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  • Causa por robo de motos: Dictan prisión preventiva domiciliaria para uno de los menores detenidos

    Causa por robo de motos: Dictan prisión preventiva domiciliaria para uno de los menores detenidos

    Causa por robo de motos: Dictan prisión preventiva domiciliaria para uno de los menores detenidos

    La Justicia determinó la medida de coerción de manera estricta debido a los frondosos antecedentes del implicado. Permanecerá bajo esta modalidad hasta que cumpla la mayoría de edad en los próximos días.

    CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – La Justicia local dictó la prisión preventiva domiciliaria para uno de los jóvenes de 17 años que había sido detenido el pasado jueves a la madrugada, luego de haber sido interceptado por el Comando Radioeléctrico con una motocicleta robada.
    El antecedente del hecho
    Como se recordará, el procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Sarmiento y Enrique Gasc. En esa oportunidad, los uniformados atraparon a dos menores que se trasladaban en una motocicleta Honda XR 150 que había sido sustraída momentos antes de una vivienda en calle Dodero al 100, previo forzamiento de las medidas de seguridad. Al momento de la aprehensión, los sospechosos tenían en su poder herramientas de corte y llaves «yuga».
    Antecedentes y resolución judicial
    Debido a que uno de los implicados cuenta con un frondoso historial delictivo vinculado al robo y hurto de motovehículos, las autoridades judiciales ya habían intervenido con anterioridad en su situación, habiendo dispuesto en su momento su traslado a centros de rehabilitación especializados para menores de edad.
    Atendiendo a la reiteración de este tipo de delitos contra la propiedad y la ineficacia de las medidas previas, la Justicia determinó en las últimas horas dictar la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria para el joven.
    Esta nueva medida de coerción se fijó con carácter de cumplimiento estricto y se extenderá formalmente hasta que el imputado cumpla los 18 años de edad, hecho que ocurrirá en los próximos días, momento en el cual se redefinirá su situación de cara al proceso judicial en curso.

  • Causa por picadas: Un joven de 21 años se entregó a la policía y devolvió una moto tras los allanamientos

    Causa por picadas: Un joven de 21 años se entregó a la policía y devolvió una moto tras los allanamientos

    Causa por picadas: Un joven de 21 años se entregó a la policía y devolvió una moto tras los allanamientos

    Ocurrió esta tarde en Concepción del Uruguay. El implicado no estaba en su casa al momento del operativo policial, pero luego se presentó voluntariamente en la División Investigaciones para entregar el rodado.

    CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – La investigación por conducción temeraria y maniobras peligrosas en la vía pública sumó una nueva novedad este viernes por la tarde. Un joven de 21 años, implicado en la causa que investiga infracciones al Artículo 193° Bis del Código Penal, se presentó ante las autoridades para ponerse a derecho.
    Entrega voluntaria
    Durante la serie de allanamientos realizados en las primeras horas de hoy, la policía no había logrado localizar uno de los vehículos buscados, ya que su propietario no se encontraba en la vivienda al momento de la irrupción.
    Sin embargo, tras regresar a su hogar y enterarse del procedimiento, el joven decidió presentarse espontáneamente en la sede de la División Investigaciones. En cumplimiento con lo dispuesto por la Fiscalía Auxiliar Nº 1, a cargo de la Dra. Lucía Bourlot, el ciudadano hizo entrega formal de una motocicleta Honda XR300L Tornado, de color blanco.
    Peritajes y situación legal
    Tras la entrega del vehículo, se dio intervención a:

    El joven fue correctamente identificado y quedó formalmente supeditado a la causa que se tramita de oficio. Con esta nueva retención, la Jefatura Departamental Uruguay continúa sumando pruebas en la investigación que busca erradicar las pruebas de velocidad y destreza ilegales en la ciudad.

  • Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    Revelan cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron del Operativo Puf para hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas

    La ex socia y pareja del abogado Franco Bindi, Giselle Robles, reveló cómo Cristina Kirchner y el chavismo participaron en el llamado «Operativo Puf», una maniobra destinada a perjudicar la causa de los Cuadernos de las Coimas, con el fin de desplazar al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Además, Robles confirmó que el diputado kirchnerista Eduardo Valdés se reunió con el camarista Juan Ramos Padilla para que su hijo, Alejo Ramos Padilla —entonces juez federal de Dolores—, se alineara con esta operación.

    En un escrito presentado de manera espontánea ante el juez Julián Ercolini y la fiscal Alejandra Mángano, Robles reveló que el gobierno chavista brindó apoyo a ella, a Bindi, y a Pedro Etchebest con su esposa para viajar en octubre de 2019 a Caracas, con el propósito de evitar ser detenidos por una eventual orden del juez Bonadio. En paralelo, sostuvo que Cristina Kirchner llevó a su hija a Cuba y se quedó allí para evadir una posible prisión preventiva por obstrucción a la causa de los Cuadernos, versión que contrasta con la oficial, que alega que el viaje se debió a la enfermedad de Florencia Kirchner.
    ### El rol de Valdés y Bindi en la maniobra contra la causa
    Bajo juramento y consciente de las consecuencias legales en caso de mentir, Robles detalló numerosas reuniones entre Bindi y Valdés para «direccionar» un intento de extorsión protagonizado por el falso abogado Marcelo D’Alessio contra Etchebest, y así involucrar a Bonadio, Stornelli y a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otros. Robles prometió ampliar sus revelaciones al ratificar la denuncia.
    El testimonio, adelantado por el periodista Camilo Cagnacci en el portal Boga.ar, describe la maniobra bautizada como «Operativo Puf», nombre surgido de una llamada entre Valdés y el ex secretario de Transporte kirchnerista Juan Pablo Schiavi, en la que decían: “Stornelli, puf; Bonadio, puf”. Robles se presentó en una causa que investiga esta maniobra, bloqueada por el kirchnerismo durante años.
    Robles explicó que Pedro Etchebest, falso “productor agropecuario jubilado”, fue presentado ante la justicia con Bindi como su abogado. Etchebest contó que recibía llamadas extorsivas de D’Alessio y, tras aconsejarle grabar dichas conversaciones, tanto Bindi como Robles analizaron esas grabaciones que Etchebest enviaba por Telegram para definir cómo proceder.
    Mientras Robles estaba de vacaciones en el Partido de la Costa, Bindi la mantenía informada sobre el contenido de las llamadas extorsivas hacia Etchebest y compartía las grabaciones para evaluar acciones. Según Robles, Bindi indicaba que sectores políticos “estaban enloquecidos” porque las grabaciones mostraban que tanto Stornelli como Patricia Bullrich parecían partícipes de las maniobras extorsivas.
    Luego de contactar a operadores judiciales vinculados a Cristina Kirchner, Bindi comentó que analizaban dónde y cómo interponer la denuncia, cuyo objetivo principal era perjudicar al fiscal Stornelli. Señaló que Bindi actuaba en coordinación telefónica con el diputado Valdés, sin contacto directo con Cristina Kirchner.
    Robles relató que en enero de 2019 se organizó una reunión en Pinamar entre Etchebest y Stornelli, que ella misma verificó personalmente y donde constató que no hubo contacto directo entre ambos, desmintiendo así la versión que pretendía involucrar al fiscal en la extorsión. Etchebest continuó registrando las conversaciones y Bindi instruyó sus preguntas para manipular la información hacia Stornelli y otros funcionarios.
    Posteriormente, Bindi calificó como un “golazo” la reunión en Pinamar, que permitió habilitar la Justicia Federal de Dolores para tramitar la denuncia. Según Robles, el diputado Valdés tenía acceso directo al padre de Alejo Ramos Padilla, facilitando que la causa se radicara en Dolores, alejándola así de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia formal, presentada entre el 27 y 28 de enero de 2019, fue entregada por Etchebest con el acompañamiento de Bindi.
    ### La alineación de Alejo Ramos Padilla con la maniobra
    Robles aseguró conocer que el diputado Valdés contactó al padre de Ramos Padilla para que su hijo se alineara con el Operativo Puf, encontrándose en varias ocasiones, una de ellas en un centro médico de Entre Ríos. En ese momento, Ramos Padilla hijo, de vacaciones, habilitó específicamente el juzgado para recibir la denuncia por intento de extorsión.
    Asimismo, Robles reveló que existieron discusiones entre Bindi y Valdés en un bar privado del diputado, donde también instruían a Natalia Salvo, abogada designada para representar a Etchebest, a quien capacitaban para evitar errores en entrevistas y procedimientos legales.
    ### Intentos de presión y ampliación de la causa
    Robles mencionó que Bindi intentó sin éxito que Juan Manuel Campillo, ex titular de la ONCCA y vinculado al expediente, se sumara a la maniobra, ya que D’Alessio lo presentaba falsamente como arrepentido dispuesto a declarar contra Etchebest. A medida que la causa avanzaba, se buscó que varias personas mencionadas se acercaran al juzgado para declarar, mientras algunos medios cercanos al kirchnerismo amplificaban la falsa denuncia contra Stornelli.
    Bindi también traslad

  • La Justicia archivó una causa contra el Gobierno – El Miércoles Digital

    La Justicia archivó una causa contra el Gobierno – El Miércoles Digital

    La Justicia archivó una causa contra el Gobierno – El Miércoles Digital

    Fue por la entrega de un subsidio para actividades culturales. El Ministerio Público Fiscal no encontró ninguna irregularidad en el procedimiento ni el destino del mismo.
     
    Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
     
    El Ministerio Público Fiscal archivó una causa que se había abierto contra el Gobierno. El legajo se inició a partir de una denuncia del abogado de Paraná Agustín Artibano Planiscig, donde intentó poner bajo sospecha el destino de 179 millones de pesos a la Asociación Civil Teatro del Bardo, monto con lo que se costeó cinco ferias de libros de verano bajo el nombre “Mágica en la Playa”. Las actividades se habían realizado entre el 31 de enero y 1° de marzo en Colón, Concordia, Federación, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con carpas biblioteca, bibliomóviles, lecturas para las infancias y participación de editoriales entrerrianas.
    El 16 de octubre se inició el legajo 302.956, que se caratuló “Frigerio Rogelio s/negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, según reveló oportunamente Página Judicial. La misma alcanzaba al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.
    El jueves pasado, el fiscal a cargo de las investigaciones en el seno de la administración pública, Gonzalo Badano, dispuso el archivo de la denuncia por entender que la misma no constituye ningún delito. Es decir, que el subsidio cuestionado por el abogado hacia la Asociación Civil “Teatro del Bardo”, con destino a solventar la organización de cinco ferias de libros, existió como tal y el procedimiento administrativo no encontró ninguna irregularidad.
    Según reconstruyó Página Judicial, el fiscal Badano descartó por completo la sospecha sobre la finalidad del subsidio. Esta denuncia, hay que recordar, fue en plena campaña electoral de cara a las elecciones del año pasado. Un dato imprescindible a subrayar. En estos procesos suelen aparecer denuncias, en la mayoría más sospechosas que el hecho denunciado.
    El abogado denunciante se presentó en la jurisdicción federal, también en la misma época, solicitando que se investigue un hecho que se le imputa a la diputada radical, Gabriela Lena, por una adopción, y en la que la legisladora ya se presentó para dar las explicaciones del caso.

     
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  • Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    Causa Seguros: dictaron la falta de mérito de Alberto Fernández y ahora debe resolver el juez Lijo si lo procesa de nuevo

    La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires dictó la falta de mérito para Alberto Fernández en la causa por presuntos delitos de corrupción. Esto no implica que el ex presidente sea declarado inocente, sino que se debe continuar con la toma de testimonios y reevaluar su situación procesal.

    La falta de mérito se limitó exclusivamente a Alberto Fernández y no alcanzó al resto de los exfuncionarios y empresarios procesados en la causa. Esta decisión se adoptó tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la confirmación del procesamiento contra Fernández, por lo que la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, resolvió que el ex mandatario debe seguir bajo investigación mientras se sustancian las medidas probatorias solicitadas por su defensa.
    Según la resolución unánime a la que accedió Clarín, el juez Boico manifestó que, aunque personalmente sostenía la confirmación del procesamiento, acataba el criterio de la Sala IV de la Casación Penal, por lo que votó en favor de la falta de mérito de Fernández. Además aclaró que la decisión afecta únicamente al ex presidente, rechazando la extensión de la anulación a otros imputados cuya situación procesal permanece vigente.
    Por su parte, el juez Irurzun señaló que corresponde revocar el procesamiento y que será la instancia anterior la que deba expedirse nuevamente sobre el mérito del caso. En esta nueva etapa, el expediente será subrogado por el juez Ariel Lijo. Irurzun también rechazó la petición de otras defensas para extender la falta de mérito, ya que el fallo de la Casación se circunscribe exclusivamente a Alberto Fernández.
    En disidencia, el juez Eduardo Farah coincidió con la falta de mérito para el ex presidente pero consideró que la medida debería aplicarse también a Héctor Martínez Sosa, supuestamente intermediario en las contrataciones investigadas. Farah argumentó que si no se puede sostener que las acciones de Fernández facilitaron los negocios de Martínez Sosa con el Estado, será necesario revisar la responsabilidad asignada hasta ahora a otros funcionarios y empresarios involucrados.
    Con esta resolución, el expediente regresará al juez de instrucción Ariel Lijo, quien deberá concretar las medidas probatorias solicitadas por la defensa de Fernández y avaladas por el fiscal general. Estas medidas incluyen testimonios para esclarecer cómo se designaron productores y asesores vía la intermediación de Martínez Sosa, presuntamente en incumplimiento del régimen de contrataciones públicas.
    El origen del caso radica en el decreto 823/21, firmado por Fernández cuando era presidente, que obligó a organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros. Este decreto habilitó una intermediación irregular de brokers, que firmaron 45 contratos con 25 corredores involucrados. Según la acusación, las comisiones abonadas a intermediarios por esos contratos sumaron más de 3.364 millones de pesos, con irregularidades y direccionamientos.
    La imputación contra Fernández por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes públicos se basa en que Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada María Cantero, concentró el 59,6% de las comisiones derivadas de esos contratos. El aumento sustancial de los negocios de Martínez Sosa coincidió con la presidencia de Fernández, alcanzando una facturación superior a 2.250 millones de pesos.
    El proceso había avanzado con la confirmación del procesamiento por la Cámara de Apelaciones, pero la defensa cuestionó la ausencia de declaraciones testimoniales solicitadas, lo que motivó la anulación de dicha confirmación por parte de la Casación Penal. Pese a que el fiscal ante ese tribunal pidió mantener el procesamiento, el fiscal de la Cámara de Apelaciones apoyó el pedido de la defensa, facilitando la decisión de la Casación.
    Actualmente, las pruebas testimoniales vinculadas al decreto y los manejos en la contratación se están recabando; hace una semana declaró como testigo Vilma Ibarra, exsecretaria legal y técnica de la presidencia. La investigación también se basa en mensajes del celular de María Cantero, que sugieren la participación directa del ex presidente en la facilitación de algunas contrataciones irregulares.
    Cuando el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo procesaron a Fernández, concluyeron que favoreció contrataciones a su amigo Héctor Martínez Sosa. El caso, inicialmente tramitado en el juzgado federal 11 bajo la custodia del juez Julián Ercolini, está actualmente vacante y subrogada, por lo que corresponderá al juez Ariel Lijo decidir si confirma nuevamente la acusación o define otra medida procesal.
    La acusación sostiene que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, los imputados participaron en un esquema coordinado para recaudar y distribuir fondos públicos mediante el direccionamiento irregular en la intermediación de seguros para organismos estatales a través de Nación Seguros. Según la causa, los brokers actuaron con la complicidad de Alberto Fernández, facilitando la inclusión de empresas coaseguradoras y el reparto de comisiones.
    Un elemento clave de la investigación fue la influencia de Martínez Sosa sobre Fernández, evidenciada por las conversaciones obtenidas del celular de María Cantero. En una de ellas, Cantero le asegura a su esposo: “Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?

  • Detenido en Rosario del Tala por causa de violencia de género

    Detenido en Rosario del Tala por causa de violencia de género

    Detenido en Rosario del Tala por causa de violencia de género

    En el día de ayer, el personal del Puesto de Control Vial Rosario del Tala, toma conocimiento de un Mandamiento Judicial,  proveniente del Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay en el cual interesaba la detención de una persona mayor de edad por el SUPUESTO DELITO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-AMENAZAS, quien se movilizaba en un transporte de carga.

    Alertados todos los Puesto de Control Vial en las rutas nacionales y provinciales del territorio entrerriano, siendo las 13:00 horas, el personal policial, logró detener para control a un camión marca Mercedes Benz de color blanco con características parecidas a las mencionadas en el citado mandamiento judicial.
    En virtud de esta intervención, se pudo determinar fehacientemente la identidad del transportista, el cual, sería coincidente con el requerimiento de la justicia. Que en detalles se trataría de una persona de 51 años de edad, oriundo de la localidad de Basavilbaso provincia de Entre Ríos.
    Una vez puesta en conocimiento el magistrado interviniente se dispuso requisa vehicular y de la persona en cuestión, obteniendo como resultado en la pesquisa, el hallazgo y el secuestro de un revólver marca Doberman calibre .22 largo con diez proyectiles en su tambor; sesenta y dos cartuchos del mismo calibre en un envase plástico y un teléfono celular marca Samsung. Elementos estos que fueron formalmente secuestrados.
    En el marco de este procedimiento y con las formalidades de ley, se procedió a la formal detención del masculino, el cual, fue notificado de la medida judicial, procediendo luego con su traslado hasta  la  Jefatura Departamental Rosario del Tala, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

  • Se detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

    Se detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

    Se detectaron brotes por primera vez en Argentina de una enfermedad que causa la muerte en el ganado ovino

    El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó el resultado positivo a scrapie clásico en ovinos reproductores importados, luego de registrarse la muerte natural sin sintomatología asociada de tres animales en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos.Los ovinos involucrados habían sido importados en 2021 y 2022 desde Paraguay, conforme a los requisitos sanitarios y el modelo de Certificado Veterinario Internacional vigente, superando los controles postingreso requeridos.Según indicaron en el comunicado, en cumplimiento con la Resolución N° 733/2019, se encontraban inscriptos en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y, desde su ingreso al país, habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del SENASA, sin presentar novedades sanitarias ni signos clínicos.En el marco de esta vigilancia activa, el Organismo detectó la enfermedad por prueba de tamizaje (ELISA). Manteniendo protocolos específicos para respetar los tiempos diagnósticos, las muestras fueron remitidas a un laboratorio de referencia en España, que mediante la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, ausente hasta la fecha en la Argentina.Ante el primer resultado, el Servicio Nacional incorporó a los establecimientos en un programa oficial de control y seguimiento, que contempla la restricción de movimientos de las unidades productivas afectadas, junto con una vigilancia intensificada y la implementación de medidas sanitarias de contención, destinadas a evitar la diseminación de la enfermedad. Todas estas medidas siguen en curso luego de la reconfirmación del segundo análisis.En línea con los protocolos internacionales, se notificó oficialmente la detección a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay, con el que se acordó ahondar en la investigación epidemiológica.A partir del cambio en la situación sanitaria de nuestro país, el SENASA se encuentra trabajando en la adecuación de los certificados de exportación, a fin de garantizar la continuidad de los mercados internacionales y evitar disrupciones en los envíos. Para esta adecuación, se tendrán en cuenta las recomendaciones internacionales previstas por la OMSA para la exportación de mercancías de origen ovino y caprino procedentes de socios comerciales con distinta condición a país libre.Argentina manifestará a los países su intención de continuar exportando productos seguros, a fin de sostener los mercados internacionales bajo condiciones sanitarias adecuadas, como embriones, cueros y pieles, gelatina, colágeno, sebo y sus derivados, así como lana y fibra ovina. En cuanto a la carne ovina y caprina, también se las considera mercancías seguras siempre que se retiren previamente los tejidos de riesgo, conforme a los estándares sanitarios internacionales.Para el resto de los productos, como ovinos y caprinos en pie, harinas proteicas y lácteos de estas especies, se propondrá la aplicación de medidas de mitigación específicas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMSA para cada tipo de mercancía.El scrapie —también conocido como tembladera o prúrigo lumbar— es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, con presencia en Brasil, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y África. Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por proteínas anormales (priones) que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central.La patología se transmite de manera vertical, principalmente durante el parto, y se caracteriza por la aparición de signos clínicos como prurito intenso (rascado), ataxia (alteraciones de la marcha), temblores, pérdida de peso, aislamiento y cambios de comportamiento.Cabe destacar que no se trata de una enfermedad zoonótica, por lo que no representa riesgo para la salud pública, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal. Tampoco afecta a bovinos ni se transmite por su carne o leche.Al tratarse de una enfermedad de notificación obligatoria, es fundamental dar aviso inmediato ante la observación de síntomas compatibles. Cualquier persona puede notificar al Organismo en su oficina más cercana; por WhatsApp, al (11) 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar; o través del Formulario “Avisá al SENASA”, disponible en el sitio web oficial.

  • Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Piden que declare como testigo el ex administrador de la Corte en la causa contra el ex juez de Rosario Marcelo Bailaque

    Santiago Busaniche, el operador judicial que está imputado de haber gestionado coimas y extorsiones para jueces federales de Rosario, pidió que la justicia llame a declarar como testigo Héctor Daniel Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema de Justicia por haber sido mencionado en la declaración de un arrepentido.El pedido de la defensa de Busaniche en la causa “Bailaque Marcelo Martin y otros” incluyó la solicitud de interrogar también a la hermana de Marchi y a todas las personas que trabajaron desde 2019 con el ex contador en la Corte Suprema. Para ello, solicitó cursar a la oficina de persona de la Corte Suprema o, en su defecto al presidente Horacio Rosatti, para identificar a todos esos dependientes, “en especial secretarios, asistentes y asesores” que trabajaron con Marchi desde 2019 en adelante.La defensa también pidió que se oficie a la Unidad de Información Financiera para conocer las inversiones de Marchi y que se pida a las compañías telefónicas para conocer todas las líneas telefónicas asociadas al contador y el listado de las llamadas entrantes y salientes desde 2019.También quiere saber si uno de los arrepentidos, Fernando Whpei, tenía a Marchi agendado como “hermanito”.Héctor Daniel Marchi -un contador santafesino con aspiraciones políticas- fue nombrado en 2003 administrador general de la Corte y manejó la caja del máximo tribunal durante más de 15 años. Fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito por la entonces diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y él trató de enjuiciarla por las acusaciones en su contra. El 20 de abril de 2023, la Corte Suprema, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, desplazó a Marchi de la administración general, en el marco de un reacomodamiento interno del área. El contador fue entonces a declarar ante la comisión de juicio político contra la Corte Suprema que impulsó Cristina Kirchner y se presentó en la causa que tenía el juez federal Ariel Lijo por supuestas irregularidades en la obra social de la Nación (que el fiscal Carlos Stornelli promovió cerrar por inexistencia de delito).El nombre de Marchi apareció en la causa contra el juez destituido juez Bailaque a través de la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, el ex jefe de la AFIP de Santa Fe que admitió haber sido cómplice de una maniobra que llevó adelante el ex juez y otros para extorsionar a empresarios con una causa armada. Busaniche fue uno de los intermediarios de esa maniobra, según los fiscales de Rosario. Y en el teléfono de Vaudagna se detectaron audios en los que hablan entre sí. Allí Vaudagna habla con Busaniche de «el colorado». Cuando le preguntaron quién era “el colorado”, Vaudagna respondió que el entonces administrador general de la Corte Suprema de la Nación, Héctor Daniel Marchi.En febrero pasado, el equipo de fiscales de Rosario presentó tres acusaciones contra el exjuez Bailaque por una serie de delitos vinculados a presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de la función judicial y estimó un pedido de pena de 10 años de prisión. También acusó a la esposa del ex juez y a Busaniche, por haber instigado a Bailaque y a Vaudagna a cometer los delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Para él se estimó una pena de 6 años de prisión.Esta no es la única causa que pesa sobre Busaniche. Como consecuencia de la investigación que lleva el nombre de Bailaque, el financista Fernando Whpei reconoció los detalles de la extorsión a Iglesias que también lo involucra. Y agregó que el operador judicial ofició de intermediario ante el juez de Rosario Gastón Salmain para que éste sacara un fallo que le permitiera acceder a dólares a cambio oficial en la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a cambio de una coima de 200 mil dólares. Como finalmente la operación se hizo cuando llegó el gobierno de Javier Milei y la diferencia del dólar oficial se había desvanecido, la ganancia de Whpei se redujo a unos 19 mil dólares, pero Busaniche le advirtió que debía pagar los 200 mil dólares o el juez lo denunciaría. Whpei se negó a pagar y fue denunciado por el juez.Hace dos semanas, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Salmain, junto a Busaniche y Whpei, por estas maniobras. La orden de detención no se cumplió porque Salmain aún es juez y la comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura analiza éstas y otras denuncias para decidir si promueve su destitución.

  • La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    La escribana de Manuel Adorni se fue de Comodoro Py tras declarar en la causa por los bienes del jefe de Gabinete

    En el marco de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita convocó este miércoles a declaración a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración del departamento del barrio de Caballito adquirido a 230 mil dólares con una hipoteca no bancaria con dos jubiladas. Figura además en la escrituración de la casa en el country Indio Cuá Golf Club y del inmueble de Parque Chacabuco.La escribana ingresó temprano por la mañana en los tribunales federales y se retiró poco después de las 13 horasLa causa que inició con la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, y que pone la lupa sobre la conformación patrimonial de Adorni, sus gastos en vuelos privados y la adquisición de propiedades, está delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo.La documentación sostiene que mediante escritura pública N° 118 del 24 de noviembre de 2025, intervino en la escrituración por U$S 230.000 la escribana Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580. Sobre el precio se registró un gravamen vinculado a la operación.La fiscalía busca clarificar cómo se realizaron las hipotecas privadas utilizadas para adquirir esa propiedad.Al momento de citar a la escribana, el fiscal Pollicita, pidió que la escribana vaya con toda la documentación de la operatoria.Según la documentación, Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas figuran como intervinientes en la operatoria en carácter de vendedoras del inmueble y presuntas acreedoras del financiamiento privado instrumentado.El fiscal pidió que se se incorpore al expediente un informe crediticio del portal web de Nosis respecto de la escribana Nechevenko, y a las prestamistas que proporcionaron el 87% del valor de la propiedad.En el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que se concretó la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.Otro de las hipotecas privadas que se encuentra bajo investigación es la correspondiente a parque Chacabuco.Según los documentos a los que accedió Clarín, fue un crédito no bancario de 100.000 dólares en total, para comprar una vivienda en Avenida Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hay un primer documento de tres páginas donde se consigna que la propiedad se divide en partes iguales entre Adorni y Bettina Angeletti, su esposa.Después, se realiza el asiento correspondiente sobre los préstamos obtenidos para la compra y posterior escrituración. Allí se consigna a las personas involucradas: Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría otorgado un préstamo de 85.000 dólares, siempre ante la escribana Adriana Nechevenko, quien está citada para declarar como testigo este miércoles. En tanto, Victoria María José Cancio, concedió un crédito de 15.000 dólares, con la intervención de la misma escribana.Las cuatro prestamistas están citadas a declaración testimonial, las que intervinieron en el departamento de Caballito, deben ir a Comodoro Py este jueves y las que proporcionaron en total, 100.000 dólares a Adorni, el 13 de abril.

  • Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta

    Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta

    Rosario del Tala: se prorrogó la prisión preventiva del imputado en la causa que investiga la muerte de Daiana Mendieta

    En el marco del legajo “C/Brondino, Norberto Gustavo S/homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real”, la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, hizo lugar el pasado miércoles 1 de abril a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y dispuso prorrogar la prisión preventiva por el plazo de sesenta días, desde el 5 de abril de 2026, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.