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  • El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El oficialismo se prepara para tratar la ley de lobby y el Super Rigi

    El Gobierno formalizó este martes el ingreso del proyecto de ley destinado a regular la actividad de los lobistas, con el objetivo de transparentar las negociaciones que empresas e intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para obtener mejores condiciones de contratación o intervenir en la redacción de leyes.

    La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue remitida a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, ambas bajo control oficialista.
    El oficialismo prevé comenzar la próxima semana el tratamiento en comisión de este proyecto, que establece los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas en el ámbito del Gobierno y el Congreso, con el fin de garantizar su publicidad y transparencia.
    La propuesta crea el Registro Público de Gestores de Intereses, en el que deberán inscribirse las personas o empresas que realicen estas gestiones. Asimismo, se instituye un Registro Público de Gestión de Intereses, que detallará las negociaciones relacionadas con la elaboración de leyes, políticas públicas, contratación pública, concesiones, permisos y autorizaciones, entre otros aspectos.
    El texto dispone que la información contenida en ambos registros será de carácter público y se publicará en formato digital, accesible y gratuito. Los reportes trimestrales presentados por los gestores deberán hacerse públicos dentro de los diez días hábiles siguientes a su entrega a la autoridad de aplicación, la cual será designada por el Poder Ejecutivo, mientras que en el Congreso esta función corresponderá a las secretarías administrativas respectivas.
    El proyecto también establece que los exfuncionarios no podrán actuar como gestores ante el organismo donde se desempeñaron ni en asuntos en los que hayan intervenido durante un período de dos años desde su egreso.
    Además, incluye un capítulo específico para las empresas extranjeras, señalando que los gestores que las representen deberán presentar una declaración ante el Registro Público de Gestores de Intereses. La omisión, falsedad o reticencia en dicha declaración será considerada una infracción grave.
    Por otra parte, en Diputados se presentó el proyecto denominado Super Rigi, que establece una base de inversión de 1.000 millones de dólares bajo un régimen integral de incentivos, seguridad jurídica y estabilidad normativa, orientado a atraer proyectos de gran escala dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
    Este régimen fija un plazo de cinco años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por un año adicional, y exige la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU). Además, establece el compromiso de invertir al menos el 20 % del monto base durante los dos primeros años desde la adhesión.

  • Cómo es la Ley de Lobby que impulsa Milei y que toma como referencia el modelo de Estados Unidos

    Cómo es la Ley de Lobby que impulsa Milei y que toma como referencia el modelo de Estados Unidos

    Cómo es la Ley de Lobby que impulsa Milei y que toma como referencia el modelo de Estados Unidos

    Este martes, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de cuatro proyectos para su tratamiento. Además del «Súper RIGI», la Ley de Ludopatía y la iniciativa para eliminar los sellos negros en los alimentos, se presentó la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby. Este proyecto apunta a regular la actividad de lobbying en Argentina y, según el Gobierno, busca fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades.

    El texto define el lobby como el mecanismo mediante el cual distintos actores sociales y corporativos intentan influir en las autoridades políticas y legislativas, con el objetivo de intervenir en la creación, modificación o derogación de normativas que impacten directamente en sus sectores.
    Según el documento enviado a la Cámara de Diputados, el proyecto tiene como propósito “establecer los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas” en los ámbitos del Poder Ejecutivo y Legislativo, abarcando la elaboración de leyes, políticas públicas, contrataciones y designaciones.
    El escrito, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro del Interior Diego Sanitilli, señala que “este proyecto es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
    Para ello, se propone la creación de dos registros públicos: el Registro Público de Gestores de Intereses y el Registro Público de Gestión de Intereses. El primero tendrá como objetivo identificar y habilitar obligatoriamente a todas las personas físicas o jurídicas que realicen gestiones de intereses ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. El segundo registro dejará constancia de los contactos específicos que mantengan los funcionarios públicos con estos gestores en el ejercicio de sus funciones.
    Los gestores estarán obligados a presentar reportes trimestrales sobre sus actividades. Además, el proyecto establece un especial control sobre la intervención de intereses extranjeros: aquellos que representen a gobiernos o partidos políticos de otros países deberán declararlo expresamente.
    En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla medidas administrativas y penales ante incumplimientos. Para los gestores, las multas pueden ir desde el pago equivalente a cinco salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para operar en Argentina. Las sanciones penales prevén penas de prisión de entre seis meses y tres años.
    En el caso de los funcionarios públicos, la falta de registración y publicidad de sus gestiones se considera una gravedad institucional que puede derivar en mecanismos de remoción o juicio político, además de posibles imputaciones por delitos como cohecho.
    El proyecto argentino toma como referencia la legislación estadounidense sobre lobby, en particular la Lobbying Disclosure Act de 1995 y su reforma, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. Al igual que en EE. UU., la iniciativa argentina exige informes trimestrales a través de una plataforma digital para garantizar la trazabilidad de los contactos.
    Mientras que la ley estadounidense originalmente sólo preveía multas civiles, la reforma de 2007 incorporó sanciones penales de hasta cinco años de prisión por incumplimientos corruptos y multiplicó las multas civiles hasta 100.000 dólares. Además, en EE.UU. se exige identificar a los miembros de coaliciones o asociaciones que aporten más de 500 dólares trimestrales a un funcionario, una lógica similar a la del proyecto argentino, que requiere la identificación del beneficiario final y de todos los representados para evitar ocultamientos mediante grupos de fachada.
    Sin embargo, existen diferencias importantes. En Argentina, la gestión de intereses se regula de modo amplio, incluyendo actividades onerosas y gratuitas, con o sin fines de lucro, mientras que la normativa estadounidense se centra principalmente en el lobby remunerado. Asimismo, la inscripción en el registro será previa y obligatoria para iniciar cualquier gestión en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, donde se permite registrar hasta 45 días después del primer contacto o contratación.
    Otros países que cuentan con normativas similares son Francia, Canadá y Chile.
    El texto del proyecto destaca que la ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado espacios de opacidad que “afectan la confianza en el funcionamiento del Estado nacional y en la equidad de los procesos decisorios”.
    En este contexto, la confianza en la gestión de Milei resulta un aspecto crítico. La última edición del Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y publicada el lunes, muestra que el nivel de confianza se encuentra en 1,99 puntos sobre una escala de 0 a 5. Esto implica una caída del 1,6% respecto a abril y representa el quinto mes consecutivo de descenso. Además, el promedio de la gestión actual bajó a 2,41 puntos, marcando su nivel más bajo hasta la fecha.

  • Los intendentes de Kicillof presionan a La Cámpora con la reelección indefinida: «Si el año que vienen quieren ganar, hay que modificar la ley»

    Los intendentes de Kicillof presionan a La Cámpora con la reelección indefinida: «Si el año que vienen quieren ganar, hay que modificar la ley»

    Los intendentes de Kicillof presionan a La Cámpora con la reelección indefinida: «Si el año que vienen quieren ganar, hay que modificar la ley»

    Entre las discusiones abiertas en el peronismo de cara al próximo proceso electoral, la habilitación de las reelecciones indefinidas para los intendentes bonaerenses vuelve a ser motivo de disputas y negociaciones entre el sector liderado por Axel Kicillof y La Cámpora. Tras el fallido intento de eliminar el límite a nuevos mandatos el año pasado, los jefes comunales alineados con el gobernador presionan para modificar la legislación y alertan que este cambio será determinante no solo en los municipios, sino también en las candidaturas a presidente y gobernador.

    “Si el año que viene quieren ganar, hay que modificar la ley. No es lo mismo una boleta con un intendente que lleva dos o más mandatos que con un candidato desconocido. Eso representa una diferencia de 10 puntos”, advirtió a Clarín el jefe comunal de un distrito importante de la Tercera Sección. Otro referente del conurbano, también vinculado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por Kicillof, coincidió: “La diferencia oscila entre 7 y 10 puntos, un porcentaje clave en cualquier caso”.
    Desde la ruptura entre Cristina Kirchner y Kicillof, el debate se encuentra cruzado por desconfianzas y recelos mutuos. La ex presidenta había previsto para 2025 primero la reforma de la ley para levantar el límite a las reelecciones para legisladores y concejales (antes de las elecciones de septiembre), y luego, en noviembre, el cambio de la normativa para los intendentes. Su argumento fue evitar que la modificación simultánea de todos los cargos, a poco de iniciarse la campaña, perjudique los comicios.
    Cristina Kirchner acordó esta hoja de ruta, antes de su detención, en una reunión con intendentes de ambos sectores en el Instituto Patria. Sin embargo, la puja por el desdoblamiento dispuesto por Kicillof para las elecciones provinciales y la profundización del conflicto interno frustraron esos planes. No hubo ninguna reforma y 22 legisladores junto con decenas de concejales no pudieron presentarse. De mantenerse sin modificaciones la ley 15.315, el año próximo habrá 82 jefes comunales impedidos de postularse.
    ### La oposición de Máximo Kirchner y Sergio Massa
    Máximo Kirchner no se opone a las reelecciones, pero los legisladores de La Cámpora buscarán discutir eventuales cambios electorales de manera conjunta, incluyendo el cronograma para 2027. Gran parte de esta decisión dependerá de si se mantienen o no las primarias nacionales. Además, existen distintas posturas según las especulaciones para la categoría presidencial; a Kicillof le convendría unificar las elecciones, aunque en su entorno algunos creen que un posible triunfo anticipado sería un impulso para sus aspiraciones.
    Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados bonaerense se conformarán las comisiones de Reforma Política, aunque aún no se definió el inicio del tratamiento. “Todos los sectores del peronismo coinciden en que no tiene sentido el límite a la reelección, aunque digan otra cosa. Pero hoy no está en la agenda. Siempre se habla del tema, veremos el momento más oportuno”, indicó un referente parlamentario cercano a Kicillof.
    Además de la postura de La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa también se opone a los cambios, habiendo respaldado el límite durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Sin embargo, intendentes del peronismo consideran que ese obstáculo podría superarse mediante una negociación política. De los 82 jefes comunales que no podrán presentarse, 53 son del peronismo (12 pertenecientes al Frente Renovador), 17 radicales, cinco libertarios, cuatro vecinalistas y tres macristas.
    Dentro del peronismo, la mayoría integra el MDF vinculado a Kicillof, que desconfía de La Cámpora para aprobar la habilitación de nuevas reelecciones. Más allá de la Legislatura, las disputas internas también incluyen la definición de candidaturas para la gobernación bonaerense. Por el lado del gobernador se postulan los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza) y el ministro Gabriel Katopodis. En representación del cristinismo figuran Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora) e incluso Máximo Kirchner, quien no descarta competir.
    Los bloques opositores impulsan otras reformas electorales, como la implementación de la boleta única de papel y la aprobación del proyecto de Ficha Limpia. “El año pasado perdimos cinco puntos por eso”, rechazó un intendente que se opone a abandonar el sistema tradicional de boletas. Para eliminar el límite a las reelecciones, algunos sectores también estudian la vía judicial, presentando un recurso ante la Suprema Corte bonaerense. No obstante, otros dudan del éxito de esta estrategia y prefieren presionar para llegar a un acuerdo político que garantice la sanción de una nueva norma con los votos legislativos.

  • Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

    Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

    Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

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    La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que modifica la ley de Zonas Frías, la cual otorga subsidios al gas en regiones de bajas temperaturas. La iniciativa fue aprobada con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, dando así un paso clave para derogar la ampliación impulsada por Máximo Kirchner en 2021.

    Ahora, el proyecto será enviado al Senado, donde el bloque La Libertad Avanza buscará convertirlo en ley para restablecer el estado previo del beneficio en la Patagonia, la Puna y Malargüe, además de proponer descuentos condicionados en otras regiones. Actualmente, la ley vigente también contempla subsidios para municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo.
    La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento Identity Democratic (MID). Por su parte, Unión por la Patria rechazó ampliamente la iniciativa, al igual que los cuatro diputados de la izquierda.
    Los tres integrantes del bloque Independencia, que responden al tucumano Jaldo, votaron a favor, al igual que casi todo el bloque Innovación Federal —con solo dos excepciones—; en tanto, Provincias Unidas se mostró dividido. Los tres diputados de Elijo Catamarca optaron por abstenerse. Antes de la votación, se había especulado con un posible acompañamiento de bancadas provinciales, tras la promesa oficialista de otorgar beneficios para zonas cálidas en el NEA y NOA.
    A continuación, el detalle individual de cómo votaron los diputados los cambios a la Ley de Zonas Frías.

  • 203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción

    203 días de incumplimiento de la Ley: masiva marcha universitaria en defensa de la educación pública en Concepción
    Una multitud de estudiantes, trabajadores, docentes, nodocentes y gente de a pie participó de la 4° Marcha Federal Universitaria que se realizó en Concepción del Uruguay y en todo el país, reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue sancionada por el Congreso hace siete meses, pero que el Ejecutivo se resiste a aplicar.0Encabezados por el gran cartel de la Mesa Universitaria local, las consignas de UNER, UADER y UTN se entremezclaban en la columna de marchantes, apenas inferior a aquella primera e histórica marcha. Además, contó con el apoyo de diferentes gremios y agrupaciones de izquierda, la CGT, AGMER, ATE y CTA, exigiendo la recomposición salarial para docentes y no docentes, y la aplicación del presupuesto para el funcionamiento de las universidades. Se reivindicó la educación pública, gratuita y federal, a la que la dura política implementada desde el gobierno nacional expulsa cualquier esperanza, destrozando sueños y futuros de cientos de gurises a lo largo de todo el país.De acuerdo con medios capitalinos más cercanos al poder, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que “el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto”. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que, en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes, fue considerada “una bicoca”.Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6 %: en ese período la inflación fue del 293 %, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160 %.De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6 %, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12 % en tres cuotas, con la última recién en septiembre.
    CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

    Concepción del Uruguay, martes 12 de mayo de 2026
    El 21 de agosto de 2025 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, coronando en el terreno legislativo un largo y sostenido proceso de diálogo y búsqueda de consensos para lograr una norma que contribuya a mitigar el dramático escenario que atraviesan actualmente las universidades nacionales. Aquella conquista, claro está, no habría sido posible sin la fuerza arrolladora de las comunidades universitarias que, junto a la sociedad argentina, salieron masivamente a las calles en todo el país durante las históricas marchas federales del 23 de abril y el 2 de octubre de 2024.
    Tal y como había ocurrido con el primer proyecto, el Poder Ejecutivo volvió a vetar la ley de manera infame y esgrimiendo una vez más argumentos falaces, los cuales no hacían más que dejar en evidencia el desprecio manifiesto del gobierno por la educación pública. Sin embargo, gracias a la imponente muestra de apoyo expresada en la tercera marcha federal del 17 de septiembre de 2025, en esta oportunidad logramos que las y los legisladores de ambas cámaras insistan con la ley, alcanzando la mayoría especial necesaria para rechazar el veto presidencial. Fue entonces que el gobierno redobló su apuesta y suspendió la Ley de Financiamiento Universitario, por decreto y en forma unilateral, burlándose nuevamente de las instituciones republicanas.
    Al día de hoy, y con una medida cautelar que ordenaba la inmediata ejecución de los artículos más importantes de la ley, aquellos relacionados con los salarios y las becas, el gobierno de Javier Milei lleva exactamente 203 días incumpliendo una ley de la nación, violentando el estado de derecho y negando la voluntad popular. Incluso ayer mismo, mientras preparábamos esta movilización, nos enteramos de que el Poder Ejecutivo volvió a aplicar un recorte presupuestario sobre la educación y el sistema universitario.
    Desde que asumió la presidencia, no ha dejado de profundizar su feroz plan de ajuste, vaciamiento y ataque sistemático contra la educación pública, la ciencia, la tecnología y el conjunto de las instituciones estatales abocadas a garantizar derechos para las grandes mayorías. Hoy volvemos a señalar que el conflicto se agrava más y más con cada día que transcurre sin que se cumpla la ley. La situación presupuestaria de las universidades públicas es dramática y la realidad material de sus trabajadores se ha tornado desesperante. Desde diciembre de 2023, el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una reducción cercana al 45% y los gastos de funcionamiento cayeron más de un 57%, mientras que el poder adquisitivo de las y los trabajadores docentes y no docentes acumula una pérdida real en torno al 43%, llevando los salarios universitarios a uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
    Debemos decirlo sin eufemismos ni rodeos: hoy la enorme mayoría de quienes sostenemos diariamente las universidades públicas, y tenemos además la responsabilidad de formar a cientos de miles de profesionales para el país, debemos subsistir con salarios por debajo de la línea pobreza, cuando no directamente de indigencia. Esta realidad no sólo menoscaba nuestras condiciones materiales de existencia: también expulsa a miles de docentes e investigadores de las universidades, multiplica la sobrecarga y el pluriempleo, afecta nuestra salud mental y contribuye a deteriorar aún más el derecho social a la educación.
    Asistimos también al desmantelamiento de políticas fundamentales para garantizar el acceso y la permanencia estudiantil. Mientras se recortaron cientos de miles de becas, el monto permanece congelado desde hace más de un año en cifras absolutamente insuficientes frente al creciente costo de vida. En un contexto social cada vez más desigual, miles de jóvenes ven amenazada la posibilidad concreta de continuar estudiando, problema que se ve agravado por los recortes en el transporte público y su impacto sobre el boleto estudiantil, imprescindible para que los sectores más vulnerables puedan trasladarse diariamente a las instituciones educativas.
    Pero hoy estamos defendiendo mucho más que salarios, becas y partidas presupuestarias. Nuestra pelea también es por el presente y futuro de un sistema universitario que es emblema de la Argentina en todo el mundo, que conjuga la excelencia académica con la inclusión social y que a lo largo de nuestra historia se ha consolidado como una poderosa herramienta de movilidad social ascendente, la cual permite a los hijos e hijas de la clase trabajadora formarse y obtener un título sin importar su origen. Por eso, esta pelea excede largamente a la comunidad universitaria, porque la crisis del sistema educativo repercute sobre toda la sociedad, afecta la producción, debilita la soberanía nacional y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y cultural de nuestra patria.
    Todo esto ocurre mientras el gobierno pretende instalar discursos de odio, desprestigio y persecución contra las universidades. Mienten cuando intentan acusar a nuestras instituciones de adoctrinamiento y cuando hablan de privilegios, buscando de este modo enfrentar a la sociedad con instituciones que son verdaderos espacios democráticos y plurales en los que conviven a diario diversas ideas y concepciones. La universidad pública enseña, investiga y genera lazos de cooperación con la comunidad; desarrolla vacunas y satélites, analiza y protege el vasto ambiente natural; estudia y comprende las relaciones sociales y culturales de la población; aporta a la economía y al desarrollo productivo; forma a trabajadoras y trabajadores calificados que educan a nuestros gurises en las escuelas y nos brindan atención en los hospitales; construyen puentes, puertos y viviendas; democratizan a diario la información y el conocimiento.
    Desde Concepción del Uruguay, ciudad universitaria y polo educativo de referencia para toda la región, denunciamos también la absoluta complicidad del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio, cuyas políticas de ajuste y empobrecimiento hacia la clase trabajadora se expresan cada vez con más crudeza sobre la educación pública. Hoy la universidad provincial y sus trabajadores viven en un estado de precariedad edilicia, presupuestaria y salarial verdaderamente agobiante, albergando a miles de estudiantes que llevan años exigiendo edificios propios para cursar sus carreras, así como docentes y no docentes que deben ejercer su tarea bajo condiciones inadmisibles de precariedad laboral e incertidumbre económica. Todo ello es responsabilidad de un gobierno provincial enfermo, aliado incondicional del gobierno nacional en su plan de destrucción del Estado que es patrimonio de todos y todas.
    Nuestra ciudad sabe muy bien lo que representa la educación pública. Lo sabe porque sus aulas recibieron históricamente a generaciones de jóvenes de toda la región, porque gran parte de su identidad cultural, social y económica está profundamente ligada a la presencia de las universidades y de las instituciones educativas. Y lo sabe también porque cada familia trabajadora entiende que sin educación pública el futuro se vuelve un privilegio reservado para unos pocos. ¡Por eso hoy también están presentes numerosas familias, vecinas y vecinos que vinieron hasta acá para defender sus derechos!
    Marchamos junto a otros sectores que también sufren las consecuencias de este modelo de ajuste, hambre, entrega y exclusión. Marchamos junto a las y los jubilados que deben elegir entre comer o comprar medicamentos, junto a las personas con discapacidad cuyos derechos son vulnerados, junto a quienes sostienen y defienden el sistema de salud, la ciencia nacional, los medios públicos, la cultura, el trabajo y la producción argentina. Marchamos junto a las y los trabajadores despedidos del Estado nacional, el CONICET, el INTI, el INTA, el SENASA, el Servicio Meteorológico Nacional y de tantos organismos estratégicos para nuestro país. Lo hacemos también junto a docentes de todos los niveles educativos, porque desde el primer momento esta lucha ha sido por la educación en su más amplia extensión, desde el jardín hasta la universidad. Y marchamos junto a pequeños productores, cooperativistas, monotributistas, trabajadores informales y pequeños comerciantes que padecen las consecuencias devastadoras de un modelo económico que destruye empleo, producción y soberanía. Del mismo modo, volvemos a denunciar las consecuencias de una reforma laboral que profundiza la precariedad y facilita los despidos, acumulando cientos de miles de trabajadores del sector privado que han perdido su empleo, trabajadores cuyos hijos e hijas también forman parte de la apuesta por la educación y la universidad pública.
    Porque la lucha es una sola y la unidad es nuestra mejor defensa para resistir el embate de aquellos que nos quieren humillados, silenciados y subordinados a los intereses del gran capital explotador y extranjerizante.
    Defender la universidad pública es defender también un proyecto de país con justicia social, igualdad, libertad y democracia; es decirle no a la resignación, al individualismo y a la crueldad como política de Estado.
    Por todo esto, hoy volvemos a alzar nuestras voces en un grito unificado, con convicción y con esperanza:

    Por el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
    Por salarios que permitan a las y los trabajadores docentes y no docentes universitarios salir de la pobreza.
    Por un presupuesto acorde sostener las funciones de docencia, investigación y extensión.
    Por la urgente actualización y ampliación de las becas estudiantiles y el acceso pleno al boleto estudiantil.
    Por la promoción de la ciencia, la tecnología y la soberanía nacional.
    Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles, desde el jardín hasta la universidad.
    Por el respeto a las instituciones democráticas y al mandato popular.
    Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la exclusión y los discursos de odio.
    Por una universidad pública, gratuita, científica, democrática, inclusiva, feminista, crítica y popular, siempre al servicio del pueblo argentino.

    Porque los destinos de la universidad pública están estrechamente ligados con los intereses de nuestro pueblo, hoy el pueblo vuelve a salir a la calle para defenderla y gritar fuerte:
    ¡UNIVERSIDAD PÚBLICA, SIEMPRE!
    MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

    Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDU
    Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMER
    Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNER
    Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTN
    Asociación de Trabajadores del Estado | ATE
    Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | FAGDUT
    Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales | CEFHAyCS
    Sindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional | SIDUT

    Fotos y video gentileza UTN

  • Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    El debate tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados donde 137 legisladores votaron a favor, 111 en contra y solo 3 se abstuvieron.
    La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.
    Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
    Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.
    La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.
    Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.
    Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.
    En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.
    Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
    Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares
    Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
    Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”.
    Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
    Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
    Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley.
    Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°.
    En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
    Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
    Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
    Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.Fuente:Infobae.

     
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  • Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    Ley de Glaciares: así votaron los entrerrianos – El Miércoles Digital

    La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones: cinco entrerrianos acompañaron la polémica iniciativa: Shneider (UCR), Fregonese (PRO), Morchio (La Libertad Avanza), Benedit (La Libertad Avanza) y Laumann (La Libertad Avanza), mientras que los cuatro de Unión por la Patria la rechazaron: Bordet, Marclay, Michel y Osuna lo hicieron en contra.
     
    En una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
    La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, introduce cambios en los criterios de protección ambiental con el objetivo de habilitar mayores posibilidades de desarrollo productivo, especialmente en el sector minero.
    En ese marco, los nueve representantes de Entre Ríos en la Cámara Baja exhibieron una postura dividida, con una clara alineación según los bloques políticos.
    Por un lado, acompañaron el proyecto Beltrán Benedit, Alicia Fregonese, Andrés Ariel Laumann, Francisco Morchio y Darío Schneider, en sintonía con el oficialismo nacional y sus aliados.
    En tanto, votaron en contra Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna, quienes integran el bloque Unión por la Patria.
    De este modo, la mayoría de los legisladores entrerrianos respaldó la reforma impulsada por el Gobierno nacional, mientras que el peronismo provincial se mantuvo unido en el rechazo.
    La nueva normativa modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, e introduce una redefinición de las áreas protegidas al limitar la cobertura a glaciares y zonas periglaciares que presenten una “función hídrica comprobada o relevante”.
    Este cambio habilita potencialmente actividades en sectores que anteriormente estaban alcanzados por mayores restricciones.
    Desde el Ejecutivo nacional sostienen que los cambios apuntan a brindar mayor seguridad jurídica, evitar interpretaciones discrecionales de la ley y fomentar inversiones, particularmente en el sector minero. Sin embargo, la iniciativa generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible retroceso en materia de protección de recursos estratégicos como el agua.

     
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  • Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para los cuerpos de hielo y del ambiente periglaciar en la Argentina. El cambio fue impulsado por el Gobierno y reclamado por gobernadores de provincias con interés en el desarrollo minero, y reabre la discusión sobre el equilibrio entre protección ambiental, manejo del agua e inversiones.La votación terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y aprobó una modificación de la ley 26.639 que redefine las áreas protegidas y las zonas habilitadas para la explotación minera.Qué es la Ley de GlaciaresLa Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010 como ley 26.639, fijó presupuestos para preservar glaciares y ambiente periglaciar. La norma fue creada para proteger esas áreas por su importancia para el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.Las 8 claves de la reforma1. Qué se aprobó en DiputadosDiputados aprobó la reforma de la ley 26.639, que ya tenía media sanción del Senado. El oficialismo consiguió sacar adelante el cambio con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.Hubo protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares durante el tratamiento en el Congreso.2. La protección deja de ser tan amplia como en la ley originalEl cambio central es que la protección estricta deja de abarcar de manera amplia a glaciares y ambiente periglaciar y pasa a concentrarse en aquellas formaciones que tengan una función hídrica efectiva y en zonas con suelos congelados que funcionen como reguladores hídricos comprobables.3. Las provincias ganan más poderUno de los puntos centrales de la reforma es que los gobernadores tendrán la facultad para determinar si las zonas destinadas a la explotación minera aportan al recurso hídrico. Ese cambio fue reclamado por provincias con mayor interés en el desarrollo minero.4. Se habilita un nuevo criterio para la minería en zonas periglaciaresCon la reforma, se autoriza a las provincias a realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no sean proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Allí aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión.5. En las áreas protegidas, las prohibiciones siguenEn las áreas identificadas se mantienen prohibidas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias u obras industriales, la dispersión de contaminantes y la construcción de obras, salvo para investigación científica o prevención de riesgos.6. El IANIGLA seguirá a cargo del inventarioLa reforma modifica el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares. La tarea seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que deberá actualizarlo al menos cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación. El informe se elaborará con información que aporten las provincias.7. La evaluación ambiental pasa a ser claveLa nueva ley establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Además, las provincias serán las encargadas de determinar qué actividades impliquen una “alteración relevante”. La reforma también incorpora el principio precautorio.8. La reforma podría abrir cuestionamientos judicialesLey de glaciares en Diputados: la reforma da más poder a las provincias para definir áreas alcanzadas por la protección.Quienes defendieron la modificación sostienen que busca destrabar proyectos mineros y ordenar la normativa con mayor participación provincial. Del otro lado, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advirtieron sobre el impacto que podría tener sobre cuencas hídricas y reservas estratégicas de agua. El nuevo texto, además, podría abrir cuestionamientos judiciales por la tensión entre el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, y el artículo 41, que fija la obligación de la Nación de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.

  • Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

    Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

    Las mineras celebraron la aprobación de la Ley de Glaciares: qué cambia para el sector y qué inversiones destraba

    Tras 10 horas de debates, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el Gobierno logró aprobar la modificación a la ley de Glaciares (la 26.639, de 2010), un proyecto impulsado por los gobernadores de las provincias mineras, con grandes reservas de cobre y litio, para ganar flexibilidad en el manejo de las zonas periglaciares y habilitar la explotación de metales en ciertas zonas críticas, lo que antes estaba prohibido.La norma era esperada por las empresas, que rápidamente salieron a celebrarla como «una señal positiva para el futuro productivo de la Argentina» que permitirá «destrabar inversiones relevantes».Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) dijeron que «se trata de un avance para incrementar la previsibilidad normativa, indispensable para el desarrollo de una industria estratégica para el país, capaz de crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo y dinamizar las economías regionales, al tiempo que impulsa el fortalecimiento de la cadena federal de proveedores mineros».Según su mirada, la actualización normativa permite establecer criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de los glaciares y del ambiente periglacial, y clarificando dónde es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control. «Esto contribuye a despejar ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, manteniendo la protección de los recursos hídricos», agregaron en CAEM. La entidad valoró el respaldo político amplio y diverso de la norma.Las provincias más beneficiadas serán Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Mendoza.En sus territorios hay más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares que están registrados en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Hasta ahora, en esas zonas estaba prohibida la explotación minera. Pero la reforma establece que solo van a quedar bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca.Y serán las provincias (ya no la Nación) las que deberán elaborar el inventario de los glaciares a ser protegidos. Así, algunas zonas periglaciares que hoy tienen protección podrán ser redefinidas como formaciones que no cumplen una función hídrica relevante.El IANIGLA deberá actualizar el inventario nacional de glaciares cada cinco años, pero utilizando los datos provistos por cada provincia.Como la Ley de Glaciares de 2010 nunca terminó de ser reglamentada por completo, había inversiones, principalmente ligadas al cobre, que esperaban una normativa más clara para avanzar. Se estima que son unos US$ 40.000 millones, que podrían generar exportaciones que se podrían quintuplicar en una década.165 mil millones de dólares de exportaciones hasta el 2035.Miles puestos de trabajo. Provincias que cambiarán para siempre. https://t.co/7PSiHW7F0T— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 9, 2026

    Según las estimaciones del ministro de Economía Luis Caputo, que este jueves escribió en la red social X celebrando la aprobación del Congreso, sería unos US$ 165.000 millones de despachos al exterior hasta 2035.Hay «provincias que cambiarán para siempre», cree el funcionario.Solamente en cobre, los principales proyectos prometen inversiones por casi 40.000 millones de dólares, la mayoría durante los próximos 10 años:

  • Cómo es el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

    Cómo es el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

    Cómo es el proyecto de la nueva Ley de Salud Mental que impulsa el Gobierno

    Cuando se aprobó, en 2010, la Ley de Salud Mental planteaba un enfoque innovador. Sin embargo, más de 15 años después, su implementación tuvo complicaciones que derivaron en serias críticas incluso de familiares de pacientes.Ahora, el Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental, explicó, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y para “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentando retomar la agenda de gestión en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas. Fue luego de una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones. El proyecto lo impulsa justamente el Ministerio de Salud, que relevó, se informó, “aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”. Según pudo saber Clarín, se presentará «en breve» para su recorrido legislativo.Según se señaló, uno de los principales problemas que se detectó es la falta de aplicación homogénea en el país: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente; de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, lo que “genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos”.Uno de los cambios es importante es que se reemplazará el término “padecimiento mental” para adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.También se buscará un nuevo enfoque sobre el riesgo para reemplazar el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando contexto y antecedentes, y permitiendo intervenciones más oportunas y preventivas.En este punto, el proyecto enfatiza que “la internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida. En urgencias, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la Justicia”.La ley vigente impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales, pero el proyecto señala que este modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad. “Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada”, dijeron desde el Gobierno y señalaron que hubo “episodios graves en hospitales generales como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, que reflejan estas limitaciones en casos complejos”.Y remarcaron que “en lugar de cerrar instituciones, se propone fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas”.