La quinta Marcha Universitaria unificó diferentes reclamos contra las políticas de Milei – El Miércoles Digital

La quinta Marcha Universitaria unificó diferentes reclamos contra las políticas de Milei – El Miércoles Digital

Bajo las consignas  que plantearon las universidades públicas con asiento en La Histórica, se vivió otra jornada masiva de protesta generalizada contra las políticas instrumentadas  desde la Casa Rosada, las cuales perjudican no sólo a la  enseñanza pública, también son nocivas al sistema productivo nacional como a las pequeñas y medianas empresas.
 
REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
Fotos y Video: CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES 
 
El extenso documento leído a contrapunto entre cuatro personas dio cuenta detalladamente de la situación de deterioro que atraviesa nuestro sistema educativo. Gran parte del texto es coincidente con los leídos en las diferentes movilizaciones que se realizaron a lo largo y ancho del país, pero con fuerte inserción en el plano provincial y local, destacando la desgraciada realidad que sufren los trabajadores de planta La China de Granja Tres Arroyos, todos ellos despedidos.
Varias cuadras de manifestantes le dieron un marco multitudinaria a la Marcha con una enorme cantidad de adhesiones, que habla a las claras de que el malestar está a la alza, pero en honor a la verdad no tuvo el efecto de la primera, que hasta el momento fue la  más convocante, a pesar de que el deterioro generalizado de los bolsillos están peor que hace tres años. Varias razones hay en el medio por lo cual la sociedad aún no se expresa  de manera más contundente, pero eso es materia de un análisis más específico.
Distintos ítems de la lectura del documento tuvieron fuerte impacto en los presentes que no ahorraron expresiones a viva voz, aplausos y cantos.
A continuación el texto leído en la explanda del Centro Cívico, frente a la histórica Plaza Ramírez.

 
DOCUMENTO ÚNICO
Una vez más las calles de nuestra ciudad se convierten en el escenario donde la comunidad universitaria y el conjunto de la sociedad se encuentran para hacer oír una voz que el gobierno nacional se empeña en ignorar. Trabajadoras y trabajadores docentes, no docentes, estudiantes, graduadas y graduados, junto a organizaciones sindicales, sociales, políticas y profesionales, así como vecinas y vecinos movilizados para defender derechos irrenunciables que hoy se encuentran amenazados por quienes han decidido hacer del ajuste, el desfinanciamiento y el desprecio hacia las grandes mayorías su objetivo político y económico.
Llegamos a esta marcha después de casi tres años de lucha sostenida en defensa de la universidad pública y sin abandonar jamás la apuesta por el diálogo institucional en un marco de respeto. Frente a esto, la respuesta del gobierno ha sido siempre profundizar un modelo de país que compromete seriamente el funcionamiento de las universidades, deteriora las condiciones laborales de quienes las sostienen y pone enriesgo las posibilidades de miles y miles de estudiantes de habitarlas para alcanzar un futuro mejor.
Pero a esta altura ya no estamos solamente frente a una discusión sobre partidas presupuestarias o porcentajes de recomposición salarial. El conflicto universitario se ha convertido en una expresión particularmente grave de una crisis institucional más amplia, donde el Poder Ejecutivo se ha negado de forma sistemática y antidemocrática a cumplir una ley sancionada por el Congreso y ratificada por ambas cámaras con las mayorías especiales previstas por la Constitución.

Al inicio del acto se cantó el himno nacional.

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada luego de un largo proceso de debate y búsqueda de consensos. El presidente Javier Milei decidió vetarla de forma arbitraria y de espaldas a la sociedad, pero gracias a la fuerza movilizada en las calles el Congreso finalmente la convirtió en ley al reunir los dos tercios de los votos requeridos. La ley establece, entre otros puntos, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, actualización de las becas estudiantiles y adecuación de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades para garantizar su funcionamiento diario.
Sin embargo, lejos de cumplir con una ley que había sido ratificada por el Poder Legislativo, el gobierno decidió suspender su aplicación mediante un nuevo decreto, volviendo a desconocer la voluntad popular y profundizando un conflicto que dejó de ser exclusivamente universitario para convertirse en una discusión acerca de la vigencia efectiva del Estado de derecho. Esta situación se agravó todavía más cuandosucesivas decisiones judiciales ordenaron al Poder Ejecutivo avanzar en el cumplimiento de la ley, como el reciente fallo que el pasado 6 de octubre declaró inconstitucional el decreto que había condicionado su aplicación.
 

Frente a este escenario debemos preguntarnos qué queda de la división de poderes y del Estado de derecho si una ley sancionada por el Congreso y numerosos fallos judiciales pueden ser demoradas o directamente desconocidos por el gobierno. Por eso, la defensa de la universidad pública es también una defensa de las instituciones democráticas y de ese principio elemental que dicta que ningún gobierno debe estarpor encima de las leyes de la Nación.
Mientras tanto, las consecuencias de esta política se siguen sintiendo cotidianamente en nuestras universidades. El deterioro presupuestario compromete las funciones de enseñanza, investigación y extensión, dificulta el mantenimiento de edificios y equipamientos y limita la capacidad de las instituciones para desarrollar las actividades que la sociedad espera de ellas. Al mismo tiempo, la pérdida del poderadquisitivo de los salarios docentes y no docentes ha deteriorado profundamente las condiciones de vida de quienes sostienen a diario las universidades. Esto multiplica el pluriempleo, la sobrecarga laboral y la incertidumbre económica, expulsando a docentes e investigadores que no encuentran en el sistema universitario condiciones materiales suficientes para subsistir con dignidad.
La situación afecta particularmente a quienes comienzan sus estudios o intentan sostenerlos en un contexto social cada vez más difícil. Las becas destinadas a garantizar el acceso y la permanencia de las y los estudiantes han quedado muy lejos de acompañar el incremento del costo de vida y los gastos de transporte, alimentación, materiales de estudio y vivienda constituyen obstáculos cada vez más difíciles desuperar. La gratuidad formal se desvanece cuando miles de jóvenes no cuentan con los recursos necesarios. Por eso la actualización de las becas y de las políticas socioeducativas no constituye un beneficio aislado, sino una condición indispensable para garantizar efectivamente el derecho social a la educación.

Y es justamente por eso que esta lucha no puede ser reducida a una disputa salarial o presupuestaria. Las universidades públicas son una de las conquistas colectivas más importantes de nuestra historia: han permitido que millones de hijas e hijos de la clase trabajadora accedan a una formación profesional antes reservada a sectores privilegiados; han producido conocimiento científico y tecnológico de vanguardia; han contribuido al desarrollo productivo del país; han formado a profesionales y trabajadores calificados que día a día sostienen escuelas, hospitales y un sinfín de instituciones clave. Defenderlas significa entonces defender una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria y un país capaz de decidir sobre su propio destino.
En nuestra ciudad conocemos muy bien el sentido de la universidad pública: Concepción del Uruguay es un polo universitario de referencia para toda la región y una parte fundamental de su identidad social, cultural y económica se encuentra ligada a la presencia de sus instituciones educativas. Por eso también nos preocupaprofundamente la situación de nuestra universidad pública provincial, la cual atraviesa una realidad presupuestaria, salarial y edilicia insostenible que pone en evidencia el apartamiento del Estado provincial de sus obligaciones, generando así mayores desigualdades.

Denunciamos la responsabilidad del gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio, cuya política de ajuste y alineamiento con el gobierno nacional se expresa también en el deterioro de las condiciones en que estudian y trabajan miles de entrerrianas y entrerrianos. No aceptamos que la universidad provincial deba funcionar en condiciones de precariedad absoluta, ni que estudiantes, docentes y no docentes deban soportar las consecuencias de una política que coloca a la educación pública en un lugar invisible dentro de las prioridades del Estado. La autonomía universitaria y el derecho a una educación superior de excelencia no pueden ni deben quedar subordinados a la voluntad política de ningún gobierno.
Pero hoy también volvemos a decir que lo que sucede en las universidades forma parte de una realidad mucho más amplia. Las políticas de ajuste y desfinanciamiento que afectan a la educación pública alcanzan también a la salud, la ciencia, la cultura, los programas sociales, el sistema jubilatorio, el colectivo de discapacidad, la producción y el trabajo. Por eso marchamos junto a quienes defienden el sistema de salud pública y a sus trabajadoras y trabajadores, quienes enfrentan cotidianamente la sobrecarga laboral, falta de recursos y salarios que no reconocen la importancia de las tareas que desempeñan.
Particularmente en nuestra provincia acompañamos el reclamo de las y los enfermeros que son una pieza esencial del sistema sanitario y vienen exigiendo condiciones dignas para desarrollar una tarea indispensable para toda la sociedad.
Marchamos también junto a las personas con discapacidad y sus familias, cuyos derechos más elementales no pueden quedar subordinados a criterios de ajuste presupuestario, dado que es el Estado el que tiene la obligación de garantizar políticas de inclusión, atención y protección. Del mismo modo, expresamos nuestra solidaridad con quienes trabajan en el campo de la salud mental, en un contexto social donde la prevención y la atención de los padecimientos subjetivos deben constituir una responsabilidad central de las políticas públicas y no un espacio librado a las posibilidades individuales de cada familia.

Marchamos junto a las y los jubilados, porque la posibilidad de acceder a una vejez digna constituye un derecho y no puede seguir operando como variable de ajuste. En Entre Ríos denunciamos particularmente la reforma previsional impulsada y aprobada por el gobierno provincial, resistida por organizaciones de trabajadores en virtud de sus efectos regresivos sobre los derechos previsionales. Entre sus modificaciones se encuentran cambios en la edad jubilatoria, los años y porcentajes de aportes, el cálculo del haber inicial y la movilidad. No aceptamos que sean nuevamente las y los trabajadores activos y jubilados quienes deban pagar el costo de un modelo de Estado cuyo objetivo es profundizar la transferencia de recursos hacia los sectoresconcentrados del poder económico, cuya acumulación de riqueza se cimienta sobre la vida y la salud de nuestro pueblo.

Marchamos junto a quienes defienden el trabajo y la producción nacional, frente a un modelo económico que ha provocado un aumento en la precarización e informalidad laboral, así como el cierre de establecimientos, la pérdida de puestos laborales y el deterioro de numerosas actividades productivas. En nuestra propia ciudad, la situación de los trabajadores de Tres Arroyos constituye una muestra dolorosa de esta realidad: cientos de despidos, falta de pago y un marco de total incertidumbre dan cuenta de la profunda crisis que ha puesto en riesgo una cantidad aún mayor de fuentes de trabajo y que afecta directamente a la economía de Concepción del Uruguay y la región.

No podemos permanecer indiferentes frente a esta realidad cuando sabemos que detrás de cada puesto de trabajo perdido existe una familia que ve en peligro su subsistencia, una comunidad que pierde capacidad de consumo y producción y una ciudad que se empobrece. La defensa de la universidad pública está estrechamente relacionada con la defensa del trabajo, de la industria nacional y de un modelo que permita generar empleo digno y oportunidades para las nuevas generaciones. Una universidad pública de pie necesita un país que produzca, y un país que aspire a desarrollar sus capacidades productivas necesita universidades, ciencia y tecnología al servicio de ese desarrollo.

También marchamos para reivindicar nuestra soberanía y esto es algo que excede la defensa de las fronteras: significa poder decidir sobre nuestros recursos naturales, nuestro territorio, nuestra producción, nuestra energía, nuestros conocimientos y nuestro futuro. En este sentido, resulta particularmente grave la situación generada a partir de la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023 y las decisiones judiciales recientes que han vuelto a colocar en el centro del debate la posibilidad de compra de tierras rurales por capitales extranjeros. La cuestión no es meramente jurídica ni patrimonial: se trata de determinar quién puede decidir sobre nuestro suelo y sobre recursos estratégicos que pertenecen al pueblo.
Por eso reafirmamos también nuestra defensa irrenunciable y sin especulaciones de la soberanía sobre lasMalvinas, que forman parte constitutiva de nuestra historia y de nuestro territorio.

La defensa de la soberanía incluye necesariamente la causa de la ciencia y la tecnología nacional. Un país que abandona sus universidades, desfinancia sus organismos científicos y tecnológicos y renuncia a desarrollar capacidades propias queda cada vez más subordinado a decisiones tomadas fuera de sus fronteras. El CONICET, el INTA, el INTI y tantos otros organismos estratégicos no constituyen un gasto innecesario: son instrumentos fundamentales para construir autonomía y soberanía.

Un modelo que por un lado favorece la concentración económica, la especulación financiera y la importación indiscriminada, y por el otro debilita a las pequeñas y medianas empresas, a las y los comerciantes y a la industria nacional, termina hipotecando el futuro del país. En este contexto, denunciamos también los efectos de una reforma laboral que profundiza la precarización y debilita las herramientas delempleo, así como el avance de la desocupación y el trabajo informal.

Alertamos sobre el creciente endeudamiento de las familias, que deben recurrir cada vez con mayor frecuencia al crédito para afrontar gastos cotidianos como consecuencia de un modelo económico que no ofrece condiciones dignas de vida para las mayorías.
No casualmente el Poder Legislativo había sido convocado para tratar durante esta jornada la derogación del Decreto 70/2023, ese instrumento autoritario que vino a menoscabar normas vinculadas con el trabajo, los alquileres, la salud, la economía y otras áreas fundamentales de la vida social, abriendo además las puertas a la extranjerización de nuestro suelo. Sin embargo, una vez más el gobierno nacional logró evitar la sesión especial en el Congreso, contando para ello con la complicidad de bloques aliados que son la expresión más cabal de una élite enquistada en espacios de poder a base de prebendas y traiciones. A esos diputados y diputadas infames también va dirigido este mensaje, porque son la verdadera casta y porque su conducta es parte constitutiva de un problema que se exterioriza en la degradación de las instituciones democráticas.

Por todo eso hoy marchamos junto a las y los trabajadores de la salud, las personas con discapacidad y sus familias, las infancias, las y los jubilados, trabajadores de la industria y los organismos públicos, docentes de todos los niveles del sistema educativo, investigadores, pequeños productores, comerciantes, cooperativistas, trabajadores informales y organizaciones sociales. Marchamos junto a todos aquellos sectores que, desde sus propias reivindicaciones, defienden la posibilidad de construir una sociedad donde el Estado esté al servicio de las grandes mayorías y no de los intereses mezquinos de los grupos económicos concentrados.
Y marchamos también para defender la democracia frente a quienes eligen ignorar y violentar las decisiones del Congreso, gobernando permanentemente mediante decretos y de espaldas a la voluntad popular. Porque la verdadera libertad también peligra cuando se desconocen fallos judiciales, cuando se persigue y reprime a quienes protestan o cuando se intenta presentar como enemigos de la sociedad a quienes defendemos derechos colectivos. La democracia no se reduce al acto electoral: supone división de poderes, respeto por las instituciones, libertad de expresión, derecho a la protesta, organización sindical y plena vigencia de los derechos sociales.
Es por eso que también nos preocupa profundamente el funcionamiento de las instituciones republicanas. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de garantizar el respeto por la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero decisiones recientes vinculadas con asuntos de enorme trascendencia para la soberanía nacional han generado legítimas preocupaciones y cuestionamientos en amplios sectores de nuestra sociedad. La defensa de la democracia exige que ninguna institución del Estado quede al margen del control ciudadano y que todos los poderes actúen dentro de la ley.
La democracia que defendemos tampoco puede ser indiferente frente al hambre, la pobreza, el desempleo o la desigualdad. No alcanza con garantizar derechos políticossi al mismo tiempo se deterioran las condiciones materiales que permiten ejercerlos.
Una sociedad donde millones de familias deben endeudarse para comer, donde la mitad de los niños y niñas viven en la pobreza, donde las y los jóvenes encuentran cada vez más dificultades para estudiar y trabajar, donde nuestros jubilados y jubiladas deben elegir entre comprar alimentos o remedios y donde se naturaliza la precarización laboral es una sociedad que ve restringidas sus posibilidades reales de ejercer ciudadanía plena.
Por eso nuestra consigna hoy no es sólo la causa universitaria: marchar por la educación, la soberanía y la democracia significa defender un proyecto de país en el que el conocimiento sea un derecho y no una mercancía; en el que nuestros recursos naturales y nuestro territorio estén al servicio del pueblo; en el que la producción nacional y el trabajo digno sean pilares del desarrollo; y en el que las instituciones democráticas sean respetadas por quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
La universidad pública constituye en este proyecto una herramienta fundamental. Es el lugar donde se forman profesionales, donde se produce conocimiento, donde se investiga, donde se discuten ideas y donde se construyen respuestas para los problemas de nuestra sociedad. Y es también uno de los espacios donde la democracia se aprende y se ejerce cotidianamente, porque allí conviven distintas perspectivas ideológicas, se confrontan las ideas y se construye conocimiento a partir del debate y del pensamiento crítico.
Por todo eso, en Concepción del Uruguay y en todo el país volvemos a fundirnos en un reclamo justo e impostergable:
Por el inmediato y efectivo cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y salarios dignos para las y los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas.
Por un presupuesto que haga posible el normal funcionamiento de las universidades, garantizando sus funciones de enseñanza, investigación y extensión.
Por la actualización y ampliación de las becas estudiantiles, con políticas que garanticen efectivamente el ingreso, la permanencia y la graduación.
Por la defensa de la universidad pública, gratuita, científica, democrática, igualitaria, crítica, feminista, popular y socialmente comprometida.
Por la defensa irrestricta de la educación pública en todos sus niveles y modalidades, desde el jardín hasta la universidad.
Por una salud pública con recursos suficientes y condiciones dignas para sus trabajadoras y trabajadores.
Por los derechos de las personas con discapacidad y políticas públicas que garanticen su plena inclusión y ejercicio de ciudadanía.Por jubilaciones dignas para quienes trabajaron a lo largo de toda su vida.
Por trabajo genuino, con salarios que alcancen para vivir y una política económica que promueva la producción y el empleo nacional.
Por la defensa de la industria argentina y de cada puesto laboral, acompañando especialmente la lucha de los trabajadores de Tres Arroyos.
Por la defensa de la ciencia, la tecnología y los organismos públicos estratégicos como herramientas de soberanía nacional.
Por la defensa de nuestros recursos naturales, nuestro territorio y nuestra soberanía.
Por nuestras Islas Malvinas y los territorios usurpados en manos del imperialismo.
Por el cuidado de la salud mental y políticas públicas que protejan y sostengan la vida.
Por el respeto irrestricto de la división de poderes, el Estado de derecho y las instituciones democráticas.
Por la unidad de todas las luchas frente al ajuste, la precarización, el desfinanciamiento, el saqueo y la entrega, para derrotar al fascismo y ponerle un freno a la represión y los discursos de odio hacia quienes piensan diferente.
Por la urgente derogación del DNU 70/2023.
Hoy, una vez más, las universidades públicas marchamos junto al pueblo y lo hacemos levantando una misma bandera:
¡POR LA EDUCACIÓN! ¡POR LA SOBERANÍA! ¡POR LA DEMOCRACIA!¡UNIVERSIDAD PÚBLICA Y GRATUITA, SIEMPRE!MESA INTERUNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Asociación Gremial de Docentes Universitarios | AGDUAsociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos | AGMERAsociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos | APUNER
Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional | APUTNAsociación de Trabajadores del Estado | ATEAsociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional |FAGDUTCentro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y CienciasSociales | CEFHAyCSSindicato de Investigadores y Docentes de la Universidad TecnológicaNacional | SIDUT.
 

 
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