wp

Etiqueta: causa

  • Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes

    Corrupción en la AFA: la justicia abrió una causa que puede cerrar el procesamiento de Tapia y Toviggino por los aportes

    Al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, comenzaron a transitar una instancia para que se cierre la causa en la que fueron procesados por retención indebida de impuestos y aportes. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante abrió una instancia para que hagan una reparación integral del daño.El planteo fue hecho por la defensa de Toviggino en el escrito que presentó cuando fue indagado. Sostuvo que la ley prevé una reparación y que se puede aplicar en este caso. Cuando el juez Amarante procesó a los dirigentes dispuso en esa resolución comenzar a tratar el planteo.Así, los dirigentes de la AFA buscarán el sobreseimiento de la causa. En el trámite opinarán todos los involucrados. Además de Tovigginio -quien hizo el planteo-, también Tapia, los otros tres dirigentes procesados -Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo-, el fiscal Claudio Navas Rial y ARCA, que es querellante en la causa.Mientras eso se discute, los procesamientos y los embargos siguen vigentes. Lo mismo la prohibición de salida del país de Tapia y Toviggino.La defensa de Toviggino, a cargo de Marcelo Rocchetti, planteó, entre otros argumentos, que la causa se debe cerrar por la aplicación del artículo 59 del Código Penal que establece que un expediente se cierra cuando se dan siete supuestos. Uno de ellos, el sexto, es «por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes».Ese artículo se le aplicó al ex presidente de la Nación Alberto Fernández y a su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez, por el caso de la fiesta de Olivos. Hicieron una reparación de tres millones de pesos para el instituto Malbrán y se les cerró la causa.La defensa del tesorero de la AFA plantea que el daño ya está reparado porque la entidad pagó la deuda de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes antes que ARCA presente la denuncia penal. Y abonó con intereses. «Reparación integral que está siendo plenamente satisfecha mediante el sucesivo pago total de las obligaciones adeudadas», planteó.El pedido tendrá una discusión. Es que el régimen penal tributario no prevé la reparación para el delito de aprobación de tributos, que es por el que fueron procesados los dirigentes de la AFA. Sobre eso la defensa sostiene que la nueva ley de inocencia fiscal busca no perseguir las deudas hasta determinados montos.El juez Amarante procesó a los dirigentes de la AFA por los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no pagó en plazo a pesar que contaba en sus cuentas bancarias con los fondos para hacerlo.»Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento», sostuvo el magistrado.Las indagatorias de los acusados se cumplieron hace tres semanas pero en tribunales todavía resuena lo que una fuente llamó «la pelea por la foto». Fue la intención de algunos de los imputados de no ser fotografiados en tribunales. Todo comenzó con un pedido de Toviggino para que su indagatoria sea por videoconferencia. Planteó que no quería de manera presencial para “evitar una innecesaria exposición” y tener «tranquilidad» para declarar por la presencia de los medios. El pedido fue rechazado y el juez Amarante dispuso un operativo de seguridad especial para las indagatorias para garantizar esa tranquilidad.Las indagatorias comenzaron el 6 de marzo con Lorenzo que llegó y se fue por la entrada principal del edificio de la avenida de los Inmigrantes. El 9 de marzo hizo lo mismo Blanco. Pero todo cambió ese mismo día con Malaspina. El presidente de Argentinos Juniors llegó en auto por el estacionamiento de atrás del edificio, lugar solo reservado para el personal judicial.Cuando desde tribunales consultar por esa situación el personal policial contestó: «Desde la seguridad de la AFA nos dijeron que tenían miedo que vengan hinchas y preferimos que ingrese por allí». No había hinchas ese día, ni los hubo después.La presencia de seguridad de la AFA se repitió en las indagatorias de Tapia y Toviggino. Cuando se presentó el tesorero se dio una situación especial. El abogado Gregorio Dalbón, vocero judicial de la AFA, llegó en auto al estacionamiento del edificio. Allí se lo vio charlando con el personal del lugar.Toviggino llegó por la puerta de enfrente. Pero en la indagatoria pidió salir por atrás para evitar problemas como los empujones que hubo a su ingreso. El juez Amarante lo rechazó y Toviggino se fue como llegó y en una camioneta sin patente.Las indagatorias las cerró Tapia que no hizo ningún planteo. Solo dijo que a su ingreso se generó un tumulto y que había una mujer embarazada. Pero no pidió salir por otra puerta. La pelea por la foto tuvo ganadores y perdedores.

  • Adorni y su vinculación con la causa $LIBRA

    Adorni y su vinculación con la causa $LIBRA

    Nuevas revelaciones del peritaje al celular del trader Mauricio Novelli confirman que Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, estaba pautado como «key note speaker» y orador de apertura del Tech Forum 2025, el evento cripto preferido de Javier Milei que naufragó tras el escándalo $LIBRA. Los chats muestran a Adorni coordinando su participación con el extitular de la CNV Sergio Morales y la hermana de Novelli, mientras en 2022 había dado una «masterclass» pagada para la escuela del trader. Adorni había negado estos hechos a los gritos e insultando periodistas.
    Según los archivos recuperados por la DATIP, el 23 de enero de 2025, Pía Novelli envió a un grupo de WhatsApp de marketing del Tech Forum: «Hola Fede! Importante, necesitamos. Pagá el lunes el posteo de Manuel adorni como key note speaker. Opening (vocero presidencial)». En el grupo «Marketing & Web Tech Forum 2025» se planificaban flyers y posteos. Sergio Morales («Sergio Cripto City») pedía que la imagen de Adorni tuviera «más gancho» porque «no va a ser un speaker más», sugiriendo destacarlo como «Spokesman for the Presidency of Argentina».

    El 27 de enero de 2025, la cuenta de Tech Forum compartió un aviso en inglés anunciando a Adorni como orador de apertura para el 5 de abril. El entonces vocero no lo desmintió en ese momento; recién lo hizo después del estallido de $LIBRA, el 20 de febrero de 2025, cuando calificó a los periodistas que informaron sobre su participación de «imbéciles» y dijo: «Todo lo que puedan decir es falso».
    Además, en el celular de Novelli figura una contratación de Adorni para una «masterclass» virtual el 2 de mayo de 2022 en la escuela «N&W Professional Traders», titulada «Por qué las finanzas digitales cambiarán el mundo». La invitación de Novelli señalaba que era un beneficio para alumnos «Gold». Aunque no hay pruebas fehacientes de que Adorni haya cobrado directamente, el peritaje muestra que Novelli pagó a varios influencers libertarios (Agustín Laje, Emanuel Dannan, El Presto) entre 6.000 y 12.000 dólares por posteos.
    El Tech Forum 2024, realizado en el VIP del Hotel Libertador el 19 de octubre, había contado con Milei como figura central y la presencia de Hayden Davis (creador de $LIBRA), Julian Peh (Kip Protocol), Mauricio Novelli y Manuel Adorni. Según el Registro de Audiencias Públicas, Adorni participó de ese encuentro. Tras el colapso de $LIBRA, se interrumpió la organización del Tech Forum 2025 y se borró toda la web, pero los archivos (incluida la grilla de oradores) fueron recuperados por los peritos. Adorni nunca denunció a Novelli ni a Davis. La causa sigue su curso.

  • Revés judicial para Urribarri y Cardona Herreros en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    Revés judicial para Urribarri y Cardona Herreros en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito – El Miércoles Digital

    El juez de Garantías Mariano Budasoff, quien quedó a cargo de las audiencias en las que se discute el requerimiento de elevación a juicio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador Sergio Urribarri y el empresario Diego Armando Cardona Herreros, rechazó buena parte de los planteos defensivos.
    Fue este miércoles, tras un extenso cuarto intermedio en el proceso que comenzó los primeros días de marzo. En ese momento, los abogados defensores Miguel Cullen por Urribarri, José Velázquez e Ignacio Díaz por Cardona Herreros, realizaron varios planteos relacionados al proceso de investigación, a la supuesta afectación de derechos constitucionales y pidieron exclusiones probatorias. En ese marco, el juez de Garantías rechazó casi todos los reclamos defensivos.
    Para este jueves, cuando se reanude la audiencia, quedaron pendientes de resolución sólo dos. Y, luego, los defensores tendrán la oportunidad de contestar la decisión del juez al tiempo que, si lo consideran, abrir el reclamo a instancias superiores.
    Al comienzo de las audiencias, los abogados manifestaron casi los mismos argumentos que vienen exponiendo en otros procesos por presunta corrupción que involucra a exfuncionarios públicos y dirigentes políticos.
    En la instancia oral de este miércoles estuvieron presentes los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull; y los defensores particulares de los imputados.
    La finalidad de esta etapa es discutir el requerimiento de elevación a juicio. Se trata de una instancia intermedia, que prepara el terreno para el juicio oral en el que, efectivamente, se ventilará la investigación penal preparatoria y se juzgará la conducta de los imputados.

    Planteos que el juez rechazó
     
    Budasoff refutó una serie de reclamos puntuales realizados en el marco de la oralización del requerimiento de elevación a juicio. En relación al proceso investigativo y los derechos constitucionales, los abogados pidieron que se declare la “extinción de la acción penal”; que sobre Cardona Herreros se disponga la “inconstitucionalidad de la acción”; que se defina judicialmente que “se violaron los plazos razonables” en la causa; y, en el caso de Cardona, que se afectaron sus garantías por ser juzgado (según sus defensores) por los mismos hechos en procesos distintos, es decir la causa “coimas” y esta investigación propiamente dicha por presunto enriquecimiento ilícito. Todos estos pedidos fueron atendidos, analizados y rechazados por el juez.
    Extinción de la acción penal
    Sobre el primero de los planteos, que tiene como consecuencia el sobreseimiento de los imputados, los defensores argumentaron que una vez iniciada acción penal, el Estado cuenta con elementos para continuar la investigación, que no puede suspenderse. Sin embargo, en este caso la pesquisa se detuvo mientras el exgobernador Urribarri se desempeñó como funcionario público. “La investigación inició en 2015. Urribarri continuó en funciones hasta 2019, volvió a función pública en 2020 para ser embajador”, marcó Budasoff. Además, recordó que este punto ya fue discutido y dirimido en instancias anteriores.
    Inconstitucionalidad de la acción penal para Cardona Herreros.
    El defensor del empresario paraguayo reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la acción penal para su representado. Argumentó que la suspensión de la acción penal no debió correr para su defendido, tal como sí ocurrió con Urribarri por su condición de funcionario público. El juez Budasoff también refutó este planteo. Señaló que la suspensión de la acción penal procede para todos los imputados en un proceso, independientemente de que la condición de funcionario público no se dé en todos.
     
    Violación de plazos razonables
    Los defensores sostuvieron que se violaron los plazos razonables dado que la causa lleva 11 años desde su apertura; que la investigación debió desarrollarse en el menor tiempo posible; que la elongación no fue provocada por los propios planteos defensivos, sino que la investigación fiscal demoró 8 años. Y consideraron que la pandemia no puede usarse como justificación del tiempo que insumió la pesquisa. En este punto el juez se explayó sobre la complejidad de la causa como un motivo válido. “Ni Urribarri ni Cardona sufrieron restricciones en su libertad ambulatoria. Recién en 2023 fueron convocados para defenderse. Si bien el legajo se abrió en 2015, esa circunstancia temporal no afectó el derecho de defensa de los imputados”, leyó de la resolución.
    Afectación de garantías non bis in idem
    Los defensores de Cardona plantearon, por último, una afectación al principio “non bis in ídem”, es decir que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho. Velázquez pidió que se sobresea a su representado por esta cuestión. Los defensores consideran que la evidencia probatoria coincide en buena medida entre dos causas distintas: la que investiga presuntas coimas (que involucra a varios exfuncionarios públicos y ya fue elevada a juicio), y la actual por presunto enriquecimiento ilícito. El juez rechazó el planteo en esta instancia, pero no descartó que en etapas posteriores tenga cabida un nuevo debate sobre el punto. “Estos hechos son potencialmente complementarios, pero jurídicamente autónomos”, consideró.
    Planteos de exclusión probatoria
    En los primeros días de marzo hubo, también, pedidos de exclusión probatoria realizado por las defensas. En este sentido, los abogados pidieron que se descarten los informes periciales sobre los dispositivos informáticos. Para reclamarlo se basaron en que los profesionales que estuvieron a cargo son bioingenieros y no ingenieros informáticos. El arma defensiva viene siendo usada por el abogado Ignacio Díaz desde lo que se conoció como “megajuicio por corrupción” en 2021.

    El juez analizó el planteo. Detalló cómo fue la extracción de datos informáticos, cada vez que fue pedida una autorización judicial para llevar a cabo la extracción. Recalcó que los bioingenieros fueron las personas autorizadas para realizar la copia forense sobre la que se trabajó, incluso autorizados hace años, mucho antes que el inicio de estas investigaciones, para esos trabajos.
    Las defensas también cuestionaron los protocolos de recolección de evidencias del Ministerio Público Fiscal y sostuvieron que se afectó la calidad de los datos recabados, algo que el magistrado también refutó.
    Por último, Budasoff ahondó sobre las incumbencias profesionales de los bioingenieros. Cuestionó una concepción “rígida” de las tareas que pueden desarrollar los profesionales o por la falta de matriculación en el Colegio de Ingenieros Informáticos. Sostuvo que esto “no hace a la validez” de la prueba producida ni del trabajo desarrollado por tales profesionales.
    “No se verifica afectación de las garantías procesales. Correspondiendo rechazar los planteos defensivos”, dijo Budasoff sobre el final de la audiencia, este mediodía.
    La causa
    En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
    Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Pero este tercer imputado, Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024. El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años para Martínez.
    A Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
    Martínez le achacaron que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprocharon que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.

    Fuente: Análisis

     
    Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores
    Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.