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  • Reabren una causa contra el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por el intento de compra de un hotel

    Reabren una causa contra el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por el intento de compra de un hotel

    Reabren una causa contra el socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, por el intento de compra de un hotel

    La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice, histórico socio de Máximo Kirchner, en la causa que investiga la compra del hotel Waldorf, bajo la sospecha de que actuó como supuesto testaferro del ex presidente Néstor Kirchner para blanquear dinero de origen ilícito.

    La decisión fue adoptada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, quienes hicieron lugar a la apelación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y consideraron que el cierre de la investigación había sido «prematuro», por lo que ordenaron continuar con la pesquisa.
    Sanfelice, considerado una pieza clave en el crecimiento patrimonial de los Kirchner durante la expansión de sus negocios inmobiliarios y hoteleros, permanece hoy procesado únicamente en la causa Hotesur-Los Sauces, elevada a juicio oral junto a Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, y otros empresarios. También estuvo procesado en una causa por supuesto lavado de dinero a través de su empresa Agosto, e investigado en otras, aunque hasta el momento no ha sufrido mayores consecuencias dentro del entorno kirchnerista.
    La investigación por la compra del hotel Waldorf apunta a determinar si Sanfelice adquirió el establecimiento ubicado en Paraguay 450, en el centro porteño, para darle apariencia de legalidad a fondos provenientes de presuntos hechos de corrupción cometidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y reinsertarlos en el circuito económico. Previamente, Kirchner había comprado los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y La Aldea.
    El expediente se inició hace más de una década. Durante la instrucción se investigaron tanto la compra del hotel como su funcionamiento posterior. Una de las hipótesis planteaba que, tras la adquisición, el establecimiento habría servido para canalizar dinero mediante facturación por hospedajes inexistentes a empresas supuestamente vinculadas con maniobras de corrupción.
    Sin embargo, un peritaje contable realizado por la Prefectura Naval e incorporado a fines de 2024 descartó esta última hipótesis. El juez federal Daniel Rafecas, entonces, entendió que no existían elementos suficientes para sostener que Sanfelice no hubiera podido justificar la compra con fondos propios y préstamos declarados, entre ellos un crédito otorgado por el empresario de medios Fabián De Sousa, por lo que dictó su sobreseimiento.
    No obstante, la Cámara sostuvo que persisten interrogantes centrales sin resolver. En su voto, el juez Irurzun advirtió que el peritaje nunca pudo determinar si el dinero prestado por De Sousa fue efectivamente utilizado para la compra del hotel. Además, señaló que no se investigó el origen de esos fondos, aspecto que consideró indispensable antes de cerrar definitivamente la causa.
    «Debe proseguirse la pesquisa respecto de los fondos utilizados por Sanfelice para la adquisición del paquete accionario del Hotel Waldorf», afirmó el camarista.
    El fallo recuerda que Sanfelice entregó en diciembre de 2008 una seña de 100.000 dólares para la compra del hotel. En abril de 2009 firmó el boleto de compraventa correspondiente al 88% de las acciones, por un total de 1.750.000 dólares; la operación fue inicialmente realizada «en comisión», es decir, en representación de un tercero cuya identidad nunca fue aclarada.
    Posteriormente, Sanfelice adquirió el establecimiento para sí mismo y, entre 2010 y 2014, elevó su participación hasta controlar el 97,74% de las acciones de la sociedad propietaria.
    Para el juez de primera instancia, esta circunstancia permitía concluir que la supuesta maniobra para ocultar a los verdaderos compradores no se concretó. Sin embargo, la Cámara consideró que esta explicación no resulta suficiente para descartar la hipótesis de lavado de activos.
    «La circunstancia de que Sanfelice haya actuado inicialmente en representación de terceras personas para luego terminar adquiriendo el hotel por sí mismo no descarta la posible configuración de una maniobra de lavado de activos», sostuvo el tribunal al aceptar el principal argumento de la UIF.
    Irurzun también vinculó este expediente con el juicio oral por Hotesur-Los Sauces, donde Sanfelice y De Sousa están acusados de integrar una asociación ilícita destinada a reciclar fondos públicos mediante actividades hoteleras e inmobiliarias. En ese contexto, aseguró que no puede descartarse la sospecha sobre el origen del dinero utilizado para la compra del Waldorf.
    «La falta de certeza negativa es incompatible con el temperamento adoptado», concluyó al revocar el sobreseimiento.
    El juez Farah acompañó la decisión, aunque expresó su preocupación por la demora en la investigación. Señaló que la causa lleva diez años en trámite sin que se haya indagado a ningún imputado y cuestionó la escasa actividad impulsada por la propia UIF durante buena parte del proceso.
    No obstante, coincidió en la necesidad de profundizar la investigación sobre el origen de los fondos que utilizó Sanfelice y de confrontar esa información con las declaraciones de De Sousa.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juzgado federal para continuar la pesquisa y llevar adelante las medidas de prueba pendientes, antes de resolver nuevamente la situación procesal del empresario santacruceño.

  • Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra – El Miércoles Digital

    Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra – El Miércoles Digital

    Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra – El Miércoles Digital

    Martínez De Giorgi, que espera que Milei firme la designación de su esposa como jueza federal, dejó la investigación sin impulso y abrió la puerta a la nulidad.
     
    La causa por la estafa con la criptomoneda Libra quedó en terapia intensiva. El juez Marcelo Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar.

    Martínez De Giorgi (foto) hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Javier Milei, y apartó a cinco querellas de la causa, que ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba. La medida puede ser apelada ante la Cámara federal.
    La causa Libra viene a paso de tortuga y los pocos avances se dieron gracias al impulso de los querellantes. Ahora, el único impulsor será Taiano, a quien en Comodoro Py llaman despectivamente «tardano».
    Martínez De Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron acreditar un «perjuicio real y directo» que los habilite a continuar en la causa y que tampoco pudieron probar debidamente ser titulares de las billeteras afectadas.
    El juez además pareció darle argumentos a los acusados para que pidan la nulidad de la causa, que se descuenta será el próximo paso. En ese sentido, Martínez De Giorgi dijo que quienes invirtieron en Libra asumieron «riesgos inherentes» por tratarse de una «memecoin», algo que claramente no se sabía al momento del lanzamiento y mucho menos ante la promoción que hizo Milei.
    Se trata de un triunfo enorme de la Casa Rosada en su intento de enterrar la causa que más preocupa a los hermanos Milei y la sospecha es que hubo un pacto de impunidad con Martínez De Giorgi y su aliado más cercano en Comodoro Py, su colega Ariel Lijo. En el despacho de Juan Bautista Mahiques había euforia esta mañana porque finalmente pudo darle un triunfo a los Milei.
    En los tribunales no ven casual que la decisión se haya tomado días después de la salida de Manuel Adorni, que es investigado por Lijo por enriquecimiento ilícito y la sospecha es que podía aparecer en Libra. Los más desconfiados en Comodoro Py dicen que el vocero podría haber pedido que «le acomodaran» el panorama judicial antes de renunciar.
    Fiscal Eduardo Taiano.
    La salida de Adorni también coincidió con que el gobierno aceleró el pliego como juez de Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juzgado de Lijo. Rodríguez Ponte fue propuesto para el juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y le tocaría investigar a Martín Insaurralde y Jésica Cirio, una causa que el gobierno está desesperado en poner en el centro de la conversación pública y mediática.
    La decisión de Martínez De Giorgi también generó muchas suspicacias porque se da justo en momentos en que el magistrado espera que Milei le firme la designación como jueza federal a su esposa.
    El Senado aprobó el mes pasado el pliego de Ana Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, pero al igual que la cuñada de Hugo Alconada Mon el Presidente no firmó su designación. El argumento del gobierno es que el juzgado no está habilitado, aunque habrá que ver si ahora hay súbitos avances con el nombramiento.
    Casualmente o no, el avance del pliego de Rodríguez Ponte, la renuncia de Adorni y el fallo por Libra se dieron después del viaje a París donde coincidieron el juez Lijo y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
    Juan Grabois, que era el abogado de cuatro de los cinco querellantes, dijo que «no es casual que esto suceda también la misma semana en que el Presidente Milei arregló con Mauricio Macri». «Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques», dijo Grabois.
    Fuente: LPO.
     

     
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  • Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

    La defensa de Martín Insaurralde recusó al fiscal Sergio Mola, utilizando argumentos semejantes a los que el juez Luis Armella empleó para rechazar el pedido de detención del exintendente de Lomas de Zamora y de su exesposa, Jesica Cirio.

    Con esa resolución, Armella parecía dejar abierta la posibilidad para que la defensa solicitara el apartamiento del fiscal, quien lleva casi tres años impulsando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Mola fue uno de los fiscales que obtuvo la condena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
    El expediente estuvo inicialmente a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— y actualmente tramita ante Armella, juez federal de Quilmes, quien ejerce la subrogancia del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, jurisdicción donde se encuentra radicada la causa.
    Al rechazar el pedido de detención, formulado tras la aparición de sospechas sobre la destrucción del vestidor donde se habría grabado un video en el que Cirio muestra fajos de dólares, Armella cuestionó duramente la actuación del fiscal. Lo acusó de filtrar información a la prensa, de sobreactuar en su rol procesal e impulsar medidas debido a una supuesta «orfandad probatoria» en la causa. Esta última afirmación resulta especialmente llamativa, pues adelantaría una opinión sobre un aspecto de fondo aún bajo investigación.
    En un escrito presentado ante la justicia, los abogados del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, retomaron algunos de esos argumentos para solicitar el apartamiento de Mola. La decisión final estará en manos de Armella, aunque se espera que la querella de Poder Ciudadano, representada por Pablo Brady, defienda al fiscal.
    Por otro lado, Armella aclaró que aguardará el resultado del peritaje contable definitivo, previsto para el 17 de julio, antes de tomar decisiones de fondo.
    No obstante, el juez optó por un camino más extenso y no por el inmediato. En principio, podría haber citado a indagatoria a Cirio para preguntarle, entre otros temas, si fue ella quien grabó el video con los dólares y, a partir de esa declaración, resolver su situación procesal. En cambio, señaló que esperará el informe pericial contable final, que incluirá las conclusiones de la perito de la Corte Suprema y de los peritos de las partes. Cabe destacar que este tipo de peritajes suele generar nuevas observaciones, impugnaciones y debates técnicos, lo que prolonga considerablemente los plazos del expediente.
    Además, Armella tiene conocimiento de que el secretario letrado Juan Tomás Rodríguez Ponte ya superó la audiencia pública en el Senado para ser designado juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte fue secretario del juez Ariel Lijo y luego desempeñó un papel destacado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), donde colaboró técnicamente en más de cinco mil causas, entre ellas investigaciones de corrupción de alto impacto como Vialidad y Cuadernos.
    En este contexto, todo indica que Armella podría especular con los tiempos procesales hasta el inicio de la feria judicial, prevista para el 20 de julio y con una duración de dos semanas. De esa manera, el expediente podría quedar bajo la órbita de Rodríguez Ponte una vez que asuma como titular del juzgado.
    En paralelo, se registran medidas probatorias que difícilmente admiten demoras si se quiere preservar su efectividad. Ayer, Clarín y TN revelaron la existencia de una oficina reservada que Insaurralde utilizaría en la calle Libertad, frente al Palacio de Justicia, para recibir a abogados y dirigentes políticos. Ese mismo día, el fiscal Mola solicitó el allanamiento del lugar, pero al cierre de esta nota, Armella aún no había resuelto si ordenaba la medida. Según fuentes judiciales, la demora podría darle tiempo a Insaurralde para «limpiar» el espacio.
    La actuación de Armella en esta causa también parece respaldar una información difundida esta semana por el sitio digital Boga.ar. Según ese medio, durante un acto de jura de jueces de tribunales orales en los tribunales de Retiro, el magistrado manifestó que “acá hay mucho garca” y que “jamás le armaría una causa a un colega”. Entre los presentes que escucharon esas expresiones se encontraban Alejo Ramos Padilla y Héctor Heim, señalados por el portal como operadores en causas contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.

  • La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

    La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

    La Justicia podría indagar a José Luis Espert en una causa por lavado de dinero vinculada a Fred Machado

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    La Justicia podría citar a declaración indagatoria al economista José Luis Espert por presunto lavado de dinero vinculado con el empresario Fren Machado, una relación que el año pasado provocó la interrupción de su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.

    La medida fue solicitada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y debe ser autorizada por el juez federal Lino Mirabelli. Aunque Machado estaba sospechado de vínculos con el narcotráfico, en un acuerdo judicial ante la justicia estadounidense reconoció haber cometido delitos de fraude y lavado, quedando exculpado de la acusación más grave.
    El fiscal basa su requerimiento en la sospecha de que Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares de Machado y realizó operaciones de compra de vehículos de alta gama. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, Mirabelli no autorizaría por el momento la indagatoria hasta poder verificar aspectos relacionados con correos electrónicos y audios de chats que el fiscal incluyó en el dictamen elevado el 29 de mayo. Una vez cumplido ese trámite, el magistrado podría disponer la citación.
    En 2023, Espert encabezó la lista de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pero fue apartado semanas antes de los comicios debido al escándalo que surgió por su vínculo con Machado, quien en ese entonces estaba bajo investigación en Estados Unidos por maniobras vinculadas al narcotráfico.
    Según la hipótesis de Domínguez, Espert habría utilizado el dinero recibido de Machado para adquirir bienes, entre ellos autos BMW y Lexus de alta gama, con el fin de ocultar el origen ilícito de los fondos.

  • Santa Fe: hallan sin vida a un hombre y sus dos hijos, la causa sigue en investigación

    Santa Fe: hallan sin vida a un hombre y sus dos hijos, la causa sigue en investigación

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    Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron encontrados muertos este lunes en una vivienda de la localidad santafesina de General Lagos. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y no descarta ninguna hipótesis.

    El hallazgo se produjo alrededor del mediodía, tras la denuncia realizada por la madre de los menores, quien manifestó su preocupación por no poder comunicarse con su expareja desde el viernes. Ante esta situación, llamó al 911.
    La policía se acercó al domicilio y logró ingresar a través de una propiedad vecina. En el interior de la vivienda encontraron sin vida al hombre y a sus hijos. A raíz del trágico hallazgo, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público de la Acusación, encargados de llevar adelante las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
    El fiscal Franco Tassini se presentó en el lugar para supervisar las tareas investigativas. Durante las pericias, se secuestraron diversos elementos que podrían aportar información clave para el caso.
    Los investigadores analizan indicios que sugieren una posible intervención intencional en las muertes de los menores, seguida de un suicidio, aunque aclararon que aún resta determinar con precisión cómo acontecieron los hechos. En paralelo, se realizan estudios forenses para descartar la presencia de monóxido de carbono y analizar posibles sustancias en los cuerpos.
    “Estamos aguardando las pericias de Bomberos sobre la presencia de monóxido de carbono y las autopsias para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido”, explicó Tassini en diálogo con medios locales.
    En tanto, los detectives recopilan antecedentes y testimonios del entorno familiar para reconstruir las últimas horas previas al hallazgo. Las primeras informaciones indican que los padres de los niños estaban separados y se turnaban los fines de semana para estar con ellos. Además, el hombre tenía una prohibición de acercamiento hacia su expareja.
    La causa permanece bajo estricta reserva, y los resultados de las pericias serán determinantes para esclarecer lo sucedido.

  • Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    Reactivan la causa contra un ex «pluma» de la Policía Federal y hackers que espiaron a jueces que investigaron a Cristina Kirchner

    El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó este lunes la investigación por espionaje ilegal a jueces y funcionarios, encuadrándola como una asociación ilícita. En ese marco, citó a declaración indagatoria al ex espía de la Policía Federal Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo sospechoso: Tomás Patricio Hválica, creador del sitio DARK PFA, desde donde se podía acceder a bases de datos de la deep web de cualquier persona seleccionada.

    Zanchetta, ex integrante de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, enviaba mensajes reservados al diputado y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade y poseía datos de espionajes a figuras como Sergio Massa y el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman, entre otros numerosos “objetivos”.
    Las indagatorias quedaron fijadas para los próximos días: Zanchetta será interrogado el 17 de junio, Nuñes Pinheiro el 19 y Hválica el 24, todas de manera remota vía Zoom.
    Martínez De Giorgi ordenó además de forma urgente al Jefe de la División de Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional que continúe con el estudio de los elementos pendientes, estableciendo pautas para profundizar el análisis de ese material.
    La causa, que tiene múltiples líneas de investigación, incluye la denuncia sobre la creación de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros— y el hackeo sufrido por dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, así como por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que llevaban adelante el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. También fueron afectados el entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
    Nuñes Pinheiro fue detenido inicialmente y reconoció que, en agosto de 2022, recibió encargos mediante la aplicación Telegram del usuario “ElJuanxd” para intervenir celulares mediante la técnica de SIM swapping, que consiste en la duplicación del chip de un teléfono. El objetivo eran los dispositivos de jueces y funcionarios. Tras recibir el pago mediante billeteras digitales, “ElJuanxd” desapareció, afirmó el joven en su declaración, asegurando no poder identificarlo.
    Por su parte, Ariel Zanchetta, también detenido y procesado, fue quien el día del hackeo a Borinsky buscó los datos del juez en la base SudamericaData, donde realizó unas dos mil búsquedas en 2022 sobre magistrados, políticos y artistas, varios posteriormente hackeados. Zanchetta se presentó como periodista, pero sus propias comunicaciones revelaron su condición de agente inorgánico de la SIDE, según la fiscalía. Además, recibió pagos de la AFIP, entidad en la que trabajaba el dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez.
    El análisis de los dispositivos incautados a Zanchetta permitió imputar y ordenar el allanamiento a Rodríguez, quien coordinaba “objetivos” y operaciones con el espía y mantenía conversaciones con el diputado Tailhade. “Conu” Rodríguez evitó ser detenido en las oficinas donde trabajaba y se presentó en tribunales para entregar sus dispositivos cinco días después.
    Ahora, Martínez De Giorgi convocó a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, creador de DARK PFA, plataforma que permitía acceder a bases de datos de la deep web. En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que utilizaba esa página para obtener información necesaria para sus hackeos, hechos que fueron revelados también por Tailhade, quien señaló la difusión de datos de funcionarios y jueces en sitios de la Dark Web y medios afines al kirchnerismo.
    En este contexto, el juez federal advirtió a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, sobre el avance de la causa por asociación ilícita en su jurisdicción y le requirió detalles de su expediente. La jueza Martínez había solicitado al juzgado de Martínez De Giorgi el pasado viernes que se le “certificara” la causa, ante la posibilidad de sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por presuntos delitos contemplados en los artículos 153 bis (violación de secretos y privacidad) y 197 (irrupción en las comunicaciones) del Código Penal.
    El acuerdo, previsto para este lunes, implicaba la devolución de todas las pruebas secuestradas. Sin embargo, el juez federal informó a la jueza porteña que Nuñes Pinheiro ya había sido procesado por su participación en varios delitos, entre ellos asociación ilícita, con prisión preventiva y embargo de bienes. Aunque excarcelado desde abril de 2024, sigue citado a indagatoria en el nuevo trámite.
    Martínez De Giorgi solicitó conocer medidas adoptadas, víctimas y avances en la causa que tramita la jueza porteña antes de cualquier decisión que pudiera afectar su propia investigación, dejando en claro su intención de preservar la continuidad del proceso federal.
    La jueza Araceli Martínez recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A comienzos de diciembre de ese año, en vísperas de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, se difundieron supuestos diálogos entre el funcionario y jueces relacionados con la divulgación de un viaje a Lago Escondido.

  • Rosario del Tala: se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado

    Rosario del Tala: se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado

    Rosario del Tala: se prorrogó la investigación penal preparatoria en la causa por la muerte de Daiana Mendieta y la prisión preventiva del imputado

     

    En el marco del legajo «C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real», la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, hizo lugar hoy a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y de Claudio Manfroni Reynoso, en representación de los derechos del imputado, y dispuso la prórroga de la investigación penal preparatoria que se computará desde el 23 de abril de 2026 hasta el 3 de agosto de 2026, conforme art. 223 del C.P.P.E.R.
    La magistrada también dispuso prorrogar, ante la solicitud que cursara la Agente Fiscal, que fue adherida por el querellante particular y conformada por la defensa técnica, la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.

  • Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Causa Contratos: quiénes son los testigos más relevantes que deberán declarar en un futuro juicio – El Miércoles Digital

    Comenzó a evaluarse la evidencia que se remitirá a un futuro juicio en el marco del legajo que investiga “contratos truchos” de la Legislatura, entre 2008 y 2018. El Ministerio Público Fiscal (MPF) está ofreciendo prueba documental y testimonial.
    En este sentido, ya trascendieron los testigos más relevantes que deberán presentarse a declarar.
    Durante esta jornada se subrayó que se citará al ex vicegobernador Adán Bahl, quien deberá prestar testimonio por numerosos contratos realizados durante su administración al frente del Senado provincial, publicó Análisis.
    Al igual que él, quienes fueron secretarios y directores administrativos de las dos cámaras: Natalio Gerdau, Maximiliano Argento, Carina Ramos, Nicolás Pierini, Lautaro Schiavoni y Gerardo Daniel Pastor. Todos deberán presentarse en un futuro juicio, y en especial algunos de ellos serán indagados sobre numerosa prueba colectada en la investigación.
    A medida que el fiscal Ignacio Aramberry fue pidiendo la incorporación de contratos como prueba para el debate, el principal defensor del juicio Miguel Ángel Cullen presentó oposición. Dijo que las cámaras nunca remitieron todos los expedientes completos de cada uno de los contratos y, por lo tanto, no es suficiente la incorporación de los mismos como instancia final de un proceso administrativo largo que no se puede mostrar completo. Cullen y otros defensores también se quejaron de la incorporación de información fiscal de personas que no están imputadas en el legajo o quedaron desvinculadas en alguna etapa previa.
    Ocurre que la Fiscalía está pidiendo la declaración varios directores de regionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actual ARCA. Se citará a Roberto Actis (Regional Paraná); Eduardo Luis Bellini (Regional Mar del Plata); Pedro Mario Majul (Regional Córdoba); Omar Pedro Fenoglio (Regional Paraná). Serán convocados para prestar testimonio en torno a información de la situación fiscal de imputados y monotributistas contratados.
    Se ofreció también el testimonio de Sebastián Mundani, jefe interino de la Sección Juicios Universales, División Jurídica de la AFIP. Además, en un principio se pidió la declaración del contador Carlos Duhalde, director de Catastro; y del escribano Ariel Pantaleón Mamone de la Dirección de Catastro, para que informen sobre partidas y matrículas referentes a personas vinculadas al proceso.
    Pero luego esas testimoniales y otras fueron dejadas en un impasse hasta el próximo martes. “Se solicitaron domicilios, algunos vinculados a los imputados. Deberán prestar declaración sobre más de 30 domicilios”, se adelantó desde Fiscalía. “Por ejemplo un domicilio de Alfredo Bilbao”, se acotó, subrayando la pertinencia de la información y las testimoniales ofrecidas.
    Sin embargo, la jueza de Garantías Marina Barbagelata, decidió frenar la remisión en este punto y otros más. Cuestionó que se envíe a juicio oral “un cúmulo de información que es en respuesta de un oficio”.
    “La respuesta va a permitir entender y recolocar el armado de las piezas. Ahora no puede ofrecerse como una bolsa todo junto”, advirtió. La magistrada reclamó a Fiscalía que haga “un gran zoom porque no todo es admisible”, hay algunos que deberá ponderarse puntualmente, por “cuestiones más complejas”. “Para tomar aquella decisión, con la colaboración de las defensas, volveremos sobre algunos puntos”, adelantó.
    Pidió volver a tratar bajo esta lógica de focalización la evidencia plasmada desde los puntos 281 al 325 del requerimiento de elevación a juicio. Esto quiere decir que el martes, los fiscales deberán volver a la audiencia con una explicación detallada acerca de por qué se pretende llevar esa evidencia a juicio, y a quiénes se llamará a declarar al respecto.
    Es que, en algunos casos, los fiscales colectaron información sobre compra de moneda extranjera, consumos, viajes, adquisición de bienes, si hubo participación en fideicomisos, si hay ingresos de fondos radicados en el país, si adquirieron máquinas o aeronaves, si son titulares de tarjetas de débito y crédito, si registran inmuebles, inicio y cese de actividades, si pagan expensas, condición actual e histórica de monotributo, fideicomisos, documentación de tránsito electrónica, declaraciones juradas de ganancias y bienes.
    Los fiscales deberán dar cuenta que esa información que pretenden remitir a juicio es referente a los imputados, y no a otras personas que no estuvieron, o ya no están implicadas en el proceso.
    “Entiendo que la información llegó empaquetada. Pero comprendo el reclamo de las defensas en relación a observar la pertinencia en cada caso. Puedo comprender que se pida información relativa a las parejas, esposas, esposos de los imputados. Pero distinto son personas que no tienen nada que ver con el proceso. En esta audiencia haremos un zoom y vamos a seleccionar qué producir en una instancia de juicio”, avisó Barbagelata.
    También se ofreció el testimonio de Víctor Berta, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Y se pidió la incorporación a un futuro debate de los legajos personales de Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lázzaro; Jorge Enrique De Breuil; José Javier Schneider; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada; Hernán Javier Díaz; Sergio Esteban Cardoso; Gustavo Hernán Pérez.
    También se pidió la incorporación de información remitida de la Cámara de Senadores de Entre Ríos en relación a varios particulares, entre quienes se mencionó a Luciana María Belén Almada, Alejandro Luis José Almada. Sobre este punto deberá declarar el contador Gustavo Hernán Pérez, director de Administración del Senado y el contador Bahl.
    Y en términos similares se pidió la incorporación de documentación remitida por la Cámara de Diputados de Entre Ríos a la Fiscalía, cuando se investigaron las causas del megajuicio. Son datos relacionados a Luciana María Belén Almada y Alejandro Luis José Almada, entre otros particulares sobre lo que deberá prestar declaración Nicolás Pierini. Se trata de información que se produjo en el marco de la investigación por la causa del megajuicio, en relación a contratos producidos en las cámaras. En aquel juicio desarrollado entre 2021 y 2022, por ejemplo, se ventiló que algunos contratados de la Legislatura prestaban servicios para empresas privadas, vinculadas a funcionarios del Gobierno.
    Cientos de testigos
    No solo en lo referente a la prueba documental, Fiscalía pidió la incorporación de cientos de testigos relacionados a todos los hechos investigados. Así, entre las partes y la jueza de Garantías se pudo avanzar con la incorporación de más de 200 testigos. Muchos de ellos con reserva de las defensas. Sobre ese cúmulo de testimoniales que se produjeron durante la investigación penal preparatoria, desde el martes se hará una revisión en algunos casos puntuales.
    Nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria
    Otras novedades de la jornada fueron la incorporación de un nuevo defensor y la discusión sobre un pedido de exclusión probatoria. Hugo Rubén González Elías asumió como defensor del imputado Jorge De Breuil. Por otro lado, el abogado Germán Fouces hizo un pedido de exclusión probatoria, de un testimonio puntual y de una pericia caligráfica derivada de ese testimonio. La decisión judicial al respecto se comunicará al final de la remisión de la causa.
    Detalles de la causa
    En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Todos constituyeron, según la hipótesis de la acusación pública, una asociación ilícita. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
    La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado y quedó suspendida en julio. El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la elevación a juicio en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
    De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
    A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
     

     
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  • Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

    Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

    Causa Contratos: avanzan las definiciones sobre las pruebas y la situación de los auditores de Entre Ríos

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    redacción:( Cdelu Noticias )-con información Análisis Digital y AHORA

    La megacausa por los «Contratos truchos» de la Legislatura entrerriana transita semanas decisivas en Paraná. Las audiencias de remisión a juicio continuarán sin interrupciones hasta el próximo 3 de julio. En este marco, el Ministerio Público Fiscal (MPF) exhibió un listado de 770 contratos bajo sospecha y detalló un extenso catálogo de pruebas que incluye pericias informáticas, registros telefónicos, análisis de redes sociales y actas de allanamientos .

    El caso investiga un presunto desfalco de 53 millones de dólares a las arcas públicas provinciales entre 2008 y 2018 mediante un sistema de recaudación ilegal basado en contratos de obra con «prestanombres» . Tras el reinicio de las audiencias, la jueza de Garantías Marina Barbagelata validó las correcciones técnicas que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry realizaron sobre los hechos atribuidos, unificando el número de contrataciones y ajustando las fechas del delito .

    Actualmente quedan 18 imputados en el banquillo de los 32 originales . El resto de los involucrados modificó su situación procesal: 12 de ellos accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado y el contador Gustavo Falco fue sobreseído . Ante la falta de objeciones a las pruebas de la Fiscalía por parte de los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y José Velázquez, la magistrada los dispensó de asistir a las extensas jornadas de debate .

    El debate central giró en torno a los pedidos de sobreseimiento para Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni y Hernán Javier Díaz, quienes se desempeñaban como auditores del Tribunal de Cuentas . Sus abogados argumentaron que las pruebas recolectadas son insuficientes para elevarlos a juicio, alegando que los mensajes de texto analizados corresponden al rol habitual de la administración pública o que los imputados ya no cumplían funciones de control en los períodos señalados .

    Por el contrario, los fiscales rechazaron de plano las desvinculaciones y denunciaron un «control laxo» e intencional debido a vínculos de cercanía o amistad entre los encargados de auditar y los sospechosos . El MPF sostiene que sólo se revisaban muestras insignificantes de contratos por año y expuso que durante la investigación penal sufrieron la negativa de informes por parte de la Legislatura y la sustracción de un expediente judicial .

    La jueza Barbagelata comunicó que resolverá estos pedidos de sobreseimiento recién al finalizar las audiencias generales de remisión .

    Para el futuro juicio oral y público, la Fiscalía presentó una lista de testigos clave de alto perfil institucional y contable :

    El cronograma de las audiencias generales quedó fijado para los días martes, miércoles, jueves y viernes, aplicando para los días centrales una doble jornada obligatoria que va de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas

  • Causa Jeremías Aguiar: Tras presentación de acuerdo este miércoles se conocerá si es homologado

    Causa Jeremías Aguiar: Tras presentación de acuerdo este miércoles se conocerá si es homologado

    Causa Jeremías Aguiar: Tras presentación de acuerdo este miércoles se conocerá si es homologado

    El caso Jeremías Aguiar estaría llegando a su fin, ya que este miércoles se conocerá el dictamen del juez interviniente, doctor Nicolás Gazali, ante quien e presentó el acuerdo abreviado al que llegaron las partes, el cual fue tratado la semana pasada en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay.

    Tras la IPP, las partes intervinientes, Defensa del acusado Diego Antonio Luna, ejercida por los doctores Félix Pérez y Leandro Monje, con la Fiscalía a cargo de la doctora María José Labalta y la Querella en manos del doctor Jair Gay, llegaron a un acuerdo de pena, al que aceptaron tanto el acusado, como la familia de la víctima.
    A esto se llega luego de que en primer momento se elevara el caso a juicio oral, por lo que esta instancia quedó sin efecto y se presentó el pedido de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y una reparación económica que será entregada a los familiares de Jeremías.
    El trágico siniestro
    Como se recordará, Luna fue protagonista del siniestro vial cuando el viernes 26 de septiembre de 2025 cuando se conducía sin los cuidados del caso de sur a norte en el auto Chevrolet Meriva por calle Erausquin, entre Pablo Lorenz y Lorenzo Sartorio, oportunidad en la que embistió al niño Jeremías Aguiar que jugaba junto a su abuela persiguiendo a unos pollitos, causándole tremendas lesiones que lo llevaron a la muerte”.
    El acusado fue detenido y se dictó la prisión preventiva, siendo derivado a la Unidad Penal Nº 4, pero luego se dispuso la prisión domiciliaria, lo que finalmente no se pudo concretar ante el hostigamiento al cual podría llegar a ser sometido por parte de los familiares del niño, lógicamente indignados por el suceso.
    Esto es importante de tener en cuenta, ya que el tiempo que lleva detenido (8 meses) deberá restarse de la pena im puesta ya que Luna fue encarcelado desde el primer día de iniciada la causa penal.