer fue a la Justicia contra el Gobierno por los aumentos “en negro” – El Miércoles Digital
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 del Ejecutivo Provincial por la inclusión de montos en negro en la pauta salarial docente, práctica que está vedada por la Constitución provincial.
La presentación ante el Poder Judicial de la Provincia se realizó con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 500/26 GOB del Poder Ejecutivo Provincial en cuanto al carácter «no remunerativo» de las sumas que dispuso incrementar en concepto de Fopid y Conectividad.Además, se demanda el envío de los fondos que corresponden a OSER y Caja de Jubilaciones en concepto de aportes patronales, como así también se abone a los trabajadores pasivos los montos proporcionales que corresponden por movilidad (82%) de los rubros salariales Fopid y CPC (conectividad).
A través del decreto 500/26 -y luego de que su propuesta salarial fuera rechazada por todos los sindicatos docentes en negociaciones paritarias-, el gobierno provincial fijó de manera unilateral un aumento que incluyó montos en negro para trabajadores activos y jubilados.
Agmer rechazó de inmediato el decreto del gobierno -que “además está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia”- y advirtió que “la inclusión de ‘montos en negro’ es una ilegalidad por contradecir lo establecido por la Constitución provincial”.
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En medio de la suba de la nafta, estaciones de servicio acusan a intendentes de encarecerla con tasas viales e irán a la Justicia
En medio de la suba de la nafta, estaciones de servicio acusan a intendentes de encarecerla con tasas viales e irán a la Justicia
Las estaciones de servicio celebraron la decisión de posponer la suba de los impuestos nacionales a los combustibles prevista para inicios de abril, pero apuntaron contra los intendentes por encarecer la nafta en medio de los recientes aumentos en los surtidores, de más de 20% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.Tras la medida del Gobierno para contener el impacto en los bolsillos y un salto de la inflación, piden que se deroguen las tasas viales que cobran municipios para evitar una mayor caída de las ventas. De este modo se suman a un reclamo que ya venían haciendo los supermercados respecto a distintas tasas municipales. En febrero, antes del estallido del conflicto bélico, la demanda de combustibles bajó 1,68%, según los datos oficiales. Tras las subas de marzo, el mes habría terminado con una nueva caída.Por eso, insisten en que se eliminen estos recargos extra de hasta 4,5% que cobran a la hora de llenar el tanque como un impuesto encubierto e impacta directamente en el precio final que pagan automovilistas y transportistas. Ya preparan nuevas demandas contra los distritos que los aplican, adelantó la Federación de Entidades de Combustibles (FEC).Municipios con la tasa vial más alta
» En %Infografía: Clarín
Del Portal de Transparencia Tributaria Municipal que creó el Ministerio de Economía, de público acceso para comparar tasas y denunciarlas, se desprende que, de las cuatro provincias con municipios que cobran la vial, Neuquén es el distrito con las más altas: ocho cobran hasta 4,5% por litro de nafta. Son Centenario, Cutral Co, Junín de los Andes, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes, Senillosa y Neuquén. En este último se venció el plazo de una ordenanza y buscan evitar que se renueve. En Río Negro, se cobra 4,5% también en Cipoletti.En el otro extremo del país, en Jujuy, se cobra 1,8% en las localidades de San Pedro, San Salvador de Jujuy y Yala; mientras que en Santa Fe baja a 1,6% en Capitán Bermúdez, Funes, Granadero Baigorria y Rosario.En tanto, en la provincia de Buenos Aires, se cobra un rango amplio, de hasta 3% en Colón y General Pueyrredón. Le siguen Azul, Moreno y Pilar, con 2,5%. Por su parte, otros cobran 2%: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Pehuajó, Presidente Perón y Quilmes. Más abajo están Escobar, Hurlingham, La Matanza Las Heras, Marcos Paz, Tigre, con rangos de entre 1,9% y 0,8%.Aunque la mayoría cobra la tasa como un porcentaje, algunos lo hacen con un monto fijo. Entre las más altas están José C. Paz, con $ 30 por litro; Chivilcoy, con $ 12; General Rodríguez, con $ 10; y Junín, con $ 8,5.En cambio, considerando la solicitud del sector, otros municipios decidieron no aplicar la tasa o eliminarla, como Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro y Esteban Echeverría. La nafta ya está gravada por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que es coparticipado, por lo cual el agregado de la tasa vial se convierte en un doble impuesto, supuestamente destinado a financiar el mantenimiento de la red vial local y otras obras de infraestructura, pero que en la práctica actúa como un costo adicional que se traslada a toda la cadena, elevando los precios del transporte y los bienes de consumo.En medio de la pelea con intendentes por la suba de las tasas, en 2024, el Gobierno les exigió a las estaciones de servicio que coloquen una leyenda en las bocas de expendio que informe a los clientes que ese municipio cobra la tasa vial.Asimismo, el Ministerio de Economía denunció a Lomas de Zamora en la Corte Suprema, con el argumento de que prima la supremacía federal, según el artículo 31 de la Constitución Nacional, y de que debe brindar un servicio concreto y efectivo.Días atrás, la Justicia bonaerense declaró ilegítima la tasa vial en Daireaux para productores rurales, ordenando al municipio reliquidar lo cobrado debido a la falta de contraprestación efectiva del servicio. Se comprobó que un alto porcentaje de los fondos recaudados (27,88% en 2023) se desvió a otros fines, incumpliendo el requisito de servicio específico.Al respecto, Isabelino Rodríguez, titular de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), apuntó que “antes estas tasas no existían” y señaló que generan diferencias de precios dentro de una misma provincia. Agregó que, por la suma de gravámenes nacionales, provinciales y municipales, los impuestos representan hasta 64% del precio del litro, lo que presiona la rentabilidad de los estacioneros, además de distorsionar el precio y afectar la competitividad. “Se aplica, en promedio, entre 2% y 3% de tasa vial sobre lo que se carga como una imposición que, mayoritariamente, no tiene una contraprestación”, resaltó.
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Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes
Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes
Al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, comenzaron a transitar una instancia para que se cierre la causa en la que fueron procesados por retención indebida de impuestos y aportes. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante abrió una instancia para que hagan una reparación integral del daño.El planteo fue hecho por la defensa de Toviggino en el escrito que presentó cuando fue indagado. Sostuvo que la ley prevé una reparación y que se puede aplicar en este caso. Cuando el juez Amarante procesó a los dirigentes dispuso en esa resolución comenzar a tratar el planteo.Así, los dirigentes de la AFA buscarán el sobreseimiento de la causa. En el trámite opinarán todos los involucrados. Además de Tovigginio -quien hizo el planteo-, también Tapia, los otros tres dirigentes procesados -Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo-, el fiscal Claudio Navas Rial y ARCA, que es querellante en la causa.Mientras eso se discute, los procesamientos y los embargos siguen vigentes. Lo mismo la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino.La defensa de Toviggino, a cargo de Marcelo Rocchetti, planteó, entre otros argumentos, que la causa se debe cerrar por la aplicación del artículo 59 del Código Penal que establece que un expediente se cierra cuando se dan siete supuestos. Uno de ellos, el sexto, es «por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes».Ese artículo se le aplicó al ex presidente de la Nación Alberto Fernández y a su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, por el caso de la fiesta de Olivos. Hicieron una reparación de tres millones de pesos para el instituto Malbrán y se les cerró la causa.La defensa del tesorero de la AFA plantea que el daño ya está reparado porque la entidad pagó la deuda de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes antes que ARCA presente la denuncia penal. Y abonó con intereses. «Reparación integral que está siendo plenamente satisfecha mediante el sucesivo pago total de las obligaciones adeudadas», planteó.El pedido tendrá una discusión. Es que el régimen penal tributario no prevé la reparación para el delito de aprobación de tributos, que es por el que fueron procesados los dirigentes de la AFA. Sobre eso la defensa sostiene que la nueva ley de inocencia fiscal busca no perseguir las deudas hasta determinados montos.El juez Amarante procesó a los dirigentes de la AFA por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo a pesar que contaba en sus cuentas bancarias con los fondos para hacerlo.»Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento», sostuvo el magistrado.Las indagatorias de los acusados se cumplieron hace tres semanas pero en tribunales todavía resuena lo que una fuente llamó «la pelea por la foto». Fue la intención de algunos de los imputados de no ser fotografiados en tribunales. Todo comenzó con un pedido de Toviggino para que su indagatoria sea por videoconferencia. Planteó que no quería de manera presencial para “evitar una innecesaria exposición” y tener «tranquilidad» para declarar por la presencia de los medios. El pedido fue rechazado y el juez Amarante dispuso un operativo de seguridad especial para las indagatorias para garantizar esa tranquilidad.Las indagatorias comenzaron el 6 de marzo con Lorenzo que llegó y se fue por la entrada principal del edificio de la avenida de los Inmigrantes. El 9 de marzo hizo lo mismo Blanco. Pero todo cambió ese mismo día con Malaspina. El presidente de Argentinos Juniors llegó en auto por el estacionamiento de atrás del edificio, lugar solo reservado para el personal judicial.Cuando desde tribunales consultar por esa situación el personal policial contestó: «Desde la seguridad de la AFA nos dijeron que tenían miedo que vengan hinchas y preferimos que ingrese por allí». No había hinchas ese día, ni los hubo después.La presencia de seguridad de la AFA se repitió en las indagatorias de Tapia y Toviggino. Cuando se presentó el tesorero se dio una situación especial. El abogado Gregorio Dalbón, vocero judicial de la AFA, llegó en auto al estacionamiento del edificio. Allí se lo vio charlando con el personal del lugar.Toviggino llegó por la puerta de enfrente. Pero en la indagatoria pidió salir por atrás para evitar problemas como los empujones que hubo a su ingreso. El juez Amarante lo rechazó y Toviggino se fue como llegó y en una camioneta sin patente.Las indagatorias las cerró Tapia que no hizo ningún planteo. Solo dijo que a su ingreso se generó un tumulto y que había una mujer embarazada. Pero no pidió salir por otra puerta. La pelea por la foto tuvo ganadores y perdedores. -

La Justicia suspendió la aplicación de la esencialidad en el sector docente – El Miércoles Digital
La Justicia suspendió la aplicación de la esencialidad en el sector docente – El Miércoles Digital
El juzgado laboral N° 74 suspendió la declaración de esencialidad para la educación, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga, prevista en la Ley N.º 27.802. El planteo lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero.
La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.
El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.
En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general».
“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.
De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva».
“Desde UDA destacamos la importancia institucional de esta decisión judicial, que preserva el equilibrio del sistema de relaciones laborales y evita que se consoliden restricciones que podrían afectar el núcleo esencial de los derechos colectivos de los trabajadores de la educación”, concluye el comunicado.
El artículo 101 de la Ley de Modernización Laboral reglamenta el derecho de huelga imponiendo servicios mínimos obligatorios (75% y 50%) en actividades consideradas “esenciales” y “trascendentales” de un amplio listado que incluye al transporte, la salud y la educación, entre otras, para evitar la paralización total de los servicios. Ya figuraba en el DNU 70 dictado por Milei apenas asumió su gobierno y luego en el decreto 340, y en ambos casos fueron suspendidos por la Justicia.
En concreto, el primer inciso del artículo, al detallar las actividades que deberán mantener el 75% de la actividad normal en caso de huelga, dice: “El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial”.
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Una vela en homenaje a Ian: San Cristóbal marchó para homenajear y pedir justicia por el chico de 13 años asesinado por otro de 15 en la escuela
Una vela en homenaje a Ian: San Cristóbal marchó para homenajear y pedir justicia por el chico de 13 años asesinado por otro de 15 en la escuela
Cientos de chicos se acercaron junto a sus padres este lunes a la noche a la puerta de la Escuela Mariano Moreno N° 40 de San Cristóbal, en el norte de Santa Fe, donde esta mañana un estudiante de 15 años disparó con una escopeta y mató a otro de 13, a quienes recordaron prendiendo una vela.Los chicos que fueron testigos esta mañana del trágico desenlace continúan en shock. Todo un pueblo llora a Ian Cabrera, un adolescente de 13 años que esperaba ingresar a su clase y que fue sorprendido por otro chico que comenzó a disparar en el medio del patio de la escuela.Minutos antes de las 20 más de 200 personas se acercaron de manera silenciosa a la puerta de la escuela, ubicada sobre la calle Bullo al 1400, a solamente 100 metros del hospital local y de la Plaza San Martín.Aquel fue el punto de reunión donde las familias colocaron una vela en homenaje a Ian. En cuestión de segundos la vereda quedó iluminada de las llamas que cada familia prendió.El silencio invadió la noche cerrada y el calor húmedo que se sintió todo no alivianó. Tras las rejas, en el patio a cielo abierto, quedó la bandera argentina por izar y las docenas de bicicletas de los alumnos que no llegaron a sacarlas cuando intentaron escapar de los disparos.En el patio interno todavía se podía ver la mancha rojiza, a metros del baño de hombres. El colegio quedó en custodia solamente de un patrullero de la Policía santafesina. Unas cintas de peligro no fueron obstáculos para los vecinos que quisieron llegar hasta el lugar.Madres con sus bebés en brazos, chicos y chicas con el uniforme del colegio y abrazos contenedores por parte de los adultos fueron algunas de las postales de una noche silenciosa.“Justicia por Ian”, decía un cartel hecho con una cartulina y que era sostenido por una niña.Además de familias cuyos hijos asisten a la escuela Mariano Moreno, también estuvieron presentes profesores y compañeros de la Categoría 2013 del Club Atlético Independiente de San Cristóbal, en la que Ian jugaba con la camiseta N° 4.“Siempre jugó de 4 con nosotros. Era hincha de River y re buen compañero. Daba todo por el club”, recordó uno de los chicos, mientras que uno de sus compañeros no paraba de llorar.Es que el último sábado había sido titular en el encuentro ante Unión de Sunchales, por la Liga Rafaelina. “Hace dos días estábamos con él y ya no nos va a acompañar más”, se lamentó otro de sus amigos.“Siempre presente en nuestros corazones. Tus amigos del ‘Rojo’”, se leyó en una cartulina que era sostenida por su equipo. En los brazos de uno de sus amigos, la remera del club donde jugó toda su vida, desde infantiles.Ian era “Piraña” para su grupo de amigos. Como compañero de colegio lo describieron como “un chico excelente”.Su testimonio fue interrumpido por el rezo de un Padre Nuestro y un minuto de silencio.Juan, un hombre que vivió toda su vida en San Cristobal, dijo a Clarín que estos hechos “se veían por televisión que pasaban en Estados Unidos, pero se fueron acercando y hoy nos pasó a nosotros”.“Esto nos deja un susto de que la escuela, que es la segunda casa, no es un lugar seguro para nuestros hijos”, expresó, y dejó una advertencia: “Tenemos que cuidar y hablarles mucho a ellos”, y señaló a sus hijos adolescentes.La concentración continuó. Los vecinos seguían llorando. La Plaza San Martín, la principal del lugar donde seguro Ian paseó más de una vez, estaba vacía. Hoy todos sus vecinos, amigos y conocidos le rindieron un emotivo homenaje.San Cristóbal, Santa Fe. Enviado especial -

Equidad en agenda: del discurso a la acción, el desafío que atraviesa a la justicia, la política y las empresas
Equidad en agenda: del discurso a la acción, el desafío que atraviesa a la justicia, la política y las empresas
La equidad de género dejó de ser solo una consigna para convertirse en un terreno de disputa concreta dentro de las instituciones. Con ese diagnóstico como punto de partida, referentes de la justicia, la política y el sector empresarial se reunieron en Buenos Aires para debatir cómo traducir los avances normativos en transformaciones reales.El encuentro fue organizado por la Association Avocats Franco-Argentins (Asociación de Abogados Franco-Argentinos), junto a la Embajada de Francia en Argentina, en el marco del Mes de la Mujer y bajo el lema «Mujeres que hacen historia». Tuvo una señal clara: el foco ya no está puesto en ampliar derechos, sino en garantizar su aplicación efectiva en la vida cotidiana. Lo destacaron la empresaria Isela Costantini, la jueza Marcela De Langhe y la legisladora porteña Pilar Ramírez.La apertura estuvo a cargo del presidente de la Asociación, Julio Mariano Raffaghello, quien marcó el tono institucional del evento al destacar la importancia de generar articulación entre distintos sectores.“Estos espacios no solo permiten el intercambio de ideas, sino que constituyen verdaderas plataformas de transformación estructural”, afirmó. En esa línea, subrayó que el liderazgo femenino debe ocupar un lugar central en la construcción de sociedades “más justas, modernas y sostenibles”, en estrecha relación con el fortalecimiento de los valores democráticos.El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, aportó una perspectiva internacional al destacar el compromiso de su país con la igualdad de género. “Promover la igualdad entre mujeres y hombres no es solamente un objetivo social, es una verdadera exigencia de justicia”, sostuvo.El diplomático advirtió que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, “persisten brechas estructurales que requieren acciones sostenidas”, y remarcó que “una sociedad más igualitaria es también una sociedad más fuerte, innovadora y equilibrada”.La jornada se estructuró en torno a tres ejes -justicia, empresa y política- abordados por mujeres con roles clave en cada ámbito, cuyas exposiciones convergieron en un diagnóstico compartido: la equidad no se alcanza solo con normas, sino con decisiones, compromiso y acción.Desde el ámbito judicial, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcela De Langhe, ofreció una de las intervenciones más conceptuales, centrada en el vínculo entre derecho, justicia y equidad.“La igualdad jurídica formal no trae aparejada, necesariamente, igualdad sustancial”, afirmó, al advertir que las desigualdades reales siguen impactando de manera concreta en distintos sectores de la sociedad. En ese sentido, señaló que “el problema de nuestro tiempo ya no pasa solo por el reconocimiento abstracto de derechos, sino por su realización efectiva en la vida social”.De Langhe también puso el foco en el rol del Poder Judicial, al sostener que “aplicar la ley para resolver un caso concreto está lejos de ser una operación automática o mecánica”. Sin embargo, advirtió sobre los límites de esa tarea: “La interpretación no autoriza la discrecionalidad”.Finalmente, la jueza sintetizó el desafío actual con una definición contundente: “El gran desafío de la sociedad contemporánea consiste no ya en ampliar el reconocimiento formal de derechos y libertades, sino en garantizar la efectiva vigencia de los derechos ya reconocidos”.Desde el sector empresarial, Isela Costantini centró su exposición en el liderazgo como herramienta de transformación dentro de las organizaciones. Allí planteó una tensión persistente entre el reconocimiento simbólico de ciertos valores y la realidad de acceso a espacios de poder.“Históricamente, las mujeres han sido asociadas a valores como la justicia y la libertad, pero ese reconocimiento no siempre se tradujo en participación efectiva en los espacios de decisión”, señaló. Frente a este escenario, propuso avanzar hacia liderazgos más conscientes y auténticos.Costantini también identificó barreras que aún condicionan el desarrollo profesional de las mujeres: “Factores como la autopercepción y la confianza siguen influyendo en el acceso a posiciones de liderazgo”. En contrapartida, destacó que las organizaciones actuales demandan cada vez más habilidades vinculadas a “la empatía, la escucha y el trabajo en equipo”.La legisladora porteña Pilar Ramírez (La Libertad Avanza) abordó el liderazgo desde una perspectiva política y cultural, poniendo el eje en la libertad como condición indispensable para la equidad. «Defender la libertad implica garantizar que cada mujer pueda elegir su propio camino sin imposiciones externas”, sostuvo. Y agregó: “La libertad solo es real cuando se ejerce plenamente”.Ramírez resaltó el valor del coraje como motor del liderazgo: “Se necesita valentía para tomar decisiones auténticas y cuestionar modelos preestablecidos”. En esa línea, planteó que el liderazgo debe construirse “desde la identidad, la coherencia y la convicción, más que desde la competencia”.La legisladora vinculó este enfoque con un cambio cultural en marcha, impulsado por nuevas generaciones: “La transformación social surge del compromiso activo de las personas, capaces de asumir sus decisiones con responsabilidad y determinación”.Espacio de encuentro e intercambioMás allá de las exposiciones, la jornada se consolidó como un espacio de encuentro e intercambio entre los participantes. El diálogo continuó en un entorno distendido, acompañado por una intervención musical en vivo de la violinista Ayelén Zenteno, que aportó una dimensión artística al cierre.El evento dejó una conclusión, entre los participantes, que coincidieron en plantear que la equidad de género no es un objetivo abstracto ni una meta declarativa, sino una construcción colectiva que requiere del compromiso activo y sostenido de todos los sectores.La iniciativa impulsada por la Asociación de Abogados Franco-Argentinos reafirmó la importancia de generar espacios donde el pensamiento, la acción y el encuentro se integren en una misma agenda, la de construir una sociedad más justa, equitativa y consciente de sus derechos. -

La justicia aceptó la medida cautelar de la CGT y suspendió casi toda la ley de reforma laboral
La justicia aceptó la medida cautelar de la CGT y suspendió casi toda la ley de reforma laboral
El juez del fuero laboral Raúl Horacio Ojeda avaló el reclamo de la CGT en contra de la Ley Laboral, suspendiendo la aplicación de un extenso conjunto de artículos. Son 82 de todos los que constituyen uno de los logros en el Congreso más celebrado por el gobierno libertario.”Para disipar temores, el peligro en la demora» que veo configurado en la causa es de modo superlativo, previéndose que en caso de no admitirse la cautela intentada, la ejecución de la potencial sentencia de condena pudiese tornarse ineficaz o bien de imposible cumplimiento, generando daños irreparables”, resolvió el magistrado en la resolución a la que accedió Clarín.En parte de sus considerandos, el juez entendió que los argumentos esgrimidos por la CGT en la acción de amparo inicial interpuesta en contra de los cambios más sustanciales de la Ley Laboral, “la demandada que sostiene que recién en la definitiva debería adoptarse algún temperamento, razono que es en modo inmediato que debe producirse la suspensión de los efectos de las normas atacadas, para que no se produzca un consumo de derecho que afecten de modo grave a las personas y a las instituciones involucradas”.A modo de ejemplo expone la resolución: y sin que implique emitir opinión, “¿Qué ocurriría si se pusiera en marcha el complejo entramado del F.A.L. (Fondo de Asistencia Laboral) y luego fuera declarado inconstitucional? ¿Y si se pusiera en marcha el sistema de deshomologación de CCT, como ocurrió con la fallida experiencia de la ley 25.250?”En primer lugar, el juez entendió que estaban los fundamentos jurídicos exigidos para atender el reclamo de la CGT y suspender la aplicación de 82 artículos de la Ley Laboral promulgada por el Gobierno el 6 de marzo.Al respecto, señaló: “En este caso se cumplen en el caso los tres requisitos básicos: estado de incertidumbre actual sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica concreta, puede producir perjuicio o lesión inmediata en el accionante (y en sus representados, al tratarse de regulaciones inherentes a las relaciones individuales y colectivas del trabajo), y no existe otro modo legal idóneo para poner remedio inmediatamente a esa incertidumbre”.En base a esa explicación inicial desde el juzgado entendieron que la Confederación General del Trabajo “posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados”, que son cerca de 82, “tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República Argentina”.Entre las conclusiones de su resolución, el juez Ojeda explicitó cinco aspectos en los que funda su decisión de hacer lugar a la medida cautelar. Primero, entiende que se acredita que el cumplimiento de la norma “ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior: juzgo suficiente la descripción sumaria efectuada en la demanda de las cuestiones de puro derecho que se juzgan”.Para el magistrado, los tiempos de presentación de la judicialización de la Ley Laboral “son acordes”.Otro de los aspectos señalados por Ojeda expone “la verosimilitud del derecho invocado: encuentro reunida a primera vista una verosimilitud de derecho calificada, en el control de constitucionalidad y convencionalidad que propuso la actora, amen de aguardar los mayores argumentos que expondrá la demandada en el traslado del art. 8 de la ley 26.854”.La verosimilitud de la ilegitimidad, “por existir indicios serios y graves al respecto”, es el tercer argumento que funda el fallo del magistrado del fuero Contencioso Administrativo. Allí se detallaron: “los indicios serios fueron enunciados con economía y sencillez al describir las objeciones encontradas en las normas atacadas, una por una. Es un análisis preliminar, propio de la etapa cautelar, mas aun así es suficiente para encuadrarlos en tal calificación”.También se ponderó como válida la “no afectación del interés público: al respecto me remito al dictamen del señor Fiscal, quien tomó intervención en resguardo del interés público. Agrego a su profundo dictamen que la declaración de certeza que surgirá de este juicio, aportará seguridad jurídica a sus destinatarios, evitando la multiplicidad de conflictos que la doctrina especializada avizora y por lo tanto será una contribución al principio de justicia social enmarcado en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, cuando promueve el bienestar general”.Finalmente, se añadió que la suspensión es necesaria para evitar que se “produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles”. Al explayarse en este punto, el magistrado dijo que “una suspensión provisoria evitará mayores daños que los que provocaría, y evitará efectos jurídicos muy gravosos e irreversibles, en la hipótesis de aguardar los tiempos de las inhibitorias que plantea la demandada en otro Fuero y de una sentencia definitiva”.Explica en este sentido que como toda resolución atinente a una medida cautelar “siempre reviste el carácter de meramente provisional, y esa calidad habilita a quien dicta una resolución, a ponderar en todo tiempo, y ante nuevos requerimientos, todas aquellas facetas que, no conocidas anteriormente alteren en forma trascendente el cuadro, ya sea fáctico o bien jurídico tenido en consideración en pretéritas oportunidades”.
