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  • Conflicto en Concepción del Uruguay: el MOSU denunció el cierre unilateral de Granja Tres Arroyos y apuntó contra la Reforma Laboral

    Conflicto en Concepción del Uruguay: el MOSU denunció el cierre unilateral de Granja Tres Arroyos y apuntó contra la Reforma Laboral

    Conflicto en Concepción del Uruguay: el MOSU denunció el cierre unilateral de Granja Tres Arroyos y apuntó contra la Reforma Laboral

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    A través de un enérgico comunicado, la central de trabajadores uruguayense alertó que la parálisis de la planta avícola atenta contra la seguridad económica de miles de familias. Acusan a la empresa de incumplir los acuerdos

    Redacción . (Cdelu Noticias)

    La tensión social y laboral escaló al máximo en la región tras formalizarse la paralización por tiempo indeterminado de la planta frigorífica Granja Tres Arroyos (GTA). El Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU) emitió un duro pronunciamiento público manifestando su absoluto apoyo y solidaridad a los operarios afectados y a sus familias .

    Denunciaron que la firma tomó la determinación de cerrar sus puertas de forma unilateral, dejando de pagar sueldos adeudados y sumiendo a la cadena productiva local en una crisis insostenible .

    De acuerdo con el documento firmado por la organización gremial, las disputas en la avícola arrastran más de un año de capítulos complejos que afectan de manera directa la seguridad económica y alimentaria de los trabajadores .

    Las entidades sindicales remarcaron que el personal actuó con responsabilidad a lo largo de cada conflicto, llegando incluso a ceder en conquistas salariales y derechos de condiciones de trabajo para asegurar que la fábrica continuara produciendo. Sin embargo, la central obrera acusó a GTA de violar sistemáticamente los convenios refrendados con anterioridad.

    El trasfondo político y legislativo

    Para el nucleamiento gremial de Concepción del Uruguay, el cierre de la planta no constituye un hecho aislado, sino una consecuencia directa del contexto político actual del país (p. 1). El MOSU fue categórico al ligar este escenario con las recientes modificaciones en la normativa nacional:

    «Es tiempo de que la sociedad en su conjunto comprenda que estas situaciones surgen al amparo de leyes como la Ley Bases y la reciente Reforma Laboral. Anunciamos que esto sucedería y seguirá sucediendo».

    En ese sentido, apuntaron contra la empresa por «aprovechar los beneficios» otorgados por el marco legal dictado por el Ejecutivo Nacional, señalando este punto como la verdadera cuestión de fondo detrás de la parálisis productiva .

    Pedido urgente a las autoridades

    Frente a una coyuntura que golpea la subsistencia de miles de familias de la zona, el MOSU exigió la inmediata intervención del Estado para destrabar el conflicto . En la parte resolutiva del escrito, solicitaron que tomen cartas en el asunto tanto el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Entre Ríos como su par a Nivel Nacional

    El bloque de trabajadores concluyó advirtiendo que sostendrán el acompañamiento en las calles y que la única salida legítima radica en que los operarios recuperen sus puestos operativos bajo condiciones dignas

  • Siguen juntando firmas contra la reforma jubilatoria – El Miércoles Digital

    Siguen juntando firmas contra la reforma jubilatoria – El Miércoles Digital

    Siguen juntando firmas contra la reforma jubilatoria – El Miércoles Digital

    Durante la mañana y tarde de este jueves 21 de mayo, en el marco de un nuevo paro docente provincial convocado por Agmer, la Seccional Uruguay del sindicato continuó recolectando firmas de ciudadanas y ciudadanos en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Frigerio y en defensa de la Ley 8732.
    La actividad se desarrolló en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay y contó con un claro apoyo de la comunidad. Vecinas y vecinos uruguayenses se acercaron a firmar y manifestar su acompañamiento a esta lucha genuina de las y los trabajadores dependientes del Estado provincial.
    Es importante destacar que la reforma que pretende imponer el gobernador no cuenta con el consenso social de la población. Incluso trabajadores del sector privado y pequeños comerciantes son conscientes de que la pérdida de derechos y poder adquisitivo de las y los jubilados, tanto actuales como futuros, impactan también sobre el resto de la economía local.

    Es por eso que en el marco de la Multisectorial seguimos apostando a frenar esta reforma antipopular, regresiva y empobrecedora en todos los frentes: en los medios, en plano legislativo y fundamentalmente en las calles.
    Fuente: Prensa de Agmer.

     
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  • AGMER Uruguay sigue juntando firmas contra la reforma jubilatoria

    AGMER Uruguay sigue juntando firmas contra la reforma jubilatoria

    AGMER Uruguay sigue juntando firmas contra la reforma jubilatoria

    Durante la mañana y tarde de este jueves 21 de mayo, en el marco de un nuevo paro docente provincial convocado por AGMER, la Seccional Uruguay del sindicato continuó recolectando firmas de ciudadanas y ciudadanos en contra de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Frigerio y en defensa de la Ley 8732.

    La actividad se desarrolló en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay y contó con un claro apoyo de la comunidad. Vecinas y vecinos uruguayenses se acercaron a firmar y manifestar su acompañamiento a esta lucha genuina de las y los trabajadores dependientes del Estado provincial.
    En el comunicado, la seccional Uruguay expresa que «es importante destacar que la reforma que pretende imponer el gobernador no cuenta con el consenso social de la población. Incluso trabajadores del sector privado y pequeños comerciantes son conscientes de que la pérdida de derechos y poder adquisitivo de las y los jubilados, tanto actuales como futuros, impactan también sobre el resto de la economía local.
    Es por eso que en el marco de la Multisectorial seguimos apostando a frenar esta reforma antipopular, regresiva y empobrecedora en todos los frentes: en los medios, en plano legislativo y fundamentalmente en las calles. Por eso reiteramos… ¡la Caja no se toca!».
    Prensa AGMER Uruguay

  • Sin los votos, el Gobierno presiona por la reforma electoral en el Senado, pero los dialoguistas se rebelan

    Sin los votos, el Gobierno presiona por la reforma electoral en el Senado, pero los dialoguistas se rebelan

    Sin los votos, el Gobierno presiona por la reforma electoral en el Senado, pero los dialoguistas se rebelan

    En medio del enfrentamiento entre Karina Milei y Patricia Bullrich, el Senado inició el debate sobre la reforma electoral, mientras el Gobierno envió una señal contundente al ratificar que el proyecto se discutirá en forma integral, incluyendo la eliminación de las PASO y la incorporación de la ley de Ficha Limpia.

    Así lo confirmó en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Agustín Coto, Luz Landivar, asesora del Ministerio del Interior y ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Landivar defendió la propuesta del Ejecutivo, que asimismo contempla modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos.
    No obstante, la ambición de Karina Milei de avanzar sobre todos los puntos del proyecto parece chocar con la resistencia de aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, quienes mantienen posturas ambiguas pero rechazan la eliminación o suspensión de las primarias y preparan un proyecto de Ficha Limpia para tratarlo por separado.
    En este contexto, Patricia Bullrich negociaba con bloques afines para buscar la aprobación del proyecto a mediados de año. Una de las alternativas, difundida por Clarín, es la incorporación de una PAS —una elección no obligatoria, a padrón cerrado y con financiamiento estatal parcial— que la ex ministra de Seguridad definió como “el modelo americano”.
    Además, la jefa del oficialismo en el Senado advirtió a la Casa Rosada que no están los votos necesarios para aprobar la reforma electoral sin modificaciones, a pesar de que la secretaria general de la Presidencia insiste en mantener la versión original. La bancada de La Libertad Avanza cuenta con 21 votos, lejos de los 37 senadores necesarios para el quórum y la aprobación del proyecto. “Si la idea es ir por todo o nada, va a ser nada”, anticipó una senadora con buena influencia.
    Esta postura generó diversas posiciones dentro del radicalismo. La santafesina Carolina Losada defiende mantener las PASO tal como están, mientras que el jefe del bloque, Eduardo “Peteco” Vischi, presentó un proyecto con una opción optativa, y Maximiliano Abad subrayó la falta de consenso para modificarlas.
    Sin embargo, Landivar enfatizó que el Gobierno plantea una reforma electoral integral para “fortalecer la democracia”, rechazando por ahora posibles negociaciones para introducir cambios. En esta línea, justificó la eliminación de las PASO no solo por el costo que implica ese proceso, sino también porque en la actualidad solo se mantienen en 7 de las 24 provincias.
    Desde el peronismo, que regresó al debate en comisión tras ausentarse en varias reuniones en protesta por la distribución de cargos en las comisiones, se defendieron las primarias, mecanismo impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner para democratizar los partidos políticos.
    Por su parte, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) se mostró a favor de una elección primaria no obligatoria, aunque en su provincia se ha apoyado históricamente la eliminación de las PASO.
    ### Los dialoguistas buscan tratar Ficha Limpia por separado
    En este escenario, el radicalismo y el PRO impulsan un proyecto de Ficha Limpia que impide que sean candidatos aquellos con sentencia judicial firme en segunda instancia por delitos. Según fuentes consultadas, esta iniciativa cuenta con el respaldo de aliados provinciales como el correntino Carlos “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la chubutense Edith Terenzi, quien trabaja en un texto que unifica las distintas propuestas existentes en el Senado, incluido el proyecto oficial.
    Por otra parte, Landivar justificó el endurecimiento de los requisitos para los partidos políticos, elevando del 3% al 5% del padrón el número de afiliaciones requeridas para agrupaciones provinciales, mientras que para las nacionales se exige presencia en 10 distritos (antes cinco provincias) y afiliados equivalentes al 1% del padrón nacional. Los partidos tendrían plazo hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a estas nuevas exigencias.
    En ese sentido, la asesora señaló que actualmente existen 710 partidos provinciales y 44 nacionales, lo que representa un exceso en la oferta electoral, con espacios que no logran sumar ni 30 mil votos. Comparó esta situación con el modelo paraguayo, que es el segundo país con mayor cantidad de partidos en la región, con 35 agrupaciones.
    Asimismo, justificó la eliminación de los espacios asignados a los partidos políticos al argumentar que “los votantes están saturados”. Defendió también la elección indirecta de los representantes ante el Mercosur a través de los diputados, señalando que esa categoría demanda un costo aproximado de 130 millones de pesos para aportes de campaña en las PASO y otros 160 millones en las elecciones generales.
    ### Resistencia a la Boleta Única de Papel con casillero de lista completa
    Con respecto a la Boleta Única de Papel, Landivar defendió la inclusión del casillero de lista completa y la simultaneidad entre elecciones nacionales y locales, ampliando el plazo para coordinar los operativos de 60 a 90 días, lo que habilitaría nuevamente el denominado “efecto arrastre” entre categorías, similar a la antigua “lista sábana”.
    Estas modificaciones enfrentan la resistencia de los sectores dialoguistas, que también se oponen a la eliminación del debate presidencial obligatorio.
    Bullrich respaldó la Boleta Única de Papel como un mecanismo para evitar el robo de boletas y aclaró que la restricción de participación de consultoras extranjeras no impide la actuación de consultoras nacionales con personal extranjero. “Esta es una ley que nos llevará un tiempo de debate”, advirtió la líder del

  • Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

    Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

    Reforma laboral: la Corte Suprema rechazó el per saltum presentado por el Gobierno para que definiera su validez

    La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Gobierno Nacional, mediante el cual se solicitaba la intervención directa del máximo tribunal en la medida cautelar que suspendió cerca de 80 artículos de la ley de reforma laboral, y que posteriormente volvieron a estar vigentes.

    Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti determinaron que no se cumplen los requisitos para que la Corte actúe en esta instancia adelantada, por lo que la causa continuará su trámite en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, órgano que deberá intervenir antes de que pueda elevarse nuevamente al máximo tribunal.
    A mediados de abril, la Secretaría de Trabajo, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, había presentado el per saltum para revertir la sentencia del juez laboral Raúl Ojeda, quien dictó una medida cautelar que suspendió 82 artículos de la ley sancionada por el Congreso.
    El recurso de per saltum permite saltar una instancia judicial para que la Corte Suprema intervenga de manera directa en un caso. El Gobierno de Javier Milei argumentó, entre otras razones, que el juez Ojeda no era competente para intervenir, razón por la cual solicitó la pronta intervención del máximo tribunal ante la suspensión de parte de la norma.
    Sin embargo, antes del fallo de este jueves, la Cámara de Trabajo ya había restablecido la vigencia de los artículos suspendidos. Los jueces Arturo Pesino y María González rechazaron el efecto suspensivo que el juez Ojeda le había otorgado a la apelación, lo que implicó que durante el análisis de la medida cautelar por parte de la Cámara, los artículos permanecieron suspendidos. Posteriormente, los camaristas decidieron aplicar el efecto devolutivo, lo que restituyó la vigencia de los artículos mientras continúa el análisis de la medida cautelar.
    En el fallo dado a conocer este jueves, la Corte Suprema señaló que, a su juicio, «no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia». Por ello, concluyó que «se declara inadmisible el recurso interpuesto» por el Gobierno el 16 de abril pasado.

  • Se llama a licitación pública para una reforma integral en un sector de los Tribunales de Concepción del Uruguay

    Se llama a licitación pública para una reforma integral en un sector de los Tribunales de Concepción del Uruguay

    Se llama a licitación pública para una reforma integral en un sector de los Tribunales de Concepción del Uruguay

    Los trabajos requeridos deberán realizarse en tres niveles del edificio. La obra cuenta con un presupuesto oficial de más de 1.746 millones de pesos y se prevé su ejecución en un plazo de 18 meses.

     
    El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso, a través de la Resolución Nº 28/06, fechada el 6 de abril pasado, la convocatoria a la Licitación Pública 02/26, cuyo objeto es la obra denominada “Intervención Integral Ala Sur (4°, 3° y 2° nivel) del Edificio de Tribunales de Concepción del Uruguay”. El presupuesto oficial es de 1.746.004.364,36 pesos.
     
    Los trabajos se realizarán en el inmueble ubicado en San Martín 665, de Concepción del Uruguay, donde funciona el Edificio de Tribunales, y su ejecución deberá concretarse en un plazo de 18 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.
     
    Las empresas interesadas en participar tendrán tiempo hasta el 11 de mayo próximo para adquirir el pliego de licitación, a un valor de 1.000 pesos, en la Oficina de Compras y Asesoramiento del STJER, ubicada en la planta baja de los Tribunales de Paraná (Laprida 251). Podrán hacerlo de lunes a viernes, de 7 a 13.
     
    En ese organismo se realizará la apertura de propuestas, prevista para el 19 de mayo venidero, a las 10. En tanto que las consultas técnicas podrán hacerse en la Dirección de Arquitectura Judicial -que se encuentra en el primer piso de los Tribunales de Paraná- o llamando a los teléfonos (0343) 4206161/62.
     
    El sistema de contratación será por ajuste alzado global y la obra, a partir de su recepción, deberá contar con una garantía de 12 meses.
     
     
    Finalidad de los trabajos
    La intervención proyectada busca recuperar la fachada sur del Edificio de Tribunales en sus tres niveles superiores, junto con un reordenamiento interno funcional, a fin de resolver situaciones de mantenimiento, de reparación y de prevención ante riesgos, ya que con el transcurso del tiempo los materiales han perdido sus cualidades originales.
     
    La reforma integral propuesta permitirá ordenar el edificio conforme normativas vigentes, adecuando iluminación y ventilación, propiciando mejoras en la acústica y la climatización de los ambientes y el recambio de instalaciones obsoletas y de carpinterías deterioradas. Así se evitará el ingreso de agua y riesgos de desprendimientos del revestimiento exterior actual, adecuándose a las nuevas realidades funcionales de los organismos a nivel general.

  • En Colón: Agmer debate sobre salarios y reforma jubilatoria – El Miércoles Digital

    En Colón: Agmer debate sobre salarios y reforma jubilatoria – El Miércoles Digital

    En Colón: Agmer debate sobre salarios y reforma jubilatoria – El Miércoles Digital

    La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) desarrollará este jueves, en Colón, su segundo congreso de este 2026 -el primero fue el 23 de febrero, en Paraná- y otra vez se debatirá en un contexto complejo y con un escenario de conflicto: el reclamo por una oferta salarial que responda a las aspiraciones docentes y un rechazo a la reforma del sistema previsional que impulsa el Gobierno.
    La veda para la realización de asambleas escolares limitó la discusión en las escuelas.
    Según contextualizó Entre Ríos Ahora, la discusión del congreso se da en un contexto de reducción de las asambleas docentes. En mayo de 2025, el Concejo General de Educación (CGE) decidió poner límites a la realización de las asambleas docentes en las escuelas y dictó una disposición que establece que deben realizarse fuera del horario de clases.
    A través de la resolución Nº 1.431, dictada el 19 de este mes, Educación resolvió establecer que “toda actividad, ocupación, acción y/o uso de establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, que implicare la realización de asambleas o reuniones de personal” deberán finalizar “quince minutos antes del inicio de la jomada escolar o bien, comenzar después de transcurridos quince minutos de la finalización del horario de clases; no pudiendo en ningún caso, desarrollarse en horario de prestación del servicio educativo”.
    La veda para las asambleas no obstó la discusión previa. El documento que Agmer puso a disposición de las asambleas previas al congreso da cuenta que el escenario se repite: en febrero el gremio planteó como “nuestras principales preocupaciones el salario, el sistema previsional como garantía de las jubilaciones respetando nuestros derechos, y el funcionamiento de la obra social para la atención de nuestra salud”.
    El sindicato señala que el Gobierno sabe de “nuestros posicionamientos porque son públicos, en donde subrayábamos la urgencia de atender un salario que ya venía castigando por la inflación creciente y las dilaciones del gobierno, el gobernador Frigerio y sus representantes plantearon como inamovible una propuesta de montos en negro y absolutamente exiguos, que constituyen una burla para el colectivo docente”.
    El Gobierno propuso en la mesa paritaria del 2 de marzo último un aumento de $60 mil para activos y de $30 mil para jubilados, con la fijación de un mínimo garantizado de bolsillo para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, de $750 mil.
    “Nuestros paritarios rechazaron de plano la propuesta de insistir con montos en negro no remunerativos ni bonificables a través de los códigos de Fopid (Fondo Provincial de Incentivo Docente)  y Conectividad, donde actuamos respondiendo al mando de base y el congreso de Agmer. En un delicado momento económico, el Gobierno provincial profundiza su política empobrecedora, desfinanciando nuestro sistema previsional y la obra social. Para peor cuadro, el decreto que plasma lo que ya habíamos rechazado en paritaria, redacta puntos que fija arbitrariedad y unilateralmente una fecha de nueva convocatoria a paritaria, cerrada a realizarse dentro de 90 días de emitido-6 de marzo-, y para mayor condicionamiento de acuerdo a ´la evolución de las variables económica y fiscales y considerar eventuales adecuaciones salariales´”.
    Va de suyo, ante el rechazo sindical, el Poder Ejecutivo dispuso pagar el aumento salarial a los docentes por planilla complementaria con los salarios de febrero.
    “En ese marco es que venimos desarrollando un intenso plan de lucha con huelgas, concentraciones públicas, volanteadas, radios abiertas, movilizaciones y campañas en redes de comunicación con el doble objetivo central de expresarle al gobierno nuestro rechazo a tamañas propuestas y explicarle a la sociedad cuál es la realidad de nuestro salario y el sistema educativo en su conjunto”, plantea Agmer en el documento sindical que analizan las asambleas, previas al congreso de este jueves en Colón.
    El gremio consideró que el objetivo es “analizar la situación en la que nos encontramos tanto salarial como previsional y construir las acciones a seguir en las próximas semanas. Las mejores estrategias serán aquellas que podamos definir en el conjunto, con consensos internos y densidad social por nuestros derechos laborales, por la escuela pública y el derecho social y humano a la educación. Cada paso que damos colectivamente pone en relieve la fuerza de la unidad docente. Las batallas que liberamos contra la patronal no son en soledad, hay un colectivo organizado detrás, son/somos cada una/o de nosotros/as quienes sostenemos desde diversas maneras, espacios y formas la lucha por un salario digno y hoy más que nunca la defensa por nuestras jubilaciones”.

     
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  • Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    Los puntos clave de la reforma de la Ley de Glaciares que fue aprobada – El Miércoles Digital

    El debate tuvo lugar este miércoles en la Cámara de Diputados donde 137 legisladores votaron a favor, 111 en contra y solo 3 se abstuvieron.
    La reciente sanción de la reforma de la Ley de Glaciares marca un antes y un después en la discusión sobre la protección de estas zonas y de las áreas periglaciares en el país.
    Hasta el momento, la Ley 26.639 regulaba la preservación de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de recursos hídricos. Tras conseguir 137 votos a favor y obtener 111 en contra mas tres abstenciones, el oficialismo avanzó con la modificación que ya contaba con la media sanción del Senado. De esta manera, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
    Uno de los principales cambios aprobados gira en torno a otorgarle un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero.
    La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de estos bloques de hielo naturales. La norma original los definió como bienes públicos, destinados a la conservación del agua para consumo, la recarga de cuencas hidrográficas, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de actividades científicas y el turismo. Además, extendió su alcance a las áreas periglaciares, es decir, los suelos congelados que cumplen un papel relevante en la regulación del recurso hídrico.
    Ahora, se introdujo un cambio en el enfoque la protección legal sobre las zonas zonas periglaciares y los llamados Glaciares de Escombros (GdE), áreas en las que se concentran reservas clave de agua y que coinciden, en muchos casos, con territorios de alto potencial para la actividad minera.
    Mientras que la normativa anterior establecía una protección amplia, el proyecto sancionado esta madrugada plantea limitarla únicamente a aquellos que cumplan una “función hídrica comprobada o relevante”. Esto implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.
    En consecuencia, el texto habilita la posibilidad de autorizar actividades productivas y extractivas en zonas que la ley original protegía de manera general. Este cambio generó cuestionamientos de expertos y organizaciones ambientales, que advierten sobre los riesgos de permitir intervenciones en regiones fundamentales para la seguridad de los reservocios de agua dulce del país.
    Por su parte, el Ejecutivo argumentó que la reforma ordenará el marco normativo, eliminará interpretaciones arbitrarias y fortalecerá el federalismo ambiental, permitiendo que las provincias asuman mayor protagonismo en la gestión de sus recursos.
    Principales puntos de la modificación de la Ley de Glaciares
    Alcance de la protección: la reforma redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan “funciones hídricas” específicas, cuya verificación queda en manos de cada provincia.
    Desplazamiento del control científico nacional: el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que antes tenía el rol central y científico en la identificación de glaciares, pasa a un rol registral. “El Inventario será de ‘ineludible consulta y consideración’ por parte de las provincias sin que ello implique disminución de las atribuciones provinciales”.
    Además, se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
    Fragmentación y discrecionalidad: la reforma permite que cada provincia aplique criterios propios para determinar qué proteger, en lugar de aplicar estándares científicos homogéneos y mínimos para todo el país.
    Principio precautorio: mientras se aplica el principio precautorio, todos los glaciares y las formaciones periglaciares que aparecen en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar protegidos por esta ley.
    Esto se mantendrá así hasta que la autoridad ambiental compruebe que alguno de ellos no cumple con las funciones indicadas en el primer párrafo del artículo 3°.
    En el momento en que la autoridad confirme que un glaciar o una geoforma periglacial del inventario no cumple con esas funciones, ese sitio dejará de estar protegido específicamente por esta norma, aunque seguirá bajo la protección general de la Ley General del Ambiente y otras leyes vigentes.
    Cambio del sistema de prohibiciones: se pasa de un régimen de prohibiciones generales a un sistema donde la evaluación de impacto ambiental, caso por caso y en manos provinciales, definirá qué actividades se pueden autorizar.
    Enfoque preventivo: la reforma transforma la protección estructural y preventiva de los glaciares y su ambiente en una protección condicional y revisable.
    Evaluación de impacto ambiental: todas las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.Fuente:Infobae.

     
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  • Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    Ley de Glaciares: qué es y las 8 claves de la reforma que aprobó Diputados

    La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para los cuerpos de hielo y del ambiente periglaciar en la Argentina. El cambio fue impulsado por el Gobierno y reclamado por gobernadores de provincias con interés en el desarrollo minero, y reabre la discusión sobre el equilibrio entre protección ambiental, manejo del agua e inversiones.La votación terminó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y aprobó una modificación de la ley 26.639 que redefine las áreas protegidas y las zonas habilitadas para la explotación minera.Qué es la Ley de GlaciaresLa Ley de Glaciares, sancionada originalmente en 2010 como ley 26.639, fijó presupuestos para preservar glaciares y ambiente periglaciar. La norma fue creada para proteger esas áreas por su importancia para el consumo humano, la recarga de cuencas hidrográficas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.Las 8 claves de la reforma1. Qué se aprobó en DiputadosDiputados aprobó la reforma de la ley 26.639, que ya tenía media sanción del Senado. El oficialismo consiguió sacar adelante el cambio con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.Hubo protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares durante el tratamiento en el Congreso.2. La protección deja de ser tan amplia como en la ley originalEl cambio central es que la protección estricta deja de abarcar de manera amplia a glaciares y ambiente periglaciar y pasa a concentrarse en aquellas formaciones que tengan una función hídrica efectiva y en zonas con suelos congelados que funcionen como reguladores hídricos comprobables.3. Las provincias ganan más poderUno de los puntos centrales de la reforma es que los gobernadores tendrán la facultad para determinar si las zonas destinadas a la explotación minera aportan al recurso hídrico. Ese cambio fue reclamado por provincias con mayor interés en el desarrollo minero.4. Se habilita un nuevo criterio para la minería en zonas periglaciaresCon la reforma, se autoriza a las provincias a realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares que no sean proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Allí aparece uno de los puntos más sensibles de la discusión.5. En las áreas protegidas, las prohibiciones siguenEn las áreas identificadas se mantienen prohibidas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias u obras industriales, la dispersión de contaminantes y la construcción de obras, salvo para investigación científica o prevención de riesgos.6. El IANIGLA seguirá a cargo del inventarioLa reforma modifica el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares. La tarea seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que deberá actualizarlo al menos cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación. El informe se elaborará con información que aporten las provincias.7. La evaluación ambiental pasa a ser claveLa nueva ley establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Además, las provincias serán las encargadas de determinar qué actividades impliquen una “alteración relevante”. La reforma también incorpora el principio precautorio.8. La reforma podría abrir cuestionamientos judicialesLey de glaciares en Diputados: la reforma da más poder a las provincias para definir áreas alcanzadas por la protección.Quienes defendieron la modificación sostienen que busca destrabar proyectos mineros y ordenar la normativa con mayor participación provincial. Del otro lado, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advirtieron sobre el impacto que podría tener sobre cuencas hídricas y reservas estratégicas de agua. El nuevo texto, además, podría abrir cuestionamientos judiciales por la tensión entre el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio provincial sobre los recursos naturales, y el artículo 41, que fija la obligación de la Nación de dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.